RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA UNA RECLAMACIÓN POR HABER PRESCRITO EL PLAZO PARA INTERPONERLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 258/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE NOVIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto circuito en un tema que, por ser de naturaleza administrativa, corresponde a la materia de su especialidad.
SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada, para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, siendo este tribunal el que sustentó uno de los criterios presumiblemente discrepantes.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que se denuncian como opositores y las consideraciones esenciales que los sustentan.
I. Amparo directo **********. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.
El asunto tiene su origen en el juicio de nulidad promovido por el quejoso contra la resolución, mediante la cual, el jefe de los servicios jurídicos de la Delegación Estatal en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social, desechó su reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por haber sido promovida fuera del plazo que prevé el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
El conocimiento del asunto correspondió a la Sala Regional del Noroeste II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, la que dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio conforme a los artículos 8, fracción II y 9, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por considerar que la resolución impugnada en el juicio no era un acto definitivo del que pudiera conocer dicho Tribunal.
Inconforme con la anterior determinación, el quejoso promovió juicio de amparo, alegando sustancialmente que contra la resolución impugnada era procedente el juicio de nulidad, por haberse resuelto una cuestión de fondo, como es la actualización de la figura jurídica de la prescripción, y que la responsable aplicó incorrectamente la jurisprudencia: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA UNA RECLAMACIÓN FORMULADA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD, POR LO QUE ES INNECESARIO PROMOVERLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."
Al resolver el juicio de amparo en comento, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, determinó que fue correcta la aplicación del referido criterio jurisprudencial, por las razones siguientes:
"[S]i en la especie la autoridad demandada desechó la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, es inconcuso que no procede en su contra el juicio de nulidad en términos del invocado numeral 24 [de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado] y el artículo 14, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los cuales disponen: (se transcriben)
"De los citados preceptos, se desprende que procede el juicio de nulidad, esto es, combatir por la vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contra las resoluciones de las autoridades administrativas dictadas con motivo de reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado, que resuelvan la pretensión del interesado, ya sea negando la indemnización solicitada o que, por su monto, no satisfaga el que se perseguida por éste.
"Por tanto, aun cuando el motivo del desechamiento de reclamación de que se trata, sea por haberse presentado fuera del plazo de prescripción de dos años establecido en el numeral 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, asimismo, que la figura de la prescripción sea sustantiva y que su actualización tienda a no satisfacer en definitiva la pretensión del interesado, lo cierto es que, la autoridad administrativa al desechar por dicha razón la citada reclamación, no efectuó pronunciamiento encaminado a negar la indemnización reclamada, ni determinó un monto que no fuera de la satisfacción del reclamante, como lo exigen los citados numerales para actualizar la procedencia de la vía jurisdiccional (juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), contra tal reclamación, como quedó definido en la referida jurisprudencia, sino que, por el contrario, se estableció en la resolución controvertida, que el desechamiento de la reclamación en los citados términos, esto es, por prescripción, no presuponía la existencia de lesión alguna, ni acreditamiento de actividad irregular del Estado.
"Se insiste, si la razón por la que se desechó la reclamación de que se habla, fue por actualizarse la figura de la prescripción, donde no se resolvió la pretensión de fondo del interesado, ya sea negando la indemnización solicitada o que el monto de la misma no fuese de la satisfacción de éste, es indudable que en esa medida, no procedía la vía jurisdiccional en contra de la resolución impugnada, puesto que la prescripción delatada impidió, precisamente, que se efectuara pronunciamiento de fondo de la cuestión planteada, entendido éste, es decir, el fondo de la cuestión planteada, como negar la indemnización reclamada, o bien, determinar un monto de indemnización que no fuera de la satisfacción del reclamante, que son los supuestos específicos en los que procede combatirlos a través de la vía jurisdiccional, conforme a lo dispuesto el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en relación con el numeral 14, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
"En efecto, al no resolverse sobre tales aspectos relacionados con el contenido material de la reclamación en trato, es indudable que en la especie no se satisfacen los mencionados requisitos a que aluden los invocados numerales, para la procedencia de la vía jurisdiccional (juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), en contra de la resolución impugnada de desechamiento de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado.
"En esa medida, se concluye que acertadamente la autoridad responsable decretó el sobreseimiento en el juicio de nulidad, por resultar improcedente contra la resolución impugnada, a través de la cual se desechó la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, presentada por el ahora solicitante del amparo, por no tratarse de un acto definitivo que competa conocer al tribunal responsable, apoyando tal determinación, en el criterio de la jurisprudencia calve (sic) 2a./J. 04/2012 (10a.), que como se vio, resulta aplicable al caso, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 789, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: ‘RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA UNA RECLAMACIÓN FORMULADA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD, POR LO QUE ES INNECESARIO PROMOVERLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’"
II. Amparo directo **********. Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
El asunto deriva del juicio contencioso administrativo que el quejoso interpuso contra la resolución emitida por la directora general adjunta de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, a través de la cual resolvió desechar la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado.
El conocimiento del asunto correspondió a la Novena Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual, mediante proveído de su presidente, determinó desechar la demanda de nulidad. Inconforme con tal resolución, el quejoso interpuso recurso de reclamación en su contra, el cual fue declarado infundado por la referida Sala Regional.
Contra dicho fallo, el quejoso promovió juicio de amparo directo, en el cual adujo, sustancialmente: (I) la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por estimar que es violatorio de la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 constitucional; (II) que el actuar de la Sala responsable es contrario al derecho humano de acceso a la justicia consagrado en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, (III) la ilegalidad de las consideraciones de la sentencia reclamada.
Al resolver el juicio de amparo en comento, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada contra la sentencia reclamada, por estimar que el desechamiento de la demanda de nulidad que fue confirmado por la Sala responsable en la resolución reclamada, entraña una violación al derecho de acceso a la justicia y a la jurisdicción efectiva, acorde a las siguientes consideraciones esenciales:
"... este Tribunal Colegiado, considera que resulta injustificada la determinación de la autoridad responsable en la resolución reclamada, en el sentido de que en la resolución que se pretende impugnar en el juicio de nulidad, (reclamación por responsabilidad patrimonial) sólo se resolvieron cuestiones procesales, pero no el fondo de la reclamación planteada, ya que no se negó la indemnización, ni se estableció una cantidad menor a la que se reclama a pagar por ese concepto ...
"Lo antedicho es así, toda vez que del análisis de la resolución impugnada en el juicio de nulidad se colige que, contrario a lo afirmado por la Sala fiscal, en la especie sí se abordó una cuestión que resolvió el fondo de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado presentada por el quejoso.
"... del análisis de la génesis y razonamientos que dan sustento a dicha afirmación, en el sentido de sobreseer respecto a la reclamación promovida por el ahora quejoso, se colige que la autoridad demandada estimó como premisa fundamental para resolver de esa manera, el hecho de que en el caso se encontraba prescrito el derecho de la acción del ahora quejoso para reclamar la indemnización por actividad irregular del Estado, de conformidad con lo que establece el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, lo cual se considera que es una cuestión sustantiva que resuelve el fondo del asunto y, por tanto, implícitamente niega la indemnización reclamada.
"En efecto, el numeral invocado como fundamento por la autoridad demandada en la resolución impugnada, dispone lo siguiente: (se transcribe)
"...
"Así, la prescripción de que trata el artículo 25 de la ley en comento, es una excepción perentoria que supone exclusivamente el transcurso del tiempo; lo que se traduce en la exoneración de un derecho (reclamación por responsabilidad patrimonial) y una obligación de fondo que era exigible y supone no haberla ejercitado durante cierto tiempo.
"Cabe precisar que esta figura, aunque afecta básicamente a la obligación principal cuando se actualiza, también impacta a la acción (reclamación), ya que una vez actualizada la prescripción, evidentemente que la acción, por consecuencia, se pierde en perjuicio del interesado, lo que evidentemente impacta el fondo del asunto.
"En este contexto, como ya se mencionó en esta ejecutoria, no basta que los recursos jurídicos existan formalmente, como en el caso lo es el juicio contencioso administrativo, sino que es preciso que tengan efectividad, esto es, que el particular tenga la posibilidad real de ejercer una acción para la determinación de un derecho, de ser parte en el procedimiento y promover la actividad del órgano respectivo, a fin de obtener una decisión en la que se resuelva sobre la pretensión deducida, a lo cual, la Sala regional no dio cumplimiento en el caso en particular.
"En efecto, el responsable confirmó en la sentencia reclamada el desechamiento de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, relativa a una resolución que sobreseyó una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, donde realmente se sustentaron argumentos de fondo tocantes a la figura jurídica de la prescripción, que como se vio, es una cuestión sustantiva que resolvió en definitiva la acción de reclamación ejercida por el quejoso, e implícitamente negó la indemnización solicitada; ello con independencia del sobreseimiento declarado por la autoridad administrativa en los puntos resolutivos de esa resolución.
"En consecuencia, si la Sala responsable no dio oportunidad al impetrante de acceder a una tutela judicial efectiva, pues confirmó el desechamiento del juicio partiendo de la premisa equivocada de que en la especie sólo se resolvieron cuestiones procesales y no de fondo, lo cual no es acertado, es patente que ello se traduce en una violación al derecho humano de acceso a la justicia que previene el artículo 17 constitucional y, por ende, que sea procedente conceder el amparo solicitado.
"...
"No pasa inadvertido el hecho de que la Sala responsable para apoyar su determinación, citó como sustento las tesis de jurisprudencia 2a./J. 104/2012 (10a.) y 2a./J. 216/2009, «de» rubros: 'RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY RELATIVA, CUANDO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO O CUANDO EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DESECHA DE PLANO LA SOLICITUD DE RECLAMACIÓN PRESENTADA.' y 'RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LOS PROCESOS LEGISLATIVOS QUE CULMINARON CON LA ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.' ... las cuales confirman el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, en el sentido de que el juicio de nulidad es procedente en contra de resoluciones de los entes públicos federales que nieguen la indemnización reclamada a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, es decir, contra aquellas que resuelvan el fondo de las reclamaciones, lo que como se vio, aconteció en el caso.
"Al haber resultado fundado el argumento en cuestión, resulta innecesario el estudio de los restantes debido a que el resultado de su valoración no cambiaría la decisión a la que se llegó ...".
De la ejecutoria antes transcrita, derivó la tesis aislada I.13o.A.8 A (10a.), que a la letra se lee:
"RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA RESOLUCIÓN QUE SOBRESEE LA RECLAMACIÓN RELATIVA, AL ESTIMAR QUE PRESCRIBIÓ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN, ES IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE NULIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.-La resolución que sobresee la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, al estimar que prescribió el derecho del solicitante de la indemnización, constituye una resolución impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en términos del artículo 14, fracción VIII, de su ley orgánica, pues la circunstancia de que la autoridad haya sobreseído por la razón señalada, involucra, al resolver sobre la procedencia, una cuestión de fondo que niega el derecho a obtener un resarcimiento por el daño que se estima ocasionó la actividad administrativa irregular, que debe resolverse en el juicio de nulidad. Lo anterior es así, pues la figura jurídica de la prescripción es un aspecto sustantivo que resuelve en definitiva la acción de reclamación, por lo que no puede considerarse que la demanda respectiva sea improcedente, al estimarse que el sobreseimiento decretado por la autoridad obedeció a un motivo de carácter formal, toda vez que, de acuerdo con los principios pro homine y pro actione, recogidos en nuestro sistema jurídico, debe prevalecer el derecho humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."(1)
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que la contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito es existente cuando al resolver los asuntos que son de su legal competencia adoptan criterios jurídicos discrepantes respecto de un mismo punto de derecho, aun cuando no integren jurisprudencia y con independencia de que no exista coincidencia en los aspectos secundarios o accesorios que tomaron en cuenta, ya que si el problema jurídico central es perfectamente identificable, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Apoyan tal consideración, las siguientes tesis sustentadas por el Tribunal Pleno:
• P/J 72/2010 que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)
• P. XLVII/2009 que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(3)
En ese contexto, se arriba a la conclusión de que en el presente caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, ya que al resolver los asuntos de sus respectivos índices, los Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre una misma situación jurídica, a saber, si el desechamiento de la reclamación prevista en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, con motivo de la prescripción del plazo para su interposición, es una decisión "de fondo" susceptible de ser impugnada mediante el juicio contencioso administrativo, conforme lo establece la jurisprudencia 2a./J. 104/2012 (10a.), intitulada: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA UNA RECLAMACIÓN FORMULADA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD, POR LO QUE ES INNECESARIO PROMOVERLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."
Aunado a que ambos Tribunales Colegiados arribaron a conclusiones disímiles, ya que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito determinó que, aun cuando el motivo del desechamiento de reclamación de que se trata sea el plazo de prescripción establecido en el numeral 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, lo cierto es que, la autoridad administrativa, al desechar por ese motivo, no efectúa un pronunciamiento encaminado a negar la indemnización reclamada, ni determina monto alguno de indemnización y, por ende, no involucra una decisión de fondo, en tanto no presupone la existencia de lesión alguna ni acreditamiento de actividad irregular del Estado, de ahí que tal desechamiento es inimpugnable mediante el juicio de nulidad, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2012 (10a.)
En cambio, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consideró que el desechamiento por haber prescrito el derecho a exigir una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, "es una cuestión sustantiva que resuelve el fondo del asunto y, por tanto, implícitamente niega la indemnización reclamada", por lo que en esos casos no se trata de una mera decisión procesal a las que se refiere la jurisprudencia 2a./J. 104/2012 (10a.); de ahí que contra dicho desechamiento procede el juicio de nulidad.
En esa tesitura, el punto de contradicción que debe dilucidar esta Segunda Sala, consiste en determinar si las resoluciones que desechan una reclamación presentada en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, con motivo de la prescripción de los plazos que prevé el artículo 25 del mismo ordenamiento legal, resultan o no impugnables mediante el juicio de nulidad, acorde a los lineamientos contenidos en la jurisprudencia 2a./J. 104/2012 (10a.), intitulada: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA UNA RECLAMACIÓN FORMULADA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD, POR LO QUE ES INNECESARIO PROMOVERLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."
No es óbice a la conclusión que antecede, la circunstancia de que, a diferencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito no haya analizado la procedencia del juicio de nulidad a la luz del derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional, pues finalmente, el punto jurídico decisorio de las precitadas ejecutorias, radica en la naturaleza del desechamiento que se dicte respecto de una reclamación por haber prescrito el plazo para su interposición conforme la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, esto es, si debe o no ser considerada como una determinación que resuelve el fondo del asunto; de ahí que los referidos fallos guardan similitudes sustanciales que evidencian la presente contradicción de criterios.
Tampoco resulta impedimento para la actualización de la contradicción de tesis, el hecho de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito no haya emitido tesis respecto del criterio que es motivo de la presente denuncia, pues el vocablo "tesis" que se emplea en el Capítulo III de la Ley de Amparo debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por el artículo 217 de la ley de la materia, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos, por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2001,(4) intitulada: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.".
QUINTO.-Consideraciones y fundamentos. Para determinar el criterio que debe prevaler con carácter de jurisprudencia, es menester tener en cuenta que el artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, prevé lo siguiente:
"Artículo 24. Las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización, o que, por su monto, no satisfagan al interesado podrán impugnarse mediante recurso de revisión en vía administrativa o bien, directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."
La literalidad del precepto citado permite sostener que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es competente para conocer del juicio de nulidad promovido contra resoluciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, que "nieguen la indemnización reclamada en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o que, por su monto, no satisfagan al interesado."
Al respecto, es importante señalar que al resolver la contradicción de tesis 266/2012, esta Segunda Sala sostuvo que el juicio de nulidad contra resoluciones dictadas en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, procede sólo cuando se resuelva el fondo de una reclamación, "examinando el planteamiento del interesado presunto afectado con la conducta irregular del Estado y se llega a la conclusión de negarlo", o bien, "se determina la responsabilidad del Estado y se establece una cantidad a pagar por concepto de indemnización, menor a la pretendida por el particular", mas no cuando se desecha una reclamación, pues si bien en ambos supuestos no se satisface la pretensión del interesado, en el último, sólo se declara una situación procesal que puede ser violatoria de derechos humanos, pero que de ningún modo afecta el fondo del negocio.
Para corroborar lo anterior, se destacó en la contradicción de tesis número 325/2009, que las resoluciones a que se refiere el concerniente artículo 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, son aquellas: "que poseen la naturaleza de definitivas, por resolver precisamente el fondo de lo reclamado, a fin de establecer, en su caso, un monto concreto por concepto de indemnización, lo cual no sería posible si se decretara el sobreseimiento en ese procedimiento, al actualizarse alguna causa de improcedencia". Es decir, la correcta interpretación del respectivo precepto legal, implica que sólo pueden impugnarse en el juicio de nulidad las sentencias en donde "se examinó el planteamiento del afectado con la conducta irregular del Estado y se llegó a la conclusión de negarlo, o bien, se determinó la responsabilidad del Estado y se estableció una cantidad a pagar por concepto de indemnización, menor a la pretendida por el particular", y no aquellas decisiones que únicamente ponen fin al juicio, como ocurre cuando se declara el sobreseimiento, por haberse actualizado una causa de improcedencia, o bien, cuando el Magistrado Instructor desecha de plano la solicitud de reclamación presentada, al estimar que es notoriamente improcedente, ya que en ambos supuestos se está en presencia de resoluciones que ponen fin al juicio, sin haberse ocupado del estudio de las cuestiones de fondo hechas valer en la reclamación.
Las anteriores consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 104/2012 (10a.),(5) que es del tenor literal siguiente:
"RESOLUCIÓN QUE DESECHA UNA RECLAMACIÓN FORMULADA EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD, POR LO QUE ES INNECESARIO PROMOVERLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 216/2009, de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. NO PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY RELATIVA, CUANDO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO O CUANDO EL MAGISTRADO INSTRUCTOR DESECHA DE PLANO LA SOLICITUD DE RECLAMACIÓN PRESENTADA.', y conforme a los artículos 24 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y 14, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio de nulidad ante ese Tribunal procede contra resoluciones de los entes públicos federales que nieguen la indemnización reclamada conforme a los numerales 17 y 18 de aquella ley o que, por su monto, no satisfagan la pretensión del interesado, es decir, contra las determinaciones que resuelvan el fondo de las reclamaciones, examinando los planteamientos de los interesados presuntos afectados por la conducta irregular del Estado y llegan a negarlo, o que fijan la responsabilidad y establecen una cantidad a pagar por concepto de indemnización menor a la pretendida por el particular, no así contra las resoluciones mediante las cuales desechan las reclamaciones, pues si bien en ambos supuestos no se satisface la pretensión del interesado, en el último sólo se declara una situación procesal que puede violar derechos humanos, pero que no afecta el fondo del negocio. Por tanto, al ser improcedente el juicio de nulidad contra la resolución que desecha una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, el hecho de no agotar ese medio de defensa previamente al juicio de amparo indirecto no actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo."
Ahora, como se ha precisado, en la especie, debe dilucidarse si las resoluciones que desechan una reclamación por haber prescrito el derecho del particular para solicitar una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, constituyen o no una resolución de fondo del asunto, conforme a lo señalado en el criterio jurisprudencial precitado, y en esa lógica, si result
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26102-5e84b91a/responsabilidad-patrimonial-del-estado-contra-la-resolucion-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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