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TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA REGULAR SUS RELACIONES LABORALES EN LO QUE NO CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE SU OTORGAMIENTO Y LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGRAN. INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO ES VIOLATORIO DE DERECHOS HUMANOS [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 2a. XLVIII/2009 (*)]. INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO VIOLA DERECHOS HUMANOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2019/2012. · Registro digital (IUS): 24431
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIACATLÁN, MORELOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Pág. 610.

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA REGULAR SUS RELACIONES LABORALES EN LO QUE NO CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2019/2012. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MIACATLÁN, MORELOS. 16 DE ENERO DE 2013. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ILEANA MORENO RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso.(1)

SEGUNDO. Oportunidad del recurso. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo.(2)

TERCERO. Antecedentes. Previamente al análisis del asunto, conviene relatar sus antecedentes:

En el año dos mil nueve, ********** (ahora tercero perjudicado) promovió un juicio laboral, mediante el cual demandó al Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos. Manifestó haber trabajado como albañil en la construcción de la ayudantía municipal del poblado de **********, y dijo que fue despedido injustificadamente, después de sufrir un accidente de trabajo. Por lo tanto, solicitó el pago de noventa días de salario por concepto de indemnización constitucional, el pago de salarios caídos, desde el momento del despido hasta el cumplimiento del laudo, y otras prestaciones.

Al contestar la demanda, el Ayuntamiento negó la relación laboral y manifestó que en el Ayuntamiento no existe el puesto de albañil.

El juicio laboral ********** siguió su curso y, el dieciséis de julio de dos mil diez, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos emitió laudo. En éste, se resolvió que el actor no demostró la prestación de servicios subordinados ante el Ayuntamiento demandado o el haber recibido un salario, por lo que no acreditó la existencia de la relación laboral. Consecuentemente, absolvió al Ayuntamiento de Miacatlán de las prestaciones reclamadas.

El actor promovió un juicio de amparo directo para combatir esta resolución. Mediante sentencia del catorce de abril de dos mil once, dictada en el amparo directo **********, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito concedió la protección constitucional solicitada, para que la autoridad responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y emitiera uno nuevo. En éste, debía resolverse nuevamente sobre la procedencia de la acción, pero teniendo en cuenta que también formó parte de la litis el hecho de que el actor fue contratado por el encargado de la obra realizada por la parte demandada y que ésta negó tener algún vínculo laboral con aquella persona. Asimismo, se ordenó considerar que algunas de las posiciones contenidas en la prueba confesional ofrecida por la parte demandada eran insidiosas.

En cumplimiento a esta sentencia de amparo, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje emitió un nuevo laudo el diez de mayo de dos mil once. En éste, determinó que no se había acreditado la relación laboral entre el Ayuntamiento y el demandante, sino sólo entre éste y una tercera persona. Por lo tanto, se absolvió de las prestaciones reclamadas al Ayuntamiento de Miacatlán.

El actor promovió un nuevo amparo para impugnar esta determinación. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo directo **********, le concedió el amparo solicitado, pues consideró que correspondía a la parte demandada justificar la inexistencia de la relación laboral, tanto con el actor como con el diverso codemandado. Entonces, ordenó que se emitiera un nuevo laudo donde se tuviera como cierto el vínculo obrero patronal entre el Ayuntamiento demandado y el actor.

Así pues, el catorce de diciembre de dos mil once, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos emitió un nuevo laudo, para dar cumplimiento al amparo. Éste es el acto reclamado en el juicio de amparo directo **********, que es antecedente del presente recurso de revisión.

En el laudo mencionado, el tribunal resolvió que la carga procesal correspondía a la parte patronal y determinó que sí había un nexo laboral con el actor. Entonces, se condenó al Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, al pago de "la indemnización constitucional y al pago de salarios caídos, a partir del despido injustificado hasta que se cumplimente el laudo",(3) entre otras prestaciones.

Contra dicho laudo, los representantes del Municipio promovieron el juicio de amparo que es antecedente del presente recurso de revisión. En la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado de Circuito, primero, abordó los conceptos de violación relativos a la valoración de las pruebas en el juicio laboral y a si se acreditó o no la relación de trabajo entre el demandante y el Municipio actor. Al respecto, calificó como infundados dichos conceptos de violación, pues, a su juicio, se valoraron adecuadamente las pruebas y sí se acreditó el vínculo laboral. Por otro lado, resolvió lo siguiente:

"En otro orden de ideas, se aduce en el tercer concepto de violación lo siguiente:

"Que resultó violatorio de garantías el hecho de que la responsable otorgue al actor el pago de salarios caídos, a partir del supuesto despido injustificado y hasta que se cumplimente el laudo, toda vez que dicha prestación se encuentra estatuida en los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y limita dicha prestación a un pago que no podrá ser mayor a seis meses.

"Que, conforme al artículo 126 del Pacto Federal, existe una importante restricción en el ejercicio de los recursos públicos, donde ninguna autoridad puede hacer cualquier pago que no se encuentre previsto por su presupuesto o estatuido en una ley posterior.

"Que la responsable en su laudo decide condenar al Ayuntamiento demandado al pago de prestaciones que no se encuentran contempladas en la ley o en el presupuesto, siendo que el Constituyente estableció una separación técnica de los trabajadores al servicio de las empresas privadas en el apartado ‘A’ del artículo 123 constitucional y, por otra parte, un apartado ‘B’ que se encargaría de los derechos sociales de los trabajadores al servicio del gobierno e impone a los órganos del Estado formalidades en el ejercicio de los recursos públicos, en tanto éstos, para poder ser ejercidos, deben encontrarse estatuidos en los presupuestos o leyes respectivas; de tal suerte que si la ley establece que sólo se podrá condenar a las autoridades al pago de salarios caídos por un periodo de hasta seis meses, es claro que la determinación de la responsable es contraria a las normas constitucionales.

"Lo anterior es infundado.

"Resultó correcto por parte de la responsable establecer condena al pago de salarios caídos, sin haberlo limitado a seis meses, toda vez que debía apartarse de lo previsto en los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al resultar ser normas inferiores contrarias a la Constitución; ello, ejerciendo un control ex officio implícito (difuso), válido de la Carta Magna.

"En efecto, la supremacía constitucional (artículo 133) impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones.

"Asimismo, conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, así como aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona.

"Luego, en la función jurisdiccional (como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales) es donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior; y aunque no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia. En forma ilustrativa se citan los siguientes criterios:

"Décima Época. Registro «IUS»: 160589. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, materia: constitucional, tesis P. LXVII/2011 (9a.), página 535. ‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.’

"Décima Época. Registro «IUS»: 160526. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, materia: constitucional, tesis P. LXVIII/2011 (9a.), página 551. ‘PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.’

"Décima Época. Registro «IUS»: 2000008. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, materia: constitucional, tesis P. I/2011 (10a.), página 549. ‘CONTROL DIFUSO.’

"Ahora bien, en el caso concreto, deriva que las normas invocadas por la quejosa que, en esencia, limitan el pago de salarios caídos a seis meses, son inconstitucionales, por lo cual, la responsable, implícitamente, estaba obligada a dejar de aplicar esos preceptos inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución.

"En efecto, los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al establecer que el trabajador que haya sido cesado en forma injustificada tendrá derecho a que se le paguen los salarios caídos, los que no excederán del importe de 6 meses, se apartan de los principios normativos fundamentales del derecho a la reinstalación e indemnización legal en caso de cese injustificado y, por ende, contravienen los numerales 123, apartado B, fracción IX, constitucional y 43, fracción III, de su ley reglamentaria (Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado), en la medida en que en esta última no se prevé limitación de tiempo para el pago de los salarios caídos, los que deberán pagarse al trabajador injustamente despedido por el plazo en que se hubieren generado.

"Lo anterior es del todo comprensible, si se toma en cuenta que el trabajador estará separado de su empleo sin percibir ningún salario por causa no imputable a él, por tanto, el patrón que no acredite las causas del despido debe reparar el daño producido por la falta en que incurrió, pues el trabajador durante la tramitación del juicio laboral por regla general se encuentra desprotegido, sin percibir algún salario para satisfacer sus necesidades.

"Si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 116, fracción VI, de la propia Carta Magna, las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores deben regirse por las leyes que expidan los legisladores de los Estados, con base en lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, y que con fundamento en esta facultad se expidió la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo cierto es que esta facultad tiene como limitante el hecho de que las normas secundarias de la materia laboral respeten el texto del artículo 123 constitucional. Por tanto, cualquier disposición local que restrinja o contraríe lo dispuesto en dicho precepto resulta inconstitucional. En este orden de ideas, resulta indudable que las Legislaturas de los Estados, a efecto de regular las relaciones de éstos con sus trabajadores, deben acatar los principios contenidos en el multirreferido artículo 123 constitucional, y dentro de esos principios básicos se encuentra el relativo a la indemnización, tratándose de separación injustificada del empleo y, por ende, el derecho del trabajador al pago de los salarios caídos que se hubiesen generado.

"Por tanto, si los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos restringen el pago de salarios caídos a un plazo de seis meses, es dable concluir que se apartan de lo dispuesto en la Constitución General de la República, concretamente del texto del artículo 123, apartado B, fracción IX. Lo anterior así ha sido establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del siguiente criterio: Novena Época. Registro «IUS»: 167175. Instancia: Segunda Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX, mayo de 2009, materias: constitucional, laboral, tesis 2a. XLVIII/2009, página 274. ‘SALARIOS CAÍDOS. LOS ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV, Y 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL ESTABLECER QUE SU PAGO NO EXCEDERÁ DEL IMPORTE DE 6 MESES, CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 43, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.’

"De igual forma, por compartirse, se cita en lo sustancial, el siguiente criterio: Novena Época. Registro «IUS»: 172655. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, abril de 2007, materias: constitucional, laboral, tesis XVIII.2o.12 L, página 1858. ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DE MORELOS. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, AL RESTRINGIR EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS A SEIS MESES TRATÁNDOSE DE DESPIDO INJUSTIFICADO, CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 1o., 115, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO SEGUNDO Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’

"Bajo ese contexto, contrario a lo señalado por la quejosa, nada de ilegal tuvo, en la especie, que la responsable se apartara de lo establecido en los numerales de la Ley del Servicio Civil invocados en el analizado concepto de violación, al estar facultada para dejar de aplicar esas normas inferiores y dando preferencias a las contenidas en la Constitución.

"En esa tesitura, al no demostrarse la ilegalidad del laudo reclamado, y sin que legalmente sea dable suplir la deficiencia de la queja, lo que corresponde es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por el Ayuntamiento Constitucional de Miacatlán, Morelos."

CUARTO. Agravios. En su escrito de expresión de agravios, el recurrente aduce, en síntesis, lo siguiente:

• El primer apartado del recurso se dedica a justificar la procedencia del recurso. Esencialmente, se considera que el medio de defensa es procedente, porque en la página 76 de la sentencia recurrida se hizo una interpretación directa del artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, el órgano colegiado señaló que cuando las Legislaturas Estatales regulan las relaciones de sus trabajadores deben acatar los principios contenidos en el mencionado precepto constitucional, y dentro de éstos se encuentra el relativo a la indemnización en caso de despido injustificado, el cual incluye el derecho al pago de los salarios caídos.

Además, la parte recurrente estima que el Tribunal Colegiado de Circuito dejó de pronunciarse sobre la aplicación, al caso, del artículo 123, apartado B, constitucional, en función de lo ordenado por el diverso artículo 126 de la Constitución Federal. Es decir, en la demanda de amparo se planteó como concepto de violación que el artículo 126 constitucional dispone que, en ejercicio de los recursos públicos, no puede hacerse ningún pago que no esté justificado en los presupuestos o leyes de egresos. Esto no se analizó y, conforme al mencionado artículo 126 constitucional, se limita la competencia de los tribunales laborales burocráticos para hacer condenas.

• El Tribunal Colegiado, al interpretar directamente el artículo 123 constitucional, reconoció derechos que no están previstos en esta norma de la Constitución Federal. Es decir, el artículo 123, apartado B, no reconoce el derecho de los trabajadores al servicio del Estado al pago de salarios caídos por causa de despido injustificado. Entonces, considerar que el derecho a la indemnización implica necesariamente el derecho al pago de salarios caídos es incorrecto.

• En la demanda de amparo, se hizo valer que, conforme al artículo 126 constitucional, hay una restricción en el ejercicio de los recursos públicos, según la cual ninguna autoridad puede efectuar pagos que no estén previstos en su presupuesto o en una ley posterior. En este sentido, el Constituyente hizo una distinción entre los trabajadores al servicio del Estado, cuyo régimen laboral está contemplado en el apartado B del artículo 123 constitucional, y el resto de los trabajadores, regidos por el apartado A del mismo precepto. En este sentido, los órganos del Estado están sujetos a formalidades en el ejercicio de los recursos públicos, pues éstos deben contemplarse en los presupuestos o leyes respectivas.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado de Circuito omitió el estudio de estos argumentos. Se reitera que el artículo 126 constitucional impone obligaciones presupuestarias a los órganos del Estado, sin que ello implique necesariamente una renuncia o limitación a los derechos laborales de los trabajadores.

• Aunado a lo anterior, el órgano colegiado no tomó en cuenta que los derechos fundamentales están sujetos a limitaciones cuando están en colisión con diversos preceptos constitucionales (como el artículo 126 mencionado). Esto encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 2/2012 (9a.) (registro IUS: 160267), de rubro: "RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS."

• Se argumenta que la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito es incongruente. Esto se debe a que se calificaron los conceptos de violación como fundados, pero inoperantes, al considerar que, con el laudo reclamado, se dio cumplimiento a la ejecutoria del diverso amparo directo **********. No obstante, en la sentencia que ahora se combate, se hizo un pronunciamiento sobre el cumplimiento de la diversa resolución de amparo, mientras que esto es materia de un procedimiento diverso.

• Por otro lado, se hizo una interpretación incorrecta de las pruebas aportadas. Primero, el órgano colegiado sostuvo que, para tener por cumplido el amparo directo **********, debía considerarse acreditada la relación laboral entre el trabajador y el Ayuntamiento. Luego, en la sentencia de amparo reclamada, el tribunal resolvió que es inoperante el concepto de violación donde se alegó que las listas de nómina no eran un medio de convicción eficaz para desvirtuar una confesión ficta, lo cual es incorrecto y equivale a una condena a la parte quejosa.

QUINTO. Procedencia. En primer lugar, debe determinarse si el presente recurso es procedente, ya que se trata de un medio de defensa extraordinario.

El juicio de amparo directo es un juicio con una sola instancia, pues la resolución que ahí se dicte, por lo general, es definitiva y no admite recurso alguno. De manera excepcional, en su contra podrá interponerse un medio de defensa, que sólo justifica su procedencia si se actualizan dos requisitos fundamentales, previstos en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:(4)

1. Debe subsistir alguna cuestión de constitucionalidad. Es decir, la sentencia de amparo combatida debe resolver sobre la constitucionalidad de normas generales, establecer la interpretación directa de algún precepto constitucional u omitir un pronunciamiento sobre tales cuestiones, cuando se hubieran planteado en la demanda.

2. El asunto debe fijar un criterio de importancia y trascendencia, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a los lineamientos sentados por ésta en acuerdos generales.

Estos requisitos se reiteran en el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo(5) y en la jurisprudencia 2a./J. 149/2007, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."(6)

La primera de estas condiciones se reúne, ya que el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos son inconstitucionales. Es decir, consideró que son violatorios de los derechos a la reinstalación y a la indemnización previstos en los artículos 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal y 43, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque esta última no prevé una limitación de tiempo para el pago de los salarios caídos, que deben pagarse al trabajador injustamente despedido por el plazo en que se hubiera generado. Por lo tanto, la sentencia resolvió sobre la constitucionalidad de normas generales.

Por otro lado, el asunto reviste las características de importancia y trascendencia necesarias para la procedencia del presente recurso de revisión. Esto se debe a que su resolución involucra un pronunciamiento sobre si dos preceptos de la ley burocrática local del Estado de Morelos son violatorios de derechos o no. Además, sobre el tema de constitucionalidad no hay jurisprudencia, a pesar de que hay un criterio aislado.

Consecuentemente, el recurso de revisión es procedente.

SEXTO. Materia de la revisión. En primer lugar, es necesario recapitular que, en uno de sus conceptos de violación, el Ayuntamiento quejoso reclamó la determinación de la Junta responsable, consistente en condenar al pago de salarios caídos desde el despido injustificado hasta que se cumpla el laudo. Al respecto, alegó que la autoridad laboral debió aplicar los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que limitan el monto del pago de salarios caídos, derivados del despido injustificado, a seis meses.

El Tribunal Colegiado de Circuito, por su parte, resolvió que la Junta responsable actuó correctamente, porque debía apartarse de lo dispuesto en los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, habida cuenta que son inconstitucionales. Esto se debe a que violan los artículos 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque esta última no establece un límite temporal para el pago de los salarios caídos. Por lo tanto, éstos deben pagarse al trabajador despedido injustificadamente por el plazo que se hubieran generado. Además, se hizo hincapié en que debe seguirse lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en acatamiento al artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, el cual dispone que las leyes emitidas por los Congresos Locales, para regular las relaciones laborales con sus trabajadores, deben respetarla.

Los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, declarados inconstitucionales por el Tribunal Colegiado de Circuito, disponen lo siguiente:

"Capítulo III

"De las obligaciones del Gobierno del Estado y de

los Municipios con sus trabajadores

"Artículo 45. Los Poderes del Estado y los Municipios están obligados con sus trabajadores a:

"...

"IV. Pagarle la indemnización por separación injustificada, cubrir las correspondientes a los accidentes que sufran con motivo del trabajo o a consecuencia de él o por las enfermedades profesionales que contraiga en el trabajo o en el ejercicio de la profesión que desempeñan;

"...

"XIV. De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos se haya fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada, cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar, en una sola exhibición, los salarios caídos que nunca podrán ser superiores a seis meses, prima vacacional, aguinaldos y demás prestaciones que establezca el laudo definitivo."

"Artículo 52. Cuando el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje califique como injusta la causa del cese, el trabajador será reinstalado inmediatamente en su puesto, pagándosele los salarios caídos que no excederán del importe de seis meses."

Es necesario puntualizar que, en el presente asunto, sólo debe hacerse un pronunciamiento respecto del artículo 45, fracción XIV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Aunque tanto el quejoso como el Tribunal Colegiado de Circuito se refirieron a los dos preceptos, lo cierto es que el supuesto que prevé el artículo 52 de la ley de la materia no es aplicable al caso.

Conforme a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, si un trabajador es despedido injustificadamente puede reclamar por la vía jurisdiccional: 1) su reinstalación o 2) el otorgamiento de una indemnización.(7) Como se advierte, el artículo 52 de la ley de la materia se refiere al supuesto en que el trabajador hubiera promovido la acción de reinstalación, en cuyo caso se pagarán los salarios caídos que no excedan del importe de seis meses.

Sin embargo, en el juicio laboral, que es antecedente del presente amparo directo en revisión, no se demandó la reinstalación, sino "el pago de 90 días de salario por concepto de indemnización constitucional por el despido injustificado de que fue objeto nuestro representado".(8) Así pues, en este recurso de revisión sólo debe analizarse la constitucionalidad del artículo 45 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, en función de este análisis, decidir si debió aplicarse o no en el laudo combatido. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia se está en el supuesto de aplicación del artículo 52 del mismo ordenamiento, por lo que no debe estudiarse en este juicio constitucional.

Esta determinación encuentra apoyo en la parte conducente de la jurisprudencia 2a./J. 53/2005 (registro IUS: 178539)(9) y de la tesis aislada 2a. LXII/2009 (registro IUS: 167070),(10) donde se dijo que, para que proceda el estudio de la constitucionalidad de normas generales en amparo directo, es necesario que la norma se hubiera aplicado y que cause perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del quejoso.

Este juicio de amparo es un poco diferente, en la medida en que el quejoso se duele precisamente de que no se hubiera aplicado la norma. No obstante, procede el análisis de la constitucionalidad del artículo 45, fracción XIV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, porque el Tribunal Colegiado de Circuito lo declaró inconstitucional y consideró que fue correcto que no se hubiera aplicado en el laudo combatido. En cambio, el artículo 52 de la misma ley no causa perjuicio alguno en la esfera jurídica del Ayuntamiento quejoso, porque en el juicio laboral no se pidió ni se ordenó la reinstalación del trabajador.

Consecuentemente, sólo es materia de la presente revisión lo relativo al artículo 45, fracción XIV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en la porción normativa que limita el pago de salarios caídos a seis meses, en caso de despido injustificado.

SÉPTIMO. Estudio de fondo. En uno de sus agravios, el Ayuntamiento recurrente aduce que, contrariamente a lo resuelto en la sentencia reclamada, el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no reconoce el derecho de los trabajadores al servicio del Estado al pago de salarios caídos por causa de despido injustificado. Por lo tanto, estima que es incorrecto que el derecho a la indemnización necesariamente implique el derecho al pago de salarios caídos.

Este agravio es parcialmente fundado, como se demostrará a continuación.

Esta Segunda Sala recuerda que ya se ha pronunciado sobre el tema de constitucionalidad del artículo 45, fracción XIV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al resolver el amparo directo en revisión 439/2009. Con motivo de este recurso de revisión, se emitió la tesis aislada 2a. XLVIII/2009 (registro IUS: 167175), que dice:

"SALARIOS CAÍDOS. LOS ARTÍCULOS 45, FRACCIÓN XIV Y 52 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL ESTABLECER QUE SU PAGO NO EXCEDERÁ DEL IMPORTE DE 6 MESES, CONTRAVIENEN LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 43, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. Conforme al artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes expedidas por sus Legislaturas con base en lo previsto por el numeral 123 de la propia Norma Suprema y sus disposiciones reglamentarias. Por su parte, el artículo 43, fracción III, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, señala que son obligaciones de los titulares, entre otras, reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado y ordenar el pago de los salarios caídos a que fueren condenados por laudo ejecutoriado. En congruencia con lo anterior, se concluye que los artículos 45, fracción XIV y 52 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al establecer que el trabajador que haya sido cesado en forma injustificada tendrá el derecho a que se le paguen los salarios caídos, los que no excederán del importe de 6 meses, se apartan de los principios normativos fundamentales del derecho a la reinstalación e indemnización legal en caso de cese injustificado y, por ende, contravienen los numerales 123, apartado B, fracción IX, constitucional y 43, fracción III, de su ley reglamentaria, en la medida en que en esta última no se prevé limitación de tiempo para el pago de los salarios caídos, los que deberán pagarse al trabajador injustamente despedido por el plazo en que se hubieren generado."(11)

Como se advierte, el razonamiento de este criterio se basa en la noción de que la legislación del Estado de Mo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24431-f83c5cf8/trabajadores-al-servicio-de-las-entidades-federativas-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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