AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PARTES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES INOPERANTE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DONDE SE RECLAMA COMO VIOLACIÓN PROCESAL LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PARTES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PARTES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN.
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PARTES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN.
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES Y OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ES INOPERANTE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN DONDE SE RECLAMA COMO VIOLACIÓN PROCESAL LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE VOCEAR, LLAMAR EN VOZ ALTA O ALERTAR POR ALGÚN OTRO MEDIO A LAS PARTES PREVIAMENTE A SU CELEBRACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 399/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 16 DE ENERO DE 2013. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ILEANA MORENO RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(2)
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(3)
TERCERO. Criterios en contienda. A continuación, conviene relatar los antecedentes de las ejecutorias en probable contienda y transcribir la parte medular de las consideraciones formuladas por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito:
Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito (denunciante)
Amparo en revisión 169/2012
Una empresa fue demandada por uno de sus trabajadores ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Durante la tramitación del juicio, se celebró la audiencia trifásica, y en ella se tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas y formular alegatos, como consecuencia de la ausencia del representante de la empresa. Para combatir esta resolución, la empresa demandada promovió un juicio de amparo indirecto.
El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, a quien correspondió el conocimiento del asunto, desechó la demanda, por considerarla notoriamente improcedente. Esto se debió a que, en su opinión, el acto reclamado (es decir, el auto mediante el cual se tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas y de formular alegatos) se llevó a cabo dentro de un juicio, pero su ejecución no podía considerarse de imposible reparación, al no producir de inmediato una afectación a algún derecho fundamental. En este sentido, la resolución combatida sólo produce efectos intraprocesales, cuyas consecuencias pueden extinguirse sin generar afectación alguna en los derechos fundamentales de la empresa quejosa, pues es posible que ésta obtenga un laudo favorable. Por tanto, la supuesta violación no tiene una ejecución de imposible reparación y, consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 114, fracción IV (interpretada a contrario sensu), en relación con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De esta forma, desechó el amparo por notoriamente improcedente.
La empresa quejosa interpuso recurso de revisión contra este auto. Entre otras cosas, planteó que la determinación del Juez de Distrito la dejaba sin defensa, pues era obvio que se dictaría un laudo desfavorable a sus intereses. El hecho de que se tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo, trae aparejado otros efectos, como la pérdida del derecho a oponer excepciones y a ofrecer y desahogar pruebas.
Además, la inconstitucionalidad de la resolución se hizo depender de una violación procesal, pues se alegó que la Junta omitió "vocear la audiencia", a pesar de que la parte demandada estaba presente en las instalaciones de la Junta responsable. Se adujo que esto violó el derecho de audiencia, ya que equivale a que no se notifique ni se emplace al demandado a juicio.
También hizo referencia al costo que le representa la tramitación del juicio, pues si la cuestión se dirime en amparo indirecto, se resolvería mucho más rápidamente que si se tramita hasta el dictado del laudo y, posteriormente, a través de un amparo directo. Mientras tanto, la parte demandada debe garantizar la subsistencia del trabajador y, de ser condenado, deberá pagar salarios caídos por un lapso mayor.
El Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito conoció del recurso de revisión, y dictó sentencia en el siguiente sentido:
"Son infundados los agravios, toda vez que la calificación de imposible reparación que el recurrente atribuye al acto reclamado, la hace depender de la consecuencia que tenga al resolverse el juicio principal, partiendo de que al tenerse por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas y alegar, se emitirá un laudo condenatorio lo que se traduce en pago de salarios caídos y ello causa detrimento a su patrimonio, incluso hace alusión a la suspensión que podría solicitar ante la Junta responsable al promover juicio de amparo directo en el que tendría que garantizar la subsistencia del trabajador mientras dura la tramitación del juicio o que podría correr el riesgo de no poder promover amparo directo contra el laudo.
"Sin embargo, la propia expresión del recurrente robustece el argumento en que el Juez de amparo sostuvo el desechamiento de la demanda de garantías, consistente en que la violación que atribuye al acto reclamado sólo es de carácter procesal y será hasta que se dicte el laudo cuando se determine si la circunstancia de que se le tuviera por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas y alegar influye en su sentido; de ser así, hasta ese momento podrá transgredir esa violación, los derechos sustantivos del recurrente y entonces podrá promover el juicio de amparo directo para combatirla, pues conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, en relación con el 158 de la Ley de Amparo, esa vía es la procedente para combatir los laudos dictados por tribunales de trabajo, y en la demanda de garantías pueden combatirse las violaciones procesales que trasciendan al resultado del fallo y afecten las defensas del quejoso; pero de no serle desfavorable el laudo, esa supuesta violación se disolverá en la nada jurídica y no afectará los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso; luego, como en el caso, el acto reclamado es la determinación de la Junta en la que se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho a ofrecer pruebas y alegar con ello no se tocan los derechos sustantivos del impetrante de garantías, por cuanto esa decisión no lo priva de sus propiedades, posesiones, vida, libertad u otros derechos, entonces sólo se trata de una decisión procesal que no tiene la característica de causarle un perjuicio de imposible reparación en su esfera jurídica.
"No pasa inadvertido que el recurrente aduce en sus agravios que la actuación de la Junta responsable viola su garantía de audiencia, al infringir el artículo 877 de la Ley Federal del Trabajo, al no haber voceado la audiencia laboral, pues se encontraba presente en la fecha y hora para su celebración, por lo que no se le debió tener por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas, ya que se encontraba a unos metros de distancia y que ello equivale a una falta de emplazamiento.
"Sin embargo, contrario a lo que afirma el recurrente, ello no se traduce en una violación a su garantía de audiencia y tampoco se equipara a la falta de emplazamiento a juicio, toda vez que el hecho que se le tuviera por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas y alegar, es un acto que podrá combatir vía amparo directo, como violación procesal, toda vez que el acto reclamado en modo alguno puede estimarse un acto intraprocesal de imposible reparación o que le afecte en grado predominante o superior por el simple hecho de no ser combatible mediante algún medio de defensa previsto en la Ley Federal del Trabajo, ya que un acto es de imposible reparación, como se dijo con anterioridad, cuando afecta derechos sustantivos, lo que no se actualiza en el caso.
"Aunado a que la circunstancia de que argumente el agraviado que es un acto de ejecución de imposible reparación, porque aunque promueva el amparo directo contra el laudo que se dicte y solicite la suspensión de dicho acto, tendrá que garantizar tres o seis meses la subsistencia del trabajador, contrario a lo que afirma, ello tampoco hace procedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de una especulación, que como se dijo, puede o no llegar a darse, toda vez que el laudo puede resultarle favorable, en cuyo caso no tendría necesidad de promover amparo directo y menos solicitar con motivo de ello la suspensión del laudo, además las alegaciones relativas a futuros perjuicios económicos, no hacen procedente los juicios o recursos que no lo sean, ya que los procedimientos instaurados en la ley no pueden desconocerse o pasarse por alto, por argumentos de posible detrimento patrimonial.
"Por tanto, al no ubicarse el acto reclamado ante el Juez de Distrito en ninguna de las hipótesis que prevé el artículo 114 de la Ley de Amparo, es correcto que el juzgador constitucional desechara la demanda de garantías, con fundamento en los artículos (sic) 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, a contrario sensu, de la ley de la materia.
"Sin que asista razón al recurrente cuando afirma que no es aplicable la jurisprudencia 20/92 citada por el Juez de Distrito en el auto recurrido, cuyo rubro es: ‘DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.’
"Lo anterior porque si bien en dicha ejecutoria se trata del supuesto en que se tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo y no específicamente de la determinación de la Junta en la que se tiene al patrón por contestada la demanda en sentido afirmativo, por perdido el derecho a ofrecer pruebas y alegar, en realidad, se trata de casos análogos al traer aparejada la misma consecuencia jurídica, es decir, se trata de una consecuencia procesal, que no determina el sentido del fallo en lo principal, toda vez que no existe la certeza de que se emitirá un laudo condenatorio.
"Ello derivado de que las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción, y de esta manera puede llegar a determinar que no se configuraron sus elementos, en cuyo caso emitirá un laudo favorable al patrón, quien aduce estar afectado con el acto reclamado (ahora recurrente), quedando la citada violación (conducta de la responsable) reparada de hecho, por lo que se trata de una violación procesal que puede o no trascender al resultado del fallo y por eso no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, el criterio en que sustentó el Juez de Distrito su determinación de desechar la demanda de garantías sí es aplicable.
"Se comparte la tesis XXI.1o.28 L del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 354 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, abril de 1994, materia laboral, Octava Época, que dice ‘DEMANDA, FALTA DE CONTESTACIÓN A LA. NO IMPLICA NECESARIAMENTE LAUDO CONDENATORIO.’
"En las relatadas circunstancias, lo que procede es confirmar el auto de desechamiento recurrido."
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito
Amparo en revisión laboral 686/2011
Dos trabajadoras demandaron por la vía laboral tanto a una persona moral como a una física. Conoció del juicio la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato. Ésta ordenó el emplazamiento de las partes demandadas y citó a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. En el acta que se levantó con motivo de dicha diligencia, se hizo constar que no compareció el demandado persona física. En consecuencia, la Junta tuvo al demandado por inconforme con todo arreglo conciliatorio, contestando a la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho de ofrecer pruebas y de formular alegatos.
Inconforme con este resultado, el demandado promovió un juicio de amparo indirecto, donde señaló como acto reclamado:
"El hecho de no dar intervención al codemandado en la audiencia prevista por el artículo 873(4) de la Ley Federal del Trabajo ... no obstante estar presente dentro de las instalaciones de la Junta responsable y estar minutos antes de la audiencia en el cubículo ..., así como las resoluciones tomadas en la misma audiencia ..., mediante la cual la Junta responsable determinó tener al quejoso por no llegando a un arreglo conciliatorio, por contestando la demanda en sentido afirmativo y por perdiendo el derecho de ofrecer pruebas, así como de formular alegatos; en violación de la garantía de audiencia y defensa, porque estaba presente físicamente ..."
Sin embargo, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato desechó la demanda de amparo, al estimarla notoriamente improcedente. Al respecto, manifestó que el acto reclamado no es de los que producen al agraviado una ejecución de imposible reparación, ni afecta de manera predominante y superior los derechos del quejoso. Esto se debe a que la violación alegada puede extinguirse en caso de que el laudo que se emita en el juicio laboral sea favorable al demandado. De lo contrario, éste puede reclamarla a través del juicio de amparo directo. Por tanto, se actualizaba el supuesto del artículo 114, fracción IV (interpretado a contrario sensu), en relación con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
La persona física quejosa interpuso recurso de revisión contra este auto desechatorio, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito.
En sus agravios, el recurrente manifestó que sí compareció a la audiencia, pues estaba en las instalaciones de la Junta responsable, pero no fue voceado. Alegó que esto es violatorio del derecho de audiencia y defensa. Por otro lado, considera que la resolución del Juez de Distrito es incorrecta, pues en el juicio laboral se dejó al demandado sin posibilidad de rendir pruebas y contestando la demanda en sentido afirmativo, por lo que es indudable que será condenado.
También señala que, si se considera que la vía para combatir la violación procesal es el amparo directo, entonces se generaría un perjuicio irreparable para el demandado, puesto que la condena implicará el pago de la subsistencia de las trabajadoras y garantizar el resto de la condena.
Más adelante, el recurrente insiste en que se le causa un daño irreparable, porque al generarse una presunción que no admite prueba en contrario -es decir, al tenerse la demanda por contestada en sentido afirmativo, sin posibilidad de rendir pruebas-, la condena a la parte demandada es irremediable. Asimismo, indica que en amparo directo no se podrá hacer un pronunciamiento sobre la violación procesal, consistente en que materialmente se le impidió comparecer a la audiencia.
Finalmente, el recurrente señaló que el Juez de Distrito no tomó en cuenta que en el amparo indirecto el quejoso puede ofrecer pruebas para demostrar el acto reclamado, y estaría en aptitud de presentar testimoniales o grabaciones de la Junta responsable en la Sala de audiencia. En cambio, si se determina que esta violación debe combatirse en amparo directo, el tribunal debe limitarse a analizar las constancias de autos, donde no figura ninguna probanza que acredite la violación procesal.
El Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia en la que revocó el auto desechatorio combatido, y ordenó que se diera trámite al juicio de amparo indirecto. En la parte que interesa, la sentencia dice:
"SEXTO. Análisis de los agravios. En lo sustancial son fundados los agravios expuestos.
"...
"Al resolver la contradicción de tesis 50/98-PL, que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 4/2001, de rubro: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’, y al interpretar el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Máximo Tribunal del País definió que en términos generales, si bien la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, en virtud de que ejecución (sic) es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, lo cierto era que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que debe admitirse, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales.
"Asimismo, sostuvo que las violaciones procesales son impugnables en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, y que esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia le imprimen a las decisiones un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo.
"La jurisprudencia aludida, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, es del siguiente tenor literal:
"‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’
"Ahora bien, las características esenciales del concepto de afectación de los derechos procesales en grado predominante o superior, empleado en el criterio reproducido, son definidas por el Máximo Tribunal en la tesis aislada P. LVIII/2004, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 10, que al rubro y texto informa:
"‘VIOLACIONES PROCESALES DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS.’
"En el caso, el quejoso reclamó que al verificarse la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, la Junta Especial Número 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato, no le dio oportunidad al quejoso de intervenir en cada una de las etapas que la conforman, haciendo efectivos los apercibimientos de tenerlo por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestando la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas y formular alegatos; actuación que se estima sí causa al quejoso un perjuicio en grado predominante o superior.
"Es así, porque la consecuencia procesal de no dar intervención al quejoso en esa fase fundamental del procedimiento laboral, trasciende a la posibilidad de defender su postura en la controversia y torna improbable que llegue a obtener laudo favorable, porque derivado de la falta de contestación de demanda opera la presunción iuris tantum de ser ciertos los hechos afirmados por la parte trabajadora, lo que si bien, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 879 de la Ley Federal de Trabajo, admite prueba en contrario el quejoso no tendría la oportunidad de desvirtuar, al haber pedido el derecho de ofrecer medios de convicción.
"Además, la inconstitucionalidad del acto reclamado el quejoso la hace depender de que estuvo presente en las instalaciones de la Junta en el día y hora indicados para la celebración de la diligencia pero ‘de ninguna manera se voceó y se llamó’, afirmación a través de la cual pone en entredicho lo asentado en el acta impugnada, en el sentido de que no compareció a la diligencia, postura que por tratarse de una cuestión de hecho, está sujeta a su demostración, la cual no podría verificarse en el juicio de amparo directo, al existir imposibilidad jurídica para ello, derivada de la regla contenida en el artículo 78 de la Ley de Amparo, en el sentido de que en las sentencias de los juicios que regula, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca aprobado ante la autoridad responsable, sin que deban admitirse las pruebas que no se hubiesen rendido ante la instancia común para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.
"De manera que será en el juicio biinstancial donde el ahora recurrente tendrá la oportunidad de demostrar que adversamente a lo asentado en el acta de doce de octubre de dos mil once, si compareció a la audiencia, pero no se le dio oportunidad de intervenir, toda vez que en la tramitación del amparo indirecto existe la posibilidad de ofrecer medios de convicción para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados.
"Más aún si se toma en cuenta que en la legislación ordinaria no existe medio alguno de defensa contra el aludido acto intraprocesal, habida cuenta que si bien la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 762, fracción I, dispone que se tramitará como incidente de previo y especial pronunciamiento, entre otras cuestiones, ‘la nulidad’, lo cierto es que relacionando esta disposición con el estudio conjunto de los artículos 739 a 751, 761 a 763 a 765 (sic) y, especialmente, lo dispuesto en el diverso artículo 752 de la propia ley, se advierte que el legislador laboral se refiere a la nulidad de las notificaciones; lo que se corrobora si se tienen en cuenta, además, los principios de economía, concentración y sencillez que rigen el derecho procesal del trabajo, previstos en el artículo 685, así como lo ordenado en el artículo 848; preceptos de los cuales se advierte que el propio legislador laboral dispone expresamente que las resoluciones que dicten las Juntas no pueden ser invalidadas por medio de defensa alguno y, en ese entendido, el incidente de nulidad a que se refiere la fracción I del artículo 762 de la referida ley, únicamente procede en relación con las ‘notificaciones’ practicadas durante el procedimiento laboral, en forma distinta a la regulada en el capítulo VII del título catorce de la propia ley.
"Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 91/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 284, Tomo XX, julio de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación (sic), que a la letra dice:
"‘NULIDAD. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL INCIDENTE PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 762 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ÚNICAMENTE PROCEDE EN CONTRA DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS CON VIOLACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO VII DEL TÍTULO CATORCE DE LA LEY CITADA.’
"Por su parte, el recurso de revisión regulado en los artículos 849 a 852 de la referida legislación laboral, es procedente únicamente contra los actos dictados en ejecución del laudo, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en providencias cautelares; en tanto, que los actos impugnables vía reclamación, de conformidad con el numeral 853 de ese cuerpo normativo, son las medidas de apremio.
"En ese contexto, es patente que el acto reclamado limita el ejercicio de la garantía de audiencia del quejoso al privarlo de la oportunidad de intervenir en una parte esencial del procedimiento laboral que, por las particulares antes descritas, evidencian la existencia de una afectación exorbitante al ponerse en juego la adecuada defensa del impetrante y, por ello, debe ser sujeta de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte el laudo.
"No se soslaya la existencia de la jurisprudencia P./J. 20/92, de rubro: ‘DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.’, derivada de la contradicción de tesis 65/90, invocada por el a quo; sin embargo, dicho criterio no cobra puntual aplicación, ya que de la transcripción de los criterios contendientes que el Alto Tribunal realizó en la ejecutoria mediante la cual resolvió la contradicción, no se advierte si los órganos jurisdiccionales que conocieron de los juicios laborales, además de tener a la parte demandada por confesa, también tuvieron por perdido el derecho de ofrecer pruebas y formular alegatos, como sí ocurre en este caso, diferencia que es sustancial porque la pérdida del derecho de ofrecer medios de convicción hace prácticamente imposible que el demandado ejerza su defensa en el juicio de origen.
"El criterio referido en el párrafo que antecede, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 55, julio de 1992, página 11, es del siguiente tenor literal:
"‘DEMANDA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.’
"Además, como el propio texto de la jurisprudencia en mención lo informa, el Alto Tribunal concluyó que el auto que tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo no es de imposible reparación, fundamentalmente, porque no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, ya que a través de dicho acuerdo no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales; empero, como se tiene visto, la evolución jurisprudencial tiende a la procedencia del amparo indirecto contra actos intraprocesales, de manera excepcional, cuando afecten en grado predominante o superior a las partes, concepto este último que no se ponderó en la jurisprudencia preinserta.
"En consecuencia, ante lo sustancialmente fundado de los conceptos de agravio y al no advertir este tribunal la actualización de diverso motivo de improcedencia que dé lugar a desechar el libelo inicial, lo que procede es revocar el auto recurrido y ordenar al Juez de Distrito que admita la demanda de amparo."
De la anterior resolución derivó la tesis aislada XVI.1o.A.T.1 L (10a.) (Núm. Registro IUS: 2000721):
"AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE HACE EFECTIVOS LOS APERCIBIMIENTOS DERIVADOS DE LA AUSENCIA DEL DEMANDADO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ETAPAS QUE LA CONFORMAN PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución por la que, ante la incomparecencia del demandado a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y admisión de pruebas, la Junta hace efectivos los apercibimientos de tenerlo por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestando la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, es de las que causan un perjuicio en grado predominante o superior; porque: 1. La consecuencia procesal de no darle intervención en esa fase del procedimiento laboral, trasciende a la posibilidad de defender su postura en la controversia y torna improbable que llegue a obtener un laudo favorable, en virtud de que, derivado de la falta de contestación a la demanda opera la presunción iuris tantum de ser ciertos los hechos afirmados por la trabajadora, lo que si bien, en términos del último párrafo del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, admite prueba en contrario, no tendrá la oportunidad de desvirtuar, al haber perdido el derecho de ofrecer pruebas; 2. El juicio de amparo directo no permite el desahogo de medios de convicción que no se hubiesen rendido ante la responsable, por lo que en esa instancia el demandado no tendrá la oportunidad de demostrar que compareció a la audiencia, como sí podrá realizarlo en el amparo indirecto, en el que existe la posibilidad de ofrecer medios de convicción para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados; y, 3. En la legislación ordinaria no existe medio alguno de defensa contra el aludido acto intraprocesal, habida cuenta que, respecto del incidente de nulidad previsto en el artículo 762, fracción I, de la citada ley, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 91/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, julio de 2004, página 284, de rubro: ‘NULIDAD. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL INCIDENTE PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 762 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ÚNICAMENTE PROCEDE EN CONTRA DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS CON VIOLACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO VII DEL TÍTULO CATORCE DE LA LEY CITADA.’, definió que dicho incidente sólo procede contra notificaciones; y, por otro lado, el recurso de revisión regulado en los artículos 849 a 852 de la referida legislación, procede únicamente contra los actos dictados en ejecución del laudo, así como de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en providencias cautelares, en tanto que los actos impugnables vía reclamación, de conformidad con el numeral 853 de ese cuerpo normativo, son las medidas de apremio. En ese contexto, cuando el acto reclamado priva al demandado de intervenir en una parte esencial del procedimiento labo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24440-30a52275/audiencia-de-conciliacion-demanda-y-excepciones-ofrecimiento-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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