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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD EN EL JUICIO AGRARIO. NO SE CONFIGURA POR INACTIVIDAD PROCESAL ATRIBUIBLE AL TRIBUNAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2013. · Registro digital (IUS): 24477
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Pág. 659.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 17 DE ABRIL DE 2013. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados especializados en la materia administrativa, pero de diferentes circuitos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente; en virtud de que la posible contradicción de criterios versa sobre la materia administrativa, en la que esta Sala se encuentra especializada.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio que a continuación se reproduce, como fundamento de esta determinación:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Décima Época. Registro IUS: 2000331. Pleno. Tesis aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, tesis P. I/2012 (10a.), página 9)

SEGUNDO. Legitimación de quien promueve. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la anterior Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, toda vez que la realiza el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

TERCERO. Criterios materia de la contradicción. Para verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario atender a las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes:

I. Amparo directo 266/2012, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, fallado el treinta y uno de enero de dos mil trece.

Antecedentes

I. Por escrito presentado el 21 de abril de 2010, en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 47, el comisariado de bienes de Chalchihuapan promovió juicio agrario demandando el reconocimiento del mejor derecho a poseer y usufructuar una fracción de terreno que afirmó pertenecía a las tierras de uso común del poblado, así como la restitución de esa superficie.

II. Por auto de 22 de abril de 2010, el tribunal agrario admitió la demanda y ordenó emplazar a la parte demandada.

III. El 7 de diciembre de 2010, se celebró la audiencia establecida en el artículo 185 de la Ley Agraria, en la que se ratificó la demanda, se tuvo por formulada la contestación, se fijó la litis y se tuvieron por ofrecidas las pruebas de las partes. La parte actora, entre sus pruebas, ofreció la prueba pericial en topografía.

IV. Las partes actora y demandada designaron a sus peritos, quienes comparecieron ante el tribunal a tomar protesta de sus cargos y formularon sus dictámenes periciales respectivos; sin embargo, ante la discrepancia que existía entre ellos, por auto de 7 de abril de 2011, el tribunal agrario ordenó el perfeccionamiento de la prueba mediante la designación de un perito tercero en discordia, por lo que ordenó girar oficio al coordinador estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República para que, de no existir inconveniente legal, propusiera a un perito en materia de topografía.

V. Mediante oficio presentado el 19 de abril de 2011, el encargado de la coordinación estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República informó que proponía como perito en materia de ingeniería y arquitectura al ingeniero José Juan López Chalico.

VI. Por auto de 13 de mayo de 2011, se tuvo por designado al mencionado perito, a quien se le requirió, para que se presentara a aceptar y protestar el cargo conferido.

VII. El 23 de junio de 2011, la parte actora presentó un escrito ante el tribunal agrario en el que solicitó se diera el impulso procesal requerido.

VIII. Por auto de 15 de julio de 2011, se tuvo por recibido el escrito y se requirió nuevamente al encargado de la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República para que hiciera comparecer al perito tercero en discordia.

IX. Ante la actitud omisiva de la autoridad requerida, el 2 de enero de 2012, se emitió un nuevo acuerdo de requerimiento por parte del tribunal responsable.

X. En desahogo al requerimiento, el coordinador estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República presentó nuevo oficio el 11 de enero de 2012, en el que indicó que "... en relación al oficio 103 de fecha dos de enero de dos mil doce, mediante el cual solicita se presente a comparecer el Ing. José Juan López Chalico. Perito en materia de ingeniería y arquitectura, me permito informarle que se encuentra en su periodo vacacional, se incorpora hasta el 23 de enero de dos mil doce".

XI. Por auto de 13 de enero de 2012, el tribunal agrario tuvo por recibido el oficio indicado y requirió nuevamente al coordinador estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República para que, a partir de la reincorporación laboral del ingeniero, le notificara el auto del día 2 del mismo mes y año.

XII. El 8 de febrero de 2012, se notificó a las partes actora y demandada el acuerdo de 2 de enero de 2012.

XIII. El 16 de agosto de 2012, el tribunal responsable dictó el acuerdo en el que decretó la caducidad de la instancia por inactividad procesal y que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo.

La parte que interesa de la ejecutoria pronunciada, textualmente, dice:

"SEXTO. Los conceptos de violación que se hacen valer, aun suplidos en su deficiencia, resultan infundados.

"En ellos la parte quejosa aduce, en esencia, que el tribunal responsable vulneró los artículos 14, 16, 17 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al decretar la caducidad por inactividad procesal y falta de impulso de las partes, porque:

"• Omitió analizar y valorar concienzudamente todo lo actuado, en concreto, las pruebas aportadas por el ejido actor;

"• No se sujetó a las reglas del procedimiento;

"• Omitió fundar y motivar correctamente la resolución reclamada;

"• La figura de la caducidad establecida en el artículo 190 de la Ley Agraria, sólo es aplicable cuando las partes no hayan presentado promoción alguna en un lapso de cuatro meses, no así cuando la inactividad es atribuible al tribunal, como sucedió en la especie, pues la inactividad atendió a que el perito tercero en discordia designado por el propio órgano jurisdiccional responsable no había rendido su dictamen, lo cual inadvirtió el mencionado tribunal;

"• Además, pasó por alto el escrito de 17 de agosto de 2012, por medio del cual se solicitó a la responsable que requiriera al perito tercero en discordia para que tomara protesta del cargo y rindiera su informe respectivo, esto es, para que se diera el impulso procesal respectivo; a lo cual sólo se acordó que se estuviera a lo acordado mediante proveído de esa misma fecha.

"• El plazo para que operara la caducidad se interrumpió con el auto de 2 de enero de 2012 -por el que se requirió al coordinador estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República para que se pusiera en conocimiento del ingeniero José Juan López Chalico, perito tercero en discordia en materia de topografía, para que en un término improrrogable de cinco días hábiles compareciera ante el tribunal a aceptar y protestar el cargo que le fue conferido-.

"A fin de dar contestación a los mencionados argumentos, resulta pertinente precisar lo siguiente: El artículo de la Ley Agraria establece:

"‘Artículo 190.’ (se transcribe)

"Del artículo antes transcrito, se desprende que en los juicios agrarios la inactividad procesal o falta de promoción del actor durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad.

"En este contexto, cabe señalar que la caducidad a que se refiere el citado precepto es la conocida como caducidad de la instancia, la cual es una forma de conclusión anticipada de los juicios agrarios sin resolverlos en lo principal, que se actualiza por la iniciativa procesal o falta de promoción de las partes, sin que ello signifique que la parte actora pierda su derecho a accionar un nuevo juicio cuando esté en posibilidad legal para ello, pues es necesario subrayar que la caducidad de la instancia no significa la caducidad de la acción, ésta persiste en los términos y plazos que establece la ley.

"Es decir, el hecho de que se declare la caducidad de la instancia, sólo implica que ese juicio en particular, iniciado por la parte actora, caducó, ello, con el objeto de evitar mantenerlo vivo innecesariamente y por un tiempo indefinido, pues si esto fuera así, se dejaría en inseguridad jurídica a las propias partes, ya que se mantendrían juicios que ya no revisten interés alguno a las partes, en especial, a la parte actora, quien puede nuevamente promover un diverso juicio, siempre y cuando se encuentre dentro de los plazos y términos para ello.

"Ello es acorde con la esencia de la caducidad, como figura meramente procesal cuya actualización no debe ir en detrimento del derecho de defensa de los sujetos que ocurren ante el órgano jurisdiccional agrario a dirimir sus conflictos, o bien en defensa de una expectativa de derecho que pudieran tener dentro del juicio, pues es una institución jurídica procesal que se actualiza en detrimento de aquel que deja de impulsar el procedimiento, quedándole la posibilidad, siempre y cuando esté dentro del plazo legal, de intentar un nuevo juicio, porque una institución adjetiva no puede superar a una sustantiva.

"La interpretación que ha efectuado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el artículo 190 de la Ley Agraria, que contempla la caducidad de la instancia, permite determinar dos aspectos:

"a) Para que opere la caducidad de la instancia en el juicio agrario, es necesario que no exista actividad de la parte actora o del órgano jurisdiccional que impulse el juicio durante el plazo de cuatro meses; y,

"b) No procede declarar la caducidad de la instancia cuando ya se citó a las partes para oír sentencia.

"Lo que deriva de las jurisprudencias 2a./J. 118/2007 y 2a./J. 36/2009, que establecen:

"‘CADUCIDAD EN MATERIA AGRARIA. NO PUEDE DECRETARSE SI EN EL JUICIO YA SE CITÓ A LAS PARTES PARA OÍR SENTENCIA.’ (se transcribe)

"‘CADUCIDAD EN MATERIA AGRARIA. AL OPERAR POR INACTIVIDAD PROCESAL ÉSTA PUEDE ACTUALIZARSE DESDE EL DICTADO DEL PRIMER AUTO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SIN NECESIDAD DE QUE SE HAYA ADMITIDO O, EN SU CASO, AUNQUE NO SE HAYA EMPLAZADO A LA DEMANDADA, HASTA ANTES DE QUE SE CITE A LAS PARTES PARA OÍR SENTENCIA.’ (se transcribe)

"Atendiendo a dichos criterios y al artículo 190 de la Ley de Amparo, lo primero que debe verificar este tribunal es la inactividad procesal por más de cuatro meses.

"Inactividad que se puede presentar en dos formas:

"1. La inactividad procesal atribuible al tribunal agrario que se traduce en la paralización del procedimiento durante el plazo de cuatro meses; y,

"2. La falta de promoción de la parte actora con el fin de impulsar el procedimiento dentro de ese periodo de cuatro meses.

"En el caso, tal como lo indicó la responsable en la resolución que se reclama, la última actuación dentro del juicio, previo a la declaratoria de caducidad, fue la notificación de 08 de febrero de 2012, respecto del auto de 02 de enero del mismo año.

"La notificación del acuerdo referido, en términos de lo dispuesto por los artículos 2o. de la Ley Agraria y 284 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, surtió sus efectos al día hábil siguiente a su realización, esto es, el 09 de febrero de 2012, por lo que el plazo de cuatro meses para que operara la caducidad empezó a contar a partir del día 10 posterior y feneció el 10 de junio de la misma anualidad -en el entendido de que el 10 de marzo transcurrió el primer mes, el 10 de abril el segundo, el 10 de mayo el tercero y el 10 de junio se cumplió el cuarto mes-.

"Luego, si la caducidad se decretó el 16 de agosto de 2012, debe concluirse que tal determinación fue acertada.

"Máxime que de las constancias que forman el juicio agrario no se advierte promoción por alguna de las partes tendiente a activar el procedimiento, ni se aprecia que la autoridad responsable hubiera emitido algún auto o resolución para citar a las partes a oír sentencia, lo cual sí haría indebido el decretar la caducidad del litigio agrario, pero ante su inexistencia, nada impedía al tribunal responsable terminar el proceso por inactividad del actor.

"Sin que sea óbice a lo anterior, el escrito presentado por el ejido actor ante el Tribunal Unitario Agrario el 17 de agosto de 2012, ya que, como se vio, en esa fecha ya había operado la caducidad de la instancia e incluso ya se había emitido el acuerdo que aquí se reclama, pues éste se dictó el 16 del mismo mes y año.

"Tampoco es óbice el auto de 02 de enero de 2012 que, según la parte quejosa, interrumpió el plazo para la caducidad, ya que en el citado proveído solamente se acordó lo siguiente:

"‘Primero. Con fundamento en los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento oficio recordatorio al coordinador estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, para que gire sus apreciables órdenes a quien corresponda y se le ponga en conocimiento al ingeniero José Juan López Chalico, perito tercero en discordia en materia de topografía, para que (sic) un término improrrogable de cinco días hábiles a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este H. Tribunal Unitario Agrario Distrito 47 sito (sic) avenida 15, poniente número 106, colonia el Carmen, de la ciudad de Puebla, Puebla, con el objeto de aceptar y protestar el cargo que le sea conferido, toda vez que mediante folio número 1815, del quince de abril de dos mil once el CP. Juan Alberto Oviedo Vélez, encargado de la coordinación antes señalada, lo propuso como perito en materia de topografía.

"‘Segundo. Una vez que se desahogue la prueba pericial en forma colegiada, en su oportunidad se les dará término de alegatos a las partes.

"‘Tercero. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio al coordinador estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República ...’

"Como se ve, en ninguna parte del acuerdo mencionado se indicó que se interrumpía el plazo para que operara la caducidad, ni se citó a las partes para que oyeran el dictado de la sentencia, razón por la que el argumento en el que se afirma que ese acuerdo interrumpió el plazo mencionado, resulta infundado.

"De igual forma debe desestimarse el argumento del ejido quejoso, en el sentido de que la caducidad establecida en el artículo 190 de la Ley Agraria, sólo es aplicable cuando la inactividad procesal es atribuible a la parte actora, y que ello no sucedió en el caso, dado que la inactividad fue atribuible sólo al tribunal responsable, quien debía requerir al perito tercero en discordia designado por él para que aceptara y protestara el cargo, y no lo hizo.

"Ello, ya que, como se vio, la inactividad a que se refiere el mencionado numeral puede ser atribuible tanto al tribunal agrario como a la parte actora, y no sólo a esta última.

"Además, en el caso, el juicio se encontraba todavía en la etapa probatoria, por lo que las partes debieron estar atentas al desarrollo de ese estadio procesal y su continuación, y, en consecuencia, promover lo que resultara procedente a fin de que se desahogaran las pruebas y pudiera ponerse en estado de resolución.

"Por tanto, si el ejido demandante no presentó promoción alguna a fin de que se continuara con el trámite para el debido desahogo de la prueba pericial en topografía que, cabe señalar, fue anunciada por aquél desde su demanda agraria y ofrecida en la audiencia de 07 de diciembre de 2010, debe concluirse que tal inactividad, si bien resulta en parte atribuible al tribunal por omitir volver a requerir al perito tercero en discordia, también resulta atribuible al actor, pues debió velar por el correcto desahogo de su prueba.

"Lo anterior tiene como fundamento el artículo 187 de la Ley Agraria, que dice:

"‘Artículo 187. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Sin embargo, el tribunal podrá, si considerare que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos, oportuna y previamente solicitados por las partes; apremiar a las partes o a terceros, para que exhiban los que tengan en su poder; para que comparezcan como testigos, los terceros señalados por las partes, si bajo protesta de decir verdad manifiestan no poder presentarlos.’

"En similares términos, respecto a la interpretación del artículo 190 de la Ley Agraria, se pronunció este Tribunal Colegiado, al resolver en sesiones de 11 de mayo de 2009, 06 de octubre de 2011 y 10 de mayo de 2012, los amparos directos 97/2009, 387/2010 y 1/2012.

"Precisado lo anterior, debe decirse que resultan también ineficaces los argumentos relativos a que el tribunal agrario omitió analizar y valorar concienzudamente todo lo actuado en el juicio, en concreto, las pruebas aportadas por el ejido actor, y que no se sujetó a las reglas del procedimiento.

"Ello, ya que, como se vio, del análisis de las constancias que obran en el juicio natural, concluyendo las pruebas aportadas por el ejido actor, se advierte que no hubo promoción alguna por parte de éste, ni actuación del tribunal agrario que interrumpiera el plazo para la caducidad a que se ha hecho referencia.

"Además, dada la declaratoria de caducidad, el tribunal estaba impedido para dictar sentencia en la que analizara las pruebas relacionadas con el fondo del asunto, pues la caducidad es una consecuencia de la propia conducta de quien inició el procedimiento y, posteriormente, desatendió los plazos y términos previamente fijados por el legislador, de donde se advierte que el hecho de declarar que operó la caducidad no constituye una violación a las formalidades del procedimiento.

"Esto es, si bien la caducidad genera que la parte actora no pueda continuar con su procedimiento, ello no significa que el tribunal deje de asumir su deber de procurar el acceso a la justicia, toda vez que la condición establecida en la ley para que opere la caducidad, es una forma de garantizar las formalidades del procedimiento, mismas que deben ser respetadas por los órganos jurisdiccionales."

II. Amparo directo 335/2011-I, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, fallado el día diecinueve de abril de dos mil doce.

Antecedentes

I. Por escrito recibido el 7 de mayo de 2010, en el Tribunal Unitario Agrario Distrito Veinte, ********** demandó a los integrantes del comisariado ejidal "Paso del Coyote", Municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, y de la asamblea general de ejidatarios de dicho núcleo ejidal, a **********, ********** y al Registro Agrario Nacional, Delegación Coahuila, por el cumplimiento de diversas prestaciones.

II. El tribunal agrario admitió a trámite la demanda por proveído de 25 de mayo de 2010 y, entre otras cosas, ordenó emplazar a los demandados, fijó como fecha para la celebración de la audiencia de ley el 14 de julio siguiente.

III. Mediante escrito recibido en el tribunal agrario del conocimiento el 5 de agosto de 2010, la actora amplió su demanda, la que se tuvo en esos términos por acuerdo de la misma fecha y se señaló nueva cita para la celebración de la audiencia de ley, siendo ésta el 28 de septiembre siguiente, no obstante, fue diferida por diversas circunstancias, hasta celebrarse el 24 de enero de 2011.

IV. El demandado, Registro Agrario Nacional, delegación Coahuila, contestó la demanda y su ampliación por escritos recibidos en el tribunal agrario el 13 de julio y 10 de noviembre de 2010, respectivamente, mientras que los restantes demandados rindieron su contestación en la audiencia de ley.

V. En dicha audiencia, el tribunal, entre otras cosas, tuvo a la actora ratificando sus escritos de demanda y ampliación, a los demandados por contestadas éstas y por expuestas sus excepciones y defensas, también fijó la litis, luego procedió al desahogo de la etapa de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas.

Dentro de esta etapa, el Magistrado instructor admitió la prueba pericial en dactiloscopia y documentoscopia ofrecida por la actora.

VI. Posteriormente, por acuerdo de 13 de julio de 2011, el Magistrado instructor decretó la conclusión del procedimiento por caducidad de la instancia, con apoyo en el artículo 190 de la Ley Agraria.

La parte conducente de la ejecutoria dice:

"SÉPTIMO. Estudio del asunto. Uno de los conceptos de violación, analizado en su causa de pedir, es fundado y suficiente para conceder la protección solicitada en los términos que representan el mayor beneficio jurídico para la agraviada, haciendo, en consecuencia, innecesario el estudio de los restantes.

"La quejosa aduce, en el primero de sus motivos de inconformidad, que el Magistrado instructor no debió decretar la caducidad de la instancia por encontrarse pendiente actuaciones que incumben únicamente al órgano jurisdiccional, como son la designación oficiosa de un perito en rebeldía de la parte demandada (al no hacer la designación del que le corresponde dentro del plazo que al efecto le fue otorgado), y el señalamiento de una fecha determinada para la rendición del dictamen respectivo.

"Como se tiene anunciado, el sintetizado argumento es fundado, ya que la caducidad de la instancia, como sanción procesal a la inactividad de las partes en el proceso, no puede invocarse cuando la parálisis procedimental es únicamente imputable al órgano instructor, por omitir realizar diligencias o desplegar actos que corresponden al ámbito de sus facultades exclusivas.

"Como cuestión previa, se trae a colación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia número 18/2012 (10a.), aprobada en sesión de dieciocho de enero de dos mil doce, sostuvo que con anterioridad a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once (en la que se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, del citado ordenamiento, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; que no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado Mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado Mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad.

"Por lo que concluyó, que en el sistema jurídico mexicano actual, los Jueces nacionales, tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los Jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como Jueces Constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales; mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

"Criterio que tiene por rubro, el siguiente: ‘CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).’ (se transcribe).

"En ese contexto, es claro que antes de la reforma del artículo 1o. de la Constitución Federal, de diez de junio de dos mil once, el Poder Judicial de la Federación era el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad de leyes, y después de dicha reforma se incorporó el control de convencionalidad, que podrá ejercerse también por los Jueces nacionales tanto federales como del fuero común, empero, éstos únicamente podrán inaplicar la norma si la llegasen a considerar que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues sólo los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actua

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24477-0603572b/caducidad-en-el-juicio-agrario-no-se-configura · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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