CADUCIDAD EN EL JUICIO AGRARIO. ACTUACIONES Y PROMOCIONES QUE PUEDEN INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE. CADUCIDAD EN EL JUICIO AGRARIO. EL ARTÍCULO 190 DE LA LEY AGRARIA NO REQUIERE SER SUPLIDO PARA DEFINIR EL TIPO DE ACTUACIONES PROCESALES O PROMOCIONES DE LA PARTE ACTORA QUE PUEDEN INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA.
CADUCIDAD EN EL JUICIO AGRARIO. ACTUACIONES Y PROMOCIONES QUE PUEDEN INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE.
CADUCIDAD EN EL JUICIO AGRARIO. EL ARTÍCULO 190 DE LA LEY AGRARIA NO REQUIERE SER SUPLIDO PARA DEFINIR EL TIPO DE ACTUACIONES PROCESALES O PROMOCIONES DE LA PARTE ACTORA QUE PUEDEN INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 366/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO (ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO) Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO (ACTUAL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO). 31 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: MANUEL POBLETE RÍOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 226, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor;(2) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) así como por los puntos primero, párrafo tercero, segundo, fracción VII y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) en virtud de que versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos y se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
No pasa inadvertido para esta Segunda Sala que en el caso, dentro de los Tribunales Colegiados contendientes, existen dos pertenecientes al mismo Circuito -Décimo Séptimo Circuito- y que sostuvieron criterios al parecer contradictorios, ni que de conformidad con los artículos 226, fracción III de la Ley de Amparo vigente(5) -en relación con la fracción II de ese mismo numeral, en sentido contrario- y 41 Ter, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) las contradicciones de tesis que se susciten entre Tribunales Colegiados especializados en la misma materia de un mismo Circuito deben ser resueltas por el Pleno de Circuito respectivo;(7) por lo que la contradicción denunciada respecto de dichos tribunales debió ser resuelta en principio por el Pleno de su Circuito y especialidad.
Al respecto debe decirse que los Plenos de Circuito, al haber sido dotados -a nivel constitucional y legal- de competencia para resolver las contradicciones de tesis denunciadas entre los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de sus respectivos Circuitos, se encuentran constreñidos a resolverlas, con independencia que sobre el punto de contradicción existan criterios emitidos por diversos Tribunales Colegiados de Circuitos ajenos al suyo.
Ello es así, ya que:
a) No existe fundamento constitucional o legal alguno que permita a los Plenos de Circuito rehusar a la obligación que tienen de resolver las posibles contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados de sus respectivos Circuitos, con el pretexto de que existe un Tribunal Colegiado de otro Circuito que sustenta un criterio contrario al de alguno de los tribunales originalmente en contradicción.
b) El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea competente para conocer y resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados o Plenos de diversos Circuitos no implica de manera alguna que los Plenos de Circuito puedan rehusarse a resolver una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de su Circuito, por el simple hecho de advertir que uno o más Tribunales Colegiados de otro u otros Circuitos se han pronunciado sobre el mismo tema materia de la contradicción; y mucho menos que pierdan la competencia que constitucionalmente se les ha conferido para resolver las contradicciones de tesis al interior de sus Circuitos.
c) Al no resolverse la contradicción de tesis al interior del Circuito, se incumple con la finalidad perseguida con la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, cuya iniciativa buscaba fortalecer a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional y delegar en los Plenos de Circuito la facultad para resolver las contradicciones de tesis entre los Tribunales Colegiados de sus Circuitos, a fin de que fueran ellos los encargados de homogeneizar la diversidad de criterios al interior de sus Circuitos y evitar así la incertidumbre que ello provoca en los justiciables.(8)
d) Además, en muchos casos puede acontecer que los Plenos de Circuito, al resolver las contradicciones entre las tesis sustentadas por los Tribunales Colegiados de sus Circuitos, sostengan un criterio similar o compatible con el adoptado por los Tribunales de otros Circuitos, con lo que dejaría de existir el conflicto que se pretende solucionar al enviar el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguardándose así la finalidad perseguida con la reforma constitucional de junio de dos mil once.
Sin embargo, tomando en consideración que es criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que el objetivo fundamental del procedimiento de contradicción de tesis es generar seguridad jurídica,(9) al terminar con la incertidumbre generada por la existencia de criterios contradictorios, se estima que es procedente realizar el estudio correspondiente involucrando a todos los Tribunales Colegiados que se han pronunciado sobre el punto en contradicción, a fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y de establecer el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia en todo el territorio nacional.
Además, conforme a lo resuelto por el Pleno de este Alto Tribunal en la contradicción de tesis 271/2014,(10) deben interpretarse de manera extensiva los preceptos relativos a la competencia de este Alto Tribunal para conocer de las contradicciones de tesis, en aras de atender el objetivo fundamental del procedimiento de contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica al sistema jurídico nacional.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente,(11) toda vez que fue formulada por un Pleno de Circuito, a saber, el del Décimo Séptimo Circuito.
TERCERO.-Antecedentes y criterios contendientes. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester reseñar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
I. Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito), al resolver el amparo directo 31/2009.
1. El veintisiete de agosto de dos mil ocho, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete, con sede en Guasave, Sinaloa, declaró la caducidad de la instancia por inactividad procesal en el juicio agrario 579/2007 de su índice, al considerar que la última actuación en el juicio se había practicado desde el treinta y uno de octubre de dos mil siete, y que a la fecha de emisión de la resolución de caducidad habían transcurrido más de cuatro meses sin actividad, actualizándose así la hipótesis establecida en el artículo 190 de la Ley Agraria, conforme al cual "en los juicios agrarios la inactividad procesal o la falta de promoción del actor durante el plazo de cuatro meses producirá la caducidad de la instancia".
2. En contra de tal determinación, Alejandrina Bacasegua Anguamea promovió juicio de amparo directo, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito), quien registró el asunto con el número 31/2009 y, previo el trámite respectivo, dictó sentencia en la que concedió el amparo solicitado bajo las siguientes consideraciones:
• Del artículo 190 de la Ley Agraria se advierte que para que opere la caducidad de la instancia en el juicio agrario es necesario que concurran, por más de cuatro meses, la falta de promoción de la parte actora o la inactividad procesal del órgano jurisdiccional; por ende, es evidente que la existencia de cualquier promoción de la parte actora y de actuaciones que efectúe el tribunal agrario durante ese lapso interrumpen el plazo para que opere la referida figura.
• En el caso concreto, mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil ocho, la autoridad responsable decretó la caducidad del juicio agrario de origen porque, según ella, la última actuación en el juicio había ocurrido el treinta y uno de octubre de dos mil siete, fecha en que el secretario de Acuerdos del tribunal responsable giró un oficio al administrador local de recaudación, en el que hizo de su conocimiento un diverso acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil siete.
Sin embargo, contrario a lo sostenido por la Magistrada responsable, tal oficio no fue la última actuación, pues el dieciséis de noviembre de dos mil siete se efectuó la notificación del oficio antes mencionado.
Asimismo, mediante escrito presentado el catorce de marzo de dos mil ocho, la parte actora solicitó copias de todo lo actuado en el juicio agrario, y a esa promoción recayó un acuerdo de veinticuatro de marzo siguiente, el cual fue notificado el día veinticinco posterior.
Además, mediante escrito presentado el once de julio de dos mil ocho, la demandante solicitó copia certificada del oficio de treinta y uno de octubre de dos mil siete, lo cual fue acordado mediante auto de once de julio de dos mil ocho, notificado el catorce siguiente.
Por tanto, esta última notificación fue la última actuación procesal realizada por el órgano jurisdiccional y, por ende, de ese día al veintisiete de agosto de dos mil ocho -fecha en que se decretó la caducidad- no habían transcurrido los cuatro meses a que se refiere el artículo 190 de la Ley Agraria.
• Sin que sean óbice las tesis jurisprudenciales 1a./J. 72/2005 y 1a./J. 1/96, de rubros: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS PROMOCIONES DE LAS PARTES SON APTAS PARA INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE, CUANDO SON OPORTUNAS Y ACORDES CON LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE PRESENTAN." y "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO. (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL)."
Ello, ya que la primera de ellas contiene criterios de interpretación de los artículos 29 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco y 1076 del Código de Comercio, los cuales prevén que la caducidad opera sólo cuando no existe promoción de las partes, y expresamente establecen que dichas promociones deben impulsar el procedimiento; en tanto que la segunda interpreta el artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el cual prevé que las promociones que interrumpen la caducidad deben tener relación inmediata y directa con la instancia y no otorga al Juez la facultad de dirigir el proceso o impulsarlo, dado que el ejercicio de la acción procesal está encomendado a las partes tanto en su forma activa como pasiva.
Esto es, regulan la caducidad de la instancia de una manera distinta a la que en forma expresa prevé el artículo 190 de la Ley Agraria y, por ende, no son aplicables a esa materia, en la que opera la caducidad no sólo por inactividad de la parte legítima, sino también por inactividad del propio órgano jurisdiccional, y no establece qué promociones o actuaciones interrumpirán la caducidad.
• En atención a lo anterior, las promociones de la parte actora mediante las cuales solicitó copias de todo lo actuado en el juicio y del oficio dirigido al administrador de Recaudación, así como los proveídos que recayeron a esas promociones y la notificación de aquéllos, sí interrumpieron el plazo previsto en el artículo 190 de la Ley Agraria, toda vez que además de que la actora intervino (solicitando copias), el tribunal agrario mantuvo viva la actividad procesal con los acuerdos y notificaciones recaídos en el expediente agrario.
• Máxime que las normas legales que contienen disposiciones favorables a los promoventes del juicio agrario deben ser interpretadas con amplitud en cuanto al ámbito de su aplicación y a los supuestos que contemplan, mientras que, por el contrario, las disposiciones que establecen cargas o afectaciones sobre aquéllos, como la caducidad, deben interpretarse de manera estricta.
• Lo anterior tiene apoyo en la tesis P. VIII/96, titulada: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN AMPARO. PROMOCIONES IDÓNEAS PARA INTERRUMPIRLA.", ya que si bien se refiere al juicio de amparo, lo cierto es que la caducidad en el amparo se encuentra regulada de manera similar en la materia agraria.
3. Del criterio citado derivó la tesis XII.1o.31 A, de rubro y texto siguientes:
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. TANTO LAS PROMOCIONES DE LA PARTE ACTORA COMO LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL DE LA MATERIA INTERRUMPEN EL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE, AUN CUANDO NO IMPULSEN EL PROCEDIMIENTO.-Para que se produzca la caducidad de la instancia en el juicio agrario, de conformidad con el artículo 190 de la ley de la materia, es necesario que se actualice alguno de los siguiente supuestos: la falta de promoción de la parte actora o la inactividad procesal del órgano jurisdiccional que impulse el juicio durante el plazo de cuatro meses. Ahora bien, tomando en consideración que el precepto en cita no establece qué promociones o actuaciones interrumpen la referida caducidad, y que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VIII/96, publicada en la página 163 del Tomo III, febrero de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN AMPARO. PROMOCIONES IDÓNEAS PARA INTERRUMPIRLA.’, sostuvo que las normas legales que contienen disposiciones favorables a los promoventes del juicio de amparo deben ser interpretadas con amplitud en cuanto al ámbito de su aplicación y a los supuestos que contemplan y que, por el contrario, aquellas que establecen sobre ellos cargas o afectaciones, como lo es la caducidad, deben interpretarse estrictamente; criterio que si bien es cierto está referido al amparo, también lo es que la mencionada figura procesal está regulada de manera similar en la Ley Agraria, se concluye que tanto las promociones de la parte actora como las actuaciones del tribunal agrario durante el lapso señalado interrumpen el plazo para que opere la indicada caducidad, aun cuando no impulsen el procedimiento."(12)
II. Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito (actual Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito), en la ejecutoria del juicio de amparo directo 334/2006.
1. El nueve de enero de dos mil seis, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Uno, con sede alterna en Aguascalientes, Aguascalientes, decretó la caducidad de la instancia por inactividad procesal en el juicio agrario 174/2005 de su índice, al considerar que había transcurrido en exceso el plazo establecido en el artículo 190 de la Ley Agraria, contado a partir de la última actuación de la parte actora que pretendía dar impulso procesal.(13)
2. En contra de tal determinación, Alejandrina Bacasegua Anguamea promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito (actual Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito), quien registró el asunto con el número 334/2006 y, previo el trámite respectivo, dictó sentencia en la que concedió el amparo solicitado bajo las siguientes consideraciones:
• Del artículo 190 de la Ley Agraria se advierten dos elementos indispensables para que opere la figura de la caducidad de la instancia: 1) que la parte actora no presente promoción alguna para activar el procedimiento en el término de cuatro meses; y 2) que en el mismo lapso no exista actividad procesal, con independencia de que el tribunal agrario tuviera a su cargo actuaciones por realizar en el lapso aludido. Por lo que si el tribunal lleva a cabo actuaciones durante ese lapso, cualquiera que éstas sean, se interrumpe el plazo de la caducidad.
Se comparten los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visibles respectivamente en las páginas 1093 y 1422, Tomos XIV y XXI, de octubre de 2001 y mayo de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubros: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. SE ACTUALIZA ANTE LA FALTA DE PROMOCIÓN DE LA PARTE ACTORA Y POR INACTIVIDAD PROCESAL EN EL TÉRMINO DE CUATRO MESES, AUNQUE EN ESE LAPSO EL TRIBUNAL AGRARIO HUBIERE TENIDO ACTUACIONES PENDIENTES DE REALIZAR." y "CADUCIDAD EN MATERIA AGRARIA. PARA QUE OPERE, DEBE CONCURRIR TANTO LA INACTIVIDAD PROCESAL DEL ACTOR, COMO LA DEL PROPIO TRIBUNAL."
• En el caso concreto, de las constancias de autos se advierte que con posterioridad al auto de ocho de septiembre de dos mil cinco (a partir del cual la responsable comenzó a contar el término de la caducidad), se dictó otro acuerdo (el quince de diciembre de dos mil cinco) en el que se negó la petición de reconocimiento de personalidad pretendida por un supuesto apoderado del actor.
Por lo que no se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 190 de la Ley Agraria, pues no es dable estimar que existió inactividad procesal a partir del ocho de septiembre de dos mil cinco, como inexactamente lo señaló la responsable.
• No es obstáculo a lo anterior que en el auto de quince de diciembre de dos mil cinco se haya negado el reconocimiento de personalidad solicitado y que en la audiencia de ocho de septiembre de dos mil cinco se impusiera al actor una multa y se le haya dicho que no se volvería a citar para audiencia hasta en tanto el demandante cubriera el importe de la multa; pues no debe perderse de vista que la caducidad se actualiza no sólo por la falta de promoción de la parte actora, es decir, por falta de impulso procesal de parte legítima, sino también por la inacción procesal del tribunal en ese mismo lapso; y esto último no aconteció, pues sí hubo actividad del tribunal según se ha puesto de manifiesto y fue cuando todavía no fenecía el término de la caducidad, que según el resolutor se actualizó el ocho de enero de dos mil seis.
• Tampoco es óbice que la responsable haya invocado las tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/96 y 1a./J. 72/2005, tituladas: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO. (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL)." y "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS PROMOCIONES DE LAS PARTES SON APTAS PARA INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE, CUANDO SON OPORTUNAS Y ACORDES CON LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE PRESENTAN."
Ello, ya que si bien se trata de criterios que se refieren a la caducidad, lo cierto es que derivan de problemas jurídicos regidos por el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el Código de Comercio y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, los cuales no prevén la caducidad por inactividad del órgano jurisdiccional, sino sólo por la falta de promoción de las partes que impulse el procedimiento; es decir, se parte de la regulación de la caducidad en un procedimiento basado en el principio dispositivo, el cual consiste en que la iniciativa del proceso corresponde a las partes, las cuales tienen el deber de impulsarlo si quieren obtener una resolución a sus pretensiones y no se le da la facultad al Juez de dirigir el proceso o impulsarlo, dado que el ejercicio de la acción procesal está encomendado tanto en su forma activa como pasiva a las partes y no al Juez.
Sin embargo, ello no acontece en el juicio agrario, pues en él se prevé que la caducidad no sólo es por inactividad de parte legítima sino también del propio órgano jurisdiccional.
3. La anterior ejecutoria dio origen a la tesis XXIII.3o.20 A, de epígrafe y contenido siguientes:
"CADUCIDAD EN MATERIA AGRARIA. LAS ACTUACIONES EFECTUADAS POR EL TRIBUNAL RESPECTIVO AUN CUANDO NO IMPULSEN EL PROCEDIMIENTO O NO SEAN ACORDES CON LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE REALICEN INTERRUMPEN EL PLAZO LEGAL PARA QUE OPERE DICHA FIGURA PROCESAL (INAPLICABILIDAD DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 1/96 Y 1a./J. 72/2005).-Para que opere la caducidad de la instancia en el juicio agrario, de conformidad con el artículo 190 de la ley de la materia, es necesario que concurran, por más de cuatro meses, tanto la falta de promoción de la parte actora, como la inacción procesal del órgano jurisdiccional. Ahora bien, tomando en consideración que la figura citada se refiere a la sanción derivada de la inactividad procesal, y que esta última necesariamente debe ser total, es evidente que las actuaciones que efectúa el tribunal agrario durante ese lapso, interrumpen el plazo para que opere la caducidad, independientemente de que impulsen o no el procedimiento o no sean acordes con la etapa procesal en la que se realicen, pues no son aplicables las jurisprudencias 1a./J. 1/96 y 1a./J. 72/2005, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, enero de 1996, página 9 y Tomo XXII, agosto de 2005, página 47, de rubros: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. SÓLO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN A TRAVÉS DE PROMOCIONES QUE TIENDAN A IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y NO CON CUALQUIER ESCRITO (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL DISTRITO FEDERAL)." y "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LAS PROMOCIONES DE LAS PARTES SON APTAS PARA INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE, CUANDO SON OPORTUNAS Y ACORDES CON LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE PRESENTAN.’, respectivamente, en virtud de que si bien es cierto que contienen criterios de interpretación en materia de caducidad, también lo es que el problema jurídico en ellas abordado derivó de lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en el Código de Comercio y en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, de cuyas disposiciones se advierte que prevén la operancia de la caducidad sólo cuando no existe promoción de las partes que impulse el procedimiento, es decir, se parte de la regulación de la caducidad en procedimiento basado en el principio dispositivo, que consiste en que la iniciativa del proceso corresponde a las partes, las cuales tienen el deber de impulsarlo si quieren obtener una resolución a sus pretensiones y no se le da la facultad al Juez de dirigir el proceso o impulsarlo, dado que el ejercicio de la acción procesal está encomendado a las partes tanto en su forma activa como pasiva; sin embargo, la forma en la que esas legislaciones prevén la operancia de la caducidad de la instancia es distinta a la prevista en la legislación agraria, en la que, como se destacó, la caducidad opera no sólo por inactividad de la parte legítima, sino también por inactividad del propio órgano jurisdiccional."(14)
III. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 132/2016.
1. El veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco, con sede en Guasave, Sinaloa, declaró la caducidad de la instancia por inactividad procesal en el juicio agrario 1062/2014 de su índice, al considerar que mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil quince hizo saber al ejido actor que a partir de la notificación de ese proveído (veintitrés del mismo mes y año) iniciaría el término para que operara la caducidad, y no obstante ello, la parte actora no realizó promoción alguna.
2. En contra de esa resolución, el Ejido Constitución, Municipio de Ahumada, Chihuahua (actor), promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, quien registró el asunto con el número 132/2016 y, previo el trámite respectivo, dictó sentencia en la que concedió el amparo solicitado bajo las siguientes consideraciones:
• Fue indebida la motivación expuesta en la resolución reclamada, pues de autos se advierte que mediante escrito de veintitrés de octubre de dos mil quince, la parte demandada solicitó se le expidiera copia certificada de lo actuado y a esa promoción recayó un proveído de la Magistrada responsable el día veintisiete siguiente, publicado el veintinueve del referido mes y año.
• En atención a ello, no se actualiza la inactividad procesal en el juicio, pues con independencia de que no se trate de una promoción de la parte actora, las actuaciones del tribunal agrario interrumpen el plazo para que opere la caducidad.
• Son aplicables al caso las tesis XII.1o.31 A y III.2o.A.25 A, de rubros: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. TANTO LAS PROMOCIONES DE LA PARTE ACTORA COMO LAS ACTUACIONES DEL TRIBUNAL DE LA MATERIA INTERRUMPEN EL PLAZO PARA QUE AQUÉLLA OPERE, AUN CUANDO NO IMPULSEN EL PROCEDIMIENTO." y "CADUCIDAD. PARA QUE OPERE SE REQUIERE FALTA DE PROMOCIÓN E INACTIVIDAD PROCESAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY AGRARIA).", así como la jurisprudencia 2a./J. 86/2013 (10a.), titulada: "CADUCIDAD EN EL JUICIO AGRARIO. NO SE CONFIGURA POR INACTIVIDAD PROCESAL ATRIBUIBLE AL TRIBUNAL."
IV. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 259/2015.
1. El veinte de abril de dos mil quince, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cinco, con sede en Chihuahua, Chihuahua, decretó la caducidad de la instancia por inactividad procesal en el juicio agrario 326/2009 de su índice, por considerar esencialmente que había transcurrido el plazo establecido en el artículo 190 de la Ley Agraria y que si bien la parte actora había presentado diversos escritos en el transcurso de ese lapso, tales ocursos no eran suficientes para impulsar el procedimiento, pues para ello era necesario que cumpliera con los diversos requerimientos efectuados al demandante, y en el caso no se habían satisfecho a cabalidad esos requerimientos, lo cual resultaba indispensable necesarios para integrar la litis y resolver el juicio.(15)
2. En contra de esa determinación, el Ejido de Villa López, Municipio de López, Chihuahua, promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, quien registró el asunto con el número 259/2015 y, previo el trámite respectivo, dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado bajo las siguientes consideraciones:
• De los artículos 190 y 167 de la Ley Agraria, así como 292, 373 y 375 del Código Federal de Procedimientos Civiles se advierte que si bien es cierto que el artículo 107, fracción III, párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, entre otras cosas, que en los juicios de garantías en materia agraria no procede la caducidad en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales o de los ejidatarios o comuneros, también es verdad que esa regla no aplica en los juicios agrarios, como el del caso, porque esa regla es específica para el amparo y no existe norma alguna que permita hacerla extensiva a los juicios agrarios de origen, al contrario, la propia Carta Magna indica que el legislador debe desarrollar un régimen especial para la justicia agraria.
• La caducidad de la instancia en el juicio agrario constituye una sanción por la falta de promoción de la parte actora durante un plazo de cuatro meses, sin que la inactividad procesal del tribunal agrario que conoce del juicio correspondiente pueda provocar la actualización de tal figura; máxime si esa inactividad deriva de que se encuentra pendiente el desahogo de diligencias o de pruebas, pues en ello no tiene injerencia el actor; de ahí que no se justifica que sufra los efectos nocivos derivados de una conducta que no le es atribuible.
Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 86/2013 (10a.), titulada: "CADUCIDAD EN EL JUICIO AGRARIO. NO SE CONFIGURA POR INACTIVIDAD PROCESAL ATRIBUIBLE AL TRIBUNAL."
• Cabe señalar que como el artículo 190 de la Ley Agraria no señala la manera en que se computará el plazo para que opere la caducidad, sino sólo los supuestos en que procede, debe aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, que al respecto dispone que el plazo debe contarse a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o de que se haya presentado la última promoción, y que además, la caducidad procederá de pleno derecho, sin necesidad de declaración, sino por el simple transcurso del plazo de cuatro meses.
• En el caso concreto, la autoridad responsable decretó la caducidad del juicio agrario de origen tomando como elementos que la última actuación databa del cuatro de junio de dos mil catorce, así como que no existió cumplimiento por parte del ejido actor en relación con los requerimientos que se formularon en dicha actuación, aun cuando presentó diversos escritos, pues en ellos únicamente manifestó contradicciones respecto de los actos en que adquirió la propiedad y posesión de los lotes o superficie, cuya restitución demandó, aunado a que omitió exhibir los documentos que se le solicitaron
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27236-714b3821/caducidad-en-el-juicio-agrario-actuaciones-y-promociones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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