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Modo: Corpus Pro

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. AL RESOLVER CONFLICTOS LABORALES ACTÚA COMO TRIBUNAL, POR LO QUE SUS FALLOS DEFINITIVOS DEBEN CONSIDERARSE COMO LAUDOS Y PUEDEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2013. · Registro digital (IUS): 24479
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Pág. 718.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y PRIMERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO. 17 DE ABRIL DE 2013. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la anterior Ley de Amparo, aplicable en términos del artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece; así como el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia laboral, en la que se encuentra especializada esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución General, cuyo contenido es:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Asimismo, esta Segunda Sala considera que aunque la nueva Ley de Amparo fue promulgada el pasado primero de abril de dos mil trece, y publicada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente, el Consejo de la Judicatura Federal no ha dictado los acuerdos generales para la debida integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como tampoco han transcurrido los noventa días establecidos para ello en el artículo décimo primero transitorio del decreto.

Por tanto, hasta que queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, esta Segunda Sala asume el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

En la especie, es aplicable la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Décima Época. Núm. Registro IUS: 2000331. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, tesis P. I/2012 (10a.), página 9)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la anterior Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, órgano colegiado que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, en sesión de quince de noviembre de dos mil doce, en la parte que interesa consideró:

"ÚNICO. Este Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo directo promovida por **********, contra la sentencia definitiva de siete de marzo de dos mil doce, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el expediente laboral **********, en términos de lo que a continuación se expone. Para arribar a lo anterior, es necesario precisar algunos antecedentes del acto reclamado a fin de evidenciar que se trata de una resolución emitida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, que no fue dictada por un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. a) Mediante ocurso presentado el cinco de noviembre de dos mil diez, ante el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ********** promovió juicio laboral contra el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, de quien reclamó diversas prestaciones derivadas de un despido injustificado (fojas 3 a la 5 del juicio de origen). b) En auto de treinta de noviembre de dos mil diez, el tribunal burocrático determinó que carecía de competencia para conocer del juicio laboral y dejó a salvo los derechos del actor para que los hiciera valer como a su interés conviniere. c) Inconforme con esa determinación, el actor promovió juicio de amparo, del que tocó conocer a este Tribunal Colegiado, y por ejecutoria de veintiséis de mayo de dos mil once, el Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Séptima Región en auxilio de este órgano colegiado, resolvió conceder la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el auto reclamado y, en su lugar, emitiera otro en el que precisara que la autoridad competente para conocer del juicio laboral instaurado, era el Consejo de la Judicatura en el Estado de Chiapas. d) Previos trámites, por auto de dieciséis de agosto de dos mil once, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, tuvo por recibidos los autos del juicio laboral **********, formando el expediente **********, mandó requerir al actor **********, para que ajustara su escrito inicial de demanda con base al Reglamento Interno de Régimen Disciplinario, Administrativo y Controversias Laborales del Poder Judicial del Estado (fojas 76 a la 82). e) Una vez cumplimentado el requerimiento por la parte actora, la comisión mencionada, en proveído de trece de septiembre de dos mil once, admitió la demanda promovida por **********, contra el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas (foja 94 del juicio laboral). f) Seguido el juicio por sus trámites (emplazamiento, contestación a la demanda, ofrecimiento y admisión de pruebas) el siete de marzo de dos mil doce, se dictó la sentencia aquí combatida (fojas 166 a 178). Ahora bien, los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, establecen: ‘Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley.’. ‘Artículo 46. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.’. ‘Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.’. De los citados preceptos se colige, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales judiciales, laborales o administrativos. Así, un juicio puede terminar ya sea mediante sentencia definitiva, o bien, mediante resolución que le ponga fin, entendiendo por la primera, aquella que decida el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por virtud del cual pueda ser modificada o revocada y, por la segunda, aquella que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes comunes tampoco conceden recurso ordinario alguno, y que contra tales resoluciones procede el juicio de amparo directo. Sentado lo anterior, para establecer la competencia del conocimiento de los juicios de amparo, debe tomarse como criterio orientador la naturaleza de la autoridad que emite el acto que se reclama, es decir, si constituye un tribunal judicial, administrativo o del trabajo que haya dictado una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, pues en estos casos, será competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito el conocimiento del asunto y por exclusión, los actos que no encuadren dentro de tales hipótesis, será del conocimiento de los Juzgados de Distrito. Ahora bien, en el caso, es preciso evidenciar que el acto que se reclama en el presente juicio, no encuadra dentro de los supuestos contenidos en los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, pues para los efectos del juicio de garantías, no se trata de una sentencia definitiva ni resolución que haya puesto fin al juicio, sino que constituye una resolución dictada en forma definitiva seguida en forma de juicio, que no proviene de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, por lo que este Tribunal Colegiado no es competente sino que debe conocer de él un Juez de Distrito. Para explicar mejor lo anterior, es pertinente transcribir el contenido de los numerales 58 de la Constitución Política Estatal, 161 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas y 82 del Reglamento Interno de Régimen Disciplinario, Administrativo y Controversias Laborales del Poder Judicial del Estado de Chiapas. ‘Artículo 58. El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial, con independencia técnica, encargado de la vigilancia, disciplina, administración y carrera judicial de los órganos del Poder Judicial, con las excepciones previstas en esta Constitución. El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros, que serán designados de la forma siguiente: ... Corresponde al Consejo de la Judicatura: ... VIII. Los demás asuntos que esta Constitución y las leyes determinen. Las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables. El código establecerá las bases mínimas para la práctica de las visitas judiciales y la emisión de los dictámenes correspondientes, realizados por la Visitaduría del Consejo de la Judicatura, así como su integración. La visitaduría estará integrada por cinco Magistrados del Tribunal Superior de Justicia. El Consejo de la Judicatura adscribirá a quienes funjan como Magistrados visitadores, uno de los cuales será su coordinador.’. Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas. ‘Artículo 152. El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial con independencia técnica y autonomía presupuestal, encargado de la vigilancia, disciplina, administración y carrera judicial de los órganos del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional, de Justicia Electoral y Administrativa y del Trabajo Burocrático, llevarán a cabo su propia administración, la cual será ejecutada de conformidad con lo previsto en la Constitución Política del Estado de Chiapas, el presente código y, de acuerdo a lo señalado en sus respectivos reglamentos.’. ‘Artículo 161. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura: ... XXI. Resolver, previa garantía de audiencia, sobre los procedimientos de responsabilidad por quejas o denuncias que se inicien contra servidores públicos del Poder Judicial en los términos de este código, con excepción del tribunal constitucional, e imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable; ... XLIV. Las demás que le confiera este código y otras disposiciones lega

es aplicables.’. Reglamento Interno de Régimen Disciplinario, Administrativo y Controversias Laborales del Poder Judicial del Estado de Chiapas. ‘Artículo 82. Las resoluciones del Pleno del Consejo que resuelvan una controversia administrativa o laboral en contra de alguno de sus funcionarios o trabajadores, son definitivas e inatacables, mismas que deberán obrar en el expediente personal respectivo.’. De los numerales en cita se advierte, que el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial del Estado, con independencia técnica, encargado de la vigilancia, disciplina, administración y carrera judicial de los órganos del Poder Judicial, con las excepciones previstas en la misma Constitución Local. Que como tal, tiene entre otras atribuciones, las de conocer y resolver los procedimientos administrativos y laborales de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Igualmente, que las resoluciones administrativas que emita el Pleno son inatacables. En ese orden de ideas, es claro que la sentencia que se reclama en este juicio de amparo no emana de un tribunal jurisdiccional, laboral o administrativo, porque quien la emite es el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, que como ya se vio en párrafos precedentes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 57 de la Constitución Local, es un órgano técnico administrativo del Poder Judicial Local, encargado, entre otras cosas, de seguir los procedimientos administrativos y laborales de los servidores públicos del Poder Judicial. Lo anterior, se corrobora con la exégesis de los artículos 152, 161 y demás relativos del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, de los que se desprende que el Consejo de la Judicatura, es un órgano del Poder Judicial del Estado de Chiapas, de naturaleza exclusivamente administrativa y no jurisdiccional, pues dentro de sus principales facultades, destacan sus atribuciones relacionadas con la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, pero, se insiste, en el ámbito administrativo del indicado Poder Judicial del Estado, otorgándosele a sus resoluciones las características de definitivas e inatacables, por cuanto que, en la propia legislación organizacional, no se contemplan mecanismos o medios legales de defensa adicionales en contra de esas determinaciones; sin embargo, ello no implica que dé lugar a la procedencia del amparo planteado en la vía directa, como en este caso, así lo pretende el impetrante de garantías. Por ende, al no constituir el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, un tribunal judicial, como así lo exige el invocado artículo 158 de la Ley de Amparo, la determinación que constituye el acto reclamado, no debe atribuírsele el carácter de sentencia definitiva, ni tampoco resolución que ponga fin a un juicio, para efectos del juicio de amparo directo, por no tratarse de la decisión que haya emitido un tribunal judicial, administrativo y del trabajo en un juicio la cuestión principal en definitiva, ni que tenga por efecto darlo por concluido, en términos de los supuestos que prevé el invocado artículo 158, pues como ya se destacó, en el caso en particular, se atiende a la naturaleza jurídica de la autoridad responsable. De lo narrado con anterioridad, claramente se puede advertir que se trata de una resolución dictada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el siete de marzo de dos mil doce, en el expediente laboral **********, a través de la cual absolvió a la demandada Tribunal Superior de Justicia del Estado de las prestaciones reclamadas consistentes en la reinstalación del actor en el puesto que como técnico en electrónica adscrito a la Dirección de Informática desempeñaba; el pago de los salarios caídos; la expedición del nombramiento como trabajador de base y otras. Lo que se traduce, en que evidentemente dicho organismo, no es un tribunal judicial, ni administrativo, ni del trabajo, por lo que de conformidad con los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, las resoluciones del citado Consejo de la Judicatura del Estado, no son materia del juicio de amparo directo, pues el acto reclamado no se trata de una sentencia o resolución que ponga fin al juicio. No obsta para lo anterior, que la resolución que se reclama se emitió en un procedimiento de índole laboral, seguido en forma de juicio, puesto que como se dijo, fue emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Local, que sólo tiene la calidad de un órgano técnico encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado Local; de ahí que, aunque en virtud del Reglamento Interno de Régimen Disciplinario, Administrativo y Controversias Laborales del Poder Judicial del Estado, se haya otorgado facultades para resolver los conflictos laborales del Poder Judicial del Estado, como si se tratara de un tribunal jurisdiccional, ello no desvirtúa su naturaleza como órgano meramente administrativo, por lo que es incuestionable que sus determinaciones no son impugnables a través del juicio de amparo directo, ya que no se está ante un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, sino una autoridad distinta a éstas. En efecto, nuestro Más Alto Tribunal de la Nación estableció que para estimar que una sentencia emana de un tribunal jurisdiccional se requiere el cumplimiento de tres elementos a saber: Que sea creado, estructurado y organizado mediante leyes expedidas por el Congreso de la Unión o por las Legislaturas Locales; que el ordenamiento legal respectivo lo dote de autonomía plena para fallar con el fin de garantizar su imparcialidad e independencia; y, que su función sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares. Al caso es de invocarse, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 258, Tomo XVII, mayo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL DE TORREÓN, COAHUILA. SUS RESOLUCIONES DEFINITIVAS (COLEGIADAS O UNITARIAS) SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, página 20, determinó que de conformidad con los artículos 73, fracción XXIX-H, 116, fracción V y 122, base quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que facultan al Congreso de la Unión, a las Legislaturas Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respectivamente, para crear tribunales de lo contencioso-administrativo con plena autonomía para dictar sus fallos, para que una autoridad administrativa, al realizar funciones jurisdiccionales, tenga la naturaleza de tribunal administrativo y, por ende, sus resoluciones sean susceptibles de reclamarse en amparo uniinstancial, se requiere: a) Que sea creado, estructurado y organizado mediante leyes expedidas por el Congreso de la Unión o por las Legislaturas Locales; b) Que el ordenamiento legal respectivo lo dote de autonomía plena para fallar con el fin de garantizar su imparcialidad e independencia; y, c) Que su función sea la de dirimir conflictos que se susciten entre la administración pública y los particulares. En congruencia con lo antes expuesto, y del análisis de las disposiciones relativas de la Constitución Política del Estado de Coahuila y Código Municipal de esa entidad federativa, así como del Reglamento de Justicia Municipal de Torreón, se concluye que el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón, Coahuila (integrado por el Juzgado Colegiado Municipal y los Juzgados Unitarios Municipales), reviste la característica de autoridad para efectos del amparo, en virtud de que sus resoluciones gozan de unilateralidad, por las que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, pero no tiene el carácter de «tribunal administrativo» para la procedencia del amparo directo en contra de sus resoluciones, pues si bien es cierto que su función es la de dirimir conflictos entre el Municipio o sus funcionarios y los particulares, también lo es que aun cuando su creación deriva del Código Municipal, su estructura y organización no están previstas en ley, sino en un reglamento expedido por el Ayuntamiento de Torreón en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 115, fracción II, inciso a), de la Carta Magna, en correlación con el artículo 67, fracción XXX, de la Constitución Local y el Código Municipal aludido; en su integración y funcionamiento no es autónomo, pues el Juzgado Colegiado, que hace las veces de segunda instancia, está integrado por funcionarios del Ayuntamiento, que originariamente tienen asignadas funciones específicas dentro del gobierno, por las que reciben un salario, lo cual genera un nexo de dependencia con aquél, además de que el presidente del tribunal y los Jueces unitarios son designados por el Ayuntamiento, a propuesta del presidente municipal; tampoco se encuentra garantizada la permanencia de los Jueces municipales, ya que durarán en el cargo el tiempo que constitucionalmente permanezca el Ayuntamiento que los nombró, aunque el presidente del tribunal pueda ser ratificado, ya que no existe garantía objetiva de ello. En consecuencia, en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, debe reconocerse a los juzgados colegiados o unitarios, que conforman el Tribunal de Justicia Municipal, el carácter de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y los procedimientos que observan en los conflictos que dirimen por disposición legal -resueltos en forma definitiva-, se pueden reconocer como procedimientos seguidos en forma de juicio a que alude el dispositivo citado, pues los preceptos que los regulan prevén la presentación de una demanda, su contestación, la posibilidad de ofrecer pruebas y rendir alegatos, y el dictado de un fallo, los cuales constituyen elementos similares a los de un juicio; por tanto, sea que las violaciones se hayan cometido en el procedimiento o en la propia resolución, el amparo promo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24479-4b85f68d/consejo-de-la-judicatura-del-poder-judicial-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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