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CONEXIDAD DE DELITOS. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO EN UN AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN SE ADVIERTE VIOLACIÓN AL DEBIDO EJERCICIO DE LA COMPETENCIA EXCEPCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONEXIDAD DE DELITOS. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA SE ADVIERTE VIOLACIÓN AL DEBIDO EJERCICIO DE LA COMPETENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONEXIDAD DE DELITOS. DIRECTRICES A SEGUIR EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENÓ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A ETAPAS POSTERIORES AL AUTO QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN, CON VIOLACIÓN AL DEBIDO EJERCICIO DE LA COMPETENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONEXIDAD DE DELITOS. DIRECTRICES QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD COMPETENCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 45/2010). CONEXIDAD DE DELITOS. EFECTOS DE LA VIOLACIÓN AL DEBIDO EJERCICIO DE LA COMPETENCIA EXCEPCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 45/2010). CONEXIDAD DE DELITOS. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD COMPETENCIAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO IMPLICA UNA INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES NI LA FEDERALIZACIÓN DE DELITOS LOCALES. CONEXIDAD DE DELITOS. LA COMPETENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONSTITUYE UNA FIGURA DE ORDEN PÚBLICO, DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO Y DE ESTUDIO OFICIOSO EN EL JUICIO DE AMPARO. CONEXIDAD DE DELITOS. LA DETERMINACIÓN DE LAS NORMAS PENALES QUE PREVÉN EL DELITO COMETIDO Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD COMPETENCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA EL DERECHO HUMANO A LA DEFENSA ADECUADA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 27/2012. · Registro digital (IUS): 24579
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1, Pág. 644.

CONEXIDAD DE DELITOS. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO EN UN AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN SE ADVIERTE VIOLACIÓN AL DEBIDO EJERCICIO DE LA COMPETENCIA EXCEPCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

CONEXIDAD DE DELITOS. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA SENTENCIA DEFINITIVA SE ADVIERTE VIOLACIÓN AL DEBIDO EJERCICIO DE LA COMPETENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

CONEXIDAD DE DELITOS. DIRECTRICES A SEGUIR EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENÓ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO A ETAPAS POSTERIORES AL AUTO QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN, CON VIOLACIÓN AL DEBIDO EJERCICIO DE LA COMPETENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

CONEXIDAD DE DELITOS. DIRECTRICES QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD COMPETENCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 45/2010).

CONEXIDAD DE DELITOS. EFECTOS DE LA VIOLACIÓN AL DEBIDO EJERCICIO DE LA COMPETENCIA EXCEPCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 45/2010).

CONEXIDAD DE DELITOS. EL EJERCICIO DE LA FACULTAD COMPETENCIAL, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO IMPLICA UNA INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES NI LA FEDERALIZACIÓN DE DELITOS LOCALES.

CONEXIDAD DE DELITOS. LA COMPETENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONSTITUYE UNA FIGURA DE ORDEN PÚBLICO, DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO Y DE ESTUDIO OFICIOSO EN EL JUICIO DE AMPARO.

CONEXIDAD DE DELITOS. LA DETERMINACIÓN DE LAS NORMAS PENALES QUE PREVÉN EL DELITO COMETIDO Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN EL EJERCICIO DE LA FACULTAD COMPETENCIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA EL DERECHO HUMANO A LA DEFENSA ADECUADA.

AMPARO DIRECTO 27/2012. 19 DE JUNIO DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ; QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIOS: JORGE ROBERTO ORDÓÑEZ ESCOBAR, CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ, JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ, HORACIO NICOLÁS RUIZ PALMA Y JULIO VEREDÍN SENA VELÁZQUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente asunto,(1) con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 182, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso b); y, 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción IX y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente, por haber ejercido en sesión celebrada el once de abril de dos mil doce su facultad de atracción para conocer del mismo, dada la importancia y trascendencia del presente asunto para el orden jurídico nacional.(2)

SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como los expedientes que adjuntó al efecto, de los que se desprende que, con fecha dos de septiembre de dos mil once, en el toca de penal **********, la Magistrada titular del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito modificó la sentencia recurrida para tener por acreditado el delito de cohecho de acuerdo con lo establecido en el Código Penal del Estado de México, por lo que se analizó la responsabilidad penal del quejoso a la luz del código local. Sin embargo, dicha Sala impuso las penas previstas en el Código Penal Federal, al considerar que eran menores que las contempladas en la legislación local.

TERCERO. Antecedentes. El veintisiete de marzo de dos mil nueve la Juez Segundo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México radicó la averiguación previa **********, registrándose como causa penal **********. El veintiocho del mismo mes y año la citada Juez libró orden de aprehensión en contra del quejoso ********** y el diverso indiciado **********, por los delitos materia de la consignación. Posteriormente, elementos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de México, dieron cumplimiento a la orden de captura, dejando al quejoso y al coinculpado a la orden de la Juez Federal en el Centro Preventivo y de Readaptación Social "Licenciado Juan Fernández Albarrán", en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

El dos de abril de dos mil nueve, la Juez de Distrito dictó auto de formal prisión en contra de los citados indiciados, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea agravado, previsto y sancionado por el artículo 83, fracciones II y III, en relación con el diverso 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como por la comisión del delito de cohecho, previsto y sancionado por los artículos 222, fracción II, párrafo tercero, en relación con el 7, fracción I, 8, 9, párrafo primero, 13, fracción II, todos ellos del Código Penal Federal.

El diecisiete de marzo de dos mil once, la a quo dictó sentencia condenatoria en contra del quejoso ********** y **********, imponiéndole al primero, la pena de seis años de prisión, multa de veintiún mil treinta y seis pesos, así como destitución e inhabilitación de dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión.

Inconformes con lo anterior, ambos sentenciados interpusieron recurso de apelación, al cual se le asignó el número **********. Dicho recurso fue resuelto el dos de septiembre de dos mil once por el Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, en el sentido de modificar la sentencia recurrida para tener por acreditado el delito de cohecho de acuerdo con lo establecido en el Código Penal del Estado de México, por lo que se analizó la responsabilidad penal del quejoso a la luz del código local. Sin embargo, dicha Sala impuso las penas previstas en el Código Penal Federal, al considerarse que son menores que las contempladas en la legislación local.

CUARTO. Elementos trascendentales para resolver el amparo directo. En virtud de que la acción constitucional de amparo directo está dirigida a reclamar la constitucionalidad de una sentencia definitiva dictada por un tribunal penal, resulta indispensable resaltar las consideraciones que sustentan dicha determinación judicial y los argumentos planteados como conceptos de violación en la demanda.

I. Consideraciones de la sentencia definitiva reclamada en amparo directo. El Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, al resolver el toca penal **********, mediante la sentencia definitiva dictada el dos de septiembre de dos mil once, en la parte que interesa, en síntesis, expresó las consideraciones jurídicas siguientes:

En acatamiento a la jurisprudencia determinó modificar la sentencia impugnada para tener por acreditado el delito de cohecho de acuerdo a lo establecido en el Código Penal de la entidad federativa donde ocurrieron los hechos, esto es, en el Estado de México.

Derivado de lo anterior, en el apartado donde se analizó la responsabilidad penal del quejoso en la comisión del ilícito de cohecho, se tuvo por acreditada su intervención, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal del Estado de México, y el dolo en su conducta y la ausencia de causas de exclusión del delito se analizaron con apoyo en esa misma legislación.

Luego, para efecto de individualizar las penas que se impusieron al justiciable por la comisión del delito de cohecho se utilizaron los dispositivos aplicables del Código Penal del Estado de México, no obstante, se aplicaron las sanciones que contempla para dicho ilícito el Código Penal Federal, al considerarse que son menores que las contempladas en la legislación local.

En ese sentido, al considerarse que en el particular se actualizó un concurso real de delito, se aplicaron las reglas que rigen de acuerdo al Código Penal Federal, lo que también se realizó al momento de analizar los restantes aspectos que comprenden la sentencia impugnada -sustitución de la pena pecuniaria por jornadas de trabajo a favor de la comunidad; términos para compurgar la pena de prisión; negativa de los beneficios sustitutivos de esta última sanción y condena condicional; decomiso de las armas de fuego; amonestación; y, suspensión de los derechos políticos y civiles-.

II. Conceptos de violación. En la demanda de amparo directo se cuestionó la constitucionalidad del acto reclamado a partir de los argumentos siguientes:

a) Por lo que hace al delito de posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, aduce que:

La autoridad responsable no analizó los medios probatorios de acuerdo a los lineamientos previstos por el Código Federal de Procedimientos Penales referentes a las reglas de valoración de las pruebas, pues en la especie no se acreditó el cuerpo del delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el diverso artículo 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Ello, aduce, porque equivocadamente consideró que se actualizaba el cuerpo del delito en cuestión, a pesar de que en la causa no quedaron demostrados los elementos del cuerpo del ilícito, ya que los cinco cartuchos asegurados, calibre 9mm., eran del mismo calibre que el del arma decomisada, por lo que, bajo ninguna circunstancia puede admitirse que se esté en presencia de delitos autónomos, y en cambio puede válidamente arribar a la conclusión de que se trata de un solo delito.

Considera que el tribunal de apelación no toma en cuenta que el delito de que se trata no es el de uso de las armas, sino el de posesión de cartuchos en términos del artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y que al respecto, para considerar actualizada la hipótesis prevista en la mencionada norma legal, es necesario que se encuentren acreditados la totalidad de los elementos que constituyen dicho ilícito, obligación que no aparece satisfecha en la resolución que se reclama, toda vez que soslaya un elemento fundamental, consistente en la cantidad de los cartuchos.

De ahí que, estime que, si la hipótesis normativa no contiene ni hace referencia, específicamente, a la cantidad de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas castrenses que puede poseer un individuo, es claro que no existen parámetros dentro de los cuales pueda establecerse que los cinco cartuchos 9mm. asegurados y decomisados en el proceso, puedan actualizar el delito de posesión de cartuchos a que alude el artículo 83 Quat invocado por la responsable.

En consecuencia, alega que al estar frente a una laguna legal, y dado que no es posible colmarla ni por analogía ni por ningún otro método, debe concedérsele el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una sentencia absolutoria, al no actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

b) Por lo que hace al delito de cohecho, aduce que:

Contrariamente a lo sostenido por la autoridad responsable, no se encuentran acreditados los elementos del delito de cohecho, previsto en el artículo 222, fracción II, del Código Penal Federal. Ello, porque, para que se estime acreditado el tipo penal de que se trata, es indispensable que exista la posibilidad de que se llegue a consumar, ya que no solamente debe existir idoneidad en el medio empleado para la realización del cohecho, sino también en el fin propuesto por el agente, lo que no se encuentra demostrado que estuviera al alcance de los policías aprehensores, la posibilidad de satisfacer las peticiones del quejoso y coacusado.

Por lo que, debe considerarse que existe duda razonable de que los aprehensores inventaron el supuesto soborno, con el evidente propósito de que el quejoso no alcance los beneficios previstos por la ley para obtener la libertad, misma que resulta improcedente concederlos cuando la pena de prisión rebasa los cuatro años.

QUINTO. Metodología de análisis. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver por unanimidad de votos la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción **********, el once de abril de dos mil doce, resolvió atraer para su conocimiento el juicio de amparo directo **********, radicado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con un propósito específico, consistente en el eventual replanteamiento del contenido y alcances de la jurisprudencia de rubro: "CONEXIDAD DE DELITOS. LA FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER DE LOS DEL FUERO COMÚN QUE TENGAN CONEXIDAD CON ILÍCITOS FEDERALES, NO IMPLICA QUE LAS CONDUCTAS DEBAN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA PREVISTA EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL."(3)

Lo anterior, porque a consideración del Tribunal Colegiado solicitante la aplicación de dicha jurisprudencia podría trastocar el sistema federal de competencias y, por otro lado, dicha tesis de jurisprudencia fue emitida cuando la Primera Sala tenía una integración diversa a la actual.

Por tanto, en el presente amparo directo corresponde analizar en primer término el planteamiento jurídico propuesto relativo a la determinación de los alcances en la aplicación de la citada jurisprudencia, tratándose de aquellas causas penales en las que se plantea un problema de conexidad entre delitos federales y locales, en términos del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, como sucede en el presente caso. Para ello, será necesario hacer referencia a las consideraciones que dieron lugar a la emisión del criterio al momento de resolver, por unanimidad de cuatro votos, la contradicción de tesis 378/2009. Para luego, delimitar el sentido de la jurisprudencia.

Una vez establecidos los parámetros de aplicación del criterio jurisprudencial se procederá analizar el impacto que representa para el caso concreto, en virtud de que el acto reclamado en el presente juicio de amparo directo lo constituye una sentencia definitiva en materia penal por delitos del orden federal y local de los que conocieron autoridades judiciales federales en virtud del criterio de competencia por conexidad.

SEXTO. Consideraciones jurídicas que dieron lugar al criterio jurisprudencial 1a./J. 45/2010. El veinticuatro de marzo de dos mil diez, esta Primera Sala resolvió por unanimidad de cuatro votos de los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente) y Juan N. Silva Meza (presidente), la contradicción de tesis 378/2009, en la cual se emitió el criterio interpretativo sobre el que versa la presente ejecutoria.

El problema jurídico planteado en la citada contradicción de tesis consistió en determinar cuál era la norma sustantiva penal aplicable para juzgar y sancionar un delito ordinario del fuero común, cuando concurría en conexidad con un delito federal y se conocía en proceso penal por autoridades judiciales federales.

La conclusión a la que se arribó fue que la autoridad judicial federal sí bien podía conocer de delitos del fuero común cuando tuvieran conexidad con ilícitos federales, ello no significa que dichos ilícitos de naturaleza local debieran analizarse a la luz de la descripción típica prevista en el Código Penal Federal, sino en la codificación local sustantiva correspondiente. En otras palabras, que la atracción de delitos locales para ser juzgados por autoridades judiciales federales por tener conexidad con delitos del fuero federal no altera la naturaleza jurídica de la acción delictiva local, por tanto, debía calificarse y sancionarse en términos del ordenamiento penal local del lugar donde se cometió. La conclusión apuntada se basó en la argumentación que a continuación se sintetiza:

La Primera Sala determinó que de conformidad con las reglas generales que rigen el proceso penal federal, es competente para conocer de un delito el Juez del lugar en el que se comete, por disposición expresa del artículo 6 del Código Federal de Procedimientos Penales,(4) en el que se alude a la excepción precisada en los párrafos segundo y tercero del artículo 10 del mismo ordenamiento jurídico.(5)

Excepción que consistía en que la competencia para conocer y juzgar delitos conexos federales y locales, correspondía al Ministerio Público de la Federación y al Juez Federal, respectivamente. Esto es, que el párrafo segundo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales al que aludía la excepción establecía que en caso de concurso de delitos, el Juez de Distrito es competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales.

Por tal motivo, los Jueces Federales eran competentes para conocer delitos del orden común, siempre y cuando éstos tuvieran conexidad con uno del orden federal. Lo que implicaba que dicha facultad excepcional por parte del juzgador federal tenía como referente la figura de la conexidad prevista en el artículo 475 del propio Código Federal de Procedimientos Penales.(6)

La naturaleza de la conexidad de la causa atiende a la circunstancia de tener en dos o más procesos elementos comunes, como pueden ser, las partes, el objeto, las pretensiones o las pruebas; lo cual, se estimó generaba interdependencia de causas por coordinación, subordinación o continencia, constituyendo esta última la fuente principal de la conexidad en materia penal.

La necesidad de establecer el vínculo de la conexidad, es un requisito indispensable para poder ejercer la facultad de atracción a que se refiere el precitado artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Se hizo referencia a lo establecido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis jurisprudenciales números 1a./J. 19/97(7) y 1a./J. 39/97,(8) de las que se evidenció que para ejercer la facultad atrayente que regula el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales es necesario establecer la conexidad entre los delitos del fuero común con los del orden federal, en términos del artículo 475 de dicho ordenamiento procesal y, en caso de que no se configure alguna de las hipótesis ahí contenidas, no podrá ejercerse dicha facultad.(9)

El hecho de citar el artículo 10 del precitado código adjetivo penal federal, no convierte al ilícito del fuero común en uno del orden federal; es decir, la facultad de atracción sólo implica dar competencia a la autoridad federal para conocer en el proceso penal federal de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales, pero los primeros conservan su naturaleza en cuanto a que son delitos del fuero común, mismos que deben ser tipificados por leyes de las entidades federativas y, por tanto, la acreditación del mismo y su punición debe ser conforme a lo establecido en la ley penal local, y no así conforme a la federal, ya que ello equivaldría a convertir un delito del fuero común en un delito federal, facultad que sólo le corresponde al Congreso de la Unión de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El ejercicio de la facultad de las autoridades judiciales federales para conocer y juzgar delitos del fuero común, por tener conexidad con la comisión de ilícitos de naturaleza federal, es muy distinto a la de pretender tipificar una acción delictiva de materia común a la federal, situación que no está reconocida por la Constitución como una actuación legal y permitida para las autoridades jurisdiccionales federales, en atención al principio de exacta aplicación de la ley en materia penal previsto en el artículo 14 constitucional.

En virtud de lo expuesto, se estimó que las conductas consideradas como delitos de carácter eminentemente ordinario, comprendidas en la regulación penal del fuero local, deben conservar tal carácter originario de delitos comunes, aun cuando el juzgador federal hubiera atraído el asunto para su conocimiento por tener conexidad con la comisión de un ilícito de carácter federal. Así, la conducta que es considerada del orden común, debe calificarse y sancionarse en términos del ordenamiento local, con independencia de que el Juez Federal esté conociendo de dichos delitos con motivo de la conexidad. Lo que significa que el solo ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales no llegaría al extremo de mutar la naturaleza del delito en cuestión.

En estrecha conexión con lo anterior, se argumentó que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece aquellos supuestos en los que se actualiza la competencia del Juez Penal Federal para conocer de la causa; dicho precepto establece cuándo se está ante un delito del orden federal para efectos de fincar competencia en tal ámbito según el primer supuesto. Así, el legislador enumera diversas causales, mismas que conforman una lista exhaustiva. Tal conclusión se obtiene a partir de una regla que se deriva implícitamente; ésta establece: "todo lo no expresamente previsto para la Federación está reservado a los Estados", o bien, que la competencia no puede ser local si es federal. Ésta es una norma de clausura del sistema cuya pretensión es la de prever una solución para todos los casos posibles. Es decir, una vez que se parte de que sólo existen dos clases de fuero (local o federal), es necesario entender que siempre que no se esté ante el caso de uno, se estará ante el del otro. Con ello se buscaba evitar indeterminaciones sobre las competencias de los Jueces.

Por economía legislativa, es claro que la norma de clausura sólo se refiere a un universo de casos -tratándose del artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a aquellos de los que deben conocer los Jueces Federales-; mientras que el otro universo posible de casos (mismo que necesariamente es la negación del primero) debe entenderse regulado por la única solución restante; ésta es la que finca competencia al Juez del fuero local, por tratarse de acciones ilícitas no consideradas por la ley como delitos del orden federal.

Por lo anterior, se determinó que la enumeración de los supuestos realizada por el legislador en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene un carácter exhaustivo. Es decir, no hay más delitos federales que los que expresamente enuncia el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por exclusión, todos los supuestos no regulados en la norma en comento, son supuestos regulados por las leyes relativas a cada entidad federativa. Ningún delito federal es local, o si se quiere, todos los delitos no federales siempre serán locales.

En ese orden de ideas, cuando en una causa de que tocó conocer al Juez de Distrito en proceso penal federal, se está ante dos clases de delitos, unos del orden local y otros del federal, lo correcto es que éste juzgue de conformidad con las leyes locales respecto de los primeros y con las federales respecto de los segundos.

En el supuesto de conexidad, el Juez de la causa debe conocer de los delitos federales en términos del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. En otras palabras, el referente normativo, tanto sustantivo como adjetivo, debe pertenecer al orden federal. Mientras que tratándose de los delitos del fuero común, el Juez deberá conocer de los mismos en términos de la legislación penal sustantiva local, pero federal adjetiva que es la que rige el proceso penal que le compete instruir.

En conclusión, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la naturaleza del delito se determina por el lugar en donde éste se haya cometido (adscripción de entidad federativa) a menos que se surta alguna causal por la que el delito deba ser considerado federal (esto, en atención de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). Esto es, la atracción que se realiza de los delitos locales, por su conexidad con otros pertenecientes al orden federal, no tiene el efecto de modificar la descripción de la conducta típica realizada por el legislador local.

La ejecutoria refirió que esta Primera Sala ya se había pronunciado de esta manera al resolver los diversos juicios de amparo directo penal 9/2008, 16/2008 y 33/2008, todos bajo la ponencia del señor Ministro José Ramón Cossío Díaz, resueltos por mayoría de cuatro votos.(10)

Las razones jurídicas antes precisadas dieron lugar a la emisión de la jurisprudencia cuyos alcances corresponde ahora determinar, que lleva por rubro y texto los siguientes:

"CONEXIDAD DE DELITOS. LA FACULTAD DEL JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER DE LOS DEL FUERO COMÚN QUE TENGAN CONEXIDAD CON ILÍCITOS FEDERALES, NO IMPLICA QUE LAS CONDUCTAS DEBAN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA PREVISTA EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Conforme al segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, en caso de concurso de delitos los jueces federales son competentes para juzgar los del fuero común que tengan conexidad con ilícitos federales, de manera que las conductas típicas del fuero común sujetas a proceso deben conservar ese carácter una vez que el Juez de distrito conozca del asunto. Esto es, la conducta que puede constituir delito del orden común debe calificarse y sancionarse en términos del ordenamiento local, independientemente de que el Juez Federal esté conociendo de dichos delitos con motivo de la conexidad, sin que la atracción de los delitos locales, por su conexidad con otros pertenecientes al orden federal, tenga el efecto de modificar la descripción de la conducta típica realizada por el legislador local, pues la naturaleza del delito se determina por el lugar en donde se cometió, a menos que se surta alguna causal por la que el delito deba considerarse federal, conforme al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."

SÉPTIMO. Razones jurídicas que justifican la competencia de las autoridades judiciales federales para instruir procesos penales por delitos del orden común conexos con ilícitos federales. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el criterio establecido en la jurisprudencia 1a./J. 45/2010.

Lo anterior se apoya en la revisión sistemática de las normas jurídicas que facultan a los órganos judiciales federales para instruir procesos penales por delitos del fuero común, previstos y sancionados en términos de las legislaciones penales de las entidades federativas, siempre que exista conexidad con delitos del orden federal, cuando el Ministerio Público de la Federación haya ejercido acción penal y solicitado el conocimiento conjunto de los ilícitos en estos términos.

Para explicar las razones jurídicas que sustentan el criterio es conveniente hacer referencia al concepto genérico de competencia, al trabajo legislativo que dio lugar al establecimiento de la competencia por conexidad (a nivel constitucional y procesal), así como a las reglas jurídicas que fijan la competencia de los tribunales federales en materia penal.

I) La competencia

Para comprender de mejor manera la figura de la "competencia por conexidad", es preciso hacer referencia, en primer término, al concepto procesal de competencia.

En la teoría general del proceso el derecho procesal, in genere, se sustenta en el estudio de tres grandes conceptos fundamentales (trilogía procesal clásica):

1) La acción: Entendida como el derecho fundamental(11) que tiene todo gobernado a fin de someter al conocimiento de los órganos estatales cualquier conflicto, a fin de que éstos, mediante la instauración de un proceso, lo resuelvan con base en la aplicación del orden jurídico aplicable;

2) La jurisdicción: Es la actividad desplegada a cargo de los órganos delegados del Estado, como terceros imparciales, a fin de resolver el conflicto que se ha sometido a su decisión, mediante la aplicación del derecho; y,

3) El proceso: Es el mecanismo jurídico-institucional con el cual cuenta el sujeto activo/accionante, a fin de obtener la declaración jurisdiccional acerca de la pretensión hecha valer.

Establecido lo anterior, debe señalarse que el vocablo "competencia",(12) doctrinariamente, ha sido identificado como la medida o el alcance de la jurisdicción;(13) es decir, el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los distintos órganos gubernamentales.

Esta acepción implica que la competencia es una atribución del poder del ejercicio de la actividad jurisdiccional realizada por el Juez, ante quien acude el gobernado en calidad de sujeto procesal, para exigir que le reconozca algún derecho en particular.

La competencia no es más que la correspondencia de la exigencia que tiene un sujeto procesal frente a la autoridad jurisdiccional para que le reconozca una pretensión en particular. Es por eso que la competencia no es exclusiva del derecho procesal sino de todo el derecho, porque implica una idea de ejercicio de autoridad.

En sentido jurídico amplio, alu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24579-c14fcbf1/conexidad-de-delitos-directrices-a-seguir-cuando-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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