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Modo: Corpus Pro

RENTA. EL TÉRMINO "INTERESES" CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 11 DEL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO RELATIVO, CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y FRANCIA, INCLUYE EL AJUSTE QUE SE REALICE AL CRÉDITO PRINCIPAL POR EL HECHO DE PACTARSE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 376/2012. · Registro digital (IUS): 24599
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Pág. 1488.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 376/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE JUNIO DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN.

CONSIDERANDO:

(8) PRIMERO. Jurisdicción y competencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce jurisdicción, y esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(6) publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos de su artículo primero transitorio;(7) 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, y vigente a partir del día siguiente, y 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

(9) Lo anterior, al tratarse de una denuncia de contradicción de criterios, suscitada entre Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema relacionado con la materia administrativa, cuyo conocimiento corresponde a esta Segunda Sala.

(10) No pasa inadvertido para esta Sala, que el cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del año en cita, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."

(11) De lo transcrito, se advierte que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada en un mismo circuito, o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, pero no respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

(12) Sin embargo, esta Segunda Sala considera que si bien el dos de abril de dos mil trece se publicó la nueva Ley de Amparo en el Diario Oficial de la Federación, lo cierto es que mientras no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos que son competencia de los Tribunales Colegiados contendientes pues, de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en perjuicio del orden público y del interés social.

(13) Al respecto, resulta aplicable, por identidad de razón, la tesis del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, que se transcribe a continuación:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)-De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito."(9)

(14) SEGUNDO. Legitimación del denunciante. En el caso, debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III,(10) en relación con el 226, fracción III,(11) ambos de la Ley de Amparo publicada el dos de abril del año en curso, pues fue denunciada por los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en contienda.

(15) Al respecto, debe señalarse que el Juez de Distrito comisionado como Magistrado en dicho tribunal también está legitimado para formular la denuncia respectiva, al haber sido autorizado por la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de uno de junio de dos mil once, para fungir con tal carácter, como se advierte en el oficio SEPLE./ADS./012/2230/2011, suscrito por el secretario ejecutivo del propio Consejo.

(16) TERCERO. Consideración preliminar. A efecto de determinar si, en el caso, efectivamente, se actualiza la contradicción de criterios denunciada, debe tenerse presente que, para su actualización, es necesario que al resolver los asuntos materia de la denuncia:

(17) a. Se hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, y

(18) b. Se arribe a conclusiones contrarias respecto a la solución de la controversia planteada.

(19) Así las cosas, existirá contradicción de tesis siempre que se satisfagan los supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia, que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean, esto es, que los criterios que sean materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

(20) Esto último, en términos de lo sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia que a continuación se cita:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(12)

(21) Cabe advertir, que la regla de mérito no es absoluta, pues el Tribunal Pleno dejó abierta la posibilidad de que, previsiblemente, cuando la cuestión fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al que arribaron los Tribunales contendientes, sin ser rigorista, es válido que se declare la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada.

(22) CUARTO. Ejecutorias de las que deriva la presunta contradicción de tesis. A efecto de establecer si, en la especie, existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente enunciar, para su posterior análisis, las consideraciones esenciales en que se apoyaron las resoluciones correspondientes de los Tribunales Colegiados contendientes.

(23) Esto, en la lógica de que, para que exista la contradicción de tesis, no basta con que se afirme que un tribunal no comparte el criterio de otro, sino que es necesario determinar si lo sostenido por uno al examinar determinado problema, es contrario a lo señalado por el otro al abordar el mismo tema, en el mismo plano, y a la luz de preceptos jurídicos iguales o coincidentes.

(24) Lo anterior, en términos de lo sostenido en la tesis de jurisprudencia con rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE EXISTA NO BASTA QUE UN TRIBUNAL AFIRME QUE NO COMPARTE EL CRITERIO DE OTRO."(13)

(25) En estas condiciones, de las constancias que obran en autos es posible desprender lo siguiente:

(26) I. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

(27) El diecinueve de abril de dos mil doce, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el amparo directo 890/2011,(14) y, en lo que importa, consideró infundados los conceptos de violación tercero y cuarto de la demanda de garantías, por las razones esenciales que se relacionan a continuación:

(28) - De manera habitual, dentro del territorio de un Estado coexisten normas vigentes de derecho interno e internacional y, en caso de conflicto entre ellas, es factible se debe resolver de acuerdo a los principios generales contenidos en tratados internacionales, como la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados;

(29) - En tratándose del impuesto sobre la renta, existe el Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia del Impuesto sobre la Renta, celebrado entre México y Francia, que se aplica para gravar las rentas generadas por las relaciones y/o actos jurídicos que se den entre las personas residentes de los Estados contratantes;

(30) - El artículo 11 del referido convenio regula los intereses y, en su cuarto párrafo, determina los ingresos que serán considerados como tales, así como la forma en que serán gravados cuando deriven de relaciones entre personas de los referidos países;

(31) - Conforme al precepto anterior, para que un ingreso pueda gravarse como interés, debe encuadrar en la definición que, de manera bilateral, acordaron los Estados contratantes que, al respecto, en lo que interesa, determinaron que dicho término incluía los "rendimientos de crédito de cualquier naturaleza";

(32) - Para determinar el alcance de dicha expresión, debe acudirse a los procedimientos de interpretación de los instrumentos internacionales establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuyo artículo 31 establece las reglas al efecto, según las cuales, primero debe acudirse al sentido literal debiendo atender, en todo momento a la intención que, de manera lógica, se deduzca que hayan tenido los Estados al momento de pactar el instrumento respectivo;

(33) - En el caso, de los Comentarios al Modelo de Convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se desprende que el concepto de "rendimientos de créditos de cualquier naturaleza" ahí utilizado, prácticamente, cubre todas las clases de rentas que las distintas legislaciones internas consideran como intereses y, por seguridad jurídica, atento a los cambios que pudieran efectuarse a las legislaciones internas, se estima que los reenvíos deben evitarse, aun cuando queda entendido que los Estados contratantes tienen potestad para ampliar el concepto pactado y hacer referencia a sus legislaciones internas;

(34) - Sobre el particular, es relevante, además, la reserva que México planteó en dichos comentarios, con el propósito de considerar como intereses otro tipo de ingresos, no cubiertos por la definición establecida en el tratado como, por ejemplo, los derivados del arrendamiento financiero y de contratos de factoraje, considerados como intereses bajo la legislación mexicana;

(35) - No obstante lo anterior, lo cierto es que en el convenio fiscal celebrado entre México y Francia no se hizo tal reserva;

(36) - En ese sentido, para determinar el alcance del término "intereses" debe partirse del texto vigente del convenio, conforme al cual, en términos de lo dicho con antelación, queda comprendido el ajuste inflacionario, incluso el derivado de las operaciones pactadas en unidades de inversión (UDIS);

(37) - Así si, en el caso, las operaciones celebradas por la quejosa se pactaron en las unidades previamente referidas, entonces constituyen un beneficio que deriva directa y necesariamente del crédito original, por lo que puede estimarse comprendido en la expresión "rendimientos de créditos de cualquier naturaleza" que utiliza el convenio en comento, ya que la legislación mexicana, sí considera al ajuste respectivo dentro del rubro "intereses" gravables por impuesto sobre la renta, como se desprende de los artículos 16-B del Código Fiscal de la Federación; así como 9, 179 y 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que incluyen los ajustes derivados del uso de las "UDIS" en el concepto de intereses, por lo que encuadran en el término previsto en el citado convenio;

(38) - En efecto, la revaluación en moneda nacional de las unidades de inversión a la fecha en que éstas se liquidan, implica un ingreso, en tanto que su valor actualizado al momento del pago, representa un incremento en el patrimonio del acreedor, que puede tener su origen en el pago de un crédito o deuda pactado en dichos instrumentos, lo que evidencia que el ingreso atinente tiene la naturaleza de un rendimiento del crédito, que se ubica en la definición de "intereses" contenida en el artículo 11, párrafo 4, del convenio fiscal entre México y Francia;

(39) - Así, en el caso, toda vez que la actora celebró un contrato de crédito, por medio del cual se obligó a pagar a una empresa residente en el extranjero una cantidad de dinero, pactando su deuda en unidades de inversión, se estima que la revaluación de "UDIS" que se efectúo con motivo del pago, representa un rendimiento o interés en favor de la residente en el extranjero, y

(40) - En tal virtud, al estar gravado el ajuste inflacionario, incluso a los residentes en el extranjero, es legal que se sostuviera que la quejosa debió retener y enterar el gravamen correspondiente, derivado de la revaluación de las unidades de inversión que se debían en lo principal, y fueron pagadas.

(41) II. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

(42) Por su parte, el ocho de marzo de dos mil doce, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el amparo directo 793/2011,(15) en el sentido de considerar sustancialmente fundados los conceptos de violación, por las siguientes razones:

(43) - El artículo 11 del Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta celebrado entre México y Francia, que se aplica para gravar las rentas generadas por las relaciones y/o actos jurídicos que se den entre las personas residentes de los Estados contratantes, regula los ingresos que serán considerados como interés, así como la forma en que serán gravados cuando deriven de relaciones entre personas de dichos países;

(44) - Para que un ingreso pueda gravarse como interés, debe encuadrar en la definición que acordaron México y Francia que, al respecto, determinaron que dicho concepto incluía los "rendimientos de crédito de cualquier naturaleza", sin que se advierta la existencia de cláusula alguna que deje abierta tal definición, o bien, de la que pudiera inferirse que su intención fue proporcionar una definición a modo enunciativo, pues ni siquiera hace una remisión a la legislación interna de ambos países, lo que revela que los Estados contratantes dieron una connotación especial a dicho concepto, para no considerar a los intereses en los términos legales domésticos;

(45) - Lo anterior, se corrobora con el análisis de otros convenios fiscales celebrados por México, en los que sí se establece una definición abierta de intereses, que incluye cualquier ingreso al que la legislación doméstica haga referencia;

(46) - Para determinar el alcance del concepto en cita, es necesario, conocer el significado de la frase "rendimientos de crédito de cualquier naturaleza" incluida en el convenio, que debe interpretarse conforme a lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que, en su artículo 31, establece las reglas al efecto, por lo que primero debe acudirse al sentido literal;

(47) - Así, por rendimiento debe entenderse el producto o utilidad que rinde algo, mientras que crédito es la cantidad de dinero, o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho a exigir o cobrar y, por tanto, según la letra del convenio, debe considerarse que el rendimiento crediticio es el provecho que se pacte y obtenga derivado, directamente, de una deuda contraída por un tercero;

(48) - Así, la expresión "rendimientos de créditos de cualquier naturaleza" debe entenderse acotada en la connotación descrita, sin que pueda estimarse que abarca el ajuste inflacionario que pudiera efectuarse por virtud de un pago, ni siquiera el derivado de las operaciones denominadas en unidades de inversión, pues se trata de un instrumento creado, exclusivamente, para México y, en ese tenor, no puede estimarse que la intención de los Estados contratantes haya sido considerar, como parte de los intereses gravables, el ajuste respectivo , máxime porque éste no constituye un beneficio que derive, directa y necesariamente de un crédito sino que, en realidad, es un mero acoplamiento que ocurre en cualquier tipo de operación financiera, derivado de la aplicación de un valor creado para enfrentar la inflación en México;

(49) - En esta lógica, sólo podría sostenerse que el ajuste en comento se encuentra comprendido en la expresión que se analiza, si se hubiera indicado así o, cuando menos, se hubiera hecho alusión genérica a los rendimientos inflacionarios, que aun cuando pueden darse en el contexto de un crédito, no es el préstamo en sí el que los genera, sino la aplicación de los valores o factores considerados para medir y procurar el valor adquisitivo del dinero en una economía determinada;

(50) - No es óbice a lo anterior que la Ley del Impuesto sobre la Renta sí considere los ajustes derivados de la aplicación de índices, factores o de cualquier otra forma en el concepto de intereses, pues ello es irrelevante en relación con el convenio, ya que éste no remite al derecho interno de los países firmantes, por lo que México no puede apoyarse en él para gravar este tipo de ajuste;

(51) - Así, si en el caso particular, una empresa francesa hizo un préstamo de una cantidad específica en unidades de inversión, las cuales le fueron devueltas, cuando menos en parte, no hubo un incremento real en su patrimonio, pues no recibió más dinero del que prestó, aun cuando la deudora mexicana tuvo un mayor egreso en términos nominales, por lo que no puede hablarse de un "rendimiento de crédito" en términos del artículo 11 del convenio referido que, como se ha dicho, debe entenderse sólo en relación con las utilidades pactadas y recibidas por el deudor, que fueron gravadas por separado;

(52) - Si se diera el caso de haber obtenido una ganancia inflacionaria en relación con su moneda, ésta no puede ser gravada al tenor de la norma mencionada en el párrafo anterior, sino que al hacer el cambio a la de aquel país, es cuando serán gravados los tributos que deben pagarse, por tratarse de una cuestión que sólo concierne a su economía, lo que resulta congruente con lo dispuesto en el artículo 7 del convenio en comento, que prevé los "beneficios empresariales", establecidos para englobar conceptos indefinidos o poco claros, que no afecten ni a todos los países, ni a todos los contribuyentes, pero que puedan considerarse como una renta derivada de la actividad del residente extranjero, tenor éste, en el que se encuadra el ajuste inflacionario, que no está incluido, claramente, en el concepto de intereses, ni en otro del convenio en estudio;

(53) - Por tanto, se considera que el ajuste inflacionario del que pudiera resultar algún tipo de rendimiento que beneficie a una empresa de uno de los países miembros, debe considerarse como un beneficio empresarial, y regirse conforme a las reglas de tributación relativas;

(54) - Finalmente, la reserva formulada por México, en relación con su derecho a considerar como intereses otros tipos de ingresos, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Convención de Viena, tiene sentido sólo respecto de los tratados multilaterales, pues en el caso de los bilaterales, debe estarse a lo acordado por los Estados contratantes, que es a los únicos a los que concierne y, por tanto, aun cuando México planteó una reserva al artículo 11 del convenio en cita, ésta no puede considerase aplicable, de ninguna (sic) a la definición de intereses contenida en el precepto en cita, pues aun cuando pudo haber convenido un concepto más amplio, lo cierto es que no lo hizo, y

(55) - En este tenor, dentro del término "intereses" que establece el convenio fiscal en comento, no queda comprendido el ajuste inflacionario, ni siquiera el derivado de las operaciones denominadas en unidades de inversión.

(56) QUINTO. Existencia de la contradicción. De las consideraciones desarrolladas con antelación es posible concluir que, en la especie, existe la contradicción de tesis denunciada por los Magistrados, pues los órganos jurisdiccionales que emitieron los criterios mencionados se pronunciaron sobre un mismo punto jurídico y, sin embargo, adoptaron criterios discrepantes al resolverlo.

(57) Esto es así, porque el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo, en lo que importa, que la definición de intereses contenida en el artículo 11 del Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta celebrado entre México y Francia, incluye el ajuste en unidades de inversión (UDIS) toda vez que, ante la existencia de un crédito entre la actora y el residente en el extranjero, se efectuó una revaluación, que implica un rendimiento o interés, el cual representa un ingreso para el acreedor.

(58) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo, en esencia, que la definición de intereses contenida en el artículo 11 del convenio fiscal celebrado entre México y Francia, no incluye el ajuste en unidades de inversión (UDIS), y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24599-b64135e6/renta-el-termino-intereses-contenido-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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