RENUNCIA. SI EL TRABAJADOR OBJETA EL ESCRITO RELATIVO EN CUANTO A SU CONTENIDO, FIRMA O HUELLA DIGITAL, A ÉL LE CORRESPONDE LA CARGA DE PROBAR SU OBJECIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 229/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CANCÚN, QUINTANA ROO. 10 DE JULIO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: ERIKA FRANCESCA LUCE CARRAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia del trabajo, de la especialidad de esta Segunda Sala.
No pasa inadvertida la entrada en vigor de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación del pasado seis de junio de dos mil once, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el correspondiente al dos de abril de dos mil trece, en el que se expidió la Ley de Amparo, en específico, el artículo 226, fracción II, cuyos contenidos disponen:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción"
"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:
"I. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus Salas;
"II. El Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito; y
"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente."
De donde se advierte que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada en un mismo circuito con diferente especialización y los Tribunales Colegiados de distinto circuito, tal y como acontece en el presente asunto, pues los tribunales contendientes pertenecen a diversos circuitos.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, cuyo órgano colegiado emitió y sustentó uno de los criterios contendientes en la presente contradicción, al resolver el amparo directo laboral 530/2012, lo cual encuentra su fundamento en el artículo 227 de la Ley de Amparo, vigente desde el tres de abril de dos mil trece.
TERCERO. Sistema de contradicción de tesis. Para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer, constituye un presupuesto necesario determinar si existe la contradicción de criterios denunciada.
Tal como lo sostuvo este Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión del treinta de abril de dos mil nueve, por unanimidad de diez votos, para que se dé una contradicción de tesis es indispensable que dos órganos jurisdiccionales, sobre un mismo punto de derecho, adopten criterios jurídicos discrepantes a través de argumentaciones de índole lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia determinada.
Al respecto, debe precisarse que con el sistema de contradicción de tesis establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se persigue acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios de los órganos jurisdiccionales terminales, al resolver un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que deberá observarse en lo subsecuente para resolver asuntos similares o iguales a los que motivaron la denuncia respectiva.
En esa tesitura, a efectos de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el criterio que habrá de prevalecer, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.
I. Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito
El veinticinco de enero de dos mil trece, al resolver el amparo directo laboral 530/2012, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Uno de los conceptos de violación propuestos es fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, aunque para considerarse así se supla la deficiencia de la queja en los conceptos de violación, de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. ... La parte quejosa indica que la Junta responsable no apreció los hechos en conciencia, en tanto que le otorgó plena eficacia jurídica al documento referente a la ‘carta renuncia’, de treinta de junio de dos mil diez, en la cual, supuestamente, dio por terminada la relación de trabajo en forma voluntaria como gerente de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable. Agrega que la Junta responsable consideró que resultaba inútil el análisis del resto de las probanzas, con lo cual lo dejó en estado de indefensión, toda vez que no valoró la prueba confesional en la que se declaró confesa a la parte demandada de todas las posiciones que le fueron formuladas. ... Esos conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, como se adelantó, resultan fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, atentas las consideraciones jurídicas siguientes: Como se puede advertir, el solicitante de amparo basa sus motivos de inconformidad, en esencia, en que la autoridad responsable, indebidamente, dio valor probatorio pleno a la documental privada consistente en la carta de renuncia de treinta de junio de dos mil diez. ... Contrariamente a lo que estima la autoridad responsable, la documental privada, consistente en la carta renuncia de treinta de junio de dos mil diez, no merece valor probatorio pleno. Es cierto, como lo determinó la Junta responsable, el actor tenía que demostrar la objeción de falsedad que realizó respecto de la documental privada consistente en la multicitada carta renuncia; sin embargo, por tratarse de un documento privado que no fue reconocido expresa o tácitamente por el supuesto suscriptor, sino que fue objetado de falso, ello obligaba al patrón oferente a perfeccionarlo con diversas pruebas, para estar en condiciones de otorgarle pleno valor probatorio. Ciertamente, los artículos 797, 802, 803, 804, 805 y 811 de la Ley Federal del Trabajo, que son aplicables al presente asunto, son del tenor literal siguiente: (se transcriben). De los preceptos legales invocados deriva, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1. Los documentos privados que las partes tengan en su poder los deberán presentar; si éstos se objetan, se dejarán en autos para su perfeccionamiento, si no, podrá solicitarse la devolución, previa copia certificada. 2. Se entiende como autor de un documento privado al que lo suscribe, y como suscripción, la colocación al pie del escrito de la firma o huella digital que sean idóneas, para identificar a la persona. 3. La suscripción de un documento privado hace plena fe de que el suscriptor lo firmó siempre y cuando lo haya ratificado en su contenido y firma o huella digital; sin embargo, el contenido que no se repute proveniente del autor deberá justificarse con prueba idónea y del señalado en el artículo 33 de esta ley. 4. Las partes deberán exhibir los documentos que ofrezcan como prueba para que obren en autos. 5. En caso de que se objete un documento en cuanto a contenido, firma o huella digital, las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 93/2001, interpretó los mencionados preceptos legales, concluyendo, en lo que interesa, lo siguiente: (se transcribe). De la anterior ejecutoria derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 2/2002, la cual es del tenor literal siguiente: (se transcribe). Luego, si en el juicio de origen la parte actora no reconoció expresa o tácitamente la documental privada, carta de renuncia de treinta de junio de dos mil diez, pues la objetó no en cuanto a su alcance y valor probatorio, sino por catalogarla de falsa, según indicó, por no haberla firmado, y tomando en cuenta que la parte demandada en el juicio natural no perfeccionó dicha documental con otras pruebas, es de concluirse que carece de valor probatorio pleno. Esta afirmación se sustenta en que la actividad probatoria es una carga procesal que las partes deben cumplir en los momentos procesales oportunos, pero siempre en interés propio, pues a cada una de ellas es a quien interesa que el juzgador llegue a la convicción de que los hechos alegados a favor de sus intereses o en contra del opuesto han quedado acreditados por medio de las pruebas rendidas para ese efecto. En este sentido, la carga de la prueba, en tanto carga procesal de las partes, debe entenderse como un deber de realización facultativa que aquéllas han de asumir en beneficio de sus propios intereses, pues es a través de la actividad probatoria que la ley faculta a las partes para que aporten al juzgador los elementos de convicción para que sea estimada por éste la pretensión que hayan formulado. En esas condiciones, como lo afirma el solicitante de amparo, la Junta responsable no debió desestimar las pruebas ofrecidas de su parte con apoyo en que a la documental privada, consistente en la ‘carta de renuncia’ de treinta de junio de dos mil diez, le correspondía valor probatorio pleno. Lo anterior, tomando en cuenta que es un documento privado el cual no fue reconocido expresa o tácitamente, sino que fue objetado de falso por el supuesto suscriptor, por lo que el oferente tenía la carga procesal de perfeccionarlo con otras probanzas, para que se le pudiera otorgar pleno valor probatorio. En otras palabras, la objeción de una documental privada por parte del trabajador implica que no es ratificada, y trae como consecuencia que se arroje a la patronal la obligación de asumir la carga de la prueba de su excepción, en el sentido de que el primero renunció al trabajo y, en caso de que no asuma esa carga, conforme al segundo párrafo del artículo 801 de la Ley Federal del Trabajo, queda reducida a un indicio, es decir, no posee eficacia demostrativa plena del hecho que se pretenda acreditar. En conclusión, el documento de que se trata, como no fue perfeccionado con otras probanzas, carece de valor probatorio pleno para acreditar la renuncia del trabajador y queda reducido al rango de un indicio aislado. Por el tema que se ha abordado en esta ejecutoria, es oportuno precisar que la entonces Cuarta Sala del Alto Tribunal estableció la jurisprudencia que dice: ‘DOCUMENTOS OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. En caso de objeción de documentos que aparecen firmados por el propio objetante, corresponde a éste acreditar la causa que invoque como fundamento de su objeción, y si no lo hace así, dichos documentos merecen credibilidad plena.’. Sin embargo, debe precisarse que los precedentes que integraron dicha jurisprudencia son amparos directos resueltos en fechas anteriores a la de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos ochenta, en cuyo artículo 833 se incorporó la prueba presuncional [iuris tantum]; por esa razón, dicho criterio no resulta aplicable al caso a estudio. ... En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 80 de la ley de la materia, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados, para que la Junta responsable observe las siguientes directrices, deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, emita uno nuevo, en el que prescinda en considerar que la documental privada, consistente en la ‘carta de renuncia’, ofrecida por la parte demandada, tiene pleno valor probatorio, ya que, al no haber sido perfeccionada, sólo tiene valor de un indicio aislado. Luego, emprenda la valoración en su conjunto de las pruebas aportadas por el trabajador en las que sustenta su acción y, con plena libertad de jurisdicción, resuelva conforme en derecho corresponda la litis sometida a su potestad. Por las razones expresadas, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, al resolver el amparo directo 793/2010, en sesión de trece de mayo de dos mil once, del que surgió la tesis que dice: ‘RENUNCIA POR ESCRITO. REGLAS PARA SU VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 802, 811 Y 880, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).’ (se transcribe). En lo que interesa destacar, el referido tribunal consideró que el trabajador tiene la carga de la prueba cuando objeta de falsa la prueba documental privada, consistente en el escrito de renuncia presentada por la parte patronal y que, en caso de no demostrar su objeción, dicho documento privado adquiere plena validez sin ser necesario que el patrón lo perfeccione con otro medio de convicción. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 82/2010, en sesión de catorce de julio de dos mil diez, estimó que, al ser objetada de falsa la mencionada documental privada (escrito de renuncia) por el trabajador, el patrón tiene la carga probatoria de perfeccionarla con diversos medios de convicción para que adquiera pleno valor probatorio. Criterio que, en lo esencial, se comparte conforme a los razonamientos en que se sustenta el presente fallo. En consecuencia y con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, fracción III y último párrafo, de la Ley de Amparo, se considera necesario denunciar la posible contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ..."
II. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito
El catorce de julio de dos mil diez, al resolver el amparo directo laboral 82/2010, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Los conceptos de violación insertos conducen a determinar lo siguiente: ... Precisado lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación hechos valer por el apoderado del quejoso. En el primero de ellos, el peticionario sostiene, en esencia, que la Junta responsable omitió señalar las causas por las cuales desestimó la prueba documental, de quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, por lo cual, se reclamó su nulidad, misma que no acredita su renuncia a su empleo. El concepto de violación resumido es fundado supliendo este tribunal la queja deficiente, en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, por los motivos que se pasan a exponer: ... Atendiendo a todo lo anterior, este tribunal estima que la Junta responsable mal resuelve, en razón de que los artículos 802 y 811 de la Ley Federal del Trabajo establecen lo siguiente: (se transcriben). Luego, si el actor demandó el pago de indemnización constitucional por despido injustificado y, por su parte, la empresa demandada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable se excepcionó en el sentido de que el operario renunció voluntariamente a su empleo, a través de escrito de quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, y para acreditar lo anterior, ofreció esa documental, misma que se objetó en cuanto a la autenticidad de contenido y firma, y como medio de perfeccionamiento, su ratificación por parte del accionante, asimismo, ofreció la pericial en materia caligráfica y grafoscópica, y propuso perito de su parte. Sin embargo, en el desahogo de la prueba de ratificación, en acta levantada para tal efecto, el veinticinco de enero de dos mil el ahora quejoso, al responder la posición número cuatro, no reconoció como suya la firma que calza el medio de convicción en estudio, mismo que lo tuvo a la vista; por lo que, al no desahogarse la prueba pericial ofrecida por la patronal, en términos de lo dispuesto por el artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo, la carta renuncia al empleo del actor, de quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, la cual se ofreció para acreditar la excepción opuesta, carece de valor probatorio por no haber sido ratificada por el suscriptor y no haber sido perfeccionada con la prueba pericial en materia caligráfica y grafoscópica que anunció la empresa demandada, pues acorde a lo preceptuado por el diverso 811 del citado cuerpo legal, si se objeta la autenticidad de algún documento, en cuanto a contenido y firma o huella digital, las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones, las que se recibirán, si fueren procedentes, en la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere el artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo; de ahí que es evidente que la juzgadora, al laudar incorrectamente, le concedió valor probatorio al multicitado medio convictivo e impuso la carga de la prueba al accionante en este aspecto; lo que trae como consecuencia que el laudo impugnado resulte violatorio de las garantías individuales que invoca el quejoso en su escrito inicial de demanda. Atendiendo a lo anterior, resulta innecesario ocuparse de los restantes conceptos de violación que hace valer el quejoso; ello, en términos de la jurisprudencia número ciento sesenta y ocho, sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página ciento trece, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, cuyos rubro y texto dicen: (se transcribe). Consecuentemente, procede conceder a ********** el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, dicte otro, en el que siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, niegue valor probatorio a la prueba documental ofrecida por la empresa **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su escrito relativo, identificada con el apartado cuatro, consistente en carta renuncia de quince de septiembre de mil novecientos noventa y ocho. ..."
III. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región
El trece de mayo de dos mil once, al resolver el expediente auxiliar 200/2011, en apoyo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, Campeche, en el amparo directo laboral 793/2010, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. De conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, los conceptos de violación se examinarán en conjunto, a fin de resolver el tema efectivamente planteado. Aduce el quejoso, en esencia, que el laudo reclamado viola en su perjuicio los artículos 14, 16, 17 y 123, apartado A, constitucionales, pues la Junta responsable no consideró que el actor acreditó fehacientemente su despido. Sostiene que el laudo reclamado carece de congruencia, veracidad y credibilidad, ya que la responsable no valoró correctamente las pruebas. Esto, porque omitió valorar las ofrecidas por el ahora quejoso y se limitó al análisis de las ofertadas por la demandada, sin reparar en las violaciones cometidas durante el juicio laboral. Además, dice, tampoco tomó en cuenta las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, ni estudió si los dictámenes periciales reúnen los requisitos de ley. De lo contrario, alega, habría resuelto que la empresa demandada no acreditó sus excepciones y defensas. Son infundados los anteriores motivos de inconformidad, puesto que, como lo determinó la Junta responsable, la demandada acreditó la renuncia del trabajador, con lo que se desvirtuó la existencia del despido. A. Carga de la prueba. A fin de demostrar la afirmación precedente, es preciso acudir a las disposiciones que regulan la distribución de las cargas probatorias cuando la controversia se centra en determinar si el patrón despidió injustificadamente al obrero o si éste renunció por escrito a su empleo. Al respecto, los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo establecen: (se transcriben). De los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que corresponde al patrón la carga de probar los elementos básicos de la relación laboral, entre los cuales figuran las causas de terminación de ese vínculo. Asimismo, del artículo 805 del mencionado ordenamiento se sigue que si el patrón no asume la referida carga, deben presumirse ciertos los hechos aducidos en la demanda del obrero. Ello se justifica porque la empresa dispone de mejores elementos para la comprobación de los hechos inherentes al vínculo de trabajo. Así, cuando el patrón niega el despido afirmando que el trabajador renunció a su empleo, le corresponderá a aquél la carga de demostrar la renuncia que alega. Es menester precisar que el escrito de renuncia es el documento privado suscrito por el trabajador, mediante el cual expresa al patrón su voluntad unilateral de extinguir la relación laboral. Esto significa que como la renuncia por escrito se expresa en un documento privado que se atribuye a una de las partes, pueden presentarse dos supuestos que se tratan de manera diferente, según sea el caso. En primer término, hay que precisar que la objeción denota la actitud del trabajador hacia el documento privado que contiene la renuncia, para evitar el reconocimiento tácito. Esto significa que la objeción pone de manifiesto que no existe disposición de someterse al documento en el que se expresa la renuncia. Por el contrario, la falta de objeción implica la conformidad con el contenido del documento privado en el que se formula la renuncia. 1. Renuncia no objetada. Así, si el documento privado en el que se manifiesta la renuncia no es objetado por la parte en contra de la que se presenta (trabajador), entonces, opera el reconocimiento tácito como medio de perfeccionamiento, cuya consecuencia es tener por admitido el documento en el que consta la renuncia, como si hubiera sido reconocido expresamente y, por tanto, adquiere plena validez como prueba del acto que en él se hizo constar (renuncia). Apoya la consideración anterior el siguiente criterio jurisprudencial de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ‘RENUNCIA AL TRABAJO. DOCUMENTOS NO OBJETADOS. VALOR PROBATORIO. Si el trabajador demandante no objetó en cuanto a su autenticidad la documental exhibida por la empresa demandada, consistente en el escrito en el que aquél renunció al puesto que desempeñaba, para que se conceda valor probatorio a dicho documento no se requiere que haya sido perfeccionado mediante la ratificación de las personas que en el mismo intervinieron’. 2. Renuncia objetada. En este supuesto, pueden ocurrir, a su vez, dos casos. El primero se presenta si el trabajador desconoce tanto el contenido como la firma o huella contenidos en el documento exhibido por el patrón. Ante esta situación, debe seguirse la regla contenida en el artículo 811 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: (se transcribe). Del precepto anterior se advierte que si el operario objeta la autenticidad del escrito de renuncia, le corresponderá acreditar su objeción. Es así, porque el artículo 811 de la Ley Federal del Trabajo establece que cuando las partes objeten la autenticidad de un documento, en cuanto a contenido, firma o huella digital, podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones. Luego, en ese supuesto, el trabajador tiene la carga de probar el hecho en el que se sustenta su impugnación de falsedad, es decir, que la firma, huella o contenido de la renuncia no le corresponden. En este caso, si demuestra que alguno de esos elementos no le es atribuible, entonces, debe tenerse por probada la objeción que haga valer. El segundo, se presenta cuando el trabajador desconoce el contenido, pero reconoce la firma o la huella. Entonces, debe aplicarse la regla contenida en el artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: (se transcribe). Del precepto transcrito se desprende que la suscripción hace plena fe de la formulación del documento por parte del suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital, ello significa que en ese supuesto adquiere valor probatorio pleno. Luego, si la parte a quien se le atribuye el documento impugna de falso sólo el contenido, a ella le corresponde demostrar sus objeciones mediante prueba idónea. De no hacerlo, éste conservará su valor probatorio, pues se considerará al objetante autor del contenido en el que aparece la firma o la huella que reconoció. Esto significa que, ante un documento privado en que expresa o tácitamente se reconoció la firma o la huella, aunque no se reconozca el contenido, la simple objeción es insuficiente para restarle la fuerza probatoria plena que adquiere por virtud, precisamente, del reconocimiento. Con relación al tema, resulta ilustrativa la parte final de la jurisprudencia 2a./J. 2/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto dicen: (se transcribe). ... B. Validez de la renuncia. Atento a lo anterior, de las pruebas que ofreció, la única que resultaba apta para comprobar si le asistía o no la razón era la pericial en documentoscopia. Y, como ya se relató, en el desahogo de dicho medio de convicción el perito llegó a la conclusión de que no es posible determinar cuál de los dos elementos se colocó primero, si la firma o el contenido (texto), pues en el estado actual de esa disciplina no existe una tecnología que permita discernir ese punto. En consecuencia, debe concluirse que el demandado cumplió con su carga de acreditar que el trabajador renunció a su empleo mediante escrito de seis de marzo de dos mil tres. Ello, porque el documento quedó perfeccionado mediante el reconocimiento espontáneo del actor, de que la firma que aparece estampada en ese escrito le corresponde, lo que permite reputarlo autor del contenido (texto) de la renuncia. En cambio, el trabajador no satisfizo su carga procesal de acreditar la objeción que formuló en contra del contenido (texto) del escrito de renuncia, en tanto que la prueba pericial que ofreció para tal efecto resultó adversa a sus intereses. En esas condiciones, se estima que la Junta responsable resolvió acertadamente el punto de la controversia relativo a la causa de terminación del vínculo laboral. En efecto, analizó correctamente la controversia, pues examinó si el demandado había acreditado la renuncia que adujo para desvirtuar el despido. Asimismo, acertó al determinar que se encuentra probada la renuncia en la que se sustentó la defensa de la empresa, pues de la pericial desahogada en autos se desprende que la objeción al contenido (te
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24650-d7c7d2f4/renuncia-si-el-trabajador-objeta-el-escrito-relativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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