Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA. CUANDO ES RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA, ADQUIERE FECHA CIERTA DESDE EL MOMENTO EN QUE SE CELEBRÓ EL CONVENIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 214/2013. · Registro digital (IUS): 24685
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Pág. 829.

AMPARO EN REVISIÓN 214/2013. 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: NELSON LORANCA VENTURA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Son sustancialmente fundados los agravios planteados.

Argumentan los recurrentes que la sentencia que combaten es ilegal, debido a que el juzgador tomó en cuenta como fecha cierta del contrato privado de promesa de compraventa el once de febrero de dos mil ocho, siendo que ese acuerdo de voluntades se celebró el treinta y uno de agosto de dos mil seis, como se justificó con la sentencia dictada por la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, dentro del toca de apelación ********** de dos de marzo de dos mil once, en cuyos puntos resolutivos se estableció que había probado la acción de otorgamiento de escritura pública de contrato de compraventa, con lo que se reconoce y valida la certeza del contrato privado desde la fecha en que aconteció; es decir, los efectos de la acción se retrotraen a la fecha en que se dio su celebración.

Asiste razón a los inconformes.

Por razón de orden, conviene dejar establecido que los quejosos ********** y **********, no fueron parte en el juicio ejecutivo mercantil de donde proviene el acto reclamado, pues éste fue promovido por **********, en su carácter de endosatario en procuración de ********** en contra de **********, también conocido con el nombre de **********, de quien reclamó el pago de **********, por concepto de suerte principal e intereses moratorios.

Los impetrantes exhibieron junto con su demanda de garantías, copia certificada de la sentencia de dos de marzo de dos mil once (fojas dieciocho a veintitrés vuelta) dictada en el toca **********, de la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, relativa al recurso de apelación promovido por los quejosos en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juez Noveno de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, en el expediente **********, referente al juicio de otorgamiento de escritura pública de compraventa, promovido por ellos, en contra de ********** y **********, de la que se advierte que el tribunal de alzada, revocó la sentencia recurrida y estimó probada la acción intentada, condenando a los demandados a otorgar la escritura pública relativa.

Por otro lado, dentro de las actuaciones del juicio generador, se desprende lo siguiente:

Mediante escrito y anexos recibidos el nueve de octubre de dos mil seis, por la Oficialía de Partes del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, **********, a través de su endosatario en procuración **********, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de ********** o **********, de quien demandó diversas prestaciones (fojas sesenta y tres a setenta y cinco, según su múltiple folio).

Por auto de diecisiete octubre de dos mil seis, el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, admitió la demanda de mérito, registrándola con el número ********** y ordenó el requerimiento de pago, el embargo de bienes suficientes -en su caso- y el emplazamiento del demandado (fojas setenta y seis a setenta y ocho, según su múltiple folio).

Mediante diligencia de veinticinco de enero de dos mil siete, la diligenciaria de los expedientes pares del juzgado responsable se constituyó en el domicilio que la parte actora señaló como el del demandado, con quien entendió la diligencia, requiriendo el pago de la suerte principal así como de los intereses moratorios demandados, a lo que aquel se negó, por lo que se le requirió señalara bienes a fin de garantizar el pago, sin que lo hiciera, por lo que se transfirió tal derecho a la parte actora, quien señaló para la traba de embargo, la fracción restante del bien inmueble marcado con el número ********** letra **********, de la calle privada **********, de la colonia **********, de la ciudad de Puebla (foja ochenta y uno, según su múltiple folio).

Luego, mediante promoción de nueve de febrero de dos mil siete, la parte actora solicitó al Juez responsable que remitiera el acta de embargo al registrador público de la Propiedad de la ciudad de Puebla, para la correspondiente inscripción del embargo del inmueble a fin de evitar cualquier movimiento traslativo de dominio (foja noventa y ocho, según su múltiple folio), petición que fue acordada favorablemente mediante proveído de diecinueve de febrero siguiente (foja noventa y cinco, según su múltiple folio), enviándose para tal efecto el oficio sin número de nueve de marzo de dos mil siete (foja ciento siete, según su múltiple folio).

Seguida la secuela procesal, el dieciocho de agosto de dos mil ocho, el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, dictó sentencia, en la que condenó al demandado al pago de la suerte principal y demás prestaciones reclamadas (fojas ciento cuarenta y ocho a ciento cincuenta y dos, según su múltiple folio).

Inconforme con dicha determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, del cual conocieron los Magistrados integrantes de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes por resolución de doce de noviembre de dos mil ocho, enmendaron la sentencia apelada, a efecto de modificar la condena en costas (los antecedentes narrados en los puntos seis y siete fueron obtenidos de la resolución emitida por la propia Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el veinte de mayo de dos mil nueve [foja ciento sesenta vuelta y ciento sesenta y uno]).

Posteriormente, el recurrente promovió juicio de amparo directo, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, quien radicó el asunto con el número **********, y mediante sentencia de catorce de mayo de dos mil nueve, concedió el amparo y protección federal.

En cumplimiento a dicho fallo, el veinte de mayo de dos mil nueve, la aludida Sala civil dictó nueva determinación (fojas ciento sesenta a ciento setenta y ocho, según su múltiple folio), en la que determinó revocar la sentencia definitiva, estimando justificada la acción intentada en el juicio ejecutivo mercantil.

De lo anterior se advierte que el inmueble materia de la controversia, fue embargado dentro del expediente ********** , relativo al juicio ejecutivo mercantil seguido ante el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, sin que los quejosos hubieran sido parte en dicho proceso judicial.

Por tanto, los amparistas tienen el carácter de terceros extraños en relación con el juicio ejecutivo mercantil en el que se llevó a cabo el acto reclamado en esta vía.

Lo anterior es así, puesto que tercero extraño en el amparo es aquel que en un procedimiento resulta afectado en sus bienes o derechos por actos o resoluciones de autoridad, sin ser parte en dicho procedimiento, al no ejercer alguna acción ni haberse planteado otra en su contra, así como tampoco haber intervenido en el proceso judicial y, por ende, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa, como es el caso.

Es aplicable al respecto, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico IUS 196932 que dispone:

"PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente."

Precisado lo anterior, debe decirse que son fundados los agravios relativos a que es incorrecto lo considerado por el Juez de Distrito respecto a que el contrato privado de promesa de compraventa de treinta y uno de agosto de dos mil seis, con base en el cual se instauró el juicio de otorgamiento de escritura pública, adquirió fecha cierta hasta el once de febrero de dos mil ocho, cuando se presentó la demanda respectiva.

Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto que para que un documento en que conste un contrato privado de compraventa sea suficiente para acreditar la existencia del acto jurídico también lo es que es necesario que cuente con fecha cierta, y que ello sólo acontece cuando se realizan algunos de los siguientes actos:

1. Se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

2. Se celebre o ratifique ante fedatario público.

3. Se presente ante funcionario en razón de su oficio.

4. Muera cualquiera de los firmantes.

Sin embargo, debe tenerse presente que los quejosos, aquí recurrentes, anexaron a su demanda de amparo, copia certificada de la sentencia de dos de marzo de dos mil once (fojas dieciocho a veintitrés vuelta) dictada en el toca ********** de la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, relativa al recurso de apelación promovido por los amparistas en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juez Noveno de lo Civil de Puebla, en el expediente **********, relativo al juicio de otorgamiento de escritura pública de compraventa, promovido por ellos, en contra de ********** y **********, de la que se advierte que el tribunal de alzada, revocó la sentencia recurrida y estimó probada la acción intentada, precisamente con base en el documento que contiene el contrato privado de compraventa de treinta y uno de agosto de dos mil seis, por lo que es inconcuso que esa es la fecha cierta de ese documento, porque además de haberse exhibido ante un funcionario con motivo de su oficio, el aquí inconforme obtuvo sentencia favorable en la que se ordenó el otorgamiento en escritura pública del contrato de esa fecha.

Lo anterior es así, porque los efectos de la sentencia dictada en el juicio de otorgamiento de escritura pública de compraventa se retrotraen en el tiempo, ya que con la emisión de la resolución correspondiente se reconoce la certeza del contrato de compraventa celebrado entre las partes, desde la fecha en que aquélla aconteció.

Para evidenciar lo anterior, conviene transcribir el numeral 164 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en vigor:

"Artículo 164. En las acciones declarativas tendrán aplicación las disposiciones siguientes: ... III. Los efectos de la sentencia podrán retrotraerse al tiempo en que se produjo el estado de hecho o de derecho, sobre que verse la declaración."

Tal numeral prevé que tratándose de sentencia emitida en acciones declarativas, los efectos de éstas se remontan al tiempo en que se produjo el estado de hecho o derecho; lo cual acontece en el presente caso, dado que el fallo dictado en el juicio de otorgamiento y firma de escritura pública, en favor del actor reconoce la propiedad de los quejosos adquirida por virtud del contrato privado de compraventa.

Luego, si la sentencia que reconoció la propiedad del bien inmueble en favor, de la parte actora declaró la existencia de un derecho y, además condenó a la parte demandada a otorgar y firmar la escritura de compraventa apercibiéndola, incluso, que de no hacerlo, la firmaría en rebeldía el Juez; es claro que ese reconocimiento da certeza del acto jurídico existente desde la fecha en que se celebró la transacción.

Así, es cierto que los efectos jurídicos de la resolución emitida en el juicio de otorgamiento de escritura se retrotraen en el tiempo a la fecha de la celebración del contrato de compraventa que dio origen al controvertido de mérito, pues fue a través del procedimiento judicial que culminó con la sentencia correspondiente, que se estableció la certeza y legalidad del acto jurídico, por lo cual se condenó a los demandados a otorgar la escritura correspondiente en favor de los amparistas. De ahí que la fecha cierta del contrato de compraventa sea desde el momento de la realización de dicho convenio, al validarse, precisamente, con la resolución definitiva correspondiente. En este mismo sentido se pronunció este órgano colegiado en las resoluciones dictadas en los tocas de revisión 69/2005 y 214/2013.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de este Tribunal Colegiado, al resolver los amparos en revisión 471/2011, 472/2011, 484/2011 y 184/2013, con registro 2000333 en el sistema electrónico de consulta IUS, visible a página 1099, Libro VI, Tomo 2, marzo de dos mil doce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

" Si bien para que un documento en que conste un contrato privado de compraventa sea suficiente para acreditar la existencia del acto jurídico es necesario que cuente con fecha cierta, y que ello sólo acontece cuando se realiza alguno de los siguientes actos: 1. Se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 2. Se celebre o ratifique ante fedatario público; 3. Se presente ante funcionario en razón de su oficio; y 4. Muera cualquiera de los firmantes; tratándose de un contrato privado de compraventa validado mediante sentencia definitiva emitida en un juicio de otorgamiento de escritura pública, éste adquiere fecha cierta desde el momento de realización de dicho convenio; lo anterior, porque como los efectos de la sentencia dictada en un juicio de esa naturaleza se retrotraen en el tiempo, ya que con la emisión de la resolución correspondiente se reconoce la certeza del contrato de compraventa celebrado entre las partes, desde la fecha en que aquélla aconteció; ello en términos del artículo 164 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en vigor a partir del uno de enero de dos mil cinco, el cual prevé que tratándose de sentencia emitida en acciones declarativas, los efectos se remontan al tiempo en que se produjo el estado de hecho o de derecho; entonces, el fallo que reconoció la propiedad del bien inmueble en favor de la parte actora, y además condenó a la parte demandada a otorgar y firmar la escritura de compraventa, apercibiéndola incluso que, de no hacerlo, la firmaría en rebeldía el Juez, es claro que ese reconocimiento da certeza del acto jurídico existente desde la fecha en que se celebró la transacción, al validarse precisamente con la resolución definitiva correspondiente."

Con base en lo anterior, debe decirse que resulta infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito, al carecer los quejosos del carácter de causahabientes.

No es obstáculo para la conclusión anterior, el hecho de que en el certificado expedido por el registrador público de la Propiedad (foja doscientos cincuenta y uno), que es parte del informe justificado y que fue aportado al juicio generador por el actor, aparezca que el nueve de mayo de dos mil seis se realizó la inscripción de una providencia precautoria de embargo, relativo al expediente ********** del Juzgado Décimo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, correspondiente a un juicio promovido por ********** en contra de **********, también conocido como **********, en el que se reclamó como suerte principal la cantidad de **********, pues aunque existe coincidencia entre las partes y la cantidad pretendida, se trata de un acto totalmente distinto al reclamado en el juicio de amparo, y que es el que afecta los derechos de los quejosos; esto es, al embargo inscrito el veinte de abril de dos mil siete, derivado del juicio ejecutivo mercantil promovido por ********** en contra de **********, también conocido como **********, en el que se reclamó como suerte principal la cantidad de **********, al que correspondió el número de expediente **********, del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, por lo que resulta irrelevante para los efectos de este juicio, la existencia de la inscripción de la providencia precautoria de embargo.

Igualmente se afirma que no es obstáculo para la conclusión anterior de que, en la especie, no se actualiza la causal de improcedencia determinada por el a quo, el hecho de que en el contrato de compraventa de treinta y uno de agosto de dos mil seis, aportado como prueba por los amparistas (foja treinta y cinco), aparezca en el punto dos de antecedentes "... que la propiedad aparece gravada por la cantidad de **********, más los gastos e intereses que este adeudo presente", pues dicha circunstancia es insuficiente para concluir que los compradores, aquí quejosos, tenían conocimiento de la existencia del embargo reclamado, derivado del juicio ejecutivo mercantil promovido por ********** en contra de **********, también conocido como **********, en el que se reclamó como suerte principal la cantidad de **********, al que correspondió el número de expediente **********, del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, pues el mismo se inscribió hasta el veinte de abril de dos mil siete, además de que los datos plasmados en el contrato son insuficientes para relacionarlos con la medida de aseguramiento, siendo importante señalar que las causas de improcedencia deben estar plenamente demostradas y no pueden inferirse a partir de presunciones.

Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia VI.2o. J/81, de este Tribunal Colegiado, anterior a su especialización en materia civil, con registro 224799 en el sistema electrónico de consulta IUS, visible a página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio-diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala:

"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente probadas y no inferirse a base de presunciones."

Así las cosas, en términos del artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta procedente considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.

QUINTO. Como conceptos de violación los quejosos expresan los siguientes: "Se violan en nuestro perjuicio las garantías de audiencia y legalidad que preconizan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que respecto del primer artículo señalado se establece que ‘... Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...’; y con respecto al segundo dispositivo legal invocado, este determina que: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’. Y como en el presente caso se nos han afectado nuestros derechos de propiedad que tenemos legalmente reconocidos sobre el inmueble materia de este juicio constitucional, sin haber sido oídos ni vencidos en juicio, resulta patente la violación de nuestras garantías individuales que consagran dichos dispositivos legales. Antes de proceder a abordar el estudio de fondo de los actos reclamados, consideramos oportuno dejar establecido que el artículo 14 constitucional tutela la garantía de propiedad, la cual, sólo puede privarse al gobernado a través de un juicio seguido ante la autoridad competente, previamente establecida, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, de acuerdo a las leyes expedidas con anterioridad al acto. Por tanto, la propiedad es una garantía que puede ser protegida por el juicio de amparo y, por ende, otorgarse la protección de la Justicia Federal pero, para que esto suceda, es requisito indispensable que el accionante de garantías exhiba el título mediante el cual se obtenga la certeza del derecho que se estima violentado, ya que sólo puede ser susceptible de ser probado, mediante el documento idóneo que lo ostente (título de propiedad). Luego entonces, si los aquí quejosos pretendemos ser sujetos de esa protección federal debemos aportar prueba idónea para acreditar la propiedad del bien inmueble afectado por un acto de autoridad, en la que conste la fe del acto que dio origen al derecho del que se es titular, situación que adquiere relevancia por encontrarnos en el caso de que somos terceros extraños al procedimiento del que emanan los actos reclamados, bastando para que se conceda el amparo, que se acredite el derecho real que se dice detentar respecto del bien inmueble relacionado con el juicio natural, por medio de un instrumento revestido de fe pública y que sea de fecha cierta, lo anterior siempre y cuando existan elementos que acrediten que el bien inmueble embargado en el juicio natural, encuentra identidad con el que los exponentes aducimos que es de nuestra propiedad, en virtud, de que es indispensable acreditar que dicho inmueble resulta ser el mismo. En el caso en estudio, se afirma que existe una patente violación de las garantías individuales consagradas en nuestro favor por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que a pesar de que el contrato privado de compraventa celebrado entre los suscritos y los vendedores no haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta capital, esto no constituye un requisito de validez del mismo, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 2122 del Código Civil del Estado, se establece que: ‘La venta es perfecta y obligatoria para las partes, por el solo convenio de ellas respecto al bien vendido y el precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho; es decir, se trata de un contrato consensual que se perfecciona por el puro consentimiento de las partes, sin que la inscripción del mismo, ante la autoridad registral, sea una exigencia necesaria para su validez; de ahí que aunque el nuevo dueño no inscriba su título ante el Registro Público de la Propiedad, esto de ninguna manera afecta o limita sus derechos adquiridos, pues el acto de inscripción no es constitutivo de derechos, siendo consecuentemente el comprador propietario del inmueble materia de esa operación. Ahora bien, para que los nuevos propietarios puedan proceder a entrar en defensa de sus derechos de propiedad que han sido afectados por los acreedores de sus enajenantes, cuando estos últimos ejercen acciones personales en su contra, lo anterior, a través de la interposición del juicio de amparo, es requisito necesario que dicho contrato tenga fecha cierta en la celebración del mismo, lo anterior para que se pueda acreditar el interés jurídico del quejoso, hipótesis que acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta certeza se puede dar bajo tres supuestos: el primero, desde el día en que se incorporan o inscriben en un registro público; el segundo, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes; y, tercero, desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público por razón de su oficio; siendo esta última circunstancia la que resulta aplicable en el caso en estudio, pues el contrato privado de compraventa que es fundatorio de esta acción constitucional (celebrado el día treinta y uno de agosto de dos mil seis) fue presentado por los exponentes ante el Juez Noveno de lo Civil de los de esta capital dentro de la demanda que presentamos en contra de los vendedores ********** y ********** en donde ejercitamos la acción de otorgamiento de escritura pública de contrato de compraventa, juicio que es el generador de los actos aquí reclamados y que se encuentra marcado con el número de expediente ********** de los de ese mismo juzgado. En consecuencia, como dicho contrato fue presentado ante una autoridad judicial dando origen a un juicio de otorgamiento y firma de escritura, por ese solo hecho adquiere el carácter de fecha cierta, pues a partir de ese momento crea convicción respecto de su existencia, precisamente, por haberse presentado ante un funcionario en ejercicio de sus funciones, como lo es un Juez del fuero común, sin que se pueda perder de vista que dicho contrato no nada más ha cumplido con el requisito de ser presentado ante una autoridad judicial sino que, además, dicho juicio ya se encuentra concluido con el pronunciamiento de la ejecutoria emitida con fecha dos de marzo de dos mil once por la H. Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado dentro de toca de apelación número **********, formado con motivo del recurso de apelación que hicimos valer en contra del fallo pronunciado por el Juez de origen y que, al revocarse la resolución impugnada, dentro de sus puntos resolutivos determinó que los actores sí habíamos probado la acción ejercitada de otorgamiento de escritura pública de compraventa, condenando a los demandados ********** y ********** a otorgar en escritura pública el contrato privado de compraventa celebrado con fecha treinta y uno de agosto de dos mil seis, respecto de la casa marcada con el número ********** guión **********, de la calle privada ********** de la colonia ********** de esta ciudad, Puebla; situación que implica que dicho contrato privado de compraventa ha alcanzado el grado de certeza jurídica, al haberse pronunciado la autoridad judicial sobre su validez y que por tratarse de una resolución de segunda instancia adquiere el rango de cosa juzgada, lo que confirma que el contrato traslativo de dominio ha adquirido la categoría de fecha cierta en el momento de su celebración ya que, incluso, ha condenado su otorgamiento mediante escritura pública de contrato de compraventa, ejecutoria que como se ha dejado señalado con anterioridad obra dentro de las fojas de la tres a la ocho de las copias certificadas que acompañamos a este libelo. Los criterios anteriormente expuestos encuentran apoyo y sustento jurídico en la jurisprudencia firme que ha emitido el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito y por las tesis de jurisprudencia pronunciadas por diversos tribunales federales, entre las que nos permitimos transcribir las siguientes: Jurisprudencia. Novena Época. Registro: 177345. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, septiembre de 2005. Materia(s) Civil. Tesis: VI.2o.C J/256. Página: 1235, de rubro: ‘COMPRAVENTA CELEBRADA EN CONTRATO PRIVADO. CUANDO TIENE FECHA CIERTA FACULTA AL ADQUIRENTE PARA DEFENDER SU PROPIEDAD ANTE ACREEDORES QUE DEDUZCAN DERECHOS PERSONALES CONTRA EL ENAJENANTE Y EMBARGUEN EL BIEN VENDIDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Queda claro que el contrato de compraventa se perfecciona y surte efectos entre los contratantes por su solo consenso respecto a la cosa y el precio, en términos del artículo 2122 del Código Civil para el Estado de Puebla; debe constar en escritura pública si su objeto recae sobre bienes inmuebles acorde con lo preceptuado en el diverso 2182 de la ley en cita; y su falta de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad genera la consecuencia de no hacer oponible ese derecho frente a terceros, en términos de los artículos 2988, fracción I y 2989 de esa codificación; sin embargo cuando ese contrato consta en documento privado es a partir del momento en que adquiere fecha cierta que el comprador puede emprender la defensa de su propiedad contra los acreedores de su enajenante, en caso de que éstos deduzcan acciones personales en su contra, ya que en este caso no se les puede considerar como titulares de un derecho real que afecte el bien en cuestión y no tienen, por tanto, poder directo e inmediato sobre él, razón por la cual, el embargo aun cuando esté registrado no puede afectar el derecho de quien adquirió con anterioridad la propiedad de un inmueble, por más que no esté inscrita en la partida correspondiente la traslación de su dominio.’. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. Novena Época. Registro: 167725. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, marzo de 2009. Materia (s): Civil. Tesis: IX.3o.12 C. Página: 2745, de rubro: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS. ADQUIEREN FECHA CIERTA CUANDO SON PRESENTADOS COMO BASE DE LA ACCIÓN EN UN JUICIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA. Atendiendo al criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 220, que se consulta en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, años 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 180, de rubro: «DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.», relativo a que los documentos privados sólo pueden considerarse que son de fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, ante un funcionario en razón de su oficio, o bien, a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes; es dable concluir que, cuando un contrato privado de compraventa se acompaña a una demanda que a su vez es presentada ante una autoridad judicial dando origen a un juicio de otorgamiento y firma de escritura, por ese solo hecho adquiere tal carácter, ya que a partir de ese momento crea convicción respecto de su existencia, precisamente, por haberse presentado ante un funcionario en ejercicio de sus funciones, como lo es el Juez, pues ello demuestra que el documento respectivo no fue antedatado con la finalidad de afectar actos jurídicos distintos; lo anterior, con independencia del valor probatorio que tenga para demostrar el derecho de propiedad del inmueble que en él se detalla, pues será hasta que se resuelva el contradictorio correspondiente, cuando se defina tal situación.’. Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Novena Época. Registro: 171781. Instancia: Tribunales Colegiados de C

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24685-0d908493/contrato-privado-de-compraventa-cuando-es-reconocido-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.