CONSTANCIAS DE POSESIÓN EXPEDIDAS POR EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES, MOTU PROPRIO, TIENEN VALIDEZ Y EFICACIA PROBATORIA, UNA VEZ QUE LA ASAMBLEA LAS RATIFICA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE DOS VOTOS. DISIDENTE: JAIME ALLIER CAMPUZANO. PONENTE: ROBERTO MEIXUEIRO HERNÁNDEZ. SECRETARIO: GABRIEL SUMANO LEYVA.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El Pleno del Décimo Tercer Circuito, en la sesión correspondiente al treinta de septiembre de dos mil trece, emite la siguiente
RESOLUCIÓN:
1. Relativa a la contradicción de tesis 1/2013, denunciada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, entre el criterio sostenido por dicho tribunal y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. En la resolución se analizará la siguiente cuestión:
2. ¿Las constancias de posesión otorgadas por el comisariado de Bienes Comunales, actuando motu proprio, y posteriormente ratificadas por la asamblea de comuneros, tienen validez y eficacia probatoria?
I. Antecedentes
3. Los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mediante escrito recibido el ocho de julio de dos mil trece, en la ponencia del Magistrado presidente del Pleno del Décimo Tercer Circuito y del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del dicho circuito, denunciaron la posible contradicción entre el criterio sustentado por el tribunal referido, así como por el propio Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito.
4. Los denunciantes señalaron que la aparente contradicción tenía origen en la ejecutoria del amparo directo 169/2013, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en sesión de veintiséis de junio de dos mil trece, mediante la cual se determinó que conforme a la interpretación de los artículos 1802 y 1803 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, por mandato de su numeral 2o., y el normativo 33, fracción I, de la citada Ley Agraria, es válida la constancia de posesión expedida por el comisariado de Bienes Comunales, en su carácter de representante de la asamblea general de comuneros, cuando dicha asamblea la ratifique en fecha posterior.
5. En cambio, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 789/2012, en sesión de quince de enero de dos mil trece, consideró que resultan ilegales las actas o constancias de posesión expedidas por el comisariado de Bienes Comunales, cuando éste, motu proprio, las extienda y días después lo apruebe y acuerde la asamblea general de comuneros, ya que con ello se incumple además, con lo dispuesto en los artículos 22, 32 y 33 de la Ley Agraria.
II. Trámite
6. El presidente del Pleno del Décimo Tercer Circuito, mediante auto de nueve de julio de dos mil trece, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, registrada con el número de expediente 1/2013. Asimismo, solicitó a la presidencia del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo directo 169/2013, de su índice, así como el envío a la cuenta de correo electrónico respectiva de la información de dicha ejecutoria, en cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; ello a fin de integrar el expediente.
7. Por acuerdo de doce de julio de dos mil trece, se agregaron a los autos las copias certificadas de la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el amparo directo 169/2013, de su índice; por lo que con apoyo en lo que establece el artículo 14, del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de los Plenos de Circuito, se turnaron los autos a la ponencia del Magistrado Roberto Meixueiro Hernández, para la elaboración del proyecto respectivo.
El veintiséis de agosto de dos mil trece, una vez elaborado el proyecto de resolución respectivo, se remitió al presidente del Pleno de Circuito, quien en términos del artículo 39 del Acuerdo General 14/2013, que reglamenta la integración de los Plenos de Circuito, en auto de veintisiete de agosto de dos mil trece, lo remitió a los Magistrados integrantes y no integrantes del Pleno de Circuito.
En diverso auto de cuatro de septiembre de dos mil trece, el presidente del Pleno de Circuito, dado que había fenecido el plazo para que los Magistrados de este circuito formularan observaciones al proyecto de resolución de la presente contradicción de criterios, señaló las once horas del día treinta de septiembre de dos mil trece, para que se celebrara la sesión ordinaria del Pleno de Circuito, y determinó el orden del día para dicho acto.
En proveído de diecinueve de septiembre de dos mil trece, el presidente del Pleno de este circuito, tuvo por recibidas las modificaciones que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, hizo al proyecto de resolución respectivo en la sesión en que fijó su criterio sobre el punto de contradicción, concediendo un plazo de cinco días a los Magistrados de este circuito para que formularan las observaciones que estimaran procedentes al aludido proyecto de resolución.
III. Competencia
8. Este Pleno del Décimo Tercer Circuito, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 225, 226, fracción III, y 227 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados del mismo circuito y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa, en la que puede suscitarse dicha contradicción dada la semi especialización de los Tribunales Colegiados de este circuito.
IV. Legitimación
9. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue interpuesta por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, quienes emitieron la resolución de uno de los criterios contendientes. Por lo tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
V. Existencia de la contradicción
10. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de los criterios sostenidos entre los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa y de Trabajo y Administrativa, ambos del Décimo Tercer Circuito. Los requisitos para establecer la existencia de tales contradicciones, son:
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Es aplicable al caso, en sentido contrario, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1219, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis 2a./J. 163/2011, que dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO. Para que exista contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, es necesario que: 1) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; y, 2) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto en común, es decir, que exista al menos un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, como el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general. En ese tenor, si la disparidad de criterios proviene de temas, elementos jurídicos y razonamientos diferentes, que no convergen en el mismo punto de derecho, la contradicción de tesis debe declararse inexistente."
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este Pleno de Circuito estima que los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los tribunales colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación.
12. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 169/2013, analizó un asunto con las siguientes características:
13. Consta en la ejecutoria respectiva, que mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil nueve, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, residente en Huajuapan de León, Oaxaca, el comisariado de bienes comunales de Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca, demandó a **********, las siguientes prestaciones:
"... 1. La nulidad de la constancia de posesión de fecha 7 de junio del año 2008, suscrita por los CC. Felipe López León, Basilio Juárez Sánchez y Antonio Martínez López, en carácter de presidente, secretario y tesorero y Margarito Leyva López, Carlos Ramírez López y Pedro Rojas Ordaz, presidente, primer secretario y segundo secretario, respectivamente, del comisariado de Bienes Comunales y consejo de vigilancia de Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca, con el cual el C. ********** pretende acreditar derechos posesorios sobre una fracción de terreno ubicada dentro de la zona urbana de la comunidad denominada Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: ... -2. La restitución de la posesión y en consecuencia la desocupación y entrega a la comunidad que representamos, de la fracción de terreno comunal descrita en el punto que antecede. 3. La pérdida, a favor de la comunidad, de cualquier construcción o mejora que por cualquier vía o medio hubiere realizado o llegue a realizar en el futuro el demandado **********, en la casa habitación cuya desocupación y entrega por esta vía se le reclama."
14. El Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, residente en Huajuapan de León, Oaxaca, admitió a trámite la demanda de mérito, y ordenó emplazar y correr traslado al demandado. El asunto se registró con el número 354/2009.
Mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos mil nueve, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, residente en Huajuapan de León, Oaxaca, el comisariado de Bienes Comunales de Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca, también demandó a ********** y **********, las siguientes prestaciones:
"1. La restitución de la propiedad y posesión, a la comunidad que representamos, de una fracción de terreno de propiedad comunal de la comunidad denominada Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca, cuyas medidas y colindancias son las siguientes: ... -2. La desocupación y entrega, a la comunidad que representamos, de la fracción de terreno que se describe en el punto que antecede, con todos sus frutos y accesiones. La pérdida a favor de la comunidad que representamos, de cualquier construcción o mejora que por cualquier vía o medio pudiera haber realizado o llegue a realizar el demandado en el predio de propiedad comunal que se le reclama."
En auto de cuatro de diciembre de dos mil nueve, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, residente en Huajuapan de León, Oaxaca, admitió a trámite la demanda de mérito, y ordenó emplazar y correr traslado a los demandados. El asunto se registró con el número 779/2009.
En audiencia de dieciocho de marzo de dos mil diez, desahogada en el expediente 779/2009, el Magistrado responsable determinó que existía conexidad entre dicho asunto con el diverso 354/2009, razón por la cual proveyó su acumulación únicamente para ser resueltos en una misma sentencia, continuándose su tramitación por cuerda separada.
Previo trámite de ley y desahogo de las probanzas ofrecidas por las partes, el Magistrado responsable el veintisiete de abril de dos mil once, dictó sentencia en el expediente 354/2009 y su acumulado 779/2009, en la que determinó lo siguiente:
"PRIMERO. La parte actora Basilio Méndez Rodríguez, Antonio Hernández Santos y Apolonio de Jesús Vásquez, presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del comisariado de Bienes Comunales de Santa María Yucunicoco, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, probaron los extremos de sus pretensiones. SEGUNDO. En consecuencia, es procedente la acción de nulidad a la constancia de posesión de fecha siete de junio del año dos mil ocho, en correlación con el acta de asamblea de comuneros de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil ocho, al constar irregularidades e inconsistencia la primera convocatoria (sic) de la convocatoria de fecha once de diciembre de dos mil ocho, conforme a lo dispuesto por los artículos 25 y 107 de la Ley Agraria. TERCERO. Consecuentemente, a la comunidad de Santa María Yucunicoco, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, le corresponde el derecho de propiedad sobre la fracción en cuestión, por lo que se condena a los demandados **********, ********** y **********, a la desocupación y entrega (sic) la fracción de terreno comunal descrita, así como a las mejoras que se hubiere realizado sobre el inmueble en cuestión. CUARTO. Son improcedentes las pretensiones intentadas en vía reconvencional por **********, ********** y **********, al no justificar el derecho."
Contra esa determinación, los demandados **********, ********** y **********, promovieron juicio de amparo directo, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa con el número de expediente 338/2011 y en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil once, se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes:
"... En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo a **********, ********** y **********, para el efecto de que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario responsable deje insubsistente la sentencia de veintisiete de abril de dos mil once, dictada en el expediente agrario 354/2009 y su acumulado 779/2009, y reponga el procedimiento a fin de que recabe, oficiosamente, la prueba pericial en materia de grafoscopia para determinar si las firmas que calzan la constancia de posesión de siete de junio de dos mil ocho, fueron puestas por sus signantes; hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emita una nueva sentencia en la que resuelva lo que en derecho proceda."
15. Cumplido el efecto del fallo constitucional, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Seis, el veintiuno de enero de dos mil trece, emitió sentencia en la que determinó lo siguiente:
"PRIMERO. Del expediente 354/2009, la parte actora, núcleo agrario denominado Santa María Yucunicoco, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, por conducto de sus integrantes del comisariado de Bienes Comunales Basilio Méndez Rodríguez, Antonio Hernández Santos y Apolonio de Jesús Vásquez, no probaron los extremos de sus pretensiones. SEGUNDO. En consecuencia se absuelve a **********, de las acciones deducidas en la demanda, que se hicieron consistir en: restitución, desocupación y entrega del terreno a la comunidad. TERCERO. En reconvención es procedente la acción que ejercitó **********, al justificar el mejor derecho a poseer la fracción de terreno comunal que se ubica en la zona urbana de la comunidad de Santa María Yucunicoco; como quedó probada con el consentimiento de asamblea de comuneros de veintiuno de diciembre del año dos mil ocho, al avalar la constancia de posesión de fecha siete de junio del año dos mil ocho. En consecuencia, procede la inscripción del acta de asamblea de comuneros de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil ocho, ante el Registro Agrario Nacional. CUARTO. En el expediente 779/2009, son improcedentes las pretensiones intentadas por el núcleo de Santa María Yucunicoco, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, en contra de ********** y ********** al no demostrar sus extremos; por las razones asentadas en el considerando noveno de este fallo, además de carecer de legitimación pasiva. QUINTO. En vía reconvencional resultó improcedente lo intentado por ********** y **********, toda vez, que sólo tienen permiso de usufructuar por voluntad de **********, y como moradores se les deberá respetar y no molestar en ese derecho concedido por **********. SEXTO. Gírese atento oficio a la Delegación del Registro Agrario Nacional, para el efecto de que proceda a la inscripción del acta de asamblea de comuneros de Santa María Yucunicoco, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, celebrada el día veintiuno de diciembre del año dos mil ocho. SÉPTIMO. Se condena al comisariado de Bienes Comunales de Santa María Yucunicoco, Municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, para que inscriba en sus libros; el acta de asamblea celebrada el día veintiuno de diciembre del año dos mil ocho, misma que avala la constancia de posesión de fecha siete de junio del año dos mil ocho a **********."
16. El referido Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, dictó sentencia en sesión de veintiséis de junio de dos mil trece, en la que negó el amparo solicitado por el comisariado quejoso.
17. Las razones que el Tribunal Colegiado aludido consideró para determinar la validez de la constancia de posesión exhibida por los terceros perjudicados, fueron las siguientes:
• La acción principal del actor, comisariado de Bienes Comunales de Santa María Yucunicoco, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, consistió en la nulidad de la constancia de posesión de siete de junio de dos mil ocho, expedida a favor de **********, alegando principalmente que no fue suscrita de puño y letra por los signantes de la misma.
• La citada constancia de posesión fue suscrita por Felipe López León, Basilio Juárez Sánchez y Antonio Martínez López, en su carácter de presidente, secretario y tesorero, respectivamente, y Margarito Leyva López, Carlos Ramírez López y Pedro Rojas Ordaz, presidente, primer secretario y segundo secretario, respectivamente, del comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de Santa María Yucunicoco, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
• Dijo el tribunal del conocimiento, que contra lo que alegaba el núcleo agrario quejoso, no resultaba violatorio de derechos humanos la consideración del Magistrado responsable en cuanto a que la constancia de posesión de siete de junio de dos mil ocho es válida, porque quedó demostrado que las firmas que la calzan pertenecen a los signantes.
• Lo anterior, porque en el juicio agrario de origen constaba que Felipe López León, ex presidente del comisariado de bienes comunales, y Margarito Leyva López, ex presidente del Consejo de Vigilancia, de la Comunidad de Santa María Yucunicoco, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, ratificaron la constancia de posesión de siete de junio de dos mil ocho y reconocieron como suya la firma que aparece en dicha documental.
• Que, además, se desahogó la prueba pericial en materia de grafoscopia, en relación con las firmas que aparecen en la constancia de posesión de siete de junio de dos mil ocho, precisamente, en los nombres de Basilio Juárez Sánchez, Antonio Martínez López, Carlos Ramírez López y Pedro Rojas Ordaz, obteniéndose que las firmas sí corresponden y provienen de sus titulares.
• También adujo el Tribunal Colegiado de que se trata, que contra lo que alegaba el núcleo agrario quejoso, el hecho de que la constancia de posesión se hubiera expedido el siete de junio de dos mil ocho y que la misma fuera avalada por la asamblea General de Comuneros el veintiuno de diciembre de dos mil ocho, no generaba que la primera fuera inválida.
• Que lo anterior, porque aun cuando era cierto lo que afirmaba el peticionario del amparo, en cuanto a que en términos del artículo (sic) 23, fracción VII, y 197 de la Ley Agraria, le corresponde a la asamblea general de comuneros la regularización de la tenencia de posesionarios; y de acuerdo con los artículos 33 y 36 de dicho ordenamiento, el comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia sólo están facultados para cumplir las determinaciones que al efecto emita dicha asamblea general, sin que tengan atribuciones para expedir constancias de posesión sin previo acuerdo de ésta.
• No obstante lo anterior, como se había determinado en la sentencia reclamada, a pesar de que la constancia de posesión de siete de junio de dos mil ocho, a favor de **********, se expidió por el comisariado de Bienes Comunales y consejo de vigilancia de la comunidad de Santa María Yucunicoco, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, sin preceder de la voluntad de la asamblea general de comuneros, lo cierto era, que ésta fue convalidada el veintiuno de diciembre de dos mil ocho, en la que regularizaron la situación y posesión de la parcela a favor de **********, avalando la citada constancia de posesión.
• Que la citada convalidación, dijo el tribunal responsable, contra lo que alegaba el quejoso, no resultaba ilegal.
• Ello, porque en términos del artículo 1803 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, por mandato de su numeral 2o., el consentimiento puede ser expreso o tácito, entendiéndose por el primero, aquel que se manifiesta verbalmente, por escrito, medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos; en tanto, el segundo es aquel que resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.
• Que asimismo, de los artículos 23, fracción VIII, 31 y 197 de la Ley Agraria, se advierte que corresponde a la asamblea general de ejidatarios o comuneros la regularización de la tenencia de los posesionarios y que de toda asamblea se levantará un acta; lo que permitía concluir que el consentimiento para la posesión de un bien comunal necesariamente exige sea a través del consentimiento expreso.
• Que de igual forma, de las diversas disposiciones de la Ley Agraria no se advierte que, para la posesión de una fracción de terreno sujeta al régimen comunal se requiera que previamente a la expedición de la constancia de posesión exista el consentimiento expreso (autorización) por parte de la asamblea general de comuneros, sino únicamente se requiere que ésta otorgue la autorización correspondiente, con independencia de cuándo lo haga.
• Lo anterior se confirma, dijo el tribunal de que se trata, porque en términos del artículo 33, fracción I, de la Ley Agraria, el comisariado de Bienes Comunales es el representante de la asamblea general de comuneros, es decir, los actos que suscriba o realice los hace a nombre de la asamblea; de ahí, que cuando suscriba una constancia de posesión debe ser por mandato de la referida asamblea.
• Que partiendo de la base de que el comisariado de Bienes Comunales es el representante de la asamblea general de comuneros, debe tenerse presente que el artículo 1802, primer párrafo, del Código Civil Federal, dispone: que los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante, serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La ratificación debe ser hecha con las mismas formalidades que para el contrato exige la ley.
• Que de dicho precepto se desprende que los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante, serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retracten por la otra parte.
• Que derivado de ello, por mayoría de razón se puede concluir que los contratos celebrados a nombre de otro por su legítimo representante, sin la autorización correspondiente de aquél, serán nulos, a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados los ratifique antes de que se retracten por la otra parte.
• Que dichas conclusiones aplicadas a la Ley Agraria, permiten inferir que las constancias de posesión expedidas por el comisariado de Bienes Comunales sin autorización de la asamblea general de comuneros, pueden ser ratificadas por ésta en una fecha posterior.
• Por tanto, la constancia de posesión de siete de junio de dos mil ocho, expedida a favor de ********** por el comisariado de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de la comunidad de Santa María Yucunicoco, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, es válida en la medida que el veintiuno de diciembre de dos mil ocho, la asamblea general de comuneros de esa población decidió reconocerle la posesión de la fracción de terreno que ampara la misma y convalidar dicha constancia de posesión.
18. Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 789/2012, en sesión de quince de enero de dos mil trece, lo hizo basado en que recibió una demanda de amparo directo promovido por **********, por su propio derecho y en su carácter de representante común de **********, ********** y **********.
En la ejecutoria relativa se señala, que **********, **********, **********, ********** y **********, demandaron a **********, **********, **********, **********, ********** y **********, el mejor derecho a poseer y la entrega de la fracción de terreno ubicado en el paraje denominado **********, con las medidas y colindancias descritas en el ocurso de demanda agraria.
Los demandados **********, **********, **********, **********, ********** y **********, negaron el derecho de los actores para reclamar lo pretendido y solicitaron se declarara nula la constancia de posesión exhibida, porque jamás han tenido aquéllos la posesión alegada, ni sus ancestros, ya que en complicidad con los entonces integrantes del comisariado de Bienes Comunales, obtuvieron constancias de posesión, las cuales son nulas por incumplir con las disposiciones legales relativas.
El veintisiete de abril de dos mil once, el Tribunal Agrario responsable, dictó una primera sentencia en el expediente de origen, donde determinó que la parte actora, constituida por **********, **********, ********** y **********, no probó sus pretensiones; en consecuencia, declaró improcedentes las acciones consistentes en el mejor derecho a poseer la desocupación y entrega, así como de la posesión, respecto de la fracción de terreno ubicada en el paraje denominado **********; y, por otra parte, determinó que a la comunidad de Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca, le correspondía el derecho de propiedad sobre la fracción de que se trata.
Inconforme con la anterior determinación, **********, por su propio derecho y en calidad de representante común de **********, ********** y **********, promovió demanda de amparo directo en contra de la sentencia dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Cuarenta y Seis, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, en el juicio agrario de origen; y, en cumplimiento a lo determinado en el oficio STCCNO/3163/2011, por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Colegiado del conocimiento, ordenó remitir el expediente en cuestión, al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, quien por ejecutoria de once de abril de dos mil doce, resolvió conceder a los quejosos, la protección federal solicitada, para el efecto siguiente:
"... Así, tal proceder es violatorio de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y principios de exhaustividad y relatividad de las sentencias previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que el Tribunal Unitario responsable realice lo siguiente:
"1. Deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emita una nueva e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24720-1b707901/constancias-de-posesion-expedidas-por-el-comisariado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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