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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. ALCANCE DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA POR LA APLICACIÓN DE UNA NORMA ESTIMADA INCONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 109/2013. · Registro digital (IUS): 24731
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2013-12-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, PRIMERO EN LA MISMA MATERIA DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO DEL SEXTO CIRCUITO, ACT
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Pág. 545.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 109/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, PRIMERO EN LA MISMA MATERIA DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO. 28 DE AGOSTO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: GABRIEL REGIS LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(2)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(3)

TERCERO. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver en sesión del veinticuatro de mayo de dos mil doce el juicio de amparo directo número AD. 319/2011, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"... De ahí que como se expuso antes, es posible considerar si la jurisprudencia es una auténtica fuente viva del derecho, obligatoria para resolver casos similares a los que aquélla trate en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, válidamente puede concluirse que cuando existe jurisprudencia establecida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, que declara la inconstitucionalidad de determinado acto, independientemente de que trate un aspecto de mera legalidad o aun de inconstitucionalidad de leyes y del que se esté conociendo, aquélla sea exactamente aplicable a un caso concreto, debe suplirse la deficiencia de la queja aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio e invocar ese criterio oficiosamente, conforme a la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo; al considerarse que existe una violación manifiesta de la ley en contra del quejoso que lo dejó sin defensa, cuya existencia aparece probada en forma manifiesta, en razón del conocimiento y criterio sostenido por el tribunal en casos anteriores.

"Esto último, se reitera, porque la jurisprudencia de un Tribunal Colegiado -como fuente viva del derecho- constituida mediante la reiteración de un criterio específico, que tiene la característica de la generalidad, evidencia también que el órgano ha adquirido amplio o especial conocimiento sobre el problema jurídico planteado, de tal suerte que si se advierte que en un caso concreto es aplicable temáticamente la jurisprudencia que haya emitido previamente para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, independientemente de que ésta sea o no citada por la parte quejosa o que su causa de pedir se relacione o no con el criterio sostenido, atendiendo a su propia naturaleza y características, debe traerlo oficiosamente y aplicarlo en suplencia de la queja, precisamente porque aunque el quejoso no lo perciba, para el tribunal ya resulta asequible que el acto reclamado, o la norma que lo funda, son inconstitucionales.

"En ese sentido, es que se afirma que el Tribunal Colegiado estará obligado a conceder, en suplencia de la queja fundada en la fracción VI del artículo 76 Bis, el amparo de la Justicia de la Unión, respecto del individuo que, habiendo concurrido al amparo directo, aparezca afectado en sus derechos fundamentales por una disposición de observancia general que se advierta inconstitucional, esto último, demostrado en forma manifiesta e incontrovertible a la luz de la jurisprudencia por reiteración establecida por el propio órgano colegiado.

"Además, debe considerarse que la existencia del criterio jurisprudencial sobre inconstitucionalidad de leyes o actos administrativos, impone para los tribunales ordinarios especializados en esa materia, de la circunscripción que corresponda al Tribunal Colegiado que la emite, la obligación de resolver de los asuntos de los que conozcan en congruencia con lo postulado por dicho criterio jurisprudencial, aun cuando verse sobre inconstitucionalidad de leyes; esto porque la observancia obligatoria de la jurisprudencia en instancias ordinarias deriva naturalmente del propio artículo 193 de la Ley de Amparo y porque la firmeza del criterio sobre la inconstitucionalidad de la norma que funda el acto administrativo, demuestra en forma manifiesta e incontrovertible para los tribunales ordinarios la presencia de un vicio de fundamentación del acto en que la norma se aplica, tema de pura legalidad respecto del cual las leyes otorgan a la jurisdicción común administrativa plena competencia; sobre todo, porque acorde a la actual configuración de los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda autoridad y la jurisdiccional administrativa inclusive, están obligadas a velar por el respeto a los derechos fundamentales que dicha Norma Suprema reconoce a los administrados, obligación cuyo cumplimiento se facilita y torna ineludible, si respecto del caso concreto existen criterios firmes y exactamente aplicables para estimarla demostrada.

"Punto 2. La suplencia de la queja que se actualice en los términos descritos en el punto anterior, debe operar privilegiando el estudio de fondo de la violación advertida en forma manifiesta por la aplicación de una ley inconstitucional, ante impedimentos técnicos derivados de la inoperancia por consentimiento presunto o tácito de la violación, por la no impugnación de la norma a partir de un acto de aplicación previo.

"A la fecha, se ha sostenido generalmente el criterio de que el consentimiento tácito de una norma tildada de inconstitucional, que originaría la improcedencia en la vía del amparo biinstancial, fundada en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, determina la inoperancia del planteamiento de inconstitucionalidad de leyes en el amparo directo, criterio apoyado en las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguientes:

"...

"Si bien, acorde a lo que se puede apreciar de la última tesis transcrita, se considera que cuando existe jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina la inconstitucionalidad de una norma, excepcionalmente resultará irrelevante dicho consentimiento, pudiéndose analizar la legalidad de un acto de aplicación de la misma, sin importar que no sea el primero sino uno ulterior, este tribunal considera que tal criterio de inoperancia por consentimiento tácito también puede encontrar una excepción en el supuesto de que en el amparo directo se advierte la aplicación en perjuicio del quejoso de una norma contraria al Texto Constitucional, así estimada por jurisprudencia del propio Tribunal Colegiado, aplicable conforme a la fracción VI del artículo 76 Bis, en los términos descritos en el punto 1 previamente analizado, por las razones que enseguida se explican:

"...

"Al positivarse en la Constitución, este entendimiento de los derechos fundamentales lógicamente trasciende al control constitucional jurisdiccional ejercido mediante el juicio de amparo, porque se impone a los tribunales resolver con tendencia interpretativa pro homine, es decir, más favorable al derecho humano que se deba proteger, aun por encima de rigorismos técnicos, lo que fortalece la naturaleza proteccionista del juicio de amparo y de aseguramiento del principio de supremacía constitucional, siendo posible también ampliar el ejercicio de la suplencia de la queja deficiente, a favor de quien se vea afectado en sus derechos fundamentales.

"Precisamente con una inclinación más favorable al individuo, es prudente sostener que cuando en el conocimiento de un amparo directo la inconstitucionalidad de una norma aplicada al quejoso se aprecie, en razón del especial conocimiento que sobre sus vicios o los de los actos de su aplicación haya adquirido un tribunal en asuntos previos, más aún, si sobre el tema el propio tribunal ha establecido ya jurisprudencia en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, la certeza de que se está ante un acto contrario al Texto Constitucional, específicamente a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce pertenecientes a las personas, al actualizarse, conforme a lo razonado en el punto 1, previamente analizado, el supuesto de suplencia de la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, dicha suplencia ha de tener el alcance de favorecer el estudio de la violación de fondo y la restauración de los derechos conflagrados, por encima de obstáculos derivados de criterios o interpretaciones sobre las exigencias técnicas del amparo de estricto derecho, pero también, sobre las relacionadas con la no impugnación oportuna de la norma, su consentimiento tácito o presuntivo, inferido de la omisión de impugnar oportunamente la norma a raíz de un acto de aplicación anterior, pues estas circunstancias, a la luz de los actuales lineamientos de interpretación constitucional a favor de las personas, no podrían anteponerse válidamente a la presencia de una manifiesta conflagración de derechos fundamentales, ni serían suficientes para liberar al tribunal de procurar la restauración de dicha violación, el aseguramiento de los derechos fundamentales del individuo y el del principio de primacía constitucional en la forma más amplia, conforme a los ya reseñados principios de eficiencia de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.

"Por ende, asumir que el consentimiento tácito determina la inoperancia de conceder el amparo respecto de una norma cuya inconstitucionalidad aparece manifiestamente comprobada, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Colegiado, es un criterio que debe entenderse superado, no sólo respecto del acto concreto de aplicación, como hasta ahora lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también en relación con la norma general estimada inconstitucional, esto por virtud de una interpretación que privilegie los derechos humanos y la primacía de la Constitución, pues ante la certeza de que el quejoso resiente los efectos del acto inconstitucional, así sea éste una disposición de observancia general, la obligación del órgano de control para proceder a la restauración y protección de los derechos conflagrados es ineludible, no puede soslayarse con base en presunciones derivadas de deficiencias técnicas u omisiones en que el quejoso haya incurrido, sino por el contrario, debe resolverse con pleno respeto del mandato de protección de los derechos humanos y del principio de supremacía de la Constitución contenido en el artículo 133 de la Norma Fundamental referida.

"Así, el alcance de la suplencia de la queja prevista en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en los términos en que se ha venido razonando, es el de amparar contra dicha afectación y restaurarla, ya ante conceptos deficientes, ya ante la ausencia de los mismos e inclusive a grado de estimar superados impedimentos rigoristas derivados del consentimiento tácito de la norma por la ausencia de impugnación oportuna de un acto de aplicación anterior que quede revelado en el procedimiento, reconociendo en la suplencia invocada el margen proteccionista más amplio y propio de una interpretación a la ley, más favorable al individuo.

"...

"Como se ve, reconocer en la suplencia de la queja un alcance más amplio que el de sólo enmendar los conceptos de violación deficientes, insuficientes o ausentes, llevándola al grado de que ante la presencia de una violación manifiesta, como lo es una contravención a la Constitución, el asunto se resuelva de fondo, superando cualquier obstáculo de rigor técnico, entre tales, el consentimiento tácito como causa de inoperancia, con fundamento en la hipótesis de la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, es por completo razonable, es una postura que se sostiene ya respecto de la fracción I del mismo numeral, cuando se está ante leyes estimadas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo, es una intención congruente con el propósito originario de la figura de la suplencia de la queja, del propio juicio de amparo y encuentra apoyo en la actual configuración de los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"De ahí que para el tribunal, tratándose de un amparo directo en que se advierte en forma notoria que se ha aplicado al quejoso, en el acto administrativo materia del juicio de origen, una disposición de observancia general que, conforme al conocimiento previo que de dicha disposición ha obtenido el tribunal, al resolver otros asuntos de similar naturaleza, se ha evidenciado que es contraria a los derechos fundamentales que la Constitución Federal reconoce, hasta sentar jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, resulta prudente sostener que ante dicha violación, el quejoso debe ser amparado y sus derechos restaurados, ejerciendo la suplencia en términos de la fracción VI del artículo 76 Bis, sin que obste que el acto de aplicación aducido no sea el primero sino uno ulterior, pues si con base en esto último se considerasen inoperantes los conceptos de violación, aun evidenciada en forma manifiesta e incontrovertible la inconstitucionalidad de la norma, se estaría resolviendo conforme a una interpretación rigorista, contraria al mandato constitucional derivado de los artículos 1o. y 133 de la Norma Suprema, en el sentido de que toda autoridad proteja los derechos del individuo en la forma más amplia posible, aun por encima de cualquiera otra disposición en contrario, preservando tanto tales derechos como el ordenamiento jurídico en general.

"Punto 3. Además, el alcance del amparo que se conceda en los términos descritos, conforme a la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, debe conducir tanto a la anulación del acto fundado en la norma cuya inconstitucionalidad esté manifiestamente demostrada, como a la desincorporación de la norma en cuanto a los actos presentes y futuros que puedan afectar la esfera jurídica del amparado, mientras no se purgue de la misma el vicio de inconstitucionalidad que se le haya comprobado.

"Al respecto, se parte de que hasta la fecha, la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con los efectos de la estimación de inconstitucionalidad de una ley en amparo directo, quedan limitados a la anulación del acto de aplicación, pero sin que se comprenda como parte de los mismos la desincorporación de la norma en términos generales de la esfera jurídica del amparado, es decir, sin que se impida que la misma sea aplicada de nueva cuenta en situaciones futuras.

"Así se corrobora, por ejemplo, de las tesis siguientes:

"...

"Como se advierte, las razones que esencialmente se han considerado para limitar los efectos de la sentencia de amparo en un juicio de amparo directo en que se analiza y estima fundado un concepto sobre inconstitucionalidad de leyes, a la sola anulación del acto de aplicación, incluso cuando se invoca jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en suplencia, conforme a la fracción I del artículo 76 Bis de la ley de la materia, sea que se funden en disposiciones que regulan aspectos procesales del amparo o bien, en la evolución de este medio de control constitucional, se resumen en lo siguiente:

"• En el amparo directo la ley no es señalada como acto reclamado y no existe un pronunciamiento o declaración sobre su inconstitucionalidad.

"• Las autoridades legislativas que la emiten, no son parte en el procedimiento, por lo que no tienen oportunidad de ser escuchadas ni de interponer recursos.

"• La ley dispone que el amparo contra leyes se tramitará ante Juez de Distrito.

"Sin embargo, se considera que todas esas razones no se ven contrariadas en un asunto en que conforme a lo razonado en los puntos 1 y 2, previamente analizados en esta ejecutoria, opera la suplencia de la queja fundada en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, por invocarse jurisprudencia del Tribunal Colegiado sobre la inconstitucionalidad de una ley o disposición de observancia general que aparece aplicada al quejoso, precisamente porque en este supuesto no se está realizando un análisis directo y privativo de regularidad de la norma, sino que éste ha sido efectuado previamente a través de los asuntos que condujeron al establecimiento del criterio jurisprudencial invocado, siempre que en éstos la norma haya sido directa y expresamente impugnada (amparo indirecto) y, por ende, las autoridades legislativas hayan tenido intervención en su defensa, habiendo estado en aptitud inclusive de hacer valer los recursos procesales a su alcance para revertir la estimación de inconstitucionalidad de la ley, pero habiéndose sostenido por el Tribunal Colegiado, como órgano terminal, la inconstitucionalidad de la misma.

"En ese supuesto, se insiste, el pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de la norma no se efectúa en el amparo directo, sino que sólo se invoca por haberse constituido previamente mediante procedimientos iniciados ante Juez de Distrito, en los que la autoridad legislativa intervino, fue escuchada y tuvo oportunidad de formular sus recursos; asuntos de los que deriva la certeza jurídica de que la norma es inconstitucional y como tal, no existe razón para que se soslaye la probable afectación que ocasionará en el futuro a los derechos fundamentales del quejoso, si el fallo se limita a la anulación del acto de aplicación presente, pero no de otros que puedan suscitarse al mismo individuo respecto de otros hechos, como sí acontece en el amparo ante Juez de Distrito.

"Por el contrario, de una apreciación actual de los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cuyo texto deriva que existe para los órganos de control constitucional una obligación de procurar la restauración plena de un derecho fundamental violado, en la forma más amplia posible, asegurando además que la Constitución prevalezca ante cualquier acto de autoridad que la contraríe, también cabe deducir que una obligación previa y de alcance más eficaz, es la de prevenir que dicha afectación se consume, de suerte que la función del órgano de control no se entienda limitada a ser simplemente restauradora de derechos fundamentales, sino también protectora de los mismos, en el sentido estricto de la expresión, adoptando las medidas a su alcance para evitar que un derecho fundamental pueda verse conflagrado en el futuro.

"Más aún, cuando es claro que el acto de aplicación sólo refleja en perjuicio del gobernado, una contravención de derechos fundamentales que en realidad es atribuible a la norma general, que no goza del principio de supremacía, supuesto en el que, ante las ya mencionadas obligaciones de velar por la protección y restauración de los derechos fundamentales y de la primacía de la Constitución ante cualquier acto o disposición que la contraríe, nada justificaría que se conceda una protección limitada a la anulación de un acto respecto de una situación concreta del quejoso, dejando abierta la posibilidad de que, respecto del mismo individuo, en otros casos presentes o futuros, se aplique de nueva cuenta la norma inconstitucional, conflagrando otra vez los mismos derechos y obligando al afectado a promover tantos juicios de amparo como actos de aplicación llegue a resentir, situación contraria a la naturaleza del juicio de garantías y a los derechos fundamentales de acceso a la justicia pronta y eficaz, consagrados en el artículo 17 constitucional.

"También, cabe considerar que inclusive la jurisprudencia vigente reconoce que ante la existencia de jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de una ley, sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basta con que el quejoso inste la protección federal para que el principio de instancia de parte agraviada se considere colmado y se declare la anulación del acto fundado en la norma inconstitucional, amparando al gobernado, aunque la norma no haya sido señalada expresamente como acto reclamado, en función de lo cual, no existiría motivo o razón para exigir que en lo sucesivo el afectado tenga que promover nuevamente un juicio de amparo cada que la norma le sea aplicada, ni quede obligado a acudir al amparo indirecto donde, por cierto, su acción resultaría ya improcedente, por no estar promoviendo el amparo contra la ley a raíz del primer acto de aplicación, lo que confirmaría el estado de indefensión a que le habría conducido una concesión del amparo limitado a la simple anulación del acto de aplicación y lo oneroso de una limitación de esa naturaleza, en oposición al mandato de que todas las autoridades del Estado Mexicano, tribunales de control constitucional, inclusive, salvaguarden y restauren de la manera más amplia posible, toda contravención a los derechos fundamentales reconocidos.

"De ahí que se considere que en un asunto como el presente, debe darse al fallo protector, adicionalmente a la anulación del acto de aplicación, el efecto pleno de desincorporar de la esfera jurídica del afectado la norma general estimada inconstitucional, en cuanto al acto de aplicación y hacia cualquiera otro presente o futuro, en tanto el vicio de inconstitucionalidad de la norma no sea superado, porque sólo así se garantiza la restauración de los derechos fundamentales ya afectados, pero también se evita que la misma conflagración se suscite en el futuro, lo que en conjunto colma la obligación a cargo del tribunal de proteger y restaurar los derechos fundamentales de la manera más amplia posible, en plena aplicación de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que conforme al artículo 1o. constitucional deben observarse en relación con tales prerrogativas fundamentales reconocidas a favor del individuo.

"En abono de lo anterior, cabe considerar que aun cuando la norma no sea directamente un acto reclamado y que no hayan intervenido en el procedimiento las autoridades legislativas correspondientes, al igual que se consideró en relación con el consentimiento tácito en el punto de estudio precedente, tales son cuestiones técnicas que deben ceder ante la certeza de una violación a derechos fundamentales y al principio de supremacía de la Constitución, puesto que la omisión de señalar la ley como un acto reclamado se ha estimado ya prescindible en relación con la operancia de la figura de la suplencia de la queja prevista en la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo; mientras que la omisión de intervención de las autoridades legislativas, también puede considerarse innecesaria en un supuesto en el que la certeza de la inconstitucionalidad del acto, resulta incontrovertible a la luz del estudio y consideración que de la misma ha efectuado el tribunal en asuntos previos, como órgano terminal, hasta sentar jurisprudencia, en los que la norma fue reclamada directamente y las autoridades legislativas fueron parte, escuchadas y vencidas.

"En suma de todo lo hasta ahora considerado, pueden sostenerse las conclusiones siguientes:

"Procede conceder el amparo en suplencia de la queja, conforme a la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en un juicio de amparo directo contra la sentencia fundada en una norma estimada inconstitucional previamente en jurisprudencia del Tribunal Colegiado emitida como órgano terminal, o bien, contra la sentencia que reconoce la validez de un acto administrativo fundado en dicha norma, ya que el conocimiento adquirido previamente por el tribunal sobre los vicios de inconstitucionalidad de tal disposición de observancia general, reiterado tantas veces hasta constituir un criterio de observancia obligatoria, hace que para el mismo órgano resulte manifiesta, notoria e incontrovertible la violación a los derechos fundamentales de un gobernado por la aplicación de la misma disposición, aunque esto no se invoque expresamente en la demanda de amparo.

"El alcance de la suplencia determinada en esas condiciones, es el de privilegiar el estudio de fondo del asunto y la restauración del derecho conflagrado, por encima de rigorismos técnicos basados en deficiencias u omisiones del quejoso, como los relacionados con el consentimiento tácito o presuntivo de la violación, por la no impugnación de un acto de aplicación anterior, pues en acatamiento al mandato impuesto por los artículos 1o. y 133 de la Constitución, en el sentido de favorecer a los individuos la protección más amplia de sus derechos fundamentales y de asegurar además la primacía de la Constitución ante cualquiera otra disposición que la contraríe, probada notoriamente, a la luz de la jurisprudencia previamente constituida, la afectación a los derechos fundamentales del quejoso, su restauración es ineludible; mandato al que no se opondrían válidamente rigorismos técnicos derivados de inferencias o presunciones no necesariamente relacionadas con la falta de voluntad de impugnación, sino también con la falta de conocimiento y posibilidad de defensa, mismas que al igual que como acontece ante la ausencia de concepto de violación, debe estimarse superadas cuando no hay duda de que un acto inconstitucional, en el caso una ley que le ha sido aplicada, afecta al individuo, dando a la figura de la suplencia, fundada en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, el alcance protector más amplio y eficiente posible, a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad que deben observarse en relación con la preservación de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos a favor del individuo. Finalmente, conforme a una apreciación actual de los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es válido sostener que, en tal supuesto, el amparo que se conceda ha de tener un efecto amplio de desincorporación de la norma, tanto del acto de aplicación demostrado, como de otros presentes y en general de la esfera jurídica del amparado, en tanto el vicio de inconstitucionalidad de la norma no sea superado, sin que con esto se contraríe la jurisprudencia que actualmente limita los efectos del amparo directo respecto de leyes inconstitucionales, porque en este supuesto no se está realizando un análisis directo y privativo de regularidad de la norma, sino que éste ha sido efectuado previamente a través de los asuntos que condujeron al establecimiento del criterio jurisprudencial invocado, a través de los cuales la ley fue directa y expresamente impugnada (amparo indirecto) y, por ende, las autoridades legislativas tuvieron intervención en su defensa, habiendo estado en aptitud inclusive de hacer valer los recursos procesales a su alcance para desvirtuar la estimación de inconstitucionalidad de la ley, pero habiéndose sostenido esta última por el Tribunal Colegiado, como órgano terminal. De manera que ante la objetiva conflagración de derechos fundamentales, no por el acto de aplicación, sino a través de éste, por reflejo de la norma, debe asegurarse tanto la restauración de los derechos fundamentales afectados, como evitarse que en el futuro se vean igualmente contrariados por el mismo acto respecto del mismo individuo, cumpliendo así a cabalidad con la obligación de protegerlos de la manera más amplia, conforme al artículo 1o. constitucional y asegurando la prevalencia de la Constitución por encima de cualquiera otra disposición en contrario, conforme al artículo 133 del mismo ordenamiento.

"...

"Por consecuencia, el hecho de que en la especie esté demostrado que el quejoso resintió la aplicación de la norma contraria al principio de legalidad general, por vicios en el proceso legislativo que le antecedió, sin que hubiese ejercido acción de defensa contra ese acto de aplicación, sino a virtud de uno posterior, no constituye obstáculo para que, siendo evidente la inconstitucionalidad de la norma general que le fue aplicada, a la luz de los criterios que este tribunal ha sostenido sobre la misma en casos previos en que se ha impugnado expresamente, hasta sentar jurisprudencia en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, se estime que debe amparársele en suplencia, considerándose que la aplicación de esa norma que por jurisprudencia del tribunal se ha considerado contraria a la Constitución, es una violación manifiesta de la ley que permite la suplencia de la queja con un amplio alcance, fundada en la fracción VI del artículo 76 Bis de la ley de la materia, interpretada con un amplio sentido de proteccionismo y liberalidad, originario de dicha figura y además consistente con la obligación que la Constitución impone actualmente a toda autoridad del Estado Mexicano, para que promueva, respete, proteja, garantice y restaure los derechos fundamentales de los individuos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

"Por todo lo hasta ahora expuesto, como se anticipó, es que se estima que en el caso concreto, demostrada la aplicación al quejoso de normas que configuran un sistema tributario desequilibrado en forma ilegal, debe concederse a ********** el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte una nueva resolución en la que declare la nulidad del acto consistente en cobro del impuesto sobre adquisición de inmuebles materia del contencioso, por estar fundado en un sistema normativo derivado de un decreto legislativo inconstitucional, que por versar sobre el establecimiento de una tasa preferencial para determinados contribuyentes, vicia todo el mecanismo tributario, porque el desequilibrio generado entre la distribución de las cargas tributarias para diversos individuos tiene origen en un acto legislativo ilegal, lo que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24731-d7725454/amparo-directo-contra-leyes-alcance-de-los-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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