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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE ANALIZAR LOS PLANTEAMIENTOS SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO APLICADAS POR EL JUEZ DE DISTRITO EN LA SENTENCIA RECURRIDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 468/2013. · Registro digital (IUS): 25053
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-05-30
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL TERCER CIRCUITO Y PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Pág. 968.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 468/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DEL TERCER CIRCUITO Y PRIMERO DEL SEXTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 19 DE MARZO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)

TERCERO. Las consideraciones formuladas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, son las siguientes:

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar el amparo en revisión **********, resolvió, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Como cuestión previa, el recurrente destaca que plantea la inconstitucionalidad del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, cuya impugnación efectivamente es procedente, pues, como ya se había destacado, este Tribunal Colegiado en su oportunidad solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ejerciera su facultad de atracción para conocer respecto a dicho planteamiento; luego, por ejecutoria recaída en el toca **********, la Segunda Sala del Alto Tribunal decidió no ejercer la facultad de atracción solicitada y ordenó la devolución de los autos a este tribunal, al determinar que en los recursos de revisión en los que se introduzca el problema de constitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo y no subsista cuestión diversa de la que corresponda conocer a ese Alto Tribunal, son de la competencia originaria de los Tribunales Colegiados, para lo cual debía atenderse a los principios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 130/2011. Luego, teniendo en consideración que, si bien en dicha ejecutoria el Pleno del Alto Tribunal determinó que con motivo del texto vigente del artículo 1o. constitucional, ha sido removido en parte el obstáculo técnico para analizar en la revisión la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Amparo, por contravenir alguno de los derechos humanos, en cuyo supuesto la materia de la revisión necesariamente dará alojamiento al análisis de tales temas al tenor de los agravios; lo cierto es que, también determinó que serían tres las condiciones esenciales para que procediera excepcionalmente el examen de las disposiciones legales de la Ley de Amparo aplicadas en el juicio de amparo, a saber: a) La emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos que conozcan del juicio de amparo; b) La impugnación de normas de la Ley de Amparo cuya aplicación se actualice efectivamente dentro de los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo y que trasciendan al sentido de la decisión adoptada; y, c) La existencia de un recurso procedente contra el acto de aplicación de las normas de la Ley de Amparo tildadas de inconstitucionales, en el cual pueda analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación, como la regularidad constitucional de esas normas, en su caso. Por ende, a fin de establecer si es procedente su análisis, es conveniente verificar si se reúnen los requisitos básicos que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que precisa destacar que, si el autorizado del quejoso interpuso el presente recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio, por lo que ve a los artículos 25, 41 Bis y 71 del Reglamento de Anuncios para el Municipio de Guadalajara, al estimar la resolutora que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no acreditó su interés jurídico, esto es, ser destinatario de dichas normas; es claro que sí se dan los requisitos básicos a que alude la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proceder al estudio de la inconstitucionalidad planteada, pues en aquel fallo la Juez de Distrito efectivamente aplicó el contenido de un precepto de la Ley de Amparo, trascendiendo al resultado del fallo al decretar el sobreseimiento, cuya impugnación se encuentra instituida en el presente recurso de revisión, en términos del artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así las cosas, al reunirse los tres requisitos a que alude la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de reclamación 130/2011, es procedente analizar el primero de los agravios, en que el recurrente aduce que el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, es contrario a los derechos fundamentales de igualdad, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal, ..."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. Los agravios hechos valer por la parte quejosa deben desestimarse, por las consideraciones que enseguida se expresan.

"...

"En el considerando sexto de la sentencia reclamada, la Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de garantías (fojas 888 a 893 vuelta), al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo aplicable ... . En el primer agravio (fojas 9 a 16), las inconformes plantean la inconstitucionalidad del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, porque, a su decir, es violatorio del artículo 107, fracción I, constitucional, impugnación que a su parecer es procedente, porque el numeral que tildan de inconstitucional fue invocado en la sentencia que recurren que emana de un juzgado federal y que trascendió al sentido del fallo, por tanto, estiman que, al ser su estudio exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicita que se formule ante dicho Alto Tribunal que ejerza su facultad de atracción para conocer del asunto. Lo antes aducido debe desestimarse por inoperante, toda vez que el recurso de revisión en amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83 y 91 de la Ley de Amparo aplicable, se limita a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional del Juez de Distrito, como órgano de control de la constitucionalidad, lo cual impide analizar en este medio de defensa el planteamiento de inconstitucionalidad de la norma que ahora invocan las inconformes. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 48/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 38 y 39, Tomo XXX, julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EN UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO SON AGRAVIOS INOPERANTES AQUELLOS QUE PRETENDAN INTRODUCIR UN PLANTEAMIENTO DE ESA NATURALEZA RESPECTO DE UNA NORMA QUE INVOCÓ EL JUEZ DE DISTRITO.’ (se transcribe). Sentado lo anterior, resulta improcedente, como lo solicitan las recurrentes, que se plantee ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción."

CUARTO. A continuación, procede determinar si existe la contradicción de tesis denunciada:

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que existe contradicción de tesis cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(3)

En el caso, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar el amparo en revisión **********, sostuvo, en esencia, que era procedente analizar el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso se reunían los tres requisitos que estableció esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, por lo que procedió al análisis de los agravios relativos.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, estableció, en esencia, que los agravios hechos valer por la parte quejosa debían desestimarse, al considerar que el recurso de revisión en amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83 y 91 de la Ley de Amparo aplicable, se limitaba a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional del Juez de Distrito, como órgano de control de la constitucionalidad, lo cual impedía analizar en este medio de defensa el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, siendo aplicable la jurisprudencia, de rubro: "INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EN UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO SON AGRAVIOS INOPERANTES AQUELLOS QUE PRETENDAN INTRODUCIR UN PLANTEAMIENTO DE ESA NATURALEZA RESPECTO DE UNA NORMA QUE INVOCÓ EL JUEZ DE DISTRITO."

De las ejecutorias descritas se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes adoptaron criterios jurídicos discrepantes sobre el mismo punto de derecho, ya que ambos tuvieron que dilucidar si es procedente analizar en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia dictada por un Juez de Distrito en el juicio de amparo indirecto, el planteamiento de inconstitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo aplicado en dicha sentencia, arribando a criterios discrepantes sobre ese tópico.

En efecto, como quedó precisado, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito sostuvo que era procedente analizar el planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso se reunían los tres requisitos que estableció esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 130/2011; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito desestimó los agravios en los que se planteó la inconstitucionalidad del citado precepto, al considerar que el recurso de revisión en amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83 y 91 de la Ley de Amparo aplicable, se limitaba a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional del Juez de Distrito, como órgano de control de la constitucionalidad, lo cual impedía analizar en este medio de defensa dicho planteamiento.

De acuerdo con lo expuesto, es inconcuso que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando criterios jurídicos discrepantes con motivo de diversas interpretaciones jurídicas de los mismos elementos de conocimiento.

En las relatadas condiciones, debe concluirse que sí existe la contradicción de tesis y que el problema jurídico a dilucidar consiste en determinar si es procedente analizar en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia dictada por un Juez de Distrito en el juicio de amparo indirecto, los planteamientos sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Amparo aplicadas en dicha sentencia.

No es obstáculo para resolver la presente contradicción de tesis, la circunstancia de que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte ya se hubiere pronunciado sobre dicho aspecto en el recurso de reclamación 130/2011, resuelto en sesión de veintiséis de enero de dos mil doce, bajo la ponencia de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, toda vez que el criterio ahí sostenido aún no ha integrado jurisprudencia, lo que hace indispensable dirimir el criterio que debe prevalecer para dar certidumbre y seguridad jurídica a los gobernados.

En este punto se comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XXI/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA AUNQUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HAYA RESUELTO UN ASUNTO SOBRE EL MISMO TEMA, SI AÚN NO SE HA INTEGRADO JURISPRUDENCIA."(4)

QUINTO. Debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para resolver el punto jurídico materia de la presente contradicción de tesis, es necesario destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, en sesión de veintiséis de enero de dos mil doce, bajo la ponencia de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, estableció que, con motivo del texto vigente del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido removido, en parte, el obstáculo técnico para analizar en la revisión la constitucionalidad de las disposiciones que alberguen en las sentencias de los Jueces de Distrito, ya que, si bien la posible oposición de tales disposiciones a la Norma Fundamental no podría plantearse en los agravios formulados en la segunda instancia, existe la posibilidad de que sí se analice tal problema cuando dichos Jueces oficiosamente ejerzan su facultad para declarar inconstitucional -y dejar de aplicar- algún precepto rector del acto reclamado por contravenir, en su concepto, alguno de los derechos humanos, o también cuando sin declararlo así, opten por su interpretación conforme a la Constitución Federal; supuestos en los cuales la materia de la revisión necesariamente dará alojamiento a un análisis de tales temas al tenor de los agravios de la parte afectada.

En la misma resolución, el Pleno de esta Suprema Corte consideró que, fuera de esos casos, en principio, no hay alguna posibilidad de introducir en la revisión, por parte de los recurrentes, el planteamiento relativo a la posible inconstitucionalidad de normas aplicadas en las sentencias de los Jueces de Distrito, cuando a través de ellas fundan y motivan sus resoluciones, porque la materia de tal medio de defensa se reduce a la determinación de si deben o no tomarse en cuenta dichas disposiciones para dirimir la controversia, sean o no constitucionales, quedando a salvo la facultad del órgano revisor de dejar de aplicarlas cuando, vía control difuso, adviertan que son contrarias a un derecho humano, también en términos del artículo 1o. constitucional, que permite oficiosamente declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma invocada por aquellos juzgadores primarios; según se estableció de manera implícita al emitir la tesis aislada P. I/2011 (10a.), de rubro: "CONTROL DIFUSO."(5)

Por otra parte, en la citada ejecutoria se estableció que la atribución de los tribunales de la Federación para controlar y dejar de aplicar normas que consideren contrarias a los derechos fundamentales, también les permite analizar la constitucionalidad de todo tipo de normas generales, incluidas las de la propia Ley de Amparo, ya sea que se hubiesen materializado en el procedimiento, en la resolución de la primera instancia, o que pudieran ser necesarias para resolver la revisión, pues el artículo 1o. de la Constitución Federal, no hace salvedad alguna, y antes bien, si la misión de este ordenamiento adjetivo es la de garantizar la eficacia de los derechos humanos, resulta imprescindible que los órganos jurisdiccionales a quienes corresponde aplicarlo vigilen que su contenido no los haga nugatorios en el ámbito procesal.

Así, se precisó que era necesario que, en un primer plano, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmara la facultad exclusiva que históricamente ha tenido para declarar, en los casos que lo estime necesario, la contravención de algún precepto de la Ley de Amparo a la Constitución Federal, o para adoptar la interpretación que conforme a ese dicho ordenamiento deba dársele a alguno de los preceptos de esa ley, con el objeto de salvar su constitucionalidad mediante una lectura acorde con los derechos humanos.

En lo que a esta contradicción de tesis importa, se destacó que, en un segundo plano, cuando un órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo actualice algún supuesto normativo de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, también se abre la posibilidad de enjuiciar la disposición legal que lo faculte para actuar en el sentido que lo hizo, a condición de que tal cuestión trascienda al sentido de la decisión y se plantee en los agravios de alguno de los recursos instituidos dentro de dicha ley, ya que en estos casos la pretensión directa e inmediata del interesado no es la de obtener la declaración de inconstitucionalidad del fundamento del acto reclamado, sino la de evitar que el juzgador de amparo apoye su resolución definitiva, o algún acto procesal, en un precepto de ese ordenamiento que el afectado considere que le resulta lesivo por inconstitucional, legitimándolo, en consecuencia, para proponer su estudio dentro de los recursos que la propia Ley de Amparo le confiere.

Así, se concluyó que, a fin de asegurar que las partes en el juicio de amparo tengan a su alcance la posibilidad legal de impedir que en un caso concreto se les apliquen disposiciones de la Ley de Amparo que pudieran ser contrarias a la Constitución Federal, a instancia de los justiciables era procedente el análisis de los agravios respectivos, a fin de que esta Suprema Corte los analice en los recursos de su competencia, en los que ejerza su facultad de atracción, o en los que reasuma su competencia originaria, sin menoscabo de que cuando observe que alguna disposición de dicho ordenamiento se aparta del Texto Constitucional, sin necesidad de agravio de la parte interesada, lo declare así para los mismos efectos.

La conclusión precedente se justificó argumentando que, si bien es cierto que la Ley de Amparo es reglamentaria de preceptos de la Norma Fundamental, tampoco es equivalente a ésta, y, por ende, no debe escapar al control de su regularidad constitucional, sobre todo porque ni la Constitución Federal, ni la propia Ley de Amparo prohíben la impugnación de las normas contenidas en este último ordenamiento.

Además, se precisó que, conforme al texto vigente del artículo 1o. de la Constitución Federal, y a lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado Mexicano está obligado a proporcionar a los justiciables un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Federal, la ley o dicha convención, lo cual implica que es obligación de los tribunales procurar que ninguna disposición secundaria quede al margen de la posibilidad de someterla a su contraste con dicha Constitución, pues ésta es una de las formas de favorecer la protección más amplia de las personas, en la medida en que tendrán legitimación aun para proponer que esta Suprema Corte revise si, efectivamente, el ordenamiento garante de sus derechos humanos cumple o no con los lineamientos procesales que marca la Norma Fundamental, en sus artículos 103 y 107, o en cualquiera otra de sus disposiciones.

En la propia resolución se dijo que, a partir de las anteriores consideraciones, serían tres las condiciones esenciales para que, a instancia de parte, proceda excepcionalmente el examen de las disposiciones de la Ley de Amparo aplicadas dentro del juicio de amparo, a saber:

a) La emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos que conozcan del juicio de amparo;

b) La impugnación de normas de la Ley de Amparo cuya aplicación se actualice efectivamente dentro de los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo y que trasciendan al sentido de la decisión adoptada; y,

c) La existencia de un recurso procedente contra el acto de aplicación de las normas de la Ley de Amparo tildadas de inconstitucionales, en el cual pueda analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación, como la regularidad constitucional de esas normas, en su caso.

Finalmente, se precisó que el efecto de la posible declaración de inconstitucionalidad de alguna disposición de la Ley de Amparo estaría limitado a la inaplicación de la norma en el asunto concreto, en la medida en que el precepto relativo que fuese examinado no pudo constituir un acto reclamado en el juicio y, por tanto, no podría dejar de aplicarse a casos futuros al propio quejoso.

Por otra parte, además de los requisitos que estableció el Tribunal Pleno en el recurso de reclamación 130/2011, esta Segunda Sala ha sostenido que al impugnar las disposiciones de la Ley de Amparo a través del recurso de revisión que se interponga contra la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, el recurrente debe exponer en sus agravios argumentos mínimos de impugnación de la norma legal cuestionada.

El anterior criterio quedó asentado en la tesis 2a. CXXIII/2013 (10a.), de rubro: "LEY DE AMPARO. EL ANÁLISIS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS PRECEPTOS EN LOS RECURSOS COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, REQUIERE DE ARGUMENTOS MÍNIMOS DE IMPUGNACIÓN."(6)

En ese sentido, de acuerdo con lo decidido por el Tribunal Pleno en el recurso de reclamación 130/2011, así como con el criterio que sostuvo esta Segunda Sala en la tesis 2a. CXXIII/2013 (10a.), se concluye que sí procede analizar en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia dictada por un Juez de Distrito en el juicio de amparo indirecto, el planteamiento de inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Amparo aplicadas en dicha sentencia, a condición de que se satisfagan los requisitos mencionados en el recurso y tesis citados.

Lo anterior porque, en estos casos, la pretensión directa e inmediata del interesado no es la de obtener la declaración de inconstitucionalidad del fundamento del acto reclamado, sino la de evitar que el juzgador de amparo apoye su resolución definitiva en un precepto de la Ley de Amparo que el afectado considere que le resulta lesivo por inconstitucional; máxime que ni la Constitución Federal, ni la propia ley de la materia, prohíben la impugnación de las normas contenidas en este último ordenamiento; aunado a que, de esa forma, se favorece la protección más amplia a las personas, en la medida en que los justiciables tendrán legitimación para hacer valer la posible contravención del ordenamiento que rige la tramitación del juicio constitucional a la Norma Fundamental.

Es importante señalar que la presente determinación no es contraria a la jurisprudencia P./J. 48/2009, de rubro: "INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EN UN RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO SON AGRAVIOS INOPERANTES AQUELLOS QUE PRETENDAN INTRODUCIR UN PLANTEAMIENTO DE ESA NATURALEZA RESPECTO DE UNA NORMA QUE INVOCÓ EL JUEZ DE DISTRITO.",(7) con base en la cual, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito sostuvo que no era posible analizar la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo, a través del recurso de revisión.

Para justificar la inaplicabilidad de la citada jurisprudencia al caso concreto, es necesario señalar que ésta derivó de lo resuelto por el Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 17/2008-PL, fallada en sesión de veintisiete de octubre de dos mil ocho.(8)

En dicha contradicción de criterios el punto jurídico a dilucidar consistió en determinar si era posible analizar a través del recurso de revisión interpuesto contra una sentencia de amparo indirecto, los agravios en los cuales se impugnara la constitucionalidad de "normas locales", utilizadas por el Juez Federal para establecer la legalidad del acto reclamado.

Así, para resolver tal cuestionamiento, primero, se estableció que era necesario determinar si las normas locales son individualizadas por el Juez de Distrito en una sentencia de amparo y, posteriormente, si era procedente, a partir de las disposiciones que rigen el recurso de revisión, analizar la constitucionalidad de las normas locales que rigen el acto reclamado, ante la supuesta imposibilidad de impugnación en un juicio de amparo indirecto ulterior, a fin de no restringir el acceso efectivo a la justicia.

En ese sentido, primero se estableció que el juicio de amparo no es una instancia más desde la perspectiva de la sustanciación de las controversias del orden común, sino un medio de defensa del orden constitucional, independientemente si se activa por cuestiones propiamente constitucionales, o bien de legalidad; por lo que el marco normativo del orden común al que atiende el Juez de Distrito para decidir sobre la legalidad del acto reclamado no podía considerarse la individualización o aplicación de las normas locales.

Luego de explicar la premisa anterior, se destacó que existían dos criterios que justificaban la imposibilidad de estudiar temas de inconstitucionalidad en el recurso de revisión. El primero en el que se estableció que, a través de ese medio de impugnación, no podía hacerse valer la inconstitucionalidad de una disposición utilizada en la sentencia de amparo directo y, el segundo, vinculado con la imposibilidad de impugnar la inconstitucionalidad de algún precepto de la Ley de Amparo a través de ese recurso.

Posteriormente, se aludió a dos criterios sustentados por las Salas de esta Suprema Corte, en las tesis aisladas XCVIII/2001 y XCVII/2003, de las Salas Primera y Segunda, respectivamente, de rubros: "AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, APLICADO POR PRIMERA VEZ EN PERJUICIO DEL GOBERNADO EN UNA SENTENCIA DICTADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO."(9) y "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE UNA NORMA PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, NO PUEDE SERLO UNA SENTENCIA DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL RESOLVER UN AMPARO DIRECTO O UN RECURSO DE REVISIÓN."(10)

En ese sentido, se precisó que no es posible permitir que en el recurso de revisión se analicen agravios en los que se alegue la inconstitucionalidad de preceptos que el Juez de Distrito estimó que se dejaron de observar por parte de las autoridades responsables al ser éstos parte del marco normativo de la autoridad, porque de hacerlo se estaría creando un supuesto de procedencia del recurso de revisión no contemplado en la Ley de Amparo. Esta última afirmación se sustentó en el análisis de los artículos 107, fracción VIII, constitucional, vigente en ese momento, y 91 de la Ley de Amparo abrogada, que regulaban, principalmente, la procedencia y temas de análisis del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en amparo indirecto.

Así, se concluyó que, conforme al sistema que regía el juicio de amparo, los individuos podían reclamar la inconstitucionalidad de una norma exclusivamente a instancia de parte, en vía de acción; siendo que el recurso de revisión no estaba previsto como una de las formas de control constitucional, ni tampoco se desprendía que fuera procedente impugnar normas locales que el Juez de Distrito estimó infringidas para conceder el amparo.

Por tal motivo, se dijo que si la invocación de normas del orden común, por parte del Juez de Distrito en la resolución de amparo, no constituye un acto de individualización en la esfera de los particulares que figuran como partes en el juicio de amparo o en el juicio natural (quejoso o tercero perjudicado), entonces, no es posible estimar que el estudio que se pueda realizar de dicho fallo en el recurso de revisión por parte del Tribunal Colegiado de Circuito pueda extenderse hasta el análisis de la constitucionalidad de la norma que consideró infringida el Juez de Distrito por parte del Juez natural en el acto reclamado.

Como se puede apreciar de la ejecutoria descrita, la tesis en que se apoyó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito abordó un problema jurídico distinto al que dio origen al criterio que se estima contradictorio, debido a que la materia propia de la contradicción de tesis se refiere al supuesto en el que se impugna una norma local invocada por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto, que rige al acto reclamado y no una disposición de la Ley de Amparo, que constituye el fundamento de la actuación del Juez de Distrito.

Es verdad que en la ejecutoria respectiva se abordó tangencialmente ese supuesto, al referir cuáles eran los principales precedentes que orientaban el sentido de esa decisión; sin embargo, se insiste, el problema jurídico materia de la contradicción de tesis es distinto al que se sometió a la consideración del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, pues ante éste no se planteó la inconstitucionalidad de una norma o disposición que rige el acto reclamado, sino una disposición de la Ley de Amparo en que se fundó la actuación del Juez de Distrito al dictar una sentencia de amparo indirecto.

En ese sentido, se estima que la jurisprudencia P./J. 48/2009, no era aplicable al asunto que se sometió a la consideración del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y, por tanto, no puede servir de base para orientar el sentido de la presente contradicción de tesis.

La conclusión precedente -en cuanto a que no es aplicable la jurisprudencia P./J. 48/2009- adquiere mayor sustento si se toma en cuenta que el Tribunal Pleno, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, reconoció implícitamente que dicha jurisprudencia se refiere a una hip

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25053-fe346223/revision-en-amparo-indirecto-procede-analizar-los-planteamientos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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