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Modo: Corpus Pro

RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS PERSONAS, EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 706/2017. · Registro digital (IUS): 27512
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-12-08
Promovente:
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Pág. 457.

AMPARO EN REVISIÓN 706/2017. 8 DE NOVIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I.; VOTÓ CON SALVEDAD JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO EMMANUEL MUÑOZ ACEVEDO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver este recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; y, 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación con lo previsto en los puntos primero y segundo, fracción III, del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que impugna la constitucionalidad del artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; y se estima innecesaria la intervención del Pleno.

SEGUNDO.-Oportunidad y legitimación. Este aspecto no será materia de análisis por esta Segunda Sala, toda vez que el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto, determinó que el recurso de revisión se interpuso oportunamente y por partes legitimadas para ello.(1)

TERCERO.-Para estar en aptitud de examinar la materia del presente recurso, es importante tener presentes los siguientes antecedentes:

I. Demanda de amparo indirecto. **********, por conducto de su representante legal, promovió demanda de amparo indirecto contra: (I) la emisión del acuerdo número **********, denominado "Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía interpreta para efectos administrativos la participación cruzada a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos y establece el procedimiento para autorizarla", publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de marzo de dos mil dieciséis, en específico por lo que hace a su acuerdo tercero en el que impone a los titulares de un permiso de comercialización de hidrocarburos la obligación de acreditar ante la CRE que han solicitado su opinión favorable a la Comisión Federal de Competencia Económica; y, (II) el oficio **********, de once de marzo de dos mil dieciséis -acuerdo de prevención- suscrito por el secretario ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía, como acto de aplicación del acuerdo de participación cruzada en comento.

Asimismo, solicitó la suspensión de los actos reclamados en los términos siguientes:

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 130, 138 y 148, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se solicita a su señoría, se conceda a la quejosa la suspensión del Acuerdo de Participación Cruzada, así como el requerimiento de información para el efecto de que sean impedidos los efectos y consecuencias del primero en la esfera jurídica de la quejosa, así como para que tampoco se produzcan en ella los efectos de los segundos, hasta en tanto se dicta sentencia definitiva que resuelva el presente juicio; esto es, para que se expulsen provisionalmente de su esfera de derechos los efectos del Acuerdo de Participación Cruzada y sus actos concretos de aplicación, preservándose con ello la materia del proceso y permitiendo la eventual restitución en el goce de los derechos violados."

Previos los trámites de ley, el Juez de Distrito negó la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa.

II. Sentencia interlocutoria sobre la medida cautelar solicitada. El dos de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez Federal emitió sentencia interlocutoria en la cual negó el otorgamiento de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa contra los actos reclamados, atento a las siguientes consideraciones esenciales:

• Valoración de la existencia de materia para la concesión de la medida cautelar. Una vez que el juzgador se percató que la suspensión fue solicitada a petición de parte de la quejosa, que eran ciertos los actos reclamados a la Comisión y Secretaría Ejecutiva, ambos de la Comisión Reguladora de Energía, y que la promovente de amparo, acreditó contar con un interés suspensional, se avocó a examinar la existencia de materia para la medida cautelar.

Al respecto, precisó que la parte quejosa solicitó la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se le aplique lo dispuesto en el Acuerdo Número **********, denominado "Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía, interpreta para efectos administrativos la participación cruzada a la que hace referencia el segundo párrafo del artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos y establece el procedimiento para autorizarla", publicado el tres de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, así como lo dispuesto en el oficio **********, de once de marzo de dos mil dieciséis; es decir, se trata de un acto positivo con ejecución de tracto sucesivo, susceptible de suspensión, por lo que existe materia para proveer sobre la medida cautelar solicitada.

• Ponderación simultánea del peligro en la demora, la apariencia del buen derecho. Precisado lo anterior, el Juez de Distrito sostuvo que, conforme a la línea jurisprudencial que ha sentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la forma en que se debe realizar el ejercicio ponderativo, a fin de examinar en forma casuística, y no a partir de consideraciones abstractas, cuál de las partes en el juicio de amparo debe soportar la tardanza del procedimiento principal -si las autoridades o el quejoso-, depende del análisis preliminar de apariencia de buen derecho de la pretensión constitucional o, por el contrario, la apariencia de inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los hechos y pruebas que hasta el momento obren en el expediente correspondiente.

Considerando lo anterior, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que no se le aplique lo dispuesto en el referido Acuerdo Número **********, así como el oficio **********, de once de marzo de dos mil dieciséis.

• Sin embargo, en el caso en estudio no puede pasarse por alto que se reclama una resolución emitida por la Comisión Reguladora de Energía, mediante la cual se expiden disposiciones administrativas de carácter general para regular parte de las operaciones en materia energética de la nación y, que por lo mismo, se rige por la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, cuyo precepto 27 establece que la libertad decisoria con que cuentan los órganos, constitucionales especializados en campos como el que se estudia, a los cuales la propia Constitución les otorgara una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, "debe ser respetada por este juzgador, ya que la libertad constitucionalmente otorgada a dichos órganos, implica que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional sean menores y, por ende, la intensidad de su control se vea limitada dado que un control estricto de los actos emitidos por dichos órganos especializados llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia de órganos constitucionales especializados", lo que no es función propia del Poder Judicial Federal.

Máxime que, el otorgamiento de una suspensión sobre temas de alto grado de complejidad técnica y de especialización, tales como los que se ven involucrados en las resoluciones emitidas por los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, con base en un estudio preliminar e incompleto del fondo de la materia a resolver, resulta impropio no sólo por la sustitución de la competencia de los órganos especializados de que se habló con anterioridad, sino porque los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética emiten sus determinaciones sobre un área estratégica de relevancia nacional que constitucional y legalmente gozan de una presunción reforzada de corrección técnica y jurídica que no debe o puede ser materia de injerencia por parte del Poder Judicial Federal, a menos de que se trate de actos que sean evidentemente inconstitucionales o que vulneren de forma directa y preponderante los derechos fundamentales de la parte quejosa.

• En ese orden de ideas "las normas generales, actos u omisiones de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y únicamente, podrán ser suspendibles a través del juicio de amparo cuando dichos actos causen una afectación evidente y directa a los derechos fundamentales de la parte quejosa", lo que no sucede en el caso en estudio, dado que, para llegar a determinar si el acuerdo reclamado, en específico el acuerdo tercero, causan una afectación jurídica a la parte solicitante del amparo y, en su caso, el grado de afectación que dichas disposiciones le podrían llegar a causar, resultaría necesario entrar al estudio de fondo del presente juicio de amparo indirecto. Por ende, "debe negarse la medida cautelar solicitada".

• Aunado a lo anterior, tampoco procede conceder la suspensión solicitada, "toda vez que de concederse la misma se afectaría el orden público y el interés social", dado que el acuerdo que combate la parte quejosa "busca generar mayor transparencia y certidumbre en las transacciones comerciales para la adquisición y manejo del gas natural, así como regular el nuevo mercado energético y el sistema de competencia para la comercialización del gas natural", lo que a su vez alienta la inversión productiva, fomenta una sana competencia, proporciona una adecuada cobertura y confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y prestación de los servicios a precios competitivos, en beneficio de la sociedad, y la concesión de la suspensión que solicita la parte quejosa, podría afectar el orden público y el interés social.

En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa.

III. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior sentencia interlocutoria, la quejosa **********, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión en su contra. En sus agravios, aduce sustancialmente lo siguiente:

• En el primer agravio, aduce que el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía, en la parte que impide que se suspendan en el juicio de amparo los actos que de dichos órganos sean reclamados, viola el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que impide al Juez que conozca de dichos procesos paralizar su ejecución y preservar la materia del juicio, con lo que la sentencia que lleguen a dictar no podrá ejecutarse y será meramente ilusoria.

En efecto, tal precepto transgrede el derecho de tutela cautelar efectiva, por cuanto a que le impide al juzgador dictar las medidas necesarias para preservar la materia del juicio de amparo y lograr que la sentencia que eventualmente dicte pueda ejecutarse y tener un efecto reparador en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de la quejosa, ya que en caso de conceder el amparo, sin haber paralizado la ejecución de los actos en él reclamados, dicha sentencia no podría ejecutarse y sus efectos sería sólo ilusorios.

• Más aún, no solamente transgrede el derecho fundamental de tutela cautelar efectiva, por cuanto a que no únicamente lo restringe o condiciona, sino que pretende su absoluta aniquilación, esto es, en sus términos no es posible suspender, en ningún caso, los actos reclamados a la Comisión Reguladora de Energía.

Siendo que el objetivo perseguido por la prohibición absoluta de que se suspendan los actos de la Comisión Reguladora de Energía no es legítimo, en tanto que no se invoca una causa que esté establecida en los tratados internacionales de derechos humanos ni en la Constitución -y sin que la necesidad de que los actos en materia de energía se ejecuten sea causa suficiente, pues a todas las autoridades del país les parecen igualmente importantes y trascendentes sus actos-.

Además, el motivo o finalidad que persigue la norma al proscribir absolutamente el otorgamiento de la suspensión, se desconoce, pues no se menciona expresamente en la ley, con lo que, de entrada, viola el estándar convencional, ya que como dicha referencia expresa es la que funge como parámetro de ponderación para determinar si se cumple o no con los requisitos de necesidad y proporcionalidad, la restricción es ilegítima.

• En su segundo agravio aduce que el fallo recurrido no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación, dado que en primer lugar, se emplea el uso de términos ambiguos con alto poder retórico, es decir, se invocan la transparencia y la certidumbre en las transacciones, sin especificar si se refieren o no al derecho de acceso a la información.

En segundo término, la motivación del juzgador está basada en afirmaciones dogmáticas, como lo es que la finalidad del Acuerdo de Participación Cruzada busca mayor transparencia y certidumbre, pero no señala el sustento de su afirmación. Afirma también que su finalidad es la de "establecer" su procedencia lícita, sin invocar tampoco fuente o razonamiento alguno del que se desprenda que, efectivamente, es esa la finalidad del Acuerdo de Participación Cruzada.

• Estas categorías ambiguas y dogmáticas, nada guardan relación con la valoración de si el otorgamiento de la suspensión ocasiona o no perjuicios al interés social, pues el Juez de Distrito no señala cuál es el vínculo causal entre el hecho de que se suspendan temporalmente los efectos del acto de aplicación y se le impida a la Comisión Reguladora de Energía, sancionar a la quejosa por no entregar información a la Comisión Federal de Competencia Económica, respecto a la protección de la procedencia lícita del gas natural en el mercado, la calidad del mismo o la amplitud en la zona de cobertura de su distribución.

Por ello, es claro que la sentencia reclamada, se encuentra indebidamente motivada, ya que contrario a lo que sostiene el Juez de Distrito, de concederse la medida cautelar no se afectaría el orden público y el interés social, además de que en todo caso la motivación contenida en la sentencia recurrida es insuficiente, por ambigua, gratuita y por no guardar relación alguna con la valoración del interés social.

CUARTO.-Procedencia del estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada. Como se desprende de la precedente relatoría de antecedentes, el punto jurídico que debe resolverse en la presente instancia, radica en determinar, primeramente, si el artículo 27 la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía, al prever que no serán objeto de suspensión en el juicio de amparo las normas generales, actos u omisiones de los órganos reguladores coordinados en materia energética, resulta contrario al parámetro de regularidad constitucional.

Al respecto, resulta pertinente clarificar que es dable que en la presente instancia la recurrente pueda plantear la inconstitucionalidad del referido precepto legal. Es así, pues esta Segunda Sala ha establecido que cuando un órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo, actualice algún supuesto normativo de la Ley de Amparo, "se abre la posibilidad de enjuiciar la disposición legal que lo faculte para actuar en el sentido que lo hizo".

En efecto, esta Sala ha sostenido que en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia dictada por un Juez de Distrito en el juicio de amparo indirecto, procede analizar los planteamientos sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley de Amparo aplicadas en dicha sentencia, ya que la pretensión de la recurrente no es la de obtener una declaratoria de inconstitucionalidad del fundamento del acto reclamado en el juicio de amparo, "sino la de evitar que la decisión del tribunal de amparo se sustente en un precepto de la Ley de Amparo que considera es contrario a la Constitución, legitimándolo en consecuencia para proponer su estudio dentro de los recursos que prevé el citado ordenamiento legal".

Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 39/2014 (10a.) que se lee bajo el título y subtítulo siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE ANALIZAR LOS PLANTEAMIENTOS SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO APLICADAS POR EL JUEZ DE DISTRITO EN LA SENTENCIA RECURRIDA."(2)

Asimismo, esta Segunda Sala ha precisado, que cuando se impugne un precepto de la Ley de Amparo mediante el recurso de revisión, "no debe tenerse como acto reclamado destacado", en atención a que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y, por ende, "sólo a través de él o de los recursos que existen en su ley reglamentaria pueden hacerse valer esos aspectos pero de manera accesoria o secundaria a la cuestión principal -consistente en analizar la constitucionalidad de los actos reclamados destacados de las autoridades responsables que motivaron el ejercicio de la acción constitucional-".

Por ello, tampoco debe llamarse a juicio a las autoridades legislativas que expidieron la ley indicada ni, en su caso, reponer el procedimiento del juicio para tal efecto. De esa forma, la potencial inconstitucionalidad o inconvencionalidad de un precepto de dicha legislación "sólo implica que se inaplique al caso concreto y que trascienda a la sentencia de amparo respectiva, dependiendo de la regulación normativa que establezca y del vicio de inconstitucionalidad que se advierta"; en caso contrario, la validez constitucional y convencional del precepto impugnado, conlleva que se siga aplicando en el caso concreto. Finalmente, el pronunciamiento respecto a la constitucionalidad o convencionalidad del artículo, por tratarse de una cuestión accesoria o secundaria, no tiene por qué verse reflejado en un punto resolutivo de la sentencia de amparo respectiva.

Da sustento a lo anterior, la tesis 2a. XCIX/2017 (10a.) intitulada: "RECURSO DE REVISIÓN. REGLAS PARA IMPUGNAR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO."(3)

Atendiendo a las razones expuestas, esta Segunda Sala considera que, en tanto es permisible impugnar las disposiciones de la Ley de Amparo que sean aplicadas por el Juzgador Federal y que causen perjuicio a la quejosa, luego entonces, esa misma posibilidad jurídica debe prevalecer en tratándose de aquellos casos atípicos en los que la parte recurrente combate normas que, a pesar de que no se encuentran contenidas en la referida ley reglamentaria, pretendan regular aspectos propios del juicio de amparo.

Tal y como acontece en la especie, respecto del precepto 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía, cuyo enunciado normativo combatido en la presente revisión regula la manera en que deben proceder los Jueces y tribunales de amparo, respecto a las solicitudes de suspensión de los actos reclamados a los órganos reguladores coordinados en materia energética.

Es así, pues como se haya expuesto, la razón principal por la que se ha permitido, excepcionalmente, que en la revisión se combatan normas de la Ley de Amparo, "radica en evitar que la decisión del tribunal de amparo se sustente en un precepto de la Ley de Amparo que considera es contrario a la Constitución"; por lo que no constituyen propiamente actos reclamados destacados, sino meras pretensiones de inaplicabilidad jurídica dentro del presente medio de control constitucional, a fin de que los plausibles vicios de inconstitucionalidad de las normas impugnadas que regulan el amparo, no trasciendan a la decisión que emitan los Jueces o tribunales en la materia y, con ello, se afecte la característica instrumental del amparo como un verdadero recurso efectivo para tutelar los derechos humanos reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional.

En ese sentido, sería un verdadero despropósito restringir la posibilidad de impugnar en el recurso de revisión las normas jurídicas que regulen aspectos propios del juicio de amparo, sólo por el hecho de que el legislador haya decidido incorporarlas en algún ordenamiento diverso a la ley de la materia; pues lo que debe prevalecer es la justificación racional que esta Segunda Sala, ha establecido al emitir las tesis 2a. XCIX/2017 (10a.) y 2a./J. 39/2014 (10a.) ya citadas, respecto a la necesidad de examinar los preceptos adjetivos del presente medio de control constitucional que resulten contrarios a los derechos del ser humano, a fin de que no sean aplicados por los Jueces y tribunales de amparo.

En esa inteligencia, resulta procedente que en la especie se analice la constitucionalidad del precepto 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía; máxime que se cumple con todos los requisitos que la técnica jurídico procesal establece para ello, a saber: (I) tal norma fue efectivamente aplicada por el Juez de Distrito al momento de emitir la sentencia interlocutoria recurrida; (II) esa invocación normativa trascendió al sentido de dicho fallo, en tanto fue uno de los elementos fundamentales en los que el juzgador soportó su decisión de negar el otorgamiento a la parte quejosa de la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados; y, (III) la recurrente, a través del presente recurso, expresa una serie de argumentos lógico jurídicos tendientes a evidenciar la inconstitucionalidad de tal norma general.

QUINTO.-Estudio. Una vez precisado lo anterior, se procede a examinar, primeramente, la constitucionalidad del artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía y, en caso de determinar que debe ser inaplicado en la especie, se procederá a examinar si en el presente caso es dable otorgar la suspensión definitiva a la parte quejosa.

1. Análisis de la constitucionalidad del precepto impugnado. A fin de dilucidar si el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía, resulta contrario al parámetro de regularidad constitucional, resulta oportuno tener en cuenta su contenido normativo:

"Artículo 27. Las normas generales, actos u omisiones de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que impongan multas, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.

"Cuando se trate de resoluciones de dichos Órganos Reguladores Coordinados emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida.

"En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales.

"En las decisiones fundadas y motivadas que sean aprobadas por los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, no podrá alegarse un daño o perjuicio en la esfera económica por aquellos que realicen las actividades reguladas."

Como se desprende de la anterior cita, en lo que interesa, el legislador estableció que las normas generales, actos u omisiones de los órganos reguladores coordinados en materia energética podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto "y no serán objeto de suspensión".

A juicio de esta Segunda Sala, la porción normativa impugnada resulta inconstitucional en dos vertientes. Primeramente, atendiendo a su continente, ya que vulnera lo dispuesto en el precepto 107, fracción X, de la Constitución General de la República -por regular aspectos que únicamente atañen a la Ley de Amparo-. En segundo término, atendiendo a su contenido, pues -con independencia de que pretende regular aspectos que no pueden ser materia de otra ley que no sea la de Amparo-, su enunciación normativa resulta contraria al derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva.

A fin de dilucidar lo anterior, debe tenerse en cuenta, en principio, que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, prevé lo siguiente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social."

Del anterior enunciado constitucional se desprende que fue la voluntad expresa del Poder Revisor de la Constitución que los casos y condiciones en que los actos reclamados puedan ser objeto de la aludida medida cautelar, deben establecerse en "la ley reglamentaria".

En ese sentido, si bien el Legislador Federal cuenta con un cierto grado de disponibilidad jurídica o libertad configurativa para regular los principios y reglas del otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, lo cierto es que existe un mandato constitucional, consistente en que dichas bases se desarrollen, precisamente, en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal.

En otras palabras, no le está permitido al legislador federal desarrollar las bases constitucionales del presente medio de control constitucional -como lo son las referidas a la suspensión de los actos de la autoridad-, en ningún otro ordenamiento legal que no sea, precisamente, la Ley de Amparo -Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-.

Aserto que se corrobora de la exposición de motivos de las reformas constitucionales a los preceptos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, en la cual el Constituyente Permanente sostuvo que la modificación a tales preceptos constitucionales tuvo como finalidades, ente otras: (I) llevar a cabo una reforma integral al principal medio de protección de los derechos fundamentales, esto es, al juicio de amparo; y, (II) fortalecer y perfeccionar la estructura del Poder Judicial de la Federación y consolidar a su órgano superior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un tribunal garante de la Constitución Federal. Para ello, se instrumentalizaron una serie de modificaciones a efecto de lograr la consecución de los aludidos objetivos de la reforma en comento, precisando que dichas "bases constitucionales se deberán desarrollar en la Ley de Amparo."(4)

En esa tesitura, resulta inconcuso que, por mandato expreso del Poder Revisor de la Constitución, el legislador federal no puede desarrollar las bases constitucionales del juicio de amparo en cualquier norma federal o general que estime conveniente, pues como se ha expuesto, esa función legislativa, se encuentra reservada de manera exclusiva a que lo haga en las disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna; de ahí que, naturalmente, los aspectos atinentes a los casos y condiciones en que los actos reclamados puedan ser objeto de suspensión en tal medio de control constitucional, no pueden sino ser desarrollados en dicho ordenamiento reglamentario.

En esa inteligencia, esta Segunda Sala, colige que el precepto 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía, al prever que las normas generales, actos u omisiones de los órganos reguladores, coordinados en materia energética "no serán objeto de suspensión (en el juicio de amparo)", transgrede el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, ya que, como se ha razonado, es en la Ley de Amparo donde deben desarrollarse los casos y condiciones en que se otorgue tal medida cautelar.

Una vez precisado lo anterior, esta Segunda Sala estima que, en adición al vicio de inconstitucionalidad ya referido, la enunciación normativa del artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía, también resulta inconstitucional por vulnerar el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que establece una prohibición absoluta de que el juzgador pueda conceder resoluciones provisionales, con la finalidad de garantizar la plena eficacia del pronunciamiento jurisdiccional sobre la existencia de las violaciones a los derechos humanos.

A efecto de ilustrar el anterior aserto, es oportuno tener en cuenta que existe una vinculación significativa entre el acceso a un recurso efectivo y la tutela cautelar de los derechos humanos. En efecto, las medidas asegurativas o cautelares, en sentido amplio, surgen en el proceso como una necesidad que permite garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y, por ello, se pueden conceptualizar como un conjunto de potestades procesales para que los operadores jurídicos emitan una decisión preliminar en el caso, con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final, y evitar daños innecesarios a los derechos de las personas, en tanto se resuelve el fondo del negocio.

Habida cuenta que, en tratándose de los procesos cuya finalidad esencial es la salvaguarda de los derechos humanos, las medidas cautelares, cumplen con una doble funcionalidad que dotan de verdadera efectividad fáctica jurídica a los recursos internos. Es así, pues en principio, las referidas medidas procesales, tienen una función "cautelar" en el sentido de preservar una situación jurídica bajo el conocimiento de los Jueces y tribunales. En segundo término, cuentan con una función de "

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27512-4080b972/restricciones-constitucionales-al-goce-y-ejercicio-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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