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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE), EN LA QUE REVOCÓ EL PERMISO PARA EXPENDER PETROLÍFEROS AL PÚBLICO, POR NO RENDIR LOS INFORMES TRIMESTRALES RELATIVOS A VOLÚMENES Y DEMÁS INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO, POR CONTRAVENIR DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y SEGUIR PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 6/2023. · Registro digital (IUS): 31663
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-08-11
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEXTO, OCTAVO Y DÉCIMO PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo IV, Pág.3280.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 6/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEXTO, OCTAVO Y DÉCIMO PRIMERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE ABRIL DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS (PRESIDENTA) Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTRUITA FLORES.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, en sesión del día catorce de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción 6/2023, suscitada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Sexto, Octavo y Décimo Primero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.

I. ANTECEDENTES

Denuncia de la contradicción ante el extinto Pleno de Circuito. Por escrito presentando el cuatro de noviembre de dos mil veinte, **********, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte impetrante de amparo en las quejas de las que derivaron los criterios contendientes denunció ante el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, la posible contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero, Sexto, Octavo y Décimo Primero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, la cual se radicó bajo el expediente 29/2020 de su índice.

Vigencia de los criterios. Por acuerdo del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6, párrafo séptimo, del Acuerdo General 17/2019, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que de la consulta al sistema correspondiente, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de criterios dictados por la presidencia del Alto Tribunal, no se advertía la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en éste, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el diverso: "DETERMINAR SI PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN CONTRA DE ACTOS DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA O SI DICHA CONCESIÓN RESULTARÍA CONSTITUTIVA DE DERECHOS PROPIOS DEL JUICIO DE AMPARO."

Remisión. Por copia autorizada del correo institucional del secretario de Acuerdos del extinto Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en cumplimiento al contenido del artículo tercero transitorio del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, se remitieron a este órgano jurisdiccional (según consta en el acta de entrega-recepción), los asuntos pendientes de resolución, entre los cuales se encuentra el expediente electrónico de la contradicción de criterios tramitado bajo el número 29/2020.

Radicación. Por acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, la Magistrada presidenta de este Pleno Regional ordenó formar y registrar el expediente con el número 6/2023; se avocó al conocimiento y trámite para emitir la resolución que en derecho corresponda respecto de la denuncia de la posible contradicción de criterios y además, tomando en consideración el tiempo transcurrido entre la integración del expediente de origen y el relativo a la recepción del mismo, se solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para que dentro del término de cinco días, informaran si los criterios emitidos que motivaron la contradicción de criterios, aun se encontraban vigentes, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; asimismo, solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la actualización del informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada en el Alto Tribunal, en la que el tema a dilucidar guardara relación con el antes precisado.

Turno. Por acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, se enviaron los autos a la ponencia de la Magistrada Rosa Elena González Tirado, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

II. COMPETENCIA

Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción I, punto 2, 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en virtud de que la contradicción se suscitó entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, es decir, pertenecientes a la Región Centro-Norte.

III. LEGITIMACIÓN

De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo –en su redacción anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de siete de junio de dos mil veintiuno–, la contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada, pues se trata de **********, autorizado en términos amplios de lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dentro de los juicios de amparo indirecto **********, *********, *********** y **********, del índice de los Juzgados Tercero, Décimo Primero y Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, respectivamente, que dieron lugar a las quejas administrativas **********, **********, ********** y **********, del índice del Décimo Primer, Octavo, Sexto y Primer Tribunal Colegido en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente, los cuales constituyen los criterios contendientes en esta contradicción.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 152/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 227, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro digital: 168488, de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA."

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es importante formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

Del recurso de queja 96/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se advierten los siguientes antecedentes:

I. Por escrito presentado el once de septiembre de dos mil veinte, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable promovió demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables a la Comisión Reguladora de Energía, a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía, así como a las Cámaras de Diputados y Senadores, y otra autoridad; de las dos primeras reclamó la emisión de la resolución ********** derivada del procedimiento administrativo identificado con el expediente **********; de las otras dos autoridades reclamó el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en los siguientes segmentos: "... y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que impongan multas, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva" y "En las decisiones fundadas y motivadas que sean aprobadas por los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, no podrá alegarse un daño o perjuicio en la esfera económica por aquellos que realicen las actividades reguladas", aplicados en la referida resolución.

II. La demanda se turnó al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, cuyo titular se declaró legalmente incompetente por razón de la materia, y ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la misma ciudad en turno, por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte; el asunto fue turnado a la Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, ordenó su registro con el número **********, se avocó a su conocimiento y lo admitió a trámite. En diverso auto de esa misma fecha negó la suspensión provisional.

III. En contra de esa resolución la quejosa interpuso recurso de queja, que fue turnado al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en donde se registró con el número **********; y en sesión de dos de octubre de dos mil veinte, declaró fundados los agravios expresados, en consecuencia, revocó el auto recurrido y concedió la suspensión provisional, al tenor de los siguientes razonamientos:

"TERCERO.—Para dar el tratamiento que corresponde a los argumentos de la inconforme, es necesario relatar las consideraciones en que la juzgadora apoyó su determinación.

"...

"Bajo tales consideraciones, la juez negó la suspensión provisional, ya que, dijo, no se satisfizo la condicionante prevista en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo.

"Para combatir esa determinación, en su primer agravio (en realidad es el único), la recurrente alega que la resolución es ilegal, ya que la juzgadora se limitó a señalar que se afecta el orden público y las facultades de las autoridades administrativas conforme a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, sin motivar las razones de esa afectación.

"...

"Para dar la solución que corresponde, es determinante precisar los efectos para los cuales se solicitó la suspensión.

"De la copia certificada de la demanda de amparo que remitió la juzgadora se observa que la pretensión de la promovente con la obtención de la suspensión es que no se ejecute la revocación contenida en la resolución reclamada y se le permita seguir desempeñando la actividad amparada con el permiso que tiene.

"En vinculación con lo anterior, si bien la resolución reclamada fue dictada por la Comisión Reguladora de Energía y el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establece que, entre otros actos, ese tipo de determinaciones no serán objeto de suspensión, lo trascendente es que en la tesis aislada 2a. CLlX/2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió que como esa disposición se trata de una excepción a la procedencia de la medida cautelar dentro del juicio de amparo, que no se encuentra en el Texto Constitucional o en la Ley de Amparo, transgrede el principio de reserva de ley.

"El criterio del que se da noticia puede ser consultado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, octubre de 2017, Tomo II, página 1232, que establece:

"‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA, ES INCONSTITUCIONAL POR NO RESPETAR EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY REGLAMENTARIA.’ (Se transcribe)

"Por tal razón, para la solución del asunto únicamente se atenderá a lo dispuesto por la Ley de Amparo.

"Para tal efecto, resulta indispensable informar que, aun cuando no se ha establecido un criterio que defina en forma concluyente lo que se deba entender por interés social y orden público, se puede inferir, en términos generales, que se sigue perjuicio al primero cuando, de ser paralizados los actos reclamados, se causen daños y perjuicios a la colectividad, se le prive de un provecho concreto con la ejecución del acto reclamado, o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública.

"Por otra parte, se contravienen disposiciones de orden público al otorgar la medida cautelar cuando dichas disposiciones tutelen auténticamente los derechos de la colectividad, tiendan a evitar un mal o busquen satisfacer una necesidad de la sociedad, siempre que la concesión afecte ese orden público y, en todo caso, se deben ponderar los diversos grados de afectación que se causen al interés social y al orden público, así como los daños y perjuicios que pueda sufrir el gobernado con la ejecución del acto reclamado, a fin de resolver si es viable o no proveer su suspensión.

"Es relación con esas consideraciones es ilustrativa la jurisprudencia sustentada por este tribunal colegiado, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 64, Sexta Parte, página 78, que establece:

"‘SUSPENSIÓN, INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO, SU DEMOSTRACIÓN.’ (Se transcribe)

"Por consiguiente, el concepto de disposiciones de orden público comprende aquellas normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad, evitar un mal o proveer a la satisfacción de una necesidad de la sociedad, siempre que la medida afecte ese orden público, y por interés social se debe considerar el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o utilidad, la satisfacción de una necesidad colectiva o le evite una perturbación pública.

"Hecha tal precisión, hace referencia al caso concreto en que la quejosa promovió demanda de amparo en contra de la resolución **********, de veintisiete de agosto de dos mil veinte, dictada por la Comisión Reguladora de Energía, en la que revocó el permiso ********** que le fue otorgado para expender gasolina magna, premium y diésel en la estación de servicio ubicada en **********, esquina **********, **********, código postal **********, en Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave.

"En esa determinación se explicó que se inició el procedimiento para la revocación del permiso, ya que, presuntivamente, la actora incumplió con las obligaciones establecidas en la Ley de Hidrocarburos, su reglamento y en las condiciones del propio permiso, pues no demostró haber presentado:

"La póliza o documentos que acrediten la contratación y vigencia de las garantías y los seguros, incluyendo aquellos necesarios para cubrir daños a terceros por responsabilidad civil con motivo de la realización de la actividad permitida, en dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho.

"Los informes trimestrales relativos a volúmenes y demás información relacionada con la operación de la estación de servicio, de conformidad con los formatos autorizados durante los periodos de octubre a diciembre de dos mil dieciséis, enero a marzo de dos mil diecisiete y enero a marzo de dos mil dieciocho.

"El dictamen anual de operación y mantenimiento para la acreditación de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolina, en dos mil dieciséis.

"Al analizar las manifestaciones de la permisionaria, la responsable explicó que si bien demostró que en dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho acreditó la obligación sustantiva relativa a la contratación de los seguros, con lo que mitigó el riesgo en que pudo haber puesto a las personas en caso de que no contara con ellos por la actividad que realiza, lo cierto es que no cumplió con el deber formal de la información correspondiente al cumplimiento de la primera.

"Destacó que la quejosa también gestionó el dictamen correspondiente de mantenimiento y operación para la acreditación de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016 para dos mil diecisiete, en el cual obtuvo una calificación aprobatoria; no obstante, incumplió el deber formal de informar ese cumplimiento.

"Finalmente precisó que tampoco dio cumplimiento a la obligación formal de rendir los informes trimestrales relacionados con los volúmenes y demás información relacionada con la operación de la estación de servicio de conformidad con los formatos aplicables.

"En virtud de tales consideraciones, definió que las omisiones son contrarias a lo que establecen tanto la condición octava del permiso como los artículos 84, fracciones XVIII y XXI, de la Ley de Hidrocarburos y 52 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos, por lo que, en apego a lo dispuesto en el diverso 56, fracciones I y V, del primer ordenamiento, revocó el permiso.

"Como se observa de la relatoría de las consideraciones del acto reclamado, la quejosa fue sancionada por el incumplimiento a diversas obligaciones formales, relacionadas con no hacer del conocimiento de la responsable la contratación de seguros, la presentación del dictamen de operación y mantenimiento de la estación de servicio, así como la rendición de los informes trimestrales de los volúmenes y demás datos relacionados con la operación de la estación, lo que, incluso, reconoció la propia autoridad responsable en su resolución.

"Dicho de distinta forma, las conductas imputadas a la quejosa no se vinculan con el desacato a algún deber de carácter sustantivo, esto es, aquel que le permite desempeñar la actividad de expendio de combustibles, como lo sería, precisamente, tomando como ejemplo el indicado por la responsable en su resolución, no contar con el seguro de daños a terceros o por responsabilidad civil, exigido por la normatividad que la regula.

"Por esas razones se estima que, contrario a lo resuelto por la juzgadora, el otorgamiento de la suspensión no contraviene disposiciones de orden público ni afecta el interés social.

"Efectivamente, las disposiciones que la responsable estimó infringidas con el incumplimiento a las obligaciones impuestas a la promovente no tutelan derechos colectivos, menos tienden a evitar un mal o buscan satisfacer una necesidad de la sociedad, como se desprende de su contenido:

"Ley de Hidrocarburos

"‘Artículo 84.’ (Se transcribe)

"Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos

"‘Artículo 52.’ (Se transcribe)

"Como se observa, el primer precepto no establece otra cosa que obligaciones formales a los permisionarios.

"Si bien la disposición reglamentaria prevé una obligación sustantiva para los titulares de los permisos de contratar y mantener vigentes los seguro por daños, incluyendo aquellos necesarios para cubrir los daños a terceros, lo cierto es que la responsable no estimó incumplido ese deber, pues en el procedimiento la quejosa si demostró que cuenta con los seguros de dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, sino solamente el relativo a rendir el informe sobre la contratación y vigencia.

"En virtud de lo anterior, si las obligaciones que la autoridad responsable estimó incumplidas únicamente trascienden a que rinda diversos informes, cuya finalidad únicamente es mantener comunicada a la autoridad sobre el desempeño de la actividad regulada (expendio de combustible), mas no se encuentran vinculadas con algún impedimento para realizarla, se concluye que el otorgamiento de la medida cautelar no afecta el interés social. "Si bien la sociedad está interesada en que las estaciones de expendio de combustibles cumplan con todas las obligaciones relativas al desempeño de esa actividad para que se garantice la eficacia y calidad del servicio, no se puede obviar que, tratándose de deberes formales, como es la presentación de informes, no trascienden a tal aspecto, por tal razón se considera que esa colectividad no resiente algún daño, siendo superior el perjuicio que se puede ocasionar a la quejosa con la negativa de la suspensión, porque, de no ser paralizados los efectos de la revocación del permiso estaría impedida para desempeñar la actividad que realiza al amparo del mismo, lo que no podría ser reparado aun cuando, eventualmente, se conceda la protección constitucional.

"No es obstáculo a lo anterior el hecho de que la juzgadora haya establecido que, de ser otorgada la medida cautelar, se perjudicarían las facultades de la autoridad responsable, pues, al margen de que no estableció cuáles se verían obstaculizadas, lo relevante es que esa afirmación es incorrecta, ya que sus atribuciones para comprobar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los permisionarios ya fueron ejercidas a través del procedimiento del cual emana la resolución reclamada, a partir de los cuales concluyó que la quejosa no cumplió con diversas obligaciones formales.

"Al resultar esencialmente fundados los agravios, lo que se impone es revocar el auto recurrido y conceder la suspensión provisional para el efecto de que no se ejecute la resolución reclamada y la quejosa pueda seguir desempeñando la actividad autorizada mediante el permiso que se le otorgó.

"No obstante, con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, se establece como requisito de efectividad para que surta efectos la suspensión, que la quejosa cumpla con los deberes formales que motivaron la revocación del permiso, esto es, que remita a la responsable: a) los informes trimestrales relativos a volúmenes y demás información relacionada con la operación de la estación de servicio, de conformidad con los formatos autorizados durante los periodos de octubre a diciembre de dos mil dieciséis, enero a marzo de dos mil diecisiete y enero a marzo de dos mil dieciocho; b) las pólizas de seguros de daños a terceros; y, c) el dictamen correspondiente de mantenimiento y operación para la acreditación de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016 para dos mil diecisiete.

"Para tal efecto, se le concede un plazo de tres días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para que demuestre ante el órgano judicial haber remitido tal información a la responsable, en el entendido que, ante su incumplimiento, la medida cautelar no surtirá efectos. ..."

Por su parte en el recurso de queja **********, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, se tienen como antecedentes los siguientes:

I. **********, Sociedad Anónima de Capital Variable promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Comisión Reguladora de Energía, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Reguladora de Energía, las Cámaras de Diputados y Senadores, y otra autoridad; respecto de las dos primeras reclamó la emisión de la resolución ********** derivada del procedimiento administrativo con número de expediente **********, y de las dos últimas, el artículo 27, párrafos primero y cuarto, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en los siguientes segmentos: " ... y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que impongan multas, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva" y "En las decisiones fundadas y motivadas que sean aprobadas por los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, no podrá alegarse un daño o perjuicio en la esfera económica por aquellos que realicen las actividades reguladas", aplicados en la referida resolución.

II. La demanda se turnó al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, quien por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte se declaró legalmente incompetente por razón de la materia, y la remitió al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en turno. Por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la indicada ciudad aceptó la competencia declinada, por lo que admitió la demanda, ordenó su registro con el número **********, y ordenó la apertura del incidente de suspensión, en el que por auto de la misma fecha negó la suspensión provisional solicitada.

III. En contra de esa decisión la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue turnado al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en donde se registró con el número QA. **********; y en sesión extraordinaria virtual de nueve de octubre de dos mil veinte, declaró infundado el medio de impugnación, por las razones que a continuación se reproducen:

"SEXTO.—Con el propósito de determinar lo que legalmente proceda respecto a los planteamientos contenidos en los conceptos de agravio, es menester conocer los antecedentes relevantes de los actos reclamados en el juicio de origen.

"- Como ya se precisó en un apartado previo de esta resolución, la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en contra de los siguientes actos:

"1. La resolución número **********, de veintisiete de agosto de dos mil veinte, derivada del Procedimiento Administrativo con número de expediente **********, emitida por el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía.

"2. La iniciativa, discusión, aprobación, omisión de veto y promulgación, del artículo 27, párrafos primero y cuarto, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia de Energía, que atribuyó a las Cámaras de Diputados y Senadores, del Congreso de la Unión y al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el respectivo ámbito de sus atribuciones.

"- De los antecedentes que relató en su ocurso de demanda y de la impresión digital que anexó a la misma, se desprende que con fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, la Comisión Reguladora de Energía le otorgó el Permiso de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio número ********** que autoriza para expender Gasolina Magna y Gasolina Premium, en la estación de servicio de fin específico, ubicada en **********, en la colonia **********, Alcaldía **********, en esta Ciudad de México, de conformidad con la Resolución número ********** emitida por la Comisión en cita, que entró en vigor el uno de enero de dos mil dieciséis posterior, con una vigencia de treinta años.

"- Por otra parte, de la ‘Resolución de la Comisión Reguladora de Energía por la que se resuelve el procedimiento administrativo de revocación iniciado en contra de **********, titular del permiso de expendio al público de petrolíferos en estación de servicio número ********** por encuadrar su conducta EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN tipificadas por el artículo 56, fracciones I y V, de la Ley de Hidrocarburos’, que en original se acompañó al ocurso de demanda, en lo que al presente estudio interesa, se desprende lo siguiente:

"• Que en el inicio del procedimiento de sanción se imputaron a la sociedad quejosa –aquí recurrente–, las conductas que a continuación se precisan y, como fuente normativa de las obligaciones que se estimaron omitidas, los siguientes:

Ver tabla

"• Que en relación con la conducta especificada en el inciso a), la autoridad determinó que si bien el permisionario acreditó mediante la exhibición de las pólizas de los años dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, que contrató y mantuvo en vigor el seguro de daños para la estación de expendio de petrolíferos amparada con el permiso ********** (obligación sustantiva), lo cierto era que no dio cumplimiento a la obligación formal de presentar dicha documentación en tiempo y forma ante la Comisión, de conformidad con lo establecido en el resolutivo primero, último y penúltimo párrafos de la resolución **********, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de mayo de dos mil quince.

"• Que la conducta precisada en el inciso b) se encontraba acreditada, porque obraba en el expediente administrativo la constancia ********** de uno de abril de dos mil diecinueve, por la que la entonces Unidad de Petrolíferos de la Comisión hizo constar que, no obraba constancia que acreditara que el permisionario presentó los reportes trimestrales (octubre-diciembre de dos mil dieciséis, enero-marzo, abril-junio de dos mil diecisiete y enero marzo de dos mil dieciocho).

"• Que respecto de la diversa conducta a que se hizo alusión en el inciso c), si bien el permisionario había exhibido el dictamen número ********** de treinta de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que evaluó la conformidad de la NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción y mantenimiento de Estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolina, respecto del año dos mi diecisiete, para la estación de servicio ubicada en **********, en la colonia **********, Alcaldía **********, en esta Ciudad de México y, además había acreditado que presentó dicho dictamen ante la Agencia de Seguridad y Protección del Ambiente en el Sector Hidrocarburos, esos documentos devenían insuficientes

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31663-f213b39f/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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