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Modo: Corpus Pro

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO PARA EL EFECTO DE QUE NO SE ELABORE EL ESTUDIO DE PERSONALIDAD AL PROBABLE RESPONSABLE (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 22/2013. · Registro digital (IUS): 24754
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-01-10
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Pág. 2762.

AMPARO EN REVISIÓN 22/2013. 22 DE MARZO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMA MEZA FONSECA. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN CAMPOS BEDOLLA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Resulta pertinente señalar que la legitimación de las partes en el juicio, así como en los recursos que en el mismo se interpongan, constituye un presupuesto que hace necesario su estudio oficioso, ello de conformidad con el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 20, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el rubro y texto:

"REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE EXAMINARSE DE OFICIO. El tribunal ad quem, al resolver la procedencia de un recurso de revisión debe estudiar, de oficio, si quien promueve tiene personalidad para interponerlo, puesto que es de orden público en el juicio de garantías analizar si quien lo interpuso es parte o tiene personalidad acreditada, en particular en los amparos contra leyes en donde el artículo 87 de la ley de la materia establece expresamente que sólo podrán interponer el recurso de revisión las autoridades responsables encargadas de su promulgación o quienes las representen."

En el caso, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado de amparo, si bien ostenta legitimación procesal activa (legitimatio ad procesum) como parte en el juicio de amparo (artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo), para interponer el recurso de revisión a que se refiere el precepto 83 de la citada ley, sin embargo, en atención a las peculiaridades y naturaleza del acto reclamado en el juicio de garantías, pero de manera relevante en virtud a los términos de la protección constitucional otorgada, en modo alguno puede admitirse que tenga legitimación sustancial (legitimatio ad causam) para acudir al recurso de que se trata, con la finalidad de reparar agravio alguno que le cause la resolución impugnada, que como requisito material de procedencia establecen los numerales 87 y 88 de la ley de la materia, pues en realidad la sentencia del Juez de Amparo en modo alguno incide en la esfera de sus facultades específicas.

Para ello, resulta necesario transcribir los artículos 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., fracción IV de la Ley de Amparo y 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que en lo que interesa establecen:

"Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. ..."

"Artículo 102.

"A. ... Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine. ..."

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:

"...

"IV. El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala esta ley, inclusive para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, tratándose de amparos indirectos en materias civil y mercantil, en que sólo afecten intereses particulares, excluyendo la materia familiar, el Ministerio Público Federal no podrá interponer los recursos que esta ley señala."

"Artículo 4o. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

"I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

"A) En la averiguación previa:

"...

"B) Ante los órganos jurisdiccionales:

"...

"C) En materia de atención y seguridad a la víctima o el ofendido por algún delito:

"...

"D. ...

"II. Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas. En ejercicio de esta atribución el Ministerio Público de la Federación deberá:

"a) Intervenir como parte en el juicio de amparo, en los términos previstos por el artículo 107 constitucional y en los demás casos en que la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponga o autorice esta intervención;

"b) Intervenir como representante de la Federación en todos los negocios en que ésta sea parte o tenga interés jurídico. Esta atribución comprende las actuaciones necesarias para el ejercicio de la facultad que confiere al procurador general de la República la fracción III del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Tratándose de asuntos que revistan interés y trascendencia para la Federación, el procurador general de la República deberá mantener informado al presidente de la República de los casos relevantes, y requerirá de su acuerdo por escrito para el desistimiento;

"c) Intervenir como coadyuvante en los negocios en que las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sean parte o tengan interés jurídico, a solicitud de la coordinadora de sector correspondiente. El procurador general de la República acordará lo pertinente tomando en cuenta la importancia que el asunto revista para el interés público.

"Las coordinadoras de sector y, por acuerdo de éstas, las entidades paraestatales, conforme a lo que establezca la ley respectiva, por conducto de los órganos que determine su régimen de gobierno, deberán hacer del conocimiento de la Procuraduría General de la República los casos en que dichas entidades figuren como partes o como coadyuvantes, o de cualquier otra forma que comprometan sus funciones o patrimonio ante órganos extranjeros dotados de atribuciones jurisdiccionales. En estos casos la Procuraduría General de la República se mantendrá al tanto de los procedimientos respectivos y requerirá la información correspondiente. Si a juicio del procurador general de la República el asunto reviste importancia para el interés público, formulará las observaciones o sugerencias que estime convenientes, y

"d) Intervenir en las controversias en que sean parte los diplomáticos y los cónsules generales, precisamente en virtud de esta calidad. Cuando se trate de un procedimiento penal y no aparezcan inmunidades que respetar, el Ministerio Público de la Federación procederá en cumplimiento estricto de sus obligaciones legales, observando las disposiciones contenidas en los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;

"III. Intervenir en la extradición, entrega o traslado de indiciados, procesados o sentenciados, en los términos de las disposiciones aplicables, así como en el cumplimiento de los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte;

"IV. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y personas que puedan suministrar elementos para el debido ejercicio de sus atribuciones.

"Es obligatorio proporcionar los informes que solicite el Ministerio Público de la Federación en ejercicio de sus funciones. El incumplimiento a los requerimientos que formule el Ministerio Público de la Federación será causa de responsabilidad en términos de la legislación aplicable;

"V. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia.

"VI. Ejercitar la acción de extinción de dominio y las atribuciones que le corresponden en el procedimiento respectivo, de conformidad con la ley de la materia, y demás disposiciones aplicables;

"VII. Atender las solicitudes de información sobre el registro de detenidos;

"VIII. Conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública e intervenir en las acciones de coordinación que le correspondan para cumplir los objetivos de la seguridad pública, en términos de las disposiciones aplicables, y

"IX. Las demás que las leyes determinen."

Ahora bien, la interpretación armónica y sistemática de las disposiciones de orden constitucional y legal transcritas, en conjunción con los principios que rigen el juicio de garantías, conduce a establecer que, en efecto, el Ministerio Público de la Federación es parte procesal en dicho juicio, por tanto, de manera genérica ostenta la facultad de intervenir en todos ellos e interponer los recursos que establece la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, no puede afirmarse que esa potestad sea de carácter absoluto, ya que no puede soslayarse que como representante social de la Federación, las facultades concentradas en su titular, procurador general de la República, en sentido institucional y funcional abarca desde ser abogado y representante de la Federación, hasta ser encargado de la investigación de hechos presuntamente delictivos y titular de la acción penal, pasando a ser garante de la constitucionalidad y de la legalidad en la esfera de sus múltiples competencias, entre ellas, para intervenir como parte en el juicio de amparo; esto último en los términos en que lo dispongan o autoricen la Ley de Amparo y el artículo 4o., fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica que rigen su actuación; responsabilidades que por razón de orden lógico y funcional se reparten al interior de la propia institución, con demarcación de límites entre los titulares de las áreas diversas de la propia institución.

Por tanto, si el concepto de agravio personal y directo (artículo 4o. de la Ley de Amparo) es requisito de procedencia del juicio de amparo, en forma extensiva, ya que en el juicio propiamente, también lo es para que resulte procedente el recurso de revisión (numerales 87 y 88 de la ley reglamentaria en cita); de manera que, en tratándose del Ministerio Público de la Federación sólo es admisible acudir a la revisión cuando dentro de la esfera de sus estrictas facultades de orden constitucional la decisión de amparo le ocasione agravio (afectación a un interés concreto) en forma directa e inmediata.

Apoya lo anterior en lo conducente, la tesis 1a. CCIV/2005 sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setecientos veintinueve, Tomo XXIII, enero de dos mil seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto:

"MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO PENAL. De acuerdo con el criterio jurisprudencial establecido por el Tribunal en Pleno de este Alto Tribunal en la tesis P./J. 4/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de 1991, página 17, si bien es cierto que en términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, el Ministerio Público de la Federación es parte en el juicio de garantías y que por ello está legitimado para interponer el recurso de revisión, también lo es que dicha legitimación no es ilimitada o absoluta, pues aun cuando su función es velar por el orden constitucional, dicha atribución debe ejercerla sin contravenir los principios que rigen el juicio de amparo. En ese tenor, aunque las partes en un juicio de garantías están legitimadas para interponer los recursos que estimen pertinentes para la defensa de sus intereses, tratándose de una sentencia de amparo en la que se declara la inconstitucionalidad de un precepto penal opera una excepción, pues el aserto anterior no significa que con la sola afirmación genérica por parte del Ministerio Público de la Federación, en el sentido de que está defendiendo el orden constitucional, deba entenderse que está legitimado para interponer el recurso de revisión en cualquier caso, menos aún tratándose del amparo contra leyes penales, toda vez que, en este caso, la intervención del Ministerio Público de la Federación sólo tendría por objeto defender o reforzar la posición de las autoridades responsables que intervinieron en el proceso de formación de las leyes cuya constitucionalidad se cuestiona, lo cual trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio de la quejosa; máxime cuando la norma impugnada no impide el desarrollo de las atribuciones de la representación social; de ahí que deba concluirse que el agente del Ministerio Público de la Federación carece de legitimación procesal para interponer el recurso de revisión, cuando se trata de una sentencia en la que un Juez de Distrito declaró la inconstitucionalidad de un precepto legal, aunque sea de la materia penal."

Así como la jurisprudencia 378 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 435, Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto dicen:

"MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES. El artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, establece que el Ministerio Público Federal es parte en el juicio de garantías, con facultades para intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala dicho ordenamiento; por tanto, el Ministerio Público está facultado para interponer el recurso de revisión, aún en amparo contra leyes, pero ello no significa que tenga legitimación para interponerlo ad libitum ni en todos los casos, sino únicamente cuando la Constitución o las leyes le encomiendan la defensa de un interés específico como propio de su representación social, pues aun cuando los artículos 2o., 3o., fracción I y 10, fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le señalan genéricamente la tarea de velar por el orden constitucional, ésta debe interpretarse sin demérito de los principios que rigen todo juicio y, en especial, el de amparo, en cuanto que las partes sólo están legitimadas para interponer los recursos en contra de las resoluciones que afecten el interés que respectivamente les corresponde. Por tanto, el Ministerio Público Federal está legitimado para interponer el recurso de revisión tratándose de las disposiciones contenidas en el artículo 102 constitucional y en los ordenamientos penales y procesales relativos que le otorgan atribuciones para perseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, lo mismo que en todos aquellos casos y materias en que el orden legal le señala específicamente a dicho representante de la sociedad, la defensa de un interés. Por el contrario, si con la sola invocación genérica o abstracta de defender el orden constitucional, se aceptara que el Ministerio Público puede interponer la revisión en el juicio de garantías a su libre voluntad y en cualquier caso, se estaría desfigurando el concepto del interés en sí, el cual ya no estaría sujeto a la comprobación objetiva de los supuestos de la norma, sino a la expresión subjetiva del recurrente, además de que tratándose del amparo contra leyes, trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio del quejoso, en virtud de que su intervención sólo vendría a reforzar la posición de las autoridades responsables, tanto de las que expiden, como de las que promulgan las leyes."

En ese tenor, es evidente que en el caso el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal, para el único efecto de que la responsable; "... deje insubsistente la resolución dictada el siete de septiembre de dos mil doce, en la causa penal **********, por el que se decretó la formal prisión de **********, por considerarla probable responsable en la comisión del delito de secuestro agravado, en agravio de **********, y reitere todos los demás aspectos que no son materia del amparo concedido, esto es, dicte nueva determinación en que únicamente no ordene la práctica de estudio de personalidad de la peticionaria de garantías y, en caso de haberse efectuado dicho estudio, no lo considere en el dictado de la sentencia correspondiente, tal como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación ..."; en modo alguno ocasiona afectación o agravio al interés, derechos o atribuciones de la Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado de Amparo, debido a que la falta del estudio de personalidad no provoca una indebida individualización y mucho menos incide para acreditar o no el delito, con lo cual se advierte la ausencia de un perjuicio jurídico real al interés social que representa.

Ello en razón que de la interpretación sistemática de los artículos 1o., 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo y 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma conocido como "derecho penal del acto" y rechaza a su opuesto, el "derecho penal del autor"; el primero no justifica la imposición de la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el arrepentimiento del infractor; lo asume como un sujeto de derechos y, en esa medida, presupone que puede y debe hacerse responsable por sus actos; de ahí que resulta irrelevante conocer las características personales del inculpado para justificar la imposición de la pena, ya que la pena no debe concebirse como un tratamiento que pretende curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad del sujeto o como un medio que pretende corregir al individuo "peligroso" o "patológico", bajo el argumento de que ello redunda en su beneficio; de ahí que el quántum no puede estar en función del grado de disfuncionalidad que se percibe en el individuo.

Tópico respecto del cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria dictada en el amparo directo en revisión **********, de seis de junio de dos mil doce, determinó la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal; exponiendo que dicha porción normativa contradice el paradigma del derecho penal del acto protegido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual, queda prohibido tomar en cuenta los factores relacionados con la personalidad del transgresor de la norma penal para efectos de individualizar su sanción.

Ejecutoria de la que se advierte que si bien se autoriza al Juez a allegarse información sobre la personalidad del sujeto activo, ésta en ninguna medida debe resultar útil para fijar la sanción que aquél merece. Esto es, si confrontamos dicha disposición frente al paradigma del derecho penal del acto, pero además, atenemos al diverso principio de legalidad, claramente se puede advertir que ninguna persona puede ser castigada por quién es, por cómo ha vivido su vida o bien, por el hecho de representar un cierto nivel de "peligrosidad" social, sino únicamente por las conductas delictivas que comprobadamente ha cometido.

Por lo que, el criterio de "personalidad", bajo este contexto argumentativo, debe volverse un criterio irrelevante, pues los dictámenes periciales que la analizan (o pretenden analizarla) únicamente sirven para estigmatizar a la persona sujeta a la jurisdicción y, de este modo, se cumplen en criterios que admiten la aplicación de consecuencias perjudiciales para ella.

Incluso la citada Sala en la ejecutoria en comento llegó a la conclusión de que el criterio bajo el rubro: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).", debía ser abandonado en virtud de los pronunciamientos más recientes que dicha Sala ha emitido acerca de los alcances del paradigma del derecho penal del acto.

De ahí que la determinación de no elaborar el estudio de personalidad a **********, en modo alguno ocasiona afectación o agravio al interés, derechos o atribuciones de la Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado de amparo, quien conforme al artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo es parte en el juicio de garantías, y tiene la facultad de interponer el recurso de revisión, ello no significa que tenga legitimación para interponerlo en todos los casos, sino cuando únicamente la Constitución y las leyes le encomiendan la defensa de un interés específico como propio de su representación social, pues aun cuando el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le confiere genéricamente la tarea de velar por el orden constitucional, dicha función no es fuente de facultades específicas, pues ello debe interpretarse sin demérito de los principios que rigen todo juicio y, en especial, el de amparo, en cuanto a que las partes sólo están legitimadas para interponer los recursos contra las resoluciones que afecten el interés que les corresponde, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, amén de que constituyan fuente de su agravio directo en términos del numeral 88 de la ley en cita, pues aceptar que el Ministerio Público pueda interponer el recurso de revisión en cualquier caso, se desfiguraría el concepto de interés en sí, el cual ya no estaría sujeto a la comprobación objetiva de los supuestos de la norma, sino a la expresión subjetiva del recurrente.

En consecuencia, lo procedente es desechar el recurso de revisión interpuesto por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, toda vez que no ostenta legitimación para interponerlo, al no existir un perjuicio jurídico real al interés social que representa.

Sin que sea óbice a lo anterior, que este tribunal hubiere admitido a trámite el presente asunto mediante auto de presidencia de veintidós de enero de dos mil trece, pues ese acuerdo no causa estado, ya que únicamente se pronuncia para efectos de trámite y bajo un análisis preliminar de procedencia, amén de que los acuerdos de esta naturaleza no impiden al Pleno decidir en definitiva sobre el tema.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia 391, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 335, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto:

"REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-La admisión del recurso de revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una resolución que no es definitiva, ya que el Tribunal Pleno está facultado, en la esfera de su competencia, para realizar el estudio a fin de determinar la procedencia del recurso y, en su caso, resolver su desechamiento."

Por lo expuesto, con apoyo además en los preceptos 5o., fracción IV, 77, 85, fracción II, 90 de la Ley de Amparo; así como los diversos 35 y 37, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Se desecha el recurso de revisión interpuesto por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, contra la sentencia dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, en el juicio de garantías **********, por el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el que concedió para efectos el amparo y protección de la Justicia Federal a **********.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y, en su oportunidad archívense los autos.

Así, lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Guadalupe Olga Mejía Sánchez (presidenta), Emma Meza Fonseca (ponente) y Miguel Ángel Aguilar López.

En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

Nota: La tesis de rubro: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR PUEDE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." citada, aparece publicada con la clave o número de identificación 1a./J. 175/2007, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 100.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24754-08fcdff6/ministerio-publico-federal-carece-de-legitimacion-para-promover · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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