SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. OPERA CONFORME AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y DE LAS TESIS 2a. CXXXVII/2002 Y 1a./J. 26/2003).
SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. OPERA, CONFORME AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y DE LAS TESIS 2a. CXXXVII/2002 Y 1a./J. 26/2003).
AMPARO EN REVISIÓN 156/2011. 17 DE NOVIEMBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO. SECRETARIA: MARÍA GUADALUPE JIMÉNEZ DUARDO.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Resulta inoperante el agravio que atribuye al Juez de amparo, la violación a los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales habida cuenta que este recurso no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual pueda analizar la constitucionalidad del fallo impugnado, ya que esta alzada tiene como facultad el analizar la legalidad o ilegalidad de las resoluciones de primera instancia, que en concepto de la parte recurrente le causen agravios.
Por ende, a través de este recurso no deben analizarse los agravios encaminados a combatir que el Juez de Distrito violó derechos fundamentales al conocer del procedimiento de amparo sujeto a revisión, ya que por la función de control constitucional que desempeña el a quo, de abordar el estudio de los agravios que en reiteradas ocasiones formulan los recurrentes se trataría extralógicamente a la Juez Federal como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para reclamar actos de autoridad, esto es, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.
Es aplicable la tesis P. LI/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 9, de rubro y texto siguientes:
"AGRAVIOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES. DEBEN ATENDERSE CUANDO SUSTENTAN TAL AFIRMACIÓN EN LA INEXACTA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES APLICABLES. En términos de lo establecido en la jurisprudencia 2/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, página 5, cuyo rubro es: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’, deben desestimarse por inoperantes los agravios aducidos en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en un juicio de amparo, en los que se afirme que los juzgadores de amparo violan en perjuicio de los quejosos garantías individuales, toda vez que este recurso no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual puedan analizarse ese tipo de violaciones, sino que es un procedimiento de segunda instancia que exclusivamente tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, sin el efecto de ejercer un control constitucional sobre otro control constitucional, lo que no impide atender las argumentaciones relativas si se advierte que los agravios se hacen depender de la inexacta interpretación de las leyes aplicables, aspecto que atañe al óptimo ejercicio de la función judicial regulada en preceptos específicos de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
Así como la jurisprudencia P./J. 2/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5, de rubro y texto siguientes:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
SEXTO. Resulta necesario destacar que el Juez de Distrito en la determinación recurrida, específicamente en el considerando quinto, estableció que a razón de la naturaleza del acto reclamado que era formalmente administrativa pero materialmente penal, no se estaba en la hipótesis de suplir la deficiencia de los conceptos de violación expresados por la quejosa, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que dicho precepto únicamente prevé tal suplencia para el supuesto de que sea el reo el que tenga la calidad de quejoso. En consecuencia, el análisis de los conceptos de violación se realizaron con base en el principio de estricto derecho, esto es, que el examen de la constitucionalidad del acto reclamado se llevó a cabo exclusivamente conforme a los argumentos expuestos en la demanda de amparo.
Situación que fue correcta por parte del resolutor de amparo, dado que la sentencia recurrida fue pronunciada dentro de la audiencia constitucional celebrada el doce de mayo de dos mil once y terminada de engrosar el veintidós de junio siguiente y, por tanto, prevalecía el criterio plasmado por el Juez de Distrito, precisamente en observancia al numeral invocado. En consecuencia, resulta infundado lo alegado por el recurrente respecto a que se debió suplir la deficiencia de la queja de su parte.
Sin embargo, acorde con lo dispuesto por el numeral 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once siguiente, este Tribunal Colegiado está obligado a suplir la deficiencia de la queja de la impetrante, al advertir si existe una violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa; además, de considerar la interpretación del principio pro homine (siempre en beneficio del hombre) y del diverso jura novit curia (el Juez conoce el derecho), tal como lo alude en sus agravios.
Al respecto, es necesario precisar: a) En primer término, establecer el contenido y alcance del apartado B del precepto 20 constitucional, antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho; b) Posteriormente, se precisarán los diversos instrumentos internacionales en que se encuentran incluidos los derechos de la víctima, citando los más sobresalientes y los preceptos respectivos; c) En relación con ello, en términos de lo dispuesto por los dispositivos 1o. y 133 constitucionales, en el ejercicio de la interpretación convencional, atendiendo al principio "pro persona" se establecerá la conveniencia de atender o no a lo dispuesto en el ordinal 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, así como a los criterios bajo los rubros: "OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO SE ACTUALIZA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE." y "OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.", sustentados por la Segunda y Primera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los años dos mil dos y dos mil tres, respectivamente; finalmente se analizará el acto reclamado supliendo, en su caso, la deficiencia de la queja a favor de la ahora quejosa.
El diverso 20 constitucional (texto vigente antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho) en lo que interesa dispone:
"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado ... B. De la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; y VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio."
Como se aprecia del contenido de dicho precepto constitucional, en sus dos apartados se contienen los derechos fundamentales mínimos que deben respetarse en un procedimiento penal en favor del indiciado y de la víctima u ofendido, a fin de que se respete el principio de debido proceso penal, que permita a las partes defender sus derechos; con lo cual se logró proteger y garantizar de manera puntual ciertos derechos de la víctima u ofendido del delito, elevándolos a rango de derechos fundamentales, dándole así igual categoría e importancia que las que se otorga al inculpado, tal y como se desprende de la ejecutoria que dio origen al criterio 1a./J. 170/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 394, cuyo rubro es: "LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. NO SE LIMITA A LOS CASOS ESTABLECIDOS EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA MATERIA, SINO QUE SE AMPLÍA A LOS SUPUESTOS EN QUE SE IMPUGNE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Derechos dentro de los que se encuentra la reparación del daño, para lo cual se establece que, en los casos en que sea procedente, el Ministerio Público debe solicitarla, sin que el juzgador pueda absolver al sentenciado de la reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. Así también, se adicionó el derecho de que consten en ley procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.
Ahora bien, los derechos de las víctimas tienen consagración internacional desde hace años, en los distintos instrumentos internacionales, los cuales se encuentran incorporados a nuestro sistema nacional, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 7 y 8); Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 17); Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto San José de Costa Rica" (artículo 25) y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo II); los cuales disponen:
"Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación."
"Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley."
"Artículo 17.
"1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
"2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."
"Artículo 25. Protección Judicial
"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
"2. Los Estados parte se comprometen:
"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
"b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
"c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
"II. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna."
Asimismo, la resolución No. 40/34 dictada el veintinueve de noviembre de 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció principios de justicia relativos a las víctimas del delito, determinando, en primer término, que víctima de delito es la persona que individual o colectivamente haya padecido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o un sustancial detrimento de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal e independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al causante del daño y cualquiera que sea la relación familiar entre ellos.
Preceptos de los que se desprende que todas las personas son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de ésta.
Ahora bien, acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once siguiente; en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En esa tesitura, atendiendo al reciente concepto de control de convencionalidad desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desprende justamente la trascendencia que ésta ha dado a la noción de control de legalidad en el marco de las nuevas exigencias del derecho internacional de los derechos humanos.
El diverso 9o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos recoge el principio de legalidad, al modo como clásicamente se le ha concebido, esto es, la prohibición general de retroactividad de la ley penal y el principio de favorabilidad en la aplicación de la pena.
Principio que si bien sigue cumpliendo un rol fundamental en materia penal, también lo es que la figura de protección se amplía a otros campos, tanto del orden sancionatorio como, en general, en materia de derechos fundamentales.
Al caso cabe apuntar que de "La Síntesis del Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos correspondiente al ejercicio de 2010" presentado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de La Organización de los Estados Americanos (Washington, D.C., 18 de marzo de 2011), se desprende que en los avances jurisprudenciales desarrollados por la corte durante el dos mil diez y algunos de los criterios que reafirman la jurisprudencia ya establecida por el tribunal, establecen estándares interamericanos que son obligatorios no sólo para las partes en cada caso, sino para todos los Estados parte de la Convención Americana. Puesto que la Corte Interamericana, al interpretar el texto de la convención, lo hace en su carácter de "intérprete final".
Informe en el que se expuso que la jurisprudencia de la corte en diferentes casos, es aplicada efectivamente por tribunales nacionales de otros Estados, lo cual ha generado la existencia de un "diálogo jurisprudencial" en el cual los órganos del sistema interamericano interactúan con organizaciones de la sociedad civil de los países de la región, con órganos estatales de todos los niveles, con organismos internacionales y, fundamentalmente, con otros tribunales que a nivel nacional incorporan los estándares interamericanos al derecho interno de sus respectivos países.
Lo que genera una dinámica que enriquece la jurisprudencia del tribunal y fortalece la vigencia de los derechos humanos garantizados por la convención americana en todos los Estados del hemisferio, ya que la protección internacional de los derechos humanos encuentra aplicación directa en el ámbito interno por parte de los tribunales locales o de cualquier órgano estatal encargado de impartir justicia. Destacando que ese diálogo jurisprudencial se relaciona, además, con la obligación que pesa sobre los Jueces internos de verificar la compatibilidad de las normas y actos que deben analizar con respecto a la Convención Americana y con la interpretación que de ésta hace la Corte Interamericana. Precisando que la obligación denominada "control de convencionalidad" ha sido señalada por la corte en numerosas oportunidades.
De la citada síntesis se desprende que el tribunal hizo algunas precisiones sobre su jurisprudencia referente al control de convencionalidad. En particular, señaló que la corte estableció que los Jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales. Además manifestó que en dicha tarea, los Jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que de el mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.
Exposición de la que se advierte que el control de convencionalidad desarrollado en la jurisprudencia interamericana, es una nueva tarea a cargo de los Jueces nacionales que se desprende del espíritu del principio de legalidad; respecto de lo cual la corte en sus diversas resoluciones (Almonacid Arellano y otros vs Chile); así como en Trabajadores Cesados del Congreso "Aguado Alfaro y otros" vs Perú; y Radilla Pacheco vs México (veintitrés de noviembre de dos mil nueve) ha insistido en que es un deber a cargo de los operadores judiciales del nivel interno efectuar un control de convencionalidad en el momento de la aplicación de las leyes a los casos concretos, deber que se deduce de las obligaciones generales del Estado conforme con la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", so pena de comprometer la responsabilidad internacional del Estado parte.
Ahora bien, a nivel nacional en sesión privada celebrada el veinte de septiembre de dos mil once, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el engrose del expediente "varios" 912/2010, relativo a la sentencia pronunciada en el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual se establecieron las obligaciones concretas que resultan para el Poder Judicial como parte del Estado Mexicano.
En el considerando quinto relativo al "Reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de sus criterios vinculantes y orientadores" de la sentencia emitida en el expediente "varios" 912/2010, en los párrafos 19, 20 y 21, se estableció:
"19. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado Mexicano, son obligatorias para todos los órganos del mismo en sus respectivas competencias, al haber figurado como Estado parte en un litigio concreto. Por tanto, para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio."
"20. Por otro lado, el resto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado Mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los Jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional cuya reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en particular en su párrafo segundo, donde establece que: ‘Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.’"
"21. De este modo, los Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger. Esto no prejuzga sobre la posibilidad de que sean los criterios internos aquellos que cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos."
De dichos puntos se desprende que las sentencias dictadas por la Corte Interamericana en los asuntos en los que el Estado Mexicano ha sido parte son obligatorias para todos los órganos del país en sus respectivas competencias, por tanto, son vinculantes para el Poder Judicial los criterios contenidos en dichas sentencias, en tanto que los criterios establecidos en las sentencias en donde el Estado Mexicano no figura como parte, sólo tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los Jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la persona, de conformidad con el numeral 1o. constitucional; de ahí que los Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger.
Asimismo, en el considerando sexto relativo a "Obligaciones concretas que debe realizar el Poder Judicial", precisó entre otras, que "Los Jueces deberán llevar a cabo un control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad"; y al respecto en los párrafos 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, precisó:
"27. De este modo, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona."
"28. Estos mandatos contenidos en el nuevo artículo 1o. constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el diverso artículo 133 de la Constitución Federal para determinar el marco dentro del que debe realizarse este control de convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema jurídico."
"29. Es en el caso de la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia."
"30. De este modo, el mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente, pues no podría entenderse un control como el que se indica en la sentencia que analizamos si el mismo no parte de un control de constitucionalidad general que se desprende del análisis sistemático de los artículos 1o. y 133 de la Constitución y es parte de la esencia de la función judicial."
"31. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del país, se integra de la manera siguiente:
"• Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación;
"• Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.
"• Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.
"32. Esta posibilidad de inaplicación por parte de los Jueces del país en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de las leyes, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación."
"33. De este modo, este tipo de interpretación por parte de los Jueces presupone realizar tres pasos:
"A) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia."
"B) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos."
"C) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte."
También, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Acuerdo General 11/2011, de cuatro de octubre de dos mil once, precisó en el considerando quinto que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre otros, los de igualdad y acceso efectivo a la justicia, lo que implica, incluso, fijar el al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23440-bc2f3018/suplencia-de-la-queja-en-los-conceptos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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