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Modo: Corpus Pro

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA INTERPONER JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA LIBRAR UNA ORDEN DE APREHENSIÓN (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 85/2001).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 290/2013. · Registro digital (IUS): 24970
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-04-11
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Pág. 825.

AMPARO EN REVISIÓN 290/2013. 30 DE OCTUBRE DE 2013. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción III, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en términos del artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación ese mismo día; y, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, asunto en el cual esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó conocer en ejercicio de su facultad de atracción, y se trata de un asunto penal, competencia exclusiva de dicha Sala.

Al respecto, es importante subrayar que el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor el tres de abril siguiente, precisó que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor "continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio".

Por tanto, si el juicio de amparo del que deriva el presente recurso de revisión se promovió el nueve de enero de dos mil trece, es claro que debe resolverse conforme a lo previsto en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece.

SEGUNDO. El recurso de revisión es oportuno, al advertirse de las constancias de autos que la resolución impugnada se notificó personalmente a la quejosa el veintitrés de enero de dos mil trece, por lo que descontándose el día veinticuatro del mismo mes y año, por estar surtiendo sus efectos la notificación de mérito; los días veintiséis y veintisiete de enero, dos, tres y cuatro de febrero de dos mil trece, por ser días inhábiles de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Amparo aplicable al caso, el plazo a que se refiere el artículo 86 del mismo ordenamiento legal, transcurrió del veinticinco de enero al diez de febrero de dos mil trece; por lo que si el escrito de revisión se presentó el día cinco de febrero del mismo año, es claro que se hizo dentro del término legal.

TERCERO. Las cuestiones jurídicas necesarias para resolver este asunto, son las siguientes:

I. Antecedentes

1. El veinticinco de agosto de dos mil diez, ********** formuló denuncia en contra de **********, como servidor público, al considerar que cometió en su agravio el delito previsto en el artículo 154, fracciones I y III, del Código Penal del Estado de Jalisco.

2. Lo anterior, dio origen a la averiguación previa número **********, misma que se radicó en la Agencia 6-B de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Jalisco, la cual, una vez integrada dio lugar a que la autoridad ministerial ejerciera acción penal en contra de **********, y se solicitó al Juez penal girar orden de aprehensión en su contra.

3. El Juzgado Octavo de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, a quien correspondió conocer del asunto, ordenó su registro como causa penal **********. El veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Juez de la causa determinó negar el libramiento de la orden de aprehensión solicitada en contra de ********** por el delito atribuido.

4. En contra de esta determinación, ********** promovió juicio de amparo indirecto, el cual se registró bajo el número **********. En los conceptos de violación se expresó lo que se sintetiza a continuación:

II. Conceptos de violación

Primero. A la quejosa le causa perjuicio de imposible reparación la resolución interlocutoria impugnada al negar el Juez Penal la emisión de la orden de aprehensión solicitada, no obstante haberse colmado lo previsto en el artículo 16 constitucional, con lo anterior se priva a la quejosa de sus derechos como parte ofendida, mismos que tiene por la finalidad que se le repare el daño causado por el delito denunciado. Apoyó su argumento en las tesis: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. SU INTERPRETACIÓN POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO HA SUFRIDO UNA GRAN VARIACIÓN, SINO QUE HA HABIDO CAMBIOS EN EL ENTENDIMIENTO DE LA SITUACIÓN EN LA CUAL PUEDE HABLARSE DE LA EXISTENCIA DE UN DERECHO ‘OBJETIVO’ CONFERIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.", "OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO, PUEDE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN." y "REPARACIÓN DEL DAÑO. LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE CUANTIFICAR DICHA SANCIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, NO OBSTANTE QUE SE HAYA RECUPERADO PARTE DE LOS OBJETOS DEL DELITO, ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO)."

Segundo concepto. Argumentó que le causa perjuicio de imposible reparación la interlocutoria impugnada, toda vez que el Juez sostuvo que los elementos materiales que constituyen el cuerpo del delito cometidos en la administración de justicia y en otros del poder público son: a) una persona con calidad de servidor público; b) que realice la actividad de litigar por sí o por interpósita persona; y, c) que tenga impedimento legal para hacerlo; por lo que consideró que no se demostró uno de los elementos del delito al sostener que el indiciado no tenía impedimento legal para litigar por sí mismo, además de que no existía incompatibilidad expresa en el reglamento de policía y gobierno del Municipio de Tonalá, Jalisco, con la realización de la actividad de litigio.

Afirmó que el juzgador fue omiso en realizar un análisis y valoración de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, específicamente de su artículo 61, fracción VIII, en lo que se refiere a las obligaciones de los servidores públicos. Lo anterior, en virtud de que se acreditó que existe impedimento legal para que la persona denunciada haya participado en la atención, tramitación y resolución en asuntos en los que tuvo interés personal. Al respecto cita las tesis: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 8, FRACCIÓN XI, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO.", "SERVIDORES PÚBLICOS REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PUEDEN SER SANCIONADOS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS EN EL TÍTULO IV DE LA LEY SUPREMA." y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR."

III. Consideraciones del Juez para desechar la demanda de amparo

En primer término, hizo referencia al acto reclamado por la parte quejosa, el cual consiste en la resolución interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil doce, emitida dentro del expediente penal **********, mediante la cual se negó la orden de aprehensión solicitada en contra de **********. Al respecto, consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 192, ambos de la Ley de Amparo.(1)

Ello es así, en virtud de la existencia de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en la que se estableció que la quejosa, quien tiene el carácter de ofendido en la causa penal de origen, carece de legitimación para promover el juicio de amparo en contra de la resolución que niega el libramiento de una orden de aprehensión, ya que no se encuentra en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 10 de la Ley de Amparo, ni tampoco en las hipótesis a que alude el artículo 21 de la Constitución Federal.

Consideró que, tal como lo estableció la Primera Sala de este Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 85/2001, el agregado que en su momento se le hizo al artículo 21 constitucional, consistente en que: "las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley", permite que el ofendido impugne el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la misma por parte del Ministerio Público.

Afirmó que tal como lo indicó la Primera Sala de este Alto Tribunal, el Ejecutivo Federal expuso la necesidad de someter al control de órganos distintos al Ministerio Público, las determinaciones emitidas por éste sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas y la protección de la sociedad, evitando la ausencia de persecución de delitos sin justificación jurídica.

Del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en cuanto a la iniciativa de reforma del artículo 21 constitucional, se destacó como elemento determinante el hacer efectiva la seguridad jurídica de los gobernados en lo referente a las funciones que el Ministerio Público tiene encomendadas de perseguir los delitos y ejercer la acción penal, otorgando a aquéllos la oportunidad de impugnar las determinaciones respecto del no ejercicio y desistimiento de la acción penal, con un interés múltiple, por un lado, que las víctimas de los delitos o sus familiares logren una reparación del daño, por otro, abatir la impunidad y, además, que se impida que, por actos de corrupción la autoridad ministerial no cumpla con sus funciones constitucionales.

También señaló la preocupación de los legisladores de elevar al grado de garantía individual el derecho del querellante o denunciante de la víctima del delito, de los familiares de éste o de los interesados legalmente, de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, para hacer efectivo el respeto a la de seguridad jurídica. Lo anterior, con la finalidad, además de controlar la función de la autoridad ministerial, ya que con ello sus determinaciones son susceptibles de ser revisadas por autoridades jurisdiccionales, mismas que en su caso, pueden revocar lo decidido por la autoridad administrativa, esto es, provocar que se haga uso del ejercicio de la acción penal o revocar la decisión de no ejercer esa acción.

Afirmó que del análisis de ese proceso legislativo la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver la CT. 7/2000-PS, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 85/2001 sostuvo que la reforma al artículo 21 constitucional se limitó a otorgar la posibilidad al ofendido o a quien tenga derecho a ello, por extensión, al querellante, denunciante, víctima del delito o de los familiares de éste o al legalmente interesado por la comisión del delito, de impugnar la decisión del Ministerio Público; sin embargo, consideró el Juez de Amparo, las razones que dieron origen a la reforma, de ninguna manera pueden ser sustento para establecer que la resolución del Juez de la causa que niegue el libramiento de la orden de aprehensión es susceptible de ser impugnada vía amparo, ya que existe limitación a ese respecto.

Que del criterio que sostuvo la Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 85/2001, se advierte que el ofendido no se encuentra legitimado para reclamar, vía amparo indirecto, la resolución que niega una orden de aprehensión, ello en virtud de que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 10 de la Ley de Amparo ni es una de las prerrogativas añadidas al artículo 21 constitucional.

No obstante lo anterior, señaló el Juez, la existencia de un criterio emitido por la Primera Sala de este Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 170/2005, cuyo rubro dice: "LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. NO SE LIMITA A LOS CASOS ESTABLECIDOS EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA MATERIA, SINO QUE SE AMPLÍA A LOS SUPUESTOS EN QUE SE IMPUGNE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", el cual, si bien señala que la legitimación del ofendido no está limitada a las hipótesis del artículo 10 de la Ley de Amparo, sino que también, la víctima u ofendido del delito es titular de las garantías establecidas en el apartado B del artículo 20 constitucional, está legitimado para acudir al juicio de amparo cuando se establece una violación a cualquiera de ellas, causándole un agravio personal y directo.

Sin embargo, afirmó que el acto impugnado no se encuentra en ninguna de las hipótesis previstas en el apartado B del artículo 20 constitucional que menciona la jurisprudencia, toda vez que de la demanda de amparo se advierte que la ofendida en la causa penal, promovió juicio de amparo, reclamando la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil doce, emitida por el Juez Octavo de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dentro de la causa penal **********, la que negó la orden de aprehensión solicitada por la autoridad ministerial, lo que hace inconcuso que, atento a los alcances de la citada jurisprudencia, resulte improcedente el amparo indirecto, toda vez que no está legitimada para promover juicio de amparo con el carácter de ofendida, contra el acto que reclamó.

En ese sentido, estimó que de manera notoria e indudable se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por tanto, determinó desechar de plano la demanda de amparo promovida por la quejosa.

Por otra parte, señaló el Juez de Amparo que dicha determinación es coherente con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, por lo que hace a los derechos humanos reconocidos internacionalmente y al principio pro persona.

Asimismo, hizo referencia al derecho que tutela el precepto 17 constitucional y al derecho que establece el principio pro persona, para posteriormente señalar que el acto contra el que se duele la quejosa es la negativa por parte de la autoridad jurisdiccional de obsequiar una orden de aprehensión.

Señaló que del criterio que sostuvo la Primera Sala en la jurisprudencia: "LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. NO SE LIMITA A LOS CASOS ESTABLECIDOS EXPRESAMENTE EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LA MATERIA, SINO QUE SE AMPLÍA A LOS SUPUESTOS EN QUE SE IMPUGNE VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", revela que el ofendido no se encuentra legitimado para reclamar en vía de amparo indirecto la resolución que niega una orden de aprehensión, al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 10 de la Ley de Amparo, ni ser una de las prerrogativas adicionadas al artículo 21 constitucional.

En ese sentido consideró que el acuerdo de desechamiento de la demanda no contraviene la interpretación de mérito. En apoyo a su consideración citó las tesis: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." e "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."

III. (sic) Agravios

Primero. La quejosa afirmó que le causa perjuicio el que se haya desechado la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 192 de la Ley de Amparo, al determinar que carece de legitimación para promover el juicio de amparo contra la resolución que niega el libramiento de una orden de aprehensión.

Consideró que se viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Amparo, en virtud de que el Juez de Amparo lo aplicó inexactamente.

Lo anterior es así, en virtud de que, a su juicio, el Juez de Amparo perdió de vista que el acto reclamado lo es la negativa al libramiento de la orden de aprehensión en contra del inculpado, de ahí que se encuentra legitimada para inconformarse con dicha resolución al considerar que se afecta su interés jurídico, por lo que estima que el Juez debió admitir su demanda de amparo y ordenar el trámite de la misma.

Segundo. Afirmó que la apreciación y determinación del Juez Federal es violatoria en su perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4o. de la Ley de Amparo. Ello en virtud de que el precepto en cita demuestra que la inconforme está legitimada para comparecer al juicio de amparo para impugnar la negativa a emitir una orden de aprehensión en contra del inculpado, toda vez que a su juicio, está afectada con tal acto, ya que sufre el perjuicio o daño por la no impartición de justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, por tanto, consideró que al haberle desechado la demanda de amparo se le deja en estado de indefensión, al impedirle el derecho de impugnar, a través del juicio de amparo, la determinación en la que el Juez Penal niega librar una orden de aprehensión.

Tercero. Asimismo, adujo que el proceder del Juez Federal viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que no tomó en consideración que la demanda la planteó como quejosa y como tercero perjudicada.

Afirmó que dentro del proceso la parte quejosa cuenta con el apoyo del Ministerio Público para legitimar la acción como representante de la parte agraviada dentro de la instancia jurisdiccional, obligación que, a su juicio, no cumplió la autoridad ministerial.

Señaló que el artículo 5o. de la Ley de Amparo, no prevé limitación alguna para que la parte quejosa pueda acudir en forma personal y directa ante la autoridad de amparo a combatir cualquier acto u omisión que exista dentro de un procedimiento penal, por tanto, aseveró que sí se encuentra legitimada para promover juicio de amparo al ser la afectada directa dentro del procedimiento de donde emana el acto reclamado. Al respecto citó las tesis: "REVISIÓN. SI EL JUEZ DE DISTRITO SOBRESEYÓ EN EL AMPARO INDIRECTO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO Y AL PROMOVERSE DICHO RECURSO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE CONDUCE A REPONER EL PROCEDIMIENTO, DEBE ANALIZAR PREFERENTEMENTE EL SOBRESEIMIENTO, PUES DE NO ACTUALIZARSE, PREVIO A ORDENAR LA REPOSICIÓN, ESTÁ OBLIGADO A EXPONER LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE SURTE LA CAUSAL QUE LO ORIGINÓ.", "INTERÉS JURÍDICO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA, POR CONSTITUIR UNA CUESTIÓN DE FONDO QUE NO PUEDE ESTUDIARSE A TRAVÉS DE UN ACUERDO." e "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN."

CUARTO. Es fundado el primer agravio, suplido en su deficiencia, tal como lo autoriza la jurisprudencia 29/2013 (10a.) de esta Primera Sala, la cual se encuentra pendiente de publicación, pero que es del siguiente contenido:

Tesis jurisprudencial 29/2013 (10a.)

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO. La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado significativamente respecto a la visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. constitucional exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, no corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra Nación, pues quedó rebasado por la transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución se extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia."

De la revisión integral del auto impugnado se advierte que el argumento toral en virtud del cual el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo, consiste en la limitante impuesta por la jurisprudencia 1a./J. 85/2001, que a su vez lleva por rubro y texto los siguientes:

"ORDEN DE APREHENSIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA SU LIBRAMIENTO. Si bien es cierto que con la reforma al antepenúltimo párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y cinco, se reconoció el derecho del querellante o denunciante, de la víctima del delito, de los familiares de ésta o de los interesados legalmente, de impugnar jurisdiccionalmente las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal y que en concordancia con tal reforma se incluyó dentro del artículo 10 de la Ley de Amparo la procedencia del juicio de amparo contra dichas determinaciones, también lo es que de ello no puede colegirse que la resolución jurisdiccional que niegue el libramiento de la orden de aprehensión pueda ser materia del juicio de garantías. Lo anterior es así, porque al ser ésta un acto de autoridad jurisdiccional, no responde a los motivos que dieron origen a la citada reforma, consistentes en erradicar el monopolio del ejercicio de la acción penal a cargo del referido representante social, sujetando su actuar a la revisión de una autoridad jurisdiccional, a fin de otorgar mayor certeza jurídica al gobernado dentro de un proceso penal, evitando la impunidad. Además, pretender lo contrario, no sólo implicaría atentar contra lo dispuesto en el mencionado artículo 10 y contradecir el criterio ya definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorga la posibilidad al ofendido o a las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, de promover juicio de amparo únicamente contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil y contra actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes afectos a la reparación o a la responsabilidad civil, sino también autorizar al ofendido o a los sujetos legitimados por extensión para hacer uso de una instancia vedada para ellos."

De este modo, si se supera el valladar que impone el contenido de la jurisprudencia de mérito, será factible autorizar la admisión de la demanda de garantías y revocar el auto recurrido.

En suplencia de la queja en favor de la parte ofendida, ahora quejosa en el juicio de amparo de origen, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que existen razones suficientes para apartarse de la jurisprudencia en comento.

Para demostrar esta conclusión, es necesario, en primer lugar, acudir a las razones que se tuvieron en cuenta para emitir el criterio jurisprudencial antes referido, en segundo lugar, cuáles son los nuevos paradigmas que ha ido estableciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al derecho de la víctima u ofendido para acudir al juicio de amparo y, finalmente, cuáles son las razones que permiten concluir que la víctima u ofendido sí tiene legitimación para impugnar la negativa judicial de emitir una orden de aprehensión y, así, brindar razones suficientes para apartarse de la jurisprudencia de esta Primera Sala, en la que se apoyó el Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo de la quejosa.

1. Consideraciones que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por mayoría de votos(2) la contradicción de tesis 7/2000, que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 85/2001.

La ejecutoria se ocupó de analizar e interpretar, exclusivamente, el artículo 21 constitucional, en la porción normativa que autoriza a la víctima u ofendido a impugnar la determinación de no ejercicio o desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público, así como el artículo 10 de la Ley de Amparo actualmente abrogada, textos que eran del siguiente tenor:

"Artículo 21. ... Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley."

"Artículo 10. La víctima y el ofendido, titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, podrán promover amparo:

"I. Contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil;

"II. Contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal y relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil; y,

"III. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional."

La ejecutoria explica que el propósito del artículo 21 constitucional es el de someter al control de órganos distintos al Ministerio Público, las determinaciones de éste sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas y la protección de la sociedad, evitando la ausencia de persecución de delitos sin justificación jurídica. Estas razones, agrega la Sala, no pueden ser sustento para establecer que la resolución del Juez de la causa que niegue el libramiento de la orden de aprehensión es susceptible de ser impugnada vía amparo.

Pretender lo contrario, esto es, la procedencia del juicio de garantías contra la resolución que niega el libramiento de la orden de aprehensión sería contrariar el criterio ya definido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorga la posibilidad al ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, de promover juicio de amparo únicamente contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil y contra actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes afectos a la reparación o a la responsabilidad civil.

En congruencia con lo anterior, también se ha sostenido que de acuerdo con la fracción III, inciso b), del artículo 5o. de la Ley de Amparo -actualmente abrogada-, los ofendidos o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exigir responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, tienen el carácter de terceros perjudicados y, por ende, son parte en el juicio de amparo que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24970-eeab3ff9/victima-u-ofendido-del-delito-tiene-legitimacion-activa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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