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Modo: Corpus Pro

ADMINISTRADORES LOCALES DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ESTÁN FACULTADOS PARA IMPONER SANCIONES CON MOTIVO DE LA INFRACCIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 811/2013 (EXPEDIENTE AUXILIAR 762/2013). · Registro digital (IUS): 24784
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-01-24
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Pág. 2567.

AMPARO DIRECTO 811/2013 (EXPEDIENTE AUXILIAR 762/2013). 4 DE OCTUBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN MANUEL SERRATOS GARCÍA. SECRETARIA: BEATRIZ ADRIANA MARTÍNEZ NEGRETE.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la empresa quejosa, en el entendido de que su análisis en el presente sumario constitucional, debe sujetarse al principio de estricto derecho, el cual no se ve excepcionado con ninguna de las hipótesis de suplencia previstas en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.

Previo al análisis de los conceptos de violación, y para la mejor comprensión del asunto, se relatarán brevemente los antecedentes siguientes:

1. Mediante escrito presentado el dos de enero de dos mil doce, ante la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, por conducto de su representante legal **********, promovió juicio contencioso administrativo, en el que demandó la nulidad del crédito fiscal número **********, con número de control **********, de once de noviembre de dos mil once, a través del cual le fueron impuestas cuatro sanciones pecuniarias por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 M.N.) cada una, sumando un total de $********** (********** pesos 00/100 M.N.).

2. La demanda fue admitida mediante auto de cuatro de enero de dos mil doce y registrada con el número de expediente **********, ordenándose el emplazamiento de la autoridad demandada, y se tuvieron por admitidas las probanzas ofrecidas por la actora.

3. El quince de febrero de dos mil doce, la administración demandada compareció a juicio a contestar la demanda instaurada en su contra y exhibió diversas documentales.

El referido escrito fue acordado mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil doce, en el que se hizo del conocimiento de la empresa actora que contaba con un término de cinco días hábiles para formular su ampliación a la demanda.

4. Luego, el siete de marzo de dos mil doce, la actora amplió su demanda inicial, con lo cual se corrió traslado a la autoridad enjuiciada, a fin de que diera contestación a la misma, lo que hizo a través de escrito presentado el veintisiete de marzo de la misma anualidad.

5. En virtud de haber transcurrido el término otorgado a las partes para formular alegatos sin que lo hayan ejercido, la Sala responsable declaró cerrado el periodo de instrucción el cinco de julio de dos mil doce. Y en esa misma data dictó sentencia en la que resolvió confirmar la validez de la resolución impugnada, la cual ahora constituye el acto reclamado.

Precisado lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación.

La empresa quejosa, en su primer concepto de violación, aduce que la Sala responsable realizó un análisis incorrecto de la competencia material de la demandada Administración Local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, Baja California, para sancionar a la peticionaria, lo anterior, ya que la fracción XL del artículo 14 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, sólo otorga a la administración tercero perjudicada, la facultad de requerir, no así de sancionar a los contribuyentes.

Continúa alegando que, contrario a lo determinado por la responsable, la autoridad demandada en el juicio de nulidad no cuenta con facultad para imponer multas, pues si bien los numerales 9, fracciones XXXI y XXXVII y 10, fracciones I y IV, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, constituyen una regla general aplicable a las Administraciones Generales, Locales y de las Aduanas, así como a los coordinadores, respectivamente, lo cierto es, afirma, que tales disposiciones forman parte del capítulo I de dicho reglamento; es decir, diverso al capítulo III del título II del mismo ordenamiento legal, donde se encuentran los numerales 14, 15 y 61, los cuales son los aplicables al caso particular, y de los que no se desprende la facultad de la citada autoridad para imponer sanciones.

En ese entendido, señala la quejosa que atendiendo al principio general de derecho titulado "ley específica sobre ley general", se obtiene que las facultades que le fueron conferidas expresamente a la Administración General de Servicios al Contribuyente, de la cual depende la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, Baja California, se encuentran plasmadas en el capítulo III del título II del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y no del diverso capítulo I de dicho ordenamiento.

Por tanto, arguye la impetrante que los artículos 14, fracción XL y 16, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no tienen vinculación alguna con los numerales 9, fracción XXXI y 10, fracciones I y IV, del mismo ordenamiento legal, por lo que estos últimos no son aplicables al caso particular en cuanto a la imposición de sanciones, ya que la competencia material de la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, Baja California, únicamente se encuentra contemplada en los preceptos citados en primer término.

Como se anunció, resultan infundados los anteriores argumentos.

En principio, se estima conveniente establecer que las multas impuestas a **********, identificadas con el número de crédito ********** y número de control **********, de once de noviembre de dos mil once, fueron emitidas por la administradora local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, Baja California, quien sustentó su competencia material en los términos siguientes: (énfasis añadido)

"En consecuencia, se le impone la multa con fundamento en los artículos 41, fracción I y 134, párrafo primero, fracción I ... 9, fracciones, XXXI y XXXVII, en relación con los preceptos 10, fracciones I y IV, 14, fracción XL y tercer párrafo, así como su numeral 8, 16, párrafos primero y último, 37, párrafo primero, apartado A, fracción IV, respecto del nombre y sede de esta Administración Local de Servicios al Contribuyente, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, contenido en el artículo primero del ‘Decreto por el que se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, en vigor a partir del 23 de diciembre de 2007, modificado por el decreto que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de abril de 2010; artículos primero, segundo y tercero, primer párrafo, de los transitorios del citado decreto; artículo primero, primer párrafo, fracción IV, correspondiente a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, con sede en Tijuana, Baja California; del acuerdo por el que se establece la circunscripción territorial de las unidades administrativas regionales del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2008, en vigor a partir del 22 de julio de 2008, modificado mediante acuerdos publicados en el citado órgano oficial de difusión el 18 de julio de 2008, 11 de noviembre de 2009 y 23 de julio de 2010, respectivamente, y fe de errata del acuerdo modificatorio citado en primer término, publicada el 31 de julio de 2008, relacionada con el citado artículo 37, párrafo primero, apartado A, del reglamento interior antes invocado. Esta multa deberá pagarse dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación, de acuerdo al artículo 65 del Código Fiscal de la Federación. La multa se impone por cada obligación y la cantidad determinada se encuentra actualizada de conformidad con el procedimiento establecido en la regla 1.2.1.7., contenida en la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2010, y establecida en el anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009, aplicable de conformidad con el artículo cuarto transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, se hace del conocimiento del contribuyente que atento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la presente multa puede ser impugnada dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, mediante el recurso de revocación el cual debe presentarse ante las oficinas de la administración local jurídica competente conforme a su domicilio fiscal, o bien a través del juicio contencioso administrativo (juicio de nulidad) que debe presentar ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal Justicia Fiscal y Administrativa."

De la transcripción anterior, puede observarse que la administradora local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, Baja California, fundó su competencia material en términos de los artículos 9, fracciones XXXI y XXXVII, 10, fracciones I y IV, 14, fracción XL y penúltimo párrafo, y 16 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, los cuales establecen lo siguiente: (énfasis añadido)

"Artículo 9. Los administradores generales, además de las facultades que les confiere este Reglamento, tendrán las siguientes:

"...

"XXXI. Imponer sanciones por infracción a las disposiciones legales que rigen la materia de su competencia.

"...

"XXXVII. Notificar los actos que emitan relacionados con el ejercicio de sus facultades, así como los que dicten las unidades administrativas que les estén adscritas. ..."

"Artículo 10. Los administradores centrales, regionales, locales y de las aduanas; los coordinadores, y los administradores adscritos a las Unidades Administrativas Centrales, además de las facultades que les confiere este reglamento, tendrán las siguientes:

"I. Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del artículo anterior de este reglamento.

"...

"IV. Nombrar, remover o comisionar, conforme a los ordenamientos aplicables, a los servidores públicos, verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades administrativas a su cargo. ..."

"Artículo 14. Compete a la Administración General de Servicios al Contribuyente:

"...

"XL. Requerir la presentación de declaraciones, avisos, documentos e instrumentos autorizados, cuando los obligados no lo hagan en los plazos respectivos y simultánea o sucesivamente hacer efectiva una cantidad igual a la determinada en la última o en cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate o a la que resulte determinada por la autoridad, así como requerir la rectificación de errores u omisiones contenidos en las declaraciones, solicitudes, avisos, documentos e instrumentos autorizados.

"...

"Las unidades administrativas de las que sean titulares los servidores públicos que a continuación se indican estarán adscritas a la Administración General de Servicios al Contribuyente:

"1. Administrador Central de Servicios Tributarios al Contribuyente:

"a) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente ‘1’.

"b) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente ‘2’.

"c) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente ‘3’.

"d) Administrador de Servicios Tributarios al Contribuyente ‘4’.

"2. Administrador Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento:

"a) Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento ‘1’.

"b) Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento ‘2’.

"c) Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento ‘3’.

"d) Administrador de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento ‘4’.

"3. Administrador Central de Operación de Canales de Servicios:

"a) Administrador de Operación de Canales de Servicios ‘1’.

"b) Administrador de Operación de Canales de Servicios ‘2’.

"c) Administrador de Operación de Canales de Servicios ‘3.

"d) Administrador de Operación de Canales de Servicios ‘4’.

"4. Administrador Central de Gestión de Calidad:

"a) Administrador de Gestión de Calidad ‘1’.

"b) Administrador de Gestión de Calidad ‘2’.

"5. Administrador Central de Identificación del Contribuyente:

"a) Administrador de Identificación del Contribuyente ‘1’.

"b) Administrador de Identificación del Contribuyente ‘2’.

"c) Administrador de Identificación del Contribuyente ‘3’.

"d) Administrador de Identificación del Contribuyente ‘4’.

"6. Administrador Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos:

"a) Administrador de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos ‘1’.

"b) Administrador de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos ‘2’.

"c) Administrador de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos ‘3’.

"d) Administrador de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos ‘4’.

"e) Administrador de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos ‘5’.

"7. Administrador Central de Comunicación Institucional:

"a) Administrador de Comunicación Institucional.

"8. Coordinador Nacional de Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente.

"9. Administradores locales de Servicios al Contribuyente. ..."

"Artículo 16. Compete a las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, ejercer las facultades señaladas en las fracciones I, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII, XVII, XVIII, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI y XLVII del artículo 14 de este reglamento.

"Compete a las subadministraciones locales de Servicios al Contribuyente, dentro de la circunscripción territorial que corresponda a la Administración Local a la que se encuentran adscritas, ejercer las siguientes facultades:

"I. La señalada en la fracción XL del artículo 14 de este reglamento.

"II. Prestar, a través de diversos canales de atención a los contribuyentes, los servicios de asistencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, así como darles a conocer sus derechos.

"III. Verificar el exacto cumplimiento de las obligaciones en materia de inscripción y actualización del Registro Federal de Contribuyentes; requerir la presentación de avisos, solicitudes y demás documentos autorizados en materia de Registro Federal de Contribuyentes, cuando los obligados no lo hagan en los plazos respectivos; tramitar y resolver las solicitudes de aclaraciones que presenten los contribuyentes en esta materia, así como requerir la rectificación de errores u omisiones contenidos en los citados documentos.

"IV. Tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten los contribuyentes sobre problemas relacionados con la presentación de declaraciones, imposición de multas, requerimientos, solicitudes y avisos al Registro Federal de Contribuyentes.

"Las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente estarán a cargo de un administrador local, auxiliado en el ejercicio de sus facultades por los subadministradores, jefes de departamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio."

Lo transcrito pone de manifiesto que, como bien lo estimó la Sala responsable, los citados preceptos reglamentarios 9, fracción XXXI y 10, fracción I y IV, sí establecen la competencia material de la administradora local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, Baja California, para imponer sanciones por infracción a las disposiciones legales que rigen la materia de su competencia.

Cierto, como lo estimó la responsable, la competencia material de la autoridad demandada para imponer sanciones por infracción a las disposiciones legales, está prevista concretamente en los artículos 9, fracción XXXI y 10, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, pues dichos numerales prevén que los administradores generales, centrales, regionales, locales y de las aduanas, los coordinadores y los administradores adscritos a las Unidades Administrativas Centrales, se encuentran facultados, como ya se dijo, para imponer sanciones por infracción a las disposiciones legales que rigen la materia de su competencia; preceptos en los que se encuentran fundadas las multas contenidas en la determinación del crédito fiscal impugnado.

Esto es, dentro de las autoridades facultadas para imponer sanciones, contempladas en los citados numerales, están los administradores locales, categoría en la que se encuentra la demandada -aquí tercero perjudicada- administradora local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, Baja California, pues al respecto prevén:

"Artículo 9. Los administradores generales, además de las facultades que les confiere este reglamento, tendrán las siguientes: ... XXXI. Imponer sanciones por infracción a las disposiciones legales que rigen la materia de su competencia. ..."

"Artículo 10. Los administradores centrales, regionales, locales y de las aduanas; los coordinadores, y los administradores adscritos a las unidades administrativas centrales, además de las facultades que les confiere este reglamento, tendrán las siguientes: I. Las señaladas en las fracciones II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L y LI del artículo anterior de este Reglamento. ..."

De ahí que, si en el juicio contencioso administrativo la actora impugnó las multas identificadas con el crédito fiscal **********, con número de control **********, de once de noviembre de dos mil once, emitidas por la administradora local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, Baja California, las cuales se fundaron, en los artículos 9, fracción XXXI y 10, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, entre otros, que establecen la competencia material de dicha autoridad para emitir sanciones como las impugnadas, es indiscutible que se cumplió con el requisito de la debida fundamentación de la competencia material, lo que determina la legalidad de la sentencia recurrida.

En atención a las destacadas consideraciones, para estimar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en los artículos 16 constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación; esto es, para tener por debidamente fundada la competencia material de la autoridad emisora de las multas controvertidas (administradora local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, Baja California), basta que la autoridad fiscal señale los artículos 9, fracción XXXI y 10, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, como ocurrió en la especie.

Cobra vigencia con lo anterior, la jurisprudencia(6) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:

"COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO. De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, página 12, de rubro: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se desprende que la garantía de fundamentación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa, ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, resulta inconcuso que para estimar satisfecha la garantía de la debida fundamentación, que establece dicho precepto constitucional, por lo que hace a la competencia de la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora y, en caso de que estas normas incluyan diversos supuestos, se precisen con claridad y detalle, el apartado, la fracción o fracciones, incisos y subincisos, en que apoya su actuación; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión, toda vez que se traduciría en que éste ignorara si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo por razón de materia, grado y territorio y, en consecuencia, si está o no ajustado a derecho. Esto es así, porque no es permisible abrigar en la garantía individual en cuestión ninguna clase de ambigüedad, ya que su finalidad consiste, esencialmente, en una exacta individualización del acto de autoridad, de acuerdo a la hipótesis jurídica en que se ubique el gobernado en relación con las facultades de la autoridad, por razones de seguridad jurídica.

"Contradicción de tesis 94/2000-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Primer Circuito. 26 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

"Tesis de jurisprudencia 57/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de octubre de dos mil uno."

Bajo ese contexto, también son infundados los planteamientos formulados por la quejosa, en donde aduce sustancialmente que los artículos 14, fracción XL y 16 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no tienen vinculación alguna con los numerales 9, fracción XXXI y 10, fracciones I y IV del mismo ordenamiento legal, por lo que éstos últimos no son aplicables al caso particular en cuanto a la imposición de sanciones, ya que la competencia material de la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, Baja California, únicamente se encuentra contemplada en los preceptos citados en primer término.

Cierto, son infundados tales planteamientos, porque para tener por debidamente fundada la competencia material de la autoridad emisora de los actos controvertidos (administradora local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, Baja California), basta que esa autoridad fiscal cite los artículos 9, fracción XXXI y 10, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

Lo anterior es así, pues si bien dichos numerales aluden a las facultades de los administradores generales, centrales, regionales y de las aduanas, así como los coordinadores, cierto es que también establecen de manera específica la facultad de los administradores locales, de imponer sanciones por infracción a las disposiciones legales que rigen la materia de su competencia, como ocurre en la especie.

Cabe recordar que la autoridad demandada, administradora local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, Baja California, se encuentra en la categoría de los administradores locales, por lo que no queda duda de que está facultada para imponer sanciones por infracción a las disposiciones legales que rigen la materia de su competencia.

De lo que se sigue que los dos preceptos reglamentarios mencionados, son los que establecen la competencia material de la administradora local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, Baja California, para imponer sanciones por infracción a las disposiciones legales que rigen la materia de su competencia, como correctamente se determinó en la sentencia ahora reclamada.

Encuentra aplicación al respecto, por compartirse el criterio, la jurisprudencia(7) atendible bajo el rubro y texto siguientes:

"ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE ACAPULCO. SI FUNDA SU COMPETENCIA MATERIAL PARA IMPONER SANCIONES EN LOS ARTÍCULOS 9, FRACCIÓN XXXI Y 10, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN. Para cumplir con el requisito de la debida fundamentación establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que la autoridad precise su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue dicha atribución. En congruencia con lo anterior, si para imponer sanciones por infracciones a disposiciones fiscales, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco funda su competencia material en los artículos 9, fracción XXXI y 10, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ello es suficiente para estimar que cumplió con la indicada exigencia constitucional.

"Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.

"Revisión fiscal 480/2009. Administrador Local Jurídico de Acapulco, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 30 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretario: César Alberto Santana Saldaña.

"Revisión fiscal 265/2010. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 19 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea Antúnez.

"Revisión fiscal 303/2010. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 11 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretaria: Silvia Galindo Andrade.

"Revisión fiscal 301/2010. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 17 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Guadalupe Juárez Martínez, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Zeus Hernández Zamora.

"Revisión fiscal 7/2011. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 17 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Rafael Aragón. Secretario: César Alberto Santana Saldaña."

Por otra parte, no pasa inadvertido que el impetrante aduce que, atendiendo al principio general de derecho titulado "ley específica sobre ley general", se obtiene que las facultades que le fueron conferidas expresamente a la Administración General de Servicios al Contribuyente, de la cual depende la Administración Local de Servicios al Contribuyente de Tijuana, Baja California, se encuentran plasmadas en el capítulo III del título II del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, precisamente en los artículos 14, 15 y 16, y no en el diverso capítulo I de dicho ordenamiento, donde se encuentran los numerales 9, fracción XXXI y 10, fracción I y, al efecto, cita los criterios de rubros: "ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES. DEBEN SUJETARSE A LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA." y "LEGALIDAD TRIBUTARIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY."

El planteamiento anterior es infundado, dado que los numerales 9, fracción XXXI y 10, fracción I, así como los diversos 14, 15 y 16, corresponden el mismo ordenamiento legal, esto es, al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, por lo que resulta inexacto que en el caso particular deban observarse diversas normas, ya sean primarias o secundarias; por tanto, en el caso particular no son aplicables los criterios citados por la impetrante, pues, se insiste, la normativa que citó la Sala responsable para establecer la competencia material de la autoridad demandada, al emitir las multas controvertidas, deriva de la misma reglamentación tributaria; de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio.

Este Tribunal Colegiado Auxiliar se ha pronunciado en términos similares al resolver el amparo directo administrativo **********/2013, relativo al cuaderno auxiliar **********/2013.

En el segundo concepto de violación, aduce la empresa quejosa, esencialmente, que la Sala Fiscal vulneró el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al inobservar el principio de congruencia, en virtud de que al dictar sentencia no se pronunció sobre el segundo concepto de impugnación de su escrito inicial de demanda de nulidad, en la parte que alegó violación a la garantía de fundamentación y motivación, donde sostuvo que no quedó debidamente pormenorizado en el acto impugnado si la ahora quejosa fue sancionada por no presentar una declaración o por no cumplir con un requerimiento de autoridad; así que, con tal actuar, asevera, le impidió tener verdadero acceso a la impartición de justicia.

No participa de razón la quejosa.

Cierto, adverso a lo sostenido por la impetrante, del análisis que se realiza a la sentencia reclamada, se aprecia que la Sala responsable sí atendió la parte del concepto de nulidad del que ahora alega la quejosa omisión de pronunciamiento, en específico donde dice, alegó, que en la resolución impugnada no se detalló si la sanción impuesta se debió a que la actora no presentó una declaración, o por no atender un requerimiento de autoridad.

Se afirma lo anterior, ya que del fallo reclamado se aprecia que la autoridad responsable, respecto a dicho tópico, dijo lo siguiente: (énfasis añadido)

"... Cuarto. Dada la íntima relación que guardan entre si los agravios pr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24784-8c2e22f1/administradores-locales-de-servicios-al-contribuyente-del-servicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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