ACCIÓN CAUSAL. EL ENDOSATARIO EN PROPIEDAD DE UN TÍTULO DE CRÉDITO NO PUEDE EJERCERLA CONTRA EL SUSCRIPTOR ORIGINAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 170/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 28 DE AGOSTO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ROCÍO BALDERAS FERNÁNDEZ.
II. COMPETENCIA
5. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).", y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
III. LEGITIMACIÓN
6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, quienes se encuentran legitimados para ello, de conformidad con el artículo 227 de la Ley de Amparo que, en su parte conducente, establece lo siguiente:
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas: ...
"II. Las contradicciones a las que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron."
IV. EJECUTORIAS QUE PARTICIPAN EN LA CONTRADICCIÓN
7. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.
8. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 186/2012, expuso lo siguiente:
"Respecto al endoso en propiedad, los artículos 26, 27, 33, 34 y 37 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito disponen: ... De la interpretación armónica de tales dispositivos se aprecia, en lo que interesa, que con el ‘endoso en propiedad’ se transfiere la propiedad del título de crédito y todos los derechos a él inherentes. Asimismo, el endoso posterior al vencimiento del título surte efectos de cesión ordinaria, por lo que mediante esta última se subroga al adquiriente en todos los derechos que el título confiere, con lo que queda sujeto el nuevo adquirente del documento a las excepciones personales que el deudor tenga contra el autor de la transmisión. En ese tenor, resulta claro que no es ineludible que la acción causal sea ejercida en contra del acreedor que hubiera realizado el endoso en propiedad, pues puede válidamente hacerlo el adquirente de los derechos del título de crédito en contra de los originales suscriptores, merced de la transmisión operada mediante un ‘endoso en propiedad’, el cual tiene todo el efecto de una cesión ordinaria. ... De esta premisa se puede sostener que el endoso en propiedad convierte al endosatario en el titular de los derechos nacidos del contrato causal y pagaré fundante de la acción, por virtud de que su acreedor originario se los transmitió; situación que acarrea la lógica consecuencia que ese nuevo adquirente que, en el caso, es la quejosa, en virtud de dicho endoso otorga legitimación pasiva a los terceros perjudicados para ser demandados en el cumplimiento de las obligaciones que contrajeron en dicho título de crédito. Aunado a lo anterior, es de señalarse que el artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece: ... Esa acción debe intentarse restituyendo la letra al demandado, y no procede sino después de que la letra hubiere sido presentada inútilmente para su aceptación o para su pago, conforme a los artículos 91 al 94 y 126 al 128. Para acreditar tales hechos, y salvo lo dispuesto en el párrafo que sigue, podrá suplirse el protesto por cualquier otro medio de prueba. En tal precepto no se encuentra la previsión que pretende la responsable, en el sentido de que por virtud del endoso en propiedad el actor debe ejercer su acción en contra de la beneficiara original, por ser ésta quien se lo endosó en propiedad a la quejosa. El artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito faculta al tenedor de un título para ejercitar la acción causal, que es la derivada del acto jurídico que dio origen a la emisión del título, lo cual debe entenderse se puede dar contra quien originalmente suscribió ese título de crédito, como fueron los demandados en el juicio natural."
9. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, al resolver el amparo directo 36/2013, sostuvo lo que se transcribe a continuación:
"El artículo 168, párrafo tercero, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dispone que si la acción cambiaria se hubiere extinguido por prescripción o caducidad, el tenedor sólo podrá ejercitar la acción causal en caso de que haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado conserve las acciones que en virtud de la letra pudieran corresponderle. Tal precepto regula la acción causal, la cual subsiste después de prescrita la acción cambiaria directa y es aquella que eventualmente puede derivar de la relación causal que subyace a la suscripción del título de crédito, ... Dicho de otro modo, al haberse extinguido la cambiaria, se ejerce la acción correspondiente a la obligación causal, y para que ésta proceda, el actor debe demostrar que existió la fuente de obligaciones, como el contrato que en su concepto dio origen a dicha obligación causal; ello, con base en el artículo 1194 del Código de Comercio, que dispone que el que afirma está obligado a probar ... Luego si, como ya se dijo, para acreditar la mencionada acción se debe probar la relación causal subyacente, aquélla sólo puede ser instada por el acreedor contra quien tenga una relación jurídica directa, como lo es el titular original contra el suscriptor y, en su caso, el endosatario contra el endosante. Esto, pues al actor corresponde evidenciar la relación jurídica que dio como consecuencia la emisión del título de crédito o su transmisión. Ante ese panorama, se estima que aun cuando la responsable no tomó en cuenta que el quejoso indicó desde la demanda que adquirió la calidad de endosatario en propiedad con posterioridad al vencimiento de los documentos base de la acción y, por ende, tenía la calidad de cesionario en términos del artículo 37 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; esa calidad aducida por el garante no le otorga legitimación para instar la acción causal contra el suscriptor de tales documentos. Lo anterior, debido a que, como se expuso, sólo el primer beneficiario puede instar contra el suscriptor la acción causal; mientras que el endosatario puede hacerlo únicamente contra el endosante. ... Dada la naturaleza de la acción causal, el endosatario sólo adquiere el derecho de instarla contra su endosante. ... Respecto a la subrogación contenida en el artículo 27 de la indicada ley, con base en lo expuesto, sólo le otorga al cesionario la legitimación para instar la acción causal contra el endosante, pero no contra el suscriptor original de los títulos de crédito ... De ahí que si, en términos del artículo 168 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, tal derecho cambiario ya está extinguido, y es el único transmitido a través de la cesión, entonces, la relación causal no puede invocarse por persona distinta a quien la configuró, lo que no es el caso del cesionario, por virtud de que a éste no se le transmitieron los derechos del negocio original, sino sólo del título, que ya no son ejercitables, y que son distintos a los que derivan de la relación causal. ... "
10. El criterio anterior fue sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos 695/2003, 412/2007, 119/2011, 223/2011 y 163/2012, así como en el amparo directo 211/94, sustentado por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de los cuales derivaron las tesis de rubros: "TÍTULOS DE CRÉDITO. ACCIÓN CAUSAL, DEBE SER INTENTADA POR EL ACREEDOR ORIGINARIO CONTRA EL EMISOR DEL DOCUMENTO O POR LOS ADQUIRENTES POSTERIORES EN CONTRA DE QUIEN LES PRECEDIÓ EN LA TENENCIA DEL TÍTULO." y "ACCIÓN CAUSAL. EL ENDOSATARIO EN PROPIEDAD DE UN TÍTULO DE CRÉDITO NO PUEDE EJERCERLA CONTRA EL SUSCRIPTOR DE ÉSTE."
11. Por tanto, al sostener criterios en el mismo sentido que el Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, se considera innecesario transcribir las ejecutorias, máxime que sirvieron de apoyo para la resolución de la misma.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
12. En primer término, debe establecerse si, en el caso, efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo a fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que, de conformidad con el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con la fracción segunda de los artículos 226 y 227 de la Ley de Amparo, se desprende que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiendo por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una sentencia. Por tanto, la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
14. Así, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impidan su resolución.
15. En tales condiciones, la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, cumplan con los siguientes requisitos:
A. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo.
B. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
C. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
16. Sirven de apoyo, igualmente, a lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia, cuyos rubros y textos son:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(2)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(3)
17. En las relatadas circunstancias, lo procedente es determinar si en el caso concreto se cumple con los requisitos de existencia de la contradicción planteada.
18. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que arriba han quedado transcritas, en las que se advierte que desarrollaron argumentos lógico jurídicos para desentrañar el sentido normativo en un supuesto normativo específico.
19. Por un lado, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió un amparo directo en el que se estableció, principalmente, que el endosatario en propiedad de un título de crédito puede ejercer acción causal en contra de los suscriptores originales.
20. Ello, porque el "endoso en propiedad" transfiere la propiedad del título de crédito y todos los derechos a él inherentes y porque el endoso posterior al vencimiento del título surte efectos de cesión ordinaria, subrogando al adquiriente en todos los derechos que el título confiere y sujetándolo a las excepciones personales que el deudor tuviera contra el autor de la transmisión. Así, merced de la transmisión operada mediante un "endoso en propiedad", éste tiene todo el efecto de una cesión ordinaria, y el tenedor del título podía demandar al deudor original y no solamente al acreedor que le transmitió el título.
21. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito determinó que, al momento de prescribir la acción cambiaria, procedía la acción causal, sin embargo, ésta sólo puede ser instada por quien tuvo la relación causal directa (suscriptor y acreedor original) (endosatario y endosante), ya que el actor debe demostrar que existió relación causal, la cual es distinta e independiente del título de crédito, y sólo puede ser demostrada por quien tiene la relación directa, por lo que concluyó que el suscriptor original carece de legitimación pasiva para ser demandado mediante acción causal por el endosatario en propiedad.
22. Con lo anterior queda evidenciado que el presente asunto cumple con el primer requisito de existencia, pues ambos órganos colegiados ejercieron su arbitrio jurisdiccional.
23. En cuanto al segundo requisito, consistente en un mismo punto de toque y diferendo de criterios interpretativos, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que queda cumplido en el presente caso, ya que los presupuestos procesales y los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes giraron en torno a una misma cuestión jurídica:
a) Presupuestos procesales: Ambos Colegiados analizaron el artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito concluyendo cuestiones discrepantes sobre quién tiene legitimación para ejercer la acción causal y en contra de quién.
b) Ejercicios interpretativos realizados: si el endosatario en propiedad de un título de crédito puede ejercer acción causal en contra del suscriptor original.
24. Para solventar el problema referido, el ejercicio interpretativo de dichos numerales realizado por cada uno de los Tribunales Colegiados fue distinto, como se puede apreciar en lo siguiente:
1) Mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito concluyó que el endosatario en propiedad de un título de crédito puede ejercer acción causal en contra del suscriptor original, porque convierte al endosatario en el titular de los derechos nacidos del contrato causal y pagaré fundante de la acción, por virtud de que su acreedor originario se los transmitió, situación que acarrea la lógica de que ese nuevo adquirente, por virtud de dicho endoso otorga legitimación pasiva a los terceros perjudicados para ser demandados en el cumplimiento de las obligaciones que contrajeron en dicho título de crédito.
2) El Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito concluyó que la acción causal sólo puede ser instada por el acreedor contra quien tenga una relación jurídica directa, ya que para acreditar la mencionada acción se debe probar la relación causal subyacente, por lo que ésta sólo puede ser instada por el acreedor contra quien tenga una relación jurídica directa y, en su caso, el endosatario contra el endosante. Esto, puesto que al actor corresponde evidenciar la relación jurídica que dio como consecuencia la emisión.
25. Por lo que respecta al tercer requisito de existencia (surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción), debe señalarse que, a partir de lo anteriormente expuesto, es posible concluir que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formulación de una pregunta genuina que permita evaluar cuál de las posibles interpretaciones debe ser la que prevalezca con carácter obligatorio.
26. De tal suerte que la pregunta que revela esta contradicción de criterios puede plantearse en los siguientes términos:
¿Si el suscriptor de un título de crédito cuenta con legitimación pasiva para ser demandado en una acción causal ejercida por el último tenedor del mismo?
VI. ESTUDIO DE FONDO
27. En aras de lograr una mayor claridad en la presente resolución, se deben desarrollar ciertos tópicos, como las relaciones jurídicas que se crean en virtud de la suscripción de los títulos de crédito, las acciones que generan, las características de dichos documentos, los momentos en que operan y sus respectivas consecuencias.
28. La doctrina afirma que, al emitirse un título de crédito, se pueden presentar dos clases de relaciones: "la que se suele calificar como causal, subyacente o fundamental; y la cambiaria, documental o cartácea."(4)
29. Por una parte, la relación jurídica fundamental es la derivada de una causa, tanto de la que originó la suscripción del título como de la que motivó su transmisión, las cuales pueden ser de derecho civil o mercantil, las que se rigen por sus respectivas normas, según sea el caso.
30. En ese sentido, al momento en que se suscribe un título de crédito, la relación causal es una, la que motivó su emisión, sin embargo, cuando el documento circula entre distintos portadores se van generando diversas relaciones causales sucesivas que se originan y subyacen a cada transmisión, y que son diversas entre sí, ya que cada una se vincula con la causa que ocasiona la respectiva transmisión del documento.
31. Por tanto, el título de crédito es un efecto de este tipo de relaciones jurídicas (causales, subyacentes o fundamentales), que pueden ser por ejemplo: "la compraventa de un automóvil, el préstamo de una suma de dinero, una donación, una permuta, etcétera; es decir, cualquier negocio jurídico puede dar nacimiento a un título de crédito, el cual nunca se crea por generación espontánea, ni aun en el caso hipotético del que diere nacimiento a un título sólo porque así le viene en gana y lo entregará a un beneficiario cualquiera pues entonces su creación obedecería a una causa, obedecerá a un propósito de donación."(5)
32. Derivado de lo anterior, se aprecia que el título emana y está vinculado con la relación jurídica "fundamental, causal o subyacente y, puesto que hay una relación de causa a efecto, queda en cierta forma supeditado a las razones, características o modalidades del negocio fundamental."(6)
33. Por otra parte, la relación jurídica cambiaria nace de la emisión y circulación del título de crédito, no de sus causas, y se rige de acuerdo a las normas del derecho mercantil.
34. Así, la relación cambiaria es única y se transmite junto con la titularidad del título de crédito, operando plenamente características como la autonomía y abstracción que se analizarán párrafos posteriores, y que explican este tipo de relación.
35. Ahora bien, dichas relaciones jurídicas, tanto causales como la cambiaria, permiten el ejercicio de ciertas acciones para su cobro, las cuales, conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, son cuatro y pueden clasificarse como cambiarias y extra-cambiarias.
36. Así, dentro de la primera clasificación se encuentran la acción cambiaria directa y la acción cambiaria en vía de regreso, mientras que en la segunda categoría tenemos a la acción causal y a la de enriquecimiento ilegítimo.(7)
37. La acción cambiaria directa se funda exclusivamente en la emisión y, en su caso, la transmisión de un título, así como la falta de pago, solamente se puede intentar en contra del principal obligado o sus avalistas, prescribe en tres años después de la exigibilidad del título de crédito y la puede intentar el tenedor de éste.
38. La acción cambiaria en vía de regreso se distingue de la acción cambiaria directa, toda vez que puede intentarse contra cualquiera de los signatarios, excepto contra el principal obligado o sus avalistas, caduca cuando no se cumple con los requisitos de cobro y protesto, prescribe tres meses después de la fecha del protesto y sólo se puede intentar en contra de los que hayan firmado el título antes de la fecha en que lo hizo el que la ejercite, pues ningún signatario puede responsabilizarse con los anteriores.
39. En la segunda categoría se encuentran la acción causal y la de enriquecimiento ilegítimo.
40. La acción causal, es independiente de la cambiaria, pues subsiste si ésta se pierde, siempre que derive del negocio que originó el título de crédito o su transmisión y que no haya habido novación.
41. Tal independencia se da en un escenario cambiante en el que una misma acción cambiaria puede circular con el título entre diversos titulares, pero en relación con la cadena de transmisiones, es regla general que existen diferentes acciones causales que justifican la entrega del título de persona a persona.
42. En ese sentido, las acciones causales se originan y subyacen a cada transmisión, además, la acción casual se da en la emisión y en la transmisión del título, por lo que no se trata de una relación jurídica, sino de múltiples relaciones sucesivas en las que s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24818-4d0166d4/accion-causal-el-endosatario-en-propiedad-de-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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