CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO CIENTO NOVENTA Y CUATRO, PUBLICADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2012 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ CONCEDER PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 10/2013. MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS. 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintidós de noviembre de dos mil trece, por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 10/2013, promovida por el representante del Municipio de Yautepec, Estado de Morelos, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la misma entidad federativa.
I. Antecedentes y trámite del asunto
1. Presentación de la demanda. El siete de febrero de dos mil trece, **********, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento Constitucional de Yautepec, Estado de Morelos, por escrito presentado en tal fecha en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió una demanda de controversia constitucional en representación del citado Ayuntamiento (de ahora en adelante el "Municipio actor") en la que impugnó el Decreto Número Ciento Noventa y Cuatro, publicado el veintiséis de diciembre de dos mil doce en el número cinco mil cincuenta y tres del Periódico Oficial del Estado "Tierra y Libertad", por medio del cual el Congreso del Estado de Morelos concedió a ********** una pensión por cesantía en edad avanzada a cargo del presupuesto del Municipio actor.
2. En el escrito de demanda se señalaron como autoridades demandadas al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al secretario general de Gobierno, todas del Estado de Morelos, y se tuvo como preceptos violados a los artículos 14, 16, 17, 115, fracciones I, II y IV y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal").
3. Asimismo, se relataron como hechos relevantes, por un lado, que el veinticuatro de septiembre de dos mil doce, **********, por su propio derecho, solicitó al Congreso del Estado de Morelos el otorgamiento de una pensión por cesantía en edad avanzada de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, por otro lado, que tras el trámite correspondiente, el doce de diciembre siguiente, el Pleno de la Legislatura Local aprobó su petición al haberse comprobado una antigüedad en el servicio público de veintitrés años, diez meses, once días y una edad de cincuenta y cinco años. Lo anterior dio lugar a la publicación en el Periódico Oficial del referido decreto impugnado Número Ciento Noventa y Cuatro, en el que como se mencionó se concedió formalmente la pensión por edad avanzada.
4. Trámite de la demanda. El doce de febrero de dos mil trece, el Ministro presidente de la Suprema Corte tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente como 10/2013 y, por razón de turnó, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Por consiguiente, el catorce de febrero del mismo año, el Ministro instructor emitió un acuerdo en el que tuvo por visto el escrito del Municipio actor; sin embargo, dadas algunas inconsistencias, previno al actor para que señalara, bajo protesta de decir verdad, si impugnaba el Decreto Número Ciento Noventa y Cuatro o el Ochenta y Cinco, o ambos, y si a su vez reclamaba la expedición, promulgación y/o publicación del último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; además de que aclarara si el decreto o decretos impugnados constituían el primer acto de aplicación de la citada norma.
5. El Municipio actor desahogó el requerimiento por escrito recibido en esta Suprema Corte el veintidós de febrero de dos mil trece, aclarando que reclamaba tanto la expedición, promulgación y/o publicación del artículo 57 de la referida ley del servicio civil, así como el Decreto Número Ciento Noventa y Cuatro por sí mismo y en su modalidad de primer acto de aplicación de la mencionada disposición legal.
6. Consecuentemente, el Ministro instructor, por acuerdo de veintiséis de febrero siguiente, dio cuenta del escrito del Municipio actor y admitió la demanda por lo que hace a los citados decreto y norma, determinando el carácter de autoridades demandadas únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, a fin de que dieran contestación a la demanda, y ordenando dar vista del asunto al procurador general de la República para que manifestara lo que a su interés conviniera, formando el cuaderno incidental respectivo para el trámite de la solicitud de suspensión del acto impugnado.(1)
7. Cuestiones previas y conceptos de invalidez. En su escrito principal de demanda y en el aclaratorio, el Municipio actor sostuvo los siguientes conceptos de invalidez:
a) Primero. El decreto reclamado produce una intromisión del Poder Legislativo del Estado en la vida interna del Ayuntamiento que transgrede los artículos 14, 16, 17, 155, fracciones I, II y IV y 123 de la Constitución Federal, pues se le exige a ese último el cumplimiento y pago invariable de una pensión por cesantía en edad avanzada en favor de un servidor público; lo anterior, aun cuando el pago de tal pensión se encuentre contemplado en el título sexto de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, debido a que dicho contenido normativo en realidad provoca una invasión en la esfera competencial del Municipio en contravención directa del artículo 115 constitucional.
b) Los Ayuntamientos gozan de plena autonomía para dirigir los destinos políticos, administrativos y patrimoniales dentro de su esfera de circunscripción, por lo que la intervención de la Legislatura Local en su ámbito patrimonial carece de sustento jurídico tanto en la Constitución Federal como en la del Estado y en las leyes locales. En ese sentido, se señala que si bien las Legislaturas de los Estados pueden expedir leyes laborales que regulen las relaciones entre el Estado y los Municipios con sus trabajadores, ello no tiene como consecuencia necesaria que puedan arrogarse de facultades de un tribunal laboral ni decretar una pensión a favor de una persona, cuando ni siquiera es llamado al procedimiento legislativo el tercero que asumirá la carga económica del pago de la seguridad social.
c) Se destaca que el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos deviene como inconstitucional, porque la regulación del sistema de pensiones no contempla la existencia de un organismo al que corresponda decidir sobre el otorgamiento de pensiones con cargo al patrimonio propio ni tampoco prevé que el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sean los encargados de cubrir tales prestaciones.
d) Segundo. El decreto reclamado, en el que fue aplicado el artículo 57, último párrafo, de la referida Ley del Servicio Civil violenta flagrantemente la autonomía municipal al comprometer el patrimonio del Ayuntamiento, sin que el Municipio haya formado parte de un procedimiento previo en el que se respetaran las formalidades establecidas en ley, de conformidad con los artículos 14 y 16 constitucionales. Sobre este punto, se destaca que la Legislatura Local incumplió a su vez lo dispuesto por el propio artículo 123 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Morelos, en el que se prevé que los dictámenes deben contener, entre otras cuestiones, el análisis de las observaciones hechas por los Ayuntamientos y los Poderes Ejecutivo o Judicial en su caso, pues la Comisión de Trabajo, Previsión Social y Fomento Cooperativo del Congreso del Estado remitió a la Mesa Directiva de la Legislatura su dictamen sobre la multicitada pensión, sin la participación municipal correspondiente.
e) En el mismo concepto de invalidez, el Municipio actor destaca que si bien de acuerdo a los artículos 115 y 123 de la Constitución Federal, los servidores públicos deben de gozar de prestaciones de seguridad social y las Legislaturas Locales están facultadas para emitir las leyes necesarias para regular las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, lo cierto es que no se justifica por qué el sistema previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos autoriza al Congreso del Estado a evaluar el tiempo de servicio público, el salario percibido, la edad y demás requisitos para que una persona goce de una pensión, cuando dicho trabajador mantuvo una relación laboral únicamente con el Municipio y es éste a quien a final de cuentas se le impone el cargo de la pensión sobre el erario municipal.
f) El Congreso del Estado no puede determinar libremente los casos en que proceda otorgar prestaciones de jubilación que incidan sobre la autonomía patrimonial del Municipio. Por tanto, se sostiene que no se estima inconstitucional la existencia y regulación de los derechos de pensión de los trabajadores, sino que la Legislatura Local sea la única encargada de decidir lo correspondiente a la concesión y pago de ciertas prestaciones de seguridad social de los trabajadores del orden municipal a cargo del propio presupuesto del Ayuntamiento. Se citaron como precedentes aplicables las controversias constitucionales 55/2005, 91/2008, 50/2010, 53/2010 y 55/2010.
g) Escrito aclaratorio. En el documento por medio del cual se desahogó la prevención del Ministro instructor, el Municipio actor expresó que el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos transgrede el artículo 115 constitucional, pues al establecer la obligación de la Legislatura Local de expedir el decreto por el cual se resuelve la petición de pensión del servidor público, se provoca una invasión en la esfera competencial del Municipio. Se insiste en que no le corresponde al Poder Legislativo o al Ejecutivo determinar la procedencia o no de un beneficio social respecto de una persona que prestó sus servicios al Ayuntamiento y mucho menos determinar una carga económica sobre el presupuesto municipal para el pago de la pensión correspondiente. Tal facultad le corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través de un procedimiento en que se respeten las formalidades de ley en atención a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
8. Contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo. Seguido el trámite previsto en ley, el once de abril de dos mil trece, el consejero jurídico como representante del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos presentó ante esta Suprema Corte la contestación de la demanda, en la cual expuso, en síntesis, los siguientes razonamientos:
a) Se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones III y VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante "ley reglamentaria de la materia"), en virtud de que el Municipio actor debió haber ampliado la demanda en la diversa controversia constitucional 3/2013 y no promover las diversas 4/2013 y 10/2013, por la estrecha vinculación que guardan; además de que el decreto impugnado no es el primero que se expide con fundamento en el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
b) Para demostrar lo anterior, presentó una tabla de diversos decretos de concesión de pensiones a trabajadores del Ayuntamiento actor publicados desde el mes de marzo de dos mil diez, fecha evidentemente anterior a diciembre de dos mil doce cuando se publicó el decreto reclamado.
c) Por lo que hace al interés jurídico oponible, se señala que el Municipio actor carece de legitimación ad causam, ya que no es titular del derecho que pretende hacer valer, y que el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos no ha realizado acto alguno que invada la esfera de competencia municipal.
d) En cuanto a los conceptos de invalidez, se aduce que los actos que se le reclaman al Poder Ejecutivo, consistentes en la promulgación y publicación del decreto combatido, fueron realizados con apego a la facultad prevista en la Constitución Local y que la parte actora no expresó conceptos de invalidez en los que planteara los vicios propios que supuestamente atribuye a dichos actos. En esa tónica, los conceptos de invalidez deben calificarse de inatendibles e inoperantes ante la inexistencia de argumentos susceptibles de ser analizados, de causa de pedir y de razones suficientes para sostener la razón de lo pretendido en oposición al principio de presunción de validez que tienen los actos de autoridad.
e) Respecto a los argumentos de fondo, se sostiene que resulta infundado el concepto de invalidez consistente en que se viola en perjuicio de la parte actora lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal, en virtud de que el decreto combatido no atenta contra la autonomía y libre administración hacendaria, ya que el mismo es un acto declarativo emitido con fundamento en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; ordenamiento que establece las medidas y prerrogativas para los trabajadores que estén en el supuesto de obtener una pensión por jubilación, por lo que si en el caso, los extremos para atender la solicitud que antecedió al decreto cuestionado quedaron cumplidos con base en ese ordenamiento, es evidente que el acto impugnado no viola la libre administración hacendaria.
f) Sobre tal punto, se aclara que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, si se toma en cuenta que son destinadas para cubrir una obligación dineraria impuesta en la fracción VIII del mismo precepto, en relación con el diverso 123 del propio Texto Constitucional.
g) Así, los Municipios tienen autonomía para determinar la aplicación de los recursos públicos, pero también deben observar las normas constitucionales y federales relativas, así como las que expidan las Legislaturas Locales concernientes a la administración pública municipal. En tal virtud, se alude que es innegable que el marco legal establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, para el otorgamiento de la pensión cuestionada, no vulnera la libre administración del Municipio, porque dicha prestación está a su cargo por mandato expreso de la Constitución Federal.
h) Por otro lado, se argumenta que el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por sí solo no trasciende a la libre administración hacendaria municipal, si se toma en cuenta que únicamente señala la fecha en que podrá expedirse el decreto que otorga a los beneficiarios de un trabajador su pensión correspondiente.
i) Se citan como apoyo a sus razonamientos las tesis jurisprudenciales de rubros: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, NO TRANSGREDE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA DE AQUÉLLOS."
9. Contestación de la demanda por parte del Poder Legislativo. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, por escrito recibido en esta Suprema Corte el veintiséis de abril de dos mil trece, contestó la demanda exponiendo, en síntesis, los argumentos que siguen:
a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 21 del mismo ordenamiento, toda vez que el decreto reclamado no constituye el primer acto de aplicación del referido artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, por ende, la presentación de la demanda en contra de dicha disposición normativa es extemporánea. El mismo razonamiento de improcedencia por extemporaneidad se actualiza si se utiliza como fecha de impugnación el momento en que el citado artículo fue promulgado y publicado: el seis de septiembre de dos mil.
b) Por lo que hace a los conceptos de invalidez, se considera que éstos deben calificarse como infundados al no existir una violación a los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal. El decreto reclamado fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece el procedimiento para que los trabajadores de los poderes de dicha entidad federativa o los Municipios puedan obtener su pensión, por lo que una vez que el trabajador cumplió con tales requisitos, no existe razón alguna para que el Congreso Estatal se niegue a cumplir la obligación para aprobar la pensión y emitir el decreto correspondiente.
c) Los artículos 55, 56, 57, apartado A), fracciones I, II y III, 59 y 69 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, aplicados en el decreto controvertido, son constitucionales debido a que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser admitidas en el ámbito de la libre administración hacendaria previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, si se valora que son destinadas a cubrir una obligación impuesta en el numeral 123, fracción VIII, del propio Texto Constitucional.
d) A su juicio, la libertad de administración hacendaria es una facultad constitucional concedida a los Municipios para integrar su presupuesto de egresos, en virtud de que dicha facultad consiste en la libre elección del destino y monto de los ingresos disponibles provenientes de las fuentes enumeradas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, salvo que sea en este último ordenamiento en el que se prevea cumplir una obligación dineraria, caso como el que nos ocupa, en el que no opera a plenitud la libertad municipal hacendaria.
e) Dicho de otra manera, el decreto impugnado es acorde a derecho, pues no puede aceptarse que bajo el esquema de la libre administración hacendaria los Municipios soslayen el pago de prestaciones dinerarias que impone la Constitución Federal. Si se consintiera tal situación, se tornarían en unidades políticas independientes regidas por sus propios principios y convicciones, sin apego a ningún marco legal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115, fracción IX, constitucional, se facultó a las Legislaturas Locales para regular las relaciones laborales suscitadas tanto entre los trabajadores al servicio de la entidad federativa como entre los Municipios y sus propios trabajadores, con la única limitante de respetar los principios establecidos en el artículo 123 constitucional; en especial, la protección al salario y la seguridad social.
f) Bajo esa óptica, se insistió, el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no trasciende a la libre administración hacendaria municipal, si se tiene en cuenta que sólo señala la fecha en que podrá expedirse el decreto que otorga a un trabajador su pensión correspondiente, cuya partida presupuestal de aportación de seguridad social se presupone que fue fijada por el Ayuntamiento para cumplir con una obligación constitucional.
10. Referencia a la opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente y del acuerdo emitido en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.
11. Cierre de la instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró el trece de junio de dos mil trece la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
12. Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó el dieciocho de octubre de dos mil trece remitir el expediente a la Primera Sala de esta Suprema Corte, para su radicación y resolución, misma que se avocó a su estudio por auto de veintitrés de octubre siguiente.
II. Competencia
13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Morelos por conducto de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo y el Municipio de Yautepec de esa entidad, en el que es innecesaria la intervención del Tribunal en Pleno, al tratarse únicamente del estudio de fondo de actos y no de normas.
III. Fijación de la litis
14. De un análisis de la demanda y del escrito de desahogo por parte del Municipio actor del requerimiento formulado por el Ministro instructor, se concluye que en la presente controversia constitucional debe tenerse como acto impugnado el Decreto Número Ciento Noventa y Cuatro, publicado el veintiséis de diciembre de dos mil doce en la página cuarenta y uno de la segunda sección del número cinco mil cincuenta y tres del Periódico Oficial del Estado de Morelos, mediante el cual se concedió pensión por cesantía en edad avanzada a **********.
15. El texto del decreto reclamado es el siguiente (negritas nuestras):
"Al margen izquierdo un Escudo del Estado de Morelos que dice: ‘Tierra y Libertad’. La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Poder Legislativo. LII Legislatura. 2012-2015."
"Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos a sus habitantes sabed:
"Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo siguiente:
"La Quincuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, en ejercicio de la facultad que le otorga la fracción II del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y al tenor de los siguientes:
"Considerandos
"I. Mediante escrito presentado en fecha 24 de septiembre del 2012, ante este Congreso del Estado, el C. **********, por su propio derecho, solicitó de esta soberanía le sea otorgada pensión por cesantía en edad avanzada, acompañando a su solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, apartado A), fracciones I, II y III, de la Ley del Servicio Civil del Estado, como lo son: acta de nacimiento, hoja de servicios expedida por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como hoja de servicios y carta de certificación de salario expedidas por el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos.
"II. Que al tenor del artículo 56 de la Ley del Servicio Civil vigente en la entidad, la pensión por cesantía en edad avanzada se generará a partir de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento. El trabajador que se hubiere separado justificada o injustificadamente de su fuente de empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del siguiente día de su separación. Y con fundamento en el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión por cesantía en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez años de servicio, se ubique en el supuesto correspondiente, el monto será de acuerdo a su último salario y al porcentaje que por los años de servicio le corresponda, según lo establece el artículo de referencia.
"III. En el caso que se estudia, el C. **********, prestó sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los cargos siguientes:
"Agente de apoyo, en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 16 de junio al 30 de septiembre de 1987; agente investigador, en la Dirección General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia, del 01 de octubre al 19 de noviembre de 1987; auxiliar, en la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Dirección General de Gobernación, del 15 de junio al 31 de diciembre de 1988; auxiliar de analista, en la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales de la Subsecretaría de Gobierno, del 01 de enero de 1989 al 31 de diciembre de 1994; receptor de rentas, en la Receptoría de Rentas de Tlayacapan de la Dirección General de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, del 01 de noviembre de 1998 al 30 de junio de 2002; analista especializado, en la Administración de Rentas a Yautepec, Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, del 01 de julio de 2002 al 28 de agosto de 2003; analista especializado, en la Administración de Rentas a Yautepec, Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, del 29 de agosto de 2003 al 15 de noviembre de 2009. En el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, ha prestado sus servicios, desempeñando los cargos siguientes: inspector de licencias y reglamentos, del 01 de junio de 1982 al 31 de mayo de 1985; subdirector de tránsito y vialidad, del 16 de noviembre de 2009 al 12 de julio de 2012; director de organismos descentralizados, del 13 de julio al 24 de septiembre del 2012, fecha en la que fue presentada su solicitud.
"Una vez realizado el procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó fehacientemente la antigüedad del trabajador y se acreditan 23 años, 10 meses, 11 días de antigüedad de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido y 55 años de edad, ya que nació el 16 de septiembre de 1957, en consecuencia, se estima que se encuentran plenamente satisfechos los requisitos previstos en el artículo 59, inciso f), del marco jurídico antes invocado.
"Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:
"Decreto Número Ciento Noventa y Cuatro
"‘Artículo 1o. Se concede pensión por cesantía en edad avanzada al C. **********, quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, así como en el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, desempeñando como último cargo el de: director de organismos descentralizados.’
"‘Artículo 2o. La pensión decretada deberá cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de conformidad con el inciso f) del artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador se separe de sus labores por el H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado.’
"‘Artículo 3o. La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado.’
"‘Transitorios
"‘Artículo primero. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los fines que indica el artículo 44 y la fracción XVII del artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.’
"‘Artículo segundo. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial «Tierra y Libertad», órgano de difusión del Gobierno del Estado.’
"Recinto legislativo a los doce días del mes de diciembre de dos mil doce.
"Atentamente. ‘Sufragio Efectivo. No Reelección’ Los CC. Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura Guerrero. Presidente. Dip. Jordi Messeguer Gally. Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. Secretaria. Rúbricas.
"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, Casa Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de Morelos, a los veinticuatro días del mes de diciembre de dos mil doce.
"‘Sufragio efectivo. No reelección’
"Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos
"Graco Luis Ramírez Garrido Abreu
"Secretario de gobierno
"Ing. Jorge Vicente Messeguer Guillén
"Rúbricas."
16. Asimismo, debe tenerse como norma reclamada el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues el Municipio actor lo impugnó expresamente con motivo de su acto de aplicación en el citado Decreto Número Ciento Noventa y Cuatro, aduciendo su inconstitucionalidad en los conceptos de invalidez y precisando como autoridades demandadas a las que lo expidieron, promulgaron y publicaron. Tal pretensión se evidencia de manera específica en el escrito del Municipio actor de veintidós de febrero de dos mil trece, por medio del cual desahogó el requerimiento del Ministro instructor y señaló expresamente que era su intención reclamar la inconstitucionalidad únicamente de la citada disposición normativa.
17. Sobre este punto, debe destacarse que si bien en la contestación de la demanda el Poder Legislativo Local hizo referencia a los artículos 55, 56, 57, apartado A), fracciones I, II y III, 59 y 69 de la Ley del Serv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24850-76fbb175/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
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Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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