CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN VII Y 21, FRACCIÓN II DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. LOS DECRETOS MEDIANTE LOS CUALES EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS DETERMINA CONCEDER PENSIONES CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DE LOS MUNICIPIOS DE ESE ESTADO, VIOLAN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 74/2013. MUNICIPIO DE JOJUTLA DE JUÁREZ, ESTADO DE MORELOS. 4 DE DICIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cuatro de diciembre de dos mil trece en el que emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 74/2013 en la que Manuel Valentín Juárez Policarpo, quien se ostentó como síndico del Municipio de Jojutla de Juárez del Estado de Morelos y en representación de éste demandó la invalidez de:
a) Los artículos 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos reformados mediante Decreto Número Doscientos Dieciocho, publicado en el número cinco mil cincuenta y ocho del Periódico Oficial del Estado de Morelos el dieciséis de enero de dos mil trece.(1)
b) Los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c); 54, fracción VII; 55 a 57, 60 y 64 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.(2) Señala que estos preceptos los impugna "por extensión de sus efectos"; es decir, por la extensión de los efectos de los preceptos señalados en el inciso precedente, al modificar el sistema normativo que rige el sistema de pensiones para los trabajadores al servicio del Gobierno Municipal.
c) El Decreto Número Cuatrocientos Veintiséis, publicado en el número cinco mil ochenta del Periódico Oficial del Estado de Morelos el veintisiete de marzo de dos mil trece, a través del cual se concedió, con cargo al gasto público del Municipio actor, pensión por viudez y orfandad. Este decreto se señala como el primer acto de aplicación de las normas impugnadas y se precisa que también se impugna su validez por vicios propios.(3)
Autoridades demandadas. En esta controversia se señalaron como autoridades demandadas a las siguientes:
a) Congreso del Estado de Morelos.
b) Gobernador del Estado de Morelos.
c) Secretario de Gobierno del Estado de Morelos.
I. Antecedentes y planteamientos de la demanda
1. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
a) En las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, por mayoría de ocho votos, la inconstitucionalidad de diversas porciones normativas de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como de sus respectivos actos de aplicación, a través de los cuales el Congreso del Estado de Morelos invadió la competencia del Municipio actor al decretar pensiones con cargo a su hacienda municipal.
b) El veintisiete de marzo de dos mil trece se publicó en el Periódico Oficial de esa entidad el Decreto Número Cuatrocientos Veintiséis a través del cual, el Congreso Local concedió con cargo al gasto público del Municipio actor, pensión por viudez y orfandad a ********** por propio derecho y en representación de la menor **********, en virtud de tratarse, respectivamente, de la cónyuge supérstite e hija descendiente del finado **********, quien prestó sus servicios a dicho Municipio.
2. Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez hechos valer en la demanda son, en síntesis, los siguientes:
a) Se violan en perjuicio del Municipio actor los artículos 14, 16, 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último; así como el 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen los principios de fundamentación y motivación (artículos 14 y 16); congruencia entre los ingresos y egresos municipales, correspondiéndole exclusivamente al Ayuntamiento, la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa (artículo 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último constitucional); administración de recursos municipales y control de las relaciones laborales con sus trabajadores con base en leyes locales (artículos 115, fracción VIII, párrafo segundo y 123, apartado B), que finalmente determinan que los trabajadores burocráticos -como lo son aquellos al servicio de los Municipios-, tienen derecho a que el patrón -Ayuntamiento-, les reconozca y otorgue, como parte de sus prestaciones, la pensión o jubilación.
b) El decreto impugnado y señalado como primer acto de aplicación, transgrede la autonomía municipal al violentar el principio de libre administración hacendaria y disposición de recursos, pues el Congreso Local se entromete inconstitucionalmente en las relaciones laborales del Municipio actor con sus trabajadores, disponiendo de manera arbitraria y anárquica del gasto público municipal, al imponerle, fuera de toda previsión o planificación gubernamental y sin autorización e intervención, el pago de pensiones. Con esto también se lesiona el principio de congruencia entre ingresos y egresos, ya que arbitrariamente el Congreso Local impone este tipo de gastos al Municipio -pago de pensiones-, sin que existan recursos económicos para el pago de dichas pensiones.
c) Además el Congreso Local, decreta la acumulación de la antigüedad de los servicios que un trabajador prestó en los demás Municipios o en cualquiera de los Poderes Estatales o sus organismos, para finalmente imponer el pago de la pensión o jubilación al último orden de gobierno en el que el trabajador haya prestado sus servicios.
d) La inconstitucionalidad planteada de los artículos 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que se reformaron mediante el Decreto Número Doscientos Dieciocho publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dieciséis de enero de dos mil trece, es oportuna, así como también la invalidez del resto de los artículos impugnados por extensión y efectos, ya que se modificó sustancialmente el sistema de pensiones contenido en la Ley del Servicio Civil del Estado. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia P./J. 32/2006, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA."
e) Las modificaciones publicadas en el Periódico Oficial de la entidad de dieciséis de enero de dos mil trece a los artículos 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado, alteran sustancialmente el cuerpo normativo que rige el sistema de pensiones en el Estado, ya que, tal y como lo indica el último párrafo del artículo 58, ahora las pensiones que sean determinadas por la Legislatura Local, deberán cumplir con los requisitos consignados en el artículo 66 referido, siendo que este precepto, contiene ahora requisitos adicionales que no se encontraban contemplados en el sistema anterior.
f) El primer párrafo del artículo 56 y el último párrafo del numeral 57, en relación con los artículos 64 y 65 de la Ley del Servicio Civil local, resultan contrarios a los principios de libre administración hacendaria, autonomía municipal y autonomía de gestión en el manejo de sus recursos, ya que otorgan al Congreso Local la atribución de fijar los casos en que procede otorgar el pago de pensiones por viudez y orfandad, así como la cuantía a la que deberán ascender éstas, afectando así el patrimonio municipal sin ninguna intervención de la autoridad edilicia.
g) Los artículos 24, fracción XV, 54, fracción VII, 55, 56, 64 y 65 de la Ley del Servicio Civil Local, igualmente son violatorios de las competencias municipales, ya que ratifican la facultad del Congreso Local para decretar pensiones tratándose de asalariados municipales y la correlativa obligación de los Municipios de erogarlas con cargo a su hacienda.
h) A las Legislaturas Locales les compete emitir las leyes necesarias para regular las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores y, tienen la obligación de consignar en sus leyes laborales locales, los procedimientos necesarios para que sus trabajadores y los beneficiarios de estos, puedan gozar de tal prestación, sin que esto signifique, que sean los órganos legislativos los encargados de otorgar las pensiones o haberes de retiro mediante un decreto legislativo.
i) El Congreso del Estado de Morelos es competente para expedir la Ley del Servicio Civil Estatal, pero ello no significa que pueda determinar libremente los casos en que proceda otorgar esas prestaciones cuando nacen de las relaciones de trabajo entre los Municipios y los servidores públicos a su cargo, pues son los Ayuntamientos los facultados para ejercer en forma directa los recursos de la hacienda municipal.
j) El Decreto Número Cuatrocientos Veintiséis a través del cual el Congreso Local concedió una pensión por viudez y orfandad, con cargo al gasto público del Municipio actor, viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que sólo al Ayuntamiento le corresponde el manejo de su patrimonio, la administración libre de su hacienda y la autorización de su presupuesto de egresos, además de que al Municipio actor no se le dio intervención en el procedimiento por el que se decretó la pensión correspondiente, lo que lesiona su derecho de audiencia.
3. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 14, 16, 115, fracciones IV, párrafos primero, penúltimo y último; VIII, párrafo segundo, así como 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Trámite de la controversia constitucional
4. Radicación y trámite. La demanda de controversia se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el nueve de mayo de dos mil trece.(4)
5. El presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 74/2013 y, de conformidad con la certificación respectiva, lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor.(5)
6. El Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, a quienes requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran su contestación a la demanda.(6)
7. En el mismo auto, se requirió al Congreso Local para que al dar contestación a la demanda, enviara a este Alto Tribunal copia certificada de los antecedentes de los Decretos Números Doscientos Dieciocho y Cuatrocientos Veintiséis, así como de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de la comisión correspondiente y las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo.(7)
8. Contestación del Poder Legislativo.(8) El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, en representación de ese poder, contestó la demanda exponiendo en síntesis que:
a) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, fracciones I y XX, de la Constitución Política local; así como 54, fracción VII y 56 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Poder Legislativo del Estado de Morelos cuenta con facultades para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y administración interior del Estado; así como otorgar a los trabajadores del gobierno y de los Municipios las pensiones correspondientes. En consecuencia, el Municipio actor carece de interés legítimo para acudir en esta vía, pues con el decreto de concesión de pensión, no se afecta de manera alguna su esfera de atribuciones, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria en la materia.
b) El decreto y las normas impugnadas no son inconstitucionales, porque las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria prevista en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.
c) La libertad de administración hacendaria es una facultad constitucional concedida a los Municipios para integrar su presupuesto de egresos y dicha facultad consiste en la libre elección del destino y monto de los ingresos disponibles provenientes de las fuentes enumeradas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, salvo que sea en este último ordenamiento en el que se prevea cumplir una obligación dineraria, caso como el presente, en el que no opera a plenitud la libertad municipal hacendaria.
d) No debe pasarse por alto que, de conformidad con el artículo 123 de la Constitución Federal, los Municipios tienen la obligación constitucional de tener una partida en su cuenta pública para el pago de pensiones a quienes fungieron como sus trabajadores, circunstancia de la que no puede excluirse el Municipio actor.
e) De conformidad con la legislación laboral aplicable y con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pago de pensión por jubilación se realiza en virtud del desgaste orgánico que sufre el trabajador como ser humano a lo largo de un tiempo mínimo de servicios acumulado durante su vida económicamente productiva, calculada en términos jurídicos como antigüedad, por lo que los requisitos contractuales para la procedencia de la jubilación no pueden ser otros que la acumulación de tiempo efectivo de servicios y la realización de un hecho generador que puede relacionarse con la edad de la persona o con un estado de incapacidad.
f) No asiste la razón al Municipio actor al reclamar que en la determinación de pensión, la antigüedad en la prestación de servicios se calcula de manera acumulativa ya que, de conformidad con la normatividad federal aplicable en materia de trabajo, es válido inferir que para su cómputo deben tomarse en cuenta los diferentes periodos que la integran, aunque sean discontinuos. De tal forma, para efecto del pago de las pensiones previstas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos se debe entender el vínculo laboral como aquel proveniente de las distintas dependencias públicas que pertenecen al Gobierno del Estado. Sirve de apoyo la jurisprudencia de rubro: "ANTIGÜEDAD GENÉRICA. EN SU CÓMPUTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS PENSIONES PREVISTAS EN LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SINALOA, DEBE ACUMULARSE EL TIEMPO TOTAL QUE EL EMPLEADO PRESTÓ SUS SERVICIOS DERIVADOS DE UN MISMO VÍNCULO LABORAL, AUNQUE LO HUBIERA HECHO EN PERIODOS DISCONTINUOS."
g) El decreto de concesión de pensión impugnado fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece el procedimiento para que los trabajadores de los poderes de dicha entidad federativa o los Municipios, así como los beneficiarios de dichos trabajadores, puedan obtener la pensión correspondiente, por lo que una vez que la solicitante de la pensión cumplió con los requisitos previstos por la ley para solicitar la pensión por invalidez, no existía razón alguna para que el Congreso Estatal se negara a cumplir la obligación de emitir el decreto respectivo.
h) De conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución Federal, no todo acto podrá ser materia de impugnación en una controversia constitucional, ya que dicho medio de control de la constitucionalidad, por regla general, sólo es procedente con motivo de conflictos suscitados entre dos o más niveles de gobierno, cuando la cuestión de fondo debatida se refiera a la distribución o invasión de competencias que a cada uno corresponda o a la irregularidad en el ejercicio de sus atribuciones. De tal forma, si en la demanda se impugna el decreto de concesión de pensión al que se ha hecho referencia, se trata del ejercicio de las facultades administrativas del Congreso del Estado, por lo que no puede considerarse que ésta sea la vía idónea para someter a revisión los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social.
9. Contestación del gobernador(9) y del secretario de Gobierno del Estado.(10) Ambas autoridades del Estado de Morelos fueron esencialmente coincidentes en sus respectivas contestaciones de demanda; además, el secretario de Gobierno señaló de manera expresa que se adhiere por completo a los argumentos y razonamientos expuestos en la contestación emitida por el gobernador del Estado, por lo que sostienen en síntesis que:
a) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el Municipio actor debió haber ampliado la demanda de la controversia constitucional 54/2013, que se encuentra en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no haber promovido las diversas controversias constitucionales 72/2013, 73/2013 y 74/2013.
b) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que el decreto de pensión impugnado no es el primero que se expide con fundamento en las normas que se pretende sean declaradas inválidas.
c) El Municipio actor carece de legitimación ad causam ya que no es titular del derecho que pretende hacer valer; además, ambas autoridades carecen de legitimación pasiva en el asunto ya que no han realizado acto alguno que invada la competencia municipal.
d) Los conceptos de invalidez son inatendibles e inoperantes ante la inexistencia de argumentos susceptibles de ser analizados, de causa de pedir y de razones suficientes para sostener la razón de lo pretendido en oposición al principio de presunción de validez que tienen los actos de autoridad.
e) Los actos impugnados fueron realizados con apego a la facultad prevista en la Constitución Política Local, además de que no se emitieron conceptos de invalidez en los que se reclamen vicios propios de los actos emitidos por cada una de ellas, por lo que son constitucionales.
f) El decreto legislativo impugnado no es inconstitucional, ya que las partidas del presupuesto de egresos municipal para el pago de las prestaciones de seguridad social no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, si se toma en cuenta que son destinadas para cubrir una obligación dineraria impuesta en la fracción VIII del mismo precepto, en relación con el diverso 123 de la Ley Fundamental.
g) Si bien los Municipios tienen autonomía para determinar la aplicación de los recursos públicos, también deben observar las normas constitucionales y federales relativas, además de las que expidan las Legislaturas Locales concernientes a la administración pública municipal. En tal virtud, es innegable que el marco legal establecido en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos para el otorgamiento de la pensión por viudez y orfandad no vulnera la libre administración del Municipio, pues dicha prestación está a su cargo por mandato expreso de la Constitución Federal.
h) Es aplicable el criterio sostenido en la controversia constitucional 80/2011, promovida por el Poder Ejecutivo en contra del Poder Legislativo, ambos del Estado de Morelos, en la que se decidió que el Congreso de la entidad tiene atribuciones para conocer, estudiar y dictaminar de todos los asuntos referentes a las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios.
i) Asimismo, son aplicables los criterios jurisprudenciales de rubros:
"HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)." y "MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA, NO TRANSGREDE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA DE AQUÉLLOS."
10. Opinión del procurador general de la República.(11) Este funcionario, al rendir su opinión, manifestó en síntesis que:
a) La Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional y quien la promovió goza de legitimación procesal activa para ello.
b) La demanda fue presentada por parte legitimada.
c) La demanda es extemporánea respecto de los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45 fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero, inciso c), 54 fracción VII, 56, 58, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Lo anterior, ya que no se aplicaron en el Decreto Número Cuatrocientos Veintiséis impugnado y ha transcurrido en exceso el plazo para promover la vía constitucional propuesta con motivo de la publicación de dichas normas, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia.
d) Por lo que hace a los artículos 55, 57, 64, 65, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, inciso b) y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, a pesar de que sí fueron aplicados en el Decreto Número Cuatrocientos Veintiséis impugnado, este no puede considerarse como su primer acto de aplicación ya que el Congreso del Estado de Morelos ha concedido anteriormente pensiones con cargo al presupuesto del Ayuntamiento promovente, tales como las combatidas en las controversias constitucionales 54/2013, 72/2013 y 73/2013. En consecuencia, la oportunidad de su impugnación debe calcularse tomando en cuenta la fecha de su publicación, de lo que resulta que es también extemporánea por haber transcurrido en exceso el plazo de treinta días previsto en la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria en la materia.
e) La demanda es oportuna respecto del Decreto Número Cuatrocientos Veintiséis impugnado ya que fue presentada dentro del plazo de treinta días a partir del día en que el Municipio actor se ostentó sabedor del mismo.
f) A pesar de los diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la inconstitucionalidad del artículo 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y de la jurisprudencia P./J. 13/2013, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. EL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, AL CONFERIR AL CONGRESO LOCAL FACULTADES EN MATERIA DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", hay razonamientos jurídicos que pueden tomarse en cuenta en la resolución de este asunto para conducir a una nueva reflexión sobre la constitucionalidad de las normas involucradas.
g) La constitucionalidad de las normas combatidas no debe resolverse atendiendo solamente al principio de libertad hacendaria, sino también debe ponderarse si se trata de una limitación razonable considerando las obligaciones constitucionales que tienen los Municipios con sus trabajadores.
h) En concordancia con la obligación impuesta en el artículo 1o. de la Constitución Federal a todas las autoridades para que promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, el Municipio debe garantizar en general los derechos de sus habitantes y respetar sus obligaciones como empleador, de las cuales no puede desentenderse bajo la defensa de una afectación a su libertad hacendaria.
i) La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe determinar si el derecho o facultad de los Municipios de manejar libremente su hacienda es absoluto o si, por el contrario, tiene límites razonables derivados del cumplimiento de diversas obligaciones como pueden ser, por ejemplo, las laborales o fiscales.
11. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(12)
III. Competencia
12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el punto tercero, en relación con el punto segundo, fracción I, ambos del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Tribunal Pleno el trece de mayo de dos mil trece.
IV. Oportunidad
13. Para analizar la oportunidad de la demanda, conviene tener en cuenta que se promovió en contra de los siguientes actos y normas generales:
a) Los artículos 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos reformados mediante Decreto Número Doscientos Dieciocho, publicado en el número cinco mil cincuenta y ocho del Periódico Oficial del Estado de Morelos el dieciséis de enero de dos mil trece.
b) Los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c); 54, fracción VII; 55 a 57, 60 y 64 al 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Estos preceptos los impugna "por extensión de sus efectos"; es decir, por la extensión de los efectos de los preceptos señalados en el inciso precedente.
c) El Decreto Número Cuatrocientos Veintiséis, publicado en el número cinco mil ochenta del Periódico Oficial del Estado de Morelos el veintisiete de marzo de dos mil trece, a través del cual se concedió, con cargo al gasto público del Municipio actor, pensión por viudez y orfandad.
14. El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la siguiente forma.(13)
15. Tratándose de actos:
a) A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;
b) A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución;
c) A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.
16. En el caso de normas generales:(14)
a) A partir del día siguiente a la fecha de su publicación;
b) A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
17. Ahora bien, el cómputo deberá hacerse de inicio por lo que corresponde al Decreto Número Cuatrocientos Veintiséis, ya que éste fue señalado como el primer acto de aplicación de las normas impugnadas. En este sentido, el cómputo de la oportunidad en la impugnación de este decreto debe realizarse a partir de la fecha en que el Municipio actor se ostentó sabedor del mismo, esto es, a partir del veintisiete de marzo de dos mil trece, fecha que además de ser aquella en la que este decreto se publicó en el Periódico Oficial de la entidad, es la que manifestó el Municipio actor en el apartado VI de su demanda, como un hecho que le consta.
18. Tomando esta fecha como referente para hacer el cómputo del plazo para la presentación de la demanda, se concluye que ésta se interpuso de manera oportuna respecto del citado decreto, ya que el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia culminó el trece de mayo siguiente,(15) siendo que la demanda fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el nueve de mayo siguiente, por lo que se encuentra dentro del plazo legal referido.
19. Ahora, por lo que hace a la oportunidad de la impugnación respecto de las normas generales señaladas como inconstitucionales, tanto el gobernador como el secretario general de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, así como el procurador general de la República, hicieron valer la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, sustentándola en el hecho de que el decreto que se impugna no constituye el primer acto de aplicación de las normas impugnadas, además de que se está en presencia de una impugnación extemporánea atendiendo a la fecha de su publicación.
20. Para determinar si en el caso se actualiza o no esta causa de improcedencia, esta Primera Sala revisará si las normas generales impugnadas fueron o no aplicadas en el Decreto Número Cuatrocientos Veintiséis impugnado, pues sólo de este modo el cómputo para la presentación de la demanda de controversia constitucional puede hacerse de conformidad con la segunda hipótesis prevista por la fracción II del artículo 21 de La ley reglamentaria de la materia, ya que de lo contrario el cómputo debe realizarse a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de las normas generales impugnadas.
21. Al respecto, recordemos que el Municipio actor reclamó la constitucionalidad de los artículos 58 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante Decreto Número Doscientos Dieciocho, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de dieciséis de enero de dos mil trece; asimismo, impugnó por extensión de sus efectos, los diversos artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII, 45, fracciones III, IV y XV, esta última fracción en su párrafo primero e inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 60, 64, 65, 67 y 68 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
22. Es necesario traer a cuenta el contenido del decreto impugnado, para analizar si en él se aplicaron tales normas:
"27 de marzo de 2013 Periódico Oficial
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24812-8f212291/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-respecto-de-normas-generales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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