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Modo: Corpus Pro

ENFERMEDAD PROFESIONAL DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS. SE ACREDITA SI SE DEMUESTRA QUE EL TRABAJADOR DESARROLLÓ SUS ACTIVIDADES POR UN PERIODO PROLONGADO EN UN MEDIO AMBIENTE CON PRESENCIA DE POLVOS O PARTÍCULAS, AUN CUANDO EL DICTAMEN EN MATERIA AMBIENTAL DETERMINE QUE LOS NIVELES DE ÉSTAS SE ENCONTRABAN DENTRO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMITIDOS POR LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS. ENFERMEDAD PROFESIONAL (HIPOACUSIA). SU EXISTENCIA SE ACREDITA CUANDO SE DEMUESTRA QUE EL TRABAJADOR DESARROLLÓ SUS ACTIVIDADES DURANTE UN PERIODO PROLONGADO EN UN MEDIO AMBIENTE RUIDOSO, AUN CUANDO EL DICTAMEN PERICIAL EN MATERIA AMBIENTAL DETERMINE QUE ÉSTE SE ENCONTRABA POR DEBAJO DEL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1132/2013. · Registro digital (IUS): 24881
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-02-28
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Pág. 2363.

AMPARO DIRECTO 1132/2013. 28 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. PONENTE: MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS. SECRETARIO: EDUARDO LICEAGA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente:

En el primer concepto de violación, el quejoso aduce que la responsable señaló que la documental que ofreció, visible a foja 57 de autos (nota médica), carecía de eficacia probatoria, en virtud de que se trataba de una copia fotostática que no fue perfeccionada, lo cual fue incorrecto porque la propia Junta no ordenó el desahogo del cotejo y/o compulsa, ya que en audiencia de catorce de noviembre de dos mil siete, determinó que le daría el valor probatorio que en derecho correspondiera al dictar resolución, siendo que dicha prueba trascendía al fondo del asunto, pues con dicho documento el instituto no sólo reconocía el estado patológico del actor, sino también la relación causal entre los padecimientos y sus actividades, máxime que en ella el galeno del demandado asentó como bronquitis crónica de probabilidad etiológica laboral, por lo que se debía conceder el amparo para el efecto de que la Junta ordenara el medio de perfeccionamiento propuesto.

Es inoperante lo que se alega.

De los antecedentes del caso, se observa que ********** reclamó el otorgamiento y pago de una pensión por incapacidad derivada de enfermedades profesionales adquiridas a lo largo de su vida laboral.

El instituto demandado negó derecho, señalando que el actor en ningún momento se había presentado a valoración, por lo que desconocía que fuera portador de algún padecimiento que afectara su capacidad orgánico funcional, por lo que sin dicho requisito no podía realizar el reconocimiento pretendido, además, correspondía al accionante acreditar la relación causal para clasificar las enfermedades como del orden profesional.

La Junta dictó un primer laudo de veintitrés de noviembre de dos mil doce, en el que absolvió de las prestaciones reclamadas; inconforme con dicha resolución el ahora quejoso promovió amparo directo del que conoció y resolvió este órgano colegiado, con el número **********, en el que no se dolió de la violación procesal que ahora combate, ni este tribunal advirtió queja deficiente que suplir en ese tópico.

Lo anterior, porque en los conceptos de violación que expuso en ese amparo, sólo se limitó a señalar que la responsable dejó de valorar todas y cada una de las pruebas que fueron ofrecidas para acreditar la acción, pero no adujo que se hubiera cometido alguna violación, al procedimiento en su perjuicio.

La narrativa antepuesta, pone en evidencia la inoperancia de los argumentos expuestos por el peticionario de amparo, toda vez que realiza razonamientos que debió controvertir en un momento diverso, ya que si estimaba que se había actualizado una violación procesal que conculcó sus derechos fundamentales, consistente en la omisión de ordenar el desahogo del medio de perfeccionamiento ofrecido para la documental marcada con el numeral 4, inciso b), consistente en copia fotostática de nota médica y prescripción de veinticinco de octubre de dos mil dos, debió hacerla valer en aquel tiempo, por haber sido el momento procesal oportuno para ello.

Consecuentemente, si el impetrante no alegó esas cuestiones en aquella ocasión, ya no pueden ser materia de este juicio, porque no fue impugnado en aquel momento; por lo tanto, es evidente que la emisión del laudo que ahora se rebate, no representa una nueva oportunidad para hacerlo, pues debe entenderse que fueron actos consentidos y, por ende, el derecho a reclamarlos en amparos posteriores se encuentra precluído; de ahí lo inoperante del concepto de violación.

Es aplicable al caso, la tesis 2a./J. 57/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, materia laboral, página 196 del siguiente tenor:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO LAS VIOLACIONES ALEGADAS EN UN SEGUNDO O ULTERIOR JUICIO DE AMPARO, SE COMETIERON EN UN LAUDO ANTERIOR, Y NO FUERON IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE, AUNQUE NO SE HUBIERA SUPLIDO LA QUEJA DEFICIENTE. Son inoperantes los conceptos de violación encaminados a combatir actos u omisiones de la autoridad responsable, cuando de autos se aprecia que se produjeron en un laudo contra el cual se promovió en su oportunidad juicio de amparo, sin haberse impugnado; por lo que debe entenderse que fueron consentidos y, por ende, el derecho a reclamarlos en amparos posteriores se encuentra precluido, ya que las cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional, habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, derivado precisamente de ese consentimiento, máxime que dichas violaciones, por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable como cuestiones firmes en ese juicio de origen. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el Tribunal Colegiado de Circuito no hubiera advertido deficiencia que diera lugar a la suplencia de la queja para estudiar cuestiones diversas de las planteadas por el quejoso, pues ello no puede ser causa para alterar los principios jurídicos respecto de las violaciones consentidas o los efectos protectores del fallo constitucional, ya que redundaría en perjuicio de la seguridad jurídica de las partes, así como de la firmeza de las determinaciones judiciales."

En el segundo motivo de disenso, el quejoso refiere que la Junta dictó una sentencia absolutoria, basándose en que los padecimientos diagnosticados no podían considerarse del orden profesional en relación con las actividades que desarrolló, y que ni la categoría que desempeñó, ni aquéllas estaban contempladas en la Ley Federal del Trabajo, siendo que ésta es enunciativa y no limitativa, destacando que lo que se califica son las funciones, con independencia de la denominación del puesto, sin que fuera necesario que los peritos se constituyeran físicamente en el local de la empresa para emitir en qué grado y bajo qué circunstancias se desarrollaba el trabajo.

Continúa manifestando que la responsable no consideró la relación de causa efecto y que existían elementos para condenar, porque estaba la opinión de los peritos, no sólo médicos, sino en recursos humanos y en materia de química ambiental, quienes emitieron sus opiniones y que adminiculadas de manera conjunta con el resto de las pruebas, tales como las documentales ofrecidas, se llegaba a la conclusión del nexo causal citado.

Asimismo, arguye que con la documental marcada con el numeral 4, inciso a), consistente en el aviso para calificar probable riesgo de trabajo de trece de junio de dos mil tres, acreditó la categoría y la empresa para la que laboró, lo cual adminiculado con el resto de las pruebas se podía determinar la relación causal para acreditar los extremos de la acción.

Que con la documental marcada con el numeral 4, inciso b), se acreditó que el instituto demandado a través de sus médicos, tenía pleno conocimiento e, incluso, le diagnosticó bronquitis crónica de probable etiología laboral, por lo que no sólo existía la presunción derivada de la calificación y el dictamen del perito médico tercero en discordia, sino también esta documental para demostrar el nexo causal.

Por otro lado, el impetrante alega que la responsable no tomó en consideración la pericial en recursos humanos que sólo desahogó el perito de su parte, la cual se ofreció para el efecto de acreditar las actividades que el actor desempeñó en la empresa que mencionó, y que aunada a las documentales citadas, demostró la categoría y el cúmulo de actividades o funciones que tenía en la industria del cobre.

Son fundados, en lo esencial, los argumentos reseñados, aunque para estimarlo así se suplan en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.

Retomando los antecedentes del presente asunto se destaca que el ahora quejoso reclamó el otorgamiento y pago de una pensión por incapacidad derivada de enfermedades profesionales adquiridas a lo largo de su vida laboral.

En los hechos refirió que inició a laborar a partir de mil novecientos setenta y ocho, para la industria del cobre en la empresa "**********", que es la misma para la que empezó a trabajar con el nombre de "**********", como obrero, planchando hoja iniciadora, después cambió de departamento al de supervisor para plantas químicas durante tres meses, siguiendo como peón de producción con equipo de franela y guantes de cuero largos para el secado de lodo anódico en charolas a una temperatura regular, descargando las charolas en cuatro tambos y golpeándolos con un tubo, operando el mencionado secado aproximadamente por cuatro años; después de realizar estas actividades, metía 146 charolas en el denominado horno charolero, con el mismo lodo anódico y una vez que se secaba, había que sacar las charolas con una temperatura de 90 a 100 grados centígrados, golpeando las charolas para despegar el lodo con un tubo; con posterioridad cambió de fase del proceso de operación para el proceso de lodo lixiviado, cargando los tanques con lodo anódico de una tolva y donde los hornos llenaban la misma y de donde los tanques se cargaban; los mismos que se procesaban con altas temperaturas agregándoles ácido sulfúrico, muriático, sal y vapor, despidiendo muchos gases y en el ambiente mucho ácido. Tiempo después cambió a operador de plantas químicas, que sigue siendo el mismo proceso y ambiente en la planta con contaminantes, ruidos, polvos, como lo es el secado de lodo anódico en charolas a una temperatura regular.

El instituto demandado negó derecho a las prestaciones reclamadas.

La Junta dictó un primer laudo de veintitrés de noviembre de dos mil doce, en el que absolvió de las pensiones demandadas.

Inconforme con dicha resolución, el ahora quejoso promovió amparo directo del que conoció y resolvió este órgano colegiado con el número **********, en el que se concedió el amparo para el efecto de que la Junta responsable: "... a) Deje insubsistente el laudo impugnado. b) Dicte otro, en el que resuelva la contienda puesta a su consideración, valorando de manera pormenorizada, fundada y motivada, todas y cada una de las pruebas existentes en autos."

En cumplimiento a lo anterior, la Junta dictó el laudo que ahora se impugna, en el que nuevamente absolvió de las prestaciones reclamadas por considerar:

- En torno a la documental consistente en nota médica y prescripción de veinticinco de octubre de dos mil cinco (foja 57 de autos), carecía de eficacia demostrativa, en razón de que se trataba de una copia fotostática sin perfeccionar, que no causaba certeza de su contenido.

- Con el aviso para calificar probable riesgo de trabajo ST-1, ofrecido en copia al carbón, se acreditaba que el patrón del asegurado fue ********** y que ostentó el puesto de operador de plantas químicas.

- En cuanto a la prueba pericial médica, el dictamen rendido por el perito tercero en discordia, tiene valor probatorio, en virtud de que de éste se advertía que se aportaron los elementos de carácter científico necesarios y que se encontraba razonado de manera lógica, pues explicaba, de manera congruente, el estado físico del reclamante.

- Por lo que hace a la prueba pericial en materia química ambiental desestimó los dictámenes rendidos por los peritos de la partes y concedió eficacia demostrativa al tercero en discordia, quien señaló que el actor estuvo expuesto a agentes contaminantes, pero de la medición de los mismos, se encontraban por debajo de los límites máximos permitidos por la Norma Oficial Mexicana.

- En relación con la pericial en recursos humanos, determinó que con ella, el actor acreditó las actividades que desarrollaba en su categoría de operador de plantas químicas, en la empresa **********.

- En cuanto al padecimiento auditivo que le diagnosticó el médico tercero en discordia, el actor no demostró que la categoría de operador de plantas químicas la hubiera desempeñado en un ambiente ruidoso o trepidatorio, como lo requiere el artículo 513, inciso 156, de la Ley Federal del Trabajo.

- Por lo que se refiere a la enfermedad broncopulmonar, tampoco se calificaba de naturaleza profesional, porque el perito técnico tercero en discordia en materia ambiental, señaló que los polvos de forma general a que estuvo expuesto el actor, estaban por debajo de los límites máximos permisibles por las normas oficiales mexicanas, aunado a que el puesto ocupado, no se encontraba señalado en el artículo 513 de la ley laboral, como causante de algún padecimiento broncopulmonar.

- Con base en lo anterior, procedía absolver al instituto demandado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas.

Es incorrecta la conclusión alcanzada por la Junta.

De conformidad con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar la profesionalidad de una enfermedad es necesario que se acrediten dos requisitos indispensables:

1. Que se encuentre demostrado el hecho constitutivo de la demanda en lo que se refiere a las actividades desarrolladas o al ambiente en que éstas se lleven a cabo, pues de no existir tal hecho probado, no podrá desprenderse la presunción legal, ya que no se tendría el hecho conocido para establecer el hecho desconocido; y,

2. Que se considere el contenido del dictamen pericial, del que deberá desprenderse no sólo la conclusión alcanzada por el médico responsable, sino también, razonablemente, cuáles fueron las circunstancias para llegar a ella. Tomando en consideración: a) el ambiente laboral, individualizando los elementos perniciosos para la salud; b) el diagnóstico de la enfermedad padecida, especificando su gravedad, la posibilidad de complicaciones y la consecuente incapacidad para el trabajo; y, c) las condiciones personales del trabajador como edad, sexo, constitución anatómica, predisposición, otras enfermedades padecidas, etcétera.

Entonces, para determinar la profesionalidad de una enfermedad debe atenderse a los hechos demostrados que constituyen el fundamento de la acción, relativos a las actividades o al medio ambiente laboral en que éstas se llevaron a cabo, ya que si no están comprobados no se tendrá el hecho conocido para establecer el desconocido inherente al vínculo causal, como lo exige el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo.

Por tanto, de la comprobación de ese presupuesto de la acción depende que pueda establecerse la relación directa o indirecta con el origen de la enfermedad, es decir, su causalidad con las actividades laborales o el medio ambiente en que se presta el servicio, siendo en esta medida que tal condicionante rige tanto para las enfermedades que están incluidas en la tabla a que se contrae el referido artículo 513, y las que no lo están, puesto que es la comprobación de esos hechos la que en ambos casos servirá para establecer el nexo causal.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 14/2004, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 17/2003-SS, consultable en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, cuyos rubro y texto dicen:

"ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA DETERMINACIÓN DE SU EXISTENCIA POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DEBE HACERSE CON BASE EN LOS HECHOS DEMOSTRADOS Y EL RESULTADO DE LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA RENDIDA EN JUICIO. Para establecer el origen profesional de una enfermedad, son requisitos indispensables, los siguientes: 1. Que se encuentre demostrado el hecho constitutivo de la demanda en lo que se refiere a las actividades desarrolladas o al ambiente en que éstas se lleven a cabo, pues de no existir tal hecho probado, no podrá desprenderse la presunción legal, ya que no se tendría el hecho conocido para establecer el hecho desconocido. Es decir, en la medida en que se conoce la actividad o el medio ambiente puede llegarse al vínculo causal, como lo exige el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. 2. Que se considere el contenido del dictamen pericial, del que deberá desprenderse no sólo la conclusión alcanzada por el médico responsable sino también, razonablemente, cuáles fueron las circunstancias para llegar a ella. Ahora bien, para apreciar la confiabilidad y credibilidad, de tales circunstancias, deben tomarse en consideración los siguientes elementos: a) el ambiente laboral, individualizando los elementos perniciosos para la salud, es decir, considerar un análisis de las condiciones de trabajo o, en su caso, el medio ambiente en que el trabajo se ha efectuado como determinante de la enfermedad; b) el diagnóstico de la enfermedad padecida, especificando las manifestaciones de la lesión, su gravedad, la posibilidad de complicaciones y la consecuente incapacidad para el trabajo; y c) las condiciones personales del trabajador como edad, sexo, constitución anatómica, predisposición, otras enfermedades padecidas, etcétera; asimismo, que se tenga presente la necesidad de un determinado tiempo de exposición, como condición fundamental e inexcusable que puede ser variable para cada trabajador, pues lo decisivo en el diagnóstico de una enfermedad profesional es la ‘etiología’, que significa determinar la causa de la enfermedad. En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que las autoridades del trabajo para determinar la existencia de una enfermedad profesional que derive de la aplicabilidad de alguna de las fracciones de la tabla contenida en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, deben tomar en consideración los hechos constitutivos de la acción intentada y la relación que éstos guardan con el resultado de la prueba pericial médica rendida en juicio, por lo que una vez determinado su valor probatorio y dadas las razones de tal valoración podrá establecerse la procedencia o improcedencia de la acción intentada."

Así como la jurisprudencia 2a./J. 92/2006 de la citada Segunda Sala del Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época, página 351, cuyos rubro y texto señalan:

"ENFERMEDAD DE TRABAJO. PARA DETERMINAR SU ORIGEN Y, EN SU CASO, EL RECONOCIMIENTO DE SU PROFESIONALIDAD, ES INDISPENSABLE COMPROBAR LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE SE RELACIONAN CON LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA DESARROLLADA O CON EL MEDIO AMBIENTE LABORAL EN QUE SE PRESTÓ EL SERVICIO, YA SEA QUE SE TRATE DE LAS QUE ESTÁN O NO PREVISTAS COMO DE TRABAJO EN EL ARTÍCULO 513 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 14/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 202, sostuvo que para determinar la profesionalidad de una enfermedad debe atenderse a los hechos demostrados que constituyen el fundamento de la acción, relativos a las actividades o al medio ambiente laboral en que éstas se llevaron a cabo, ya que si no están comprobados no podrá desprenderse la presunción legal, pues no se tendría el hecho conocido para establecer el desconocido inherente al vínculo causal, como lo exige el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, de la comprobación de ese presupuesto de la acción depende que pueda establecerse la relación directa o indirecta con el origen de la enfermedad, es decir, su causalidad con las actividades laborales o con el medio ambiente en el que se presta el servicio, siendo en esta medida que tal condicionante rige, ya sea que se trate de enfermedades respecto de las que opera la presunción legal por estar incluidas en la tabla a que se contrae el referido artículo 513, o de las que no se actualiza tal presunción legal, puesto que es la comprobación de esos hechos la que en ambos casos servirá para establecer el nexo causal. En ese sentido, se concluye que para calificar el origen profesional de una enfermedad, no es suficiente que tanto el padecimiento como la actividad estén comprendidos en alguno de los apartados de la tabla a que se contrae el citado precepto legal, ni es válido sostener que el dictamen pericial médico por sí solo pueda conducir a aquella calificación por actualizarse la presunción legal, sin necesidad de comprobar que se desarrolló la actividad específica o el medio ambiente señalados en la demanda laboral, ya que se requiere, necesariamente, de la comprobación de dos hechos: de la existencia del padecimiento, por lo general diagnosticado en el dictamen pericial médico, y de que la actividad específica que se desarrolló o el respectivo medio ambiente esté identificado, pues sólo si se conocen estos hechos podrá determinarse el referido nexo causal y actualizarse, en su caso, la presunción legal sobre el origen profesional de la enfermedad diagnosticada."

En la especie, el médico tercero en discordia, que fue a quien la Junta le concedió eficacia demostrativa, determinó que el actor cursaba los padecimientos consistentes en: 1. Cortipatía bilateral por trauma acústico crónico que genera hipoacusia bilateral del 13%; 2. Bronquitis crónica industrial; y, 3. Síndrome doloroso lumbar crónico secundario a espondiloartrosis grado II; siendo los dos primeros del orden profesional por guardar relación con sus actividades laborales habituales, con fundamento en los artículos 17, 473, 474, 475 y 513, fracción 156, y en el párrafo que dice enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y humos de origen animal, mineral o vegetal que le condicionaban una incapacidad parcial permanente.

Por su parte, el perito tercero en discordia en materia química ambiental determinó que el actor al desempeñarse en las funciones de operador de plantas químicas, estuvo expuesto a un medio ambiental generado para la obtención de cobre, con presencia de equipo de controles (tableros) y maquinaria (motores, extractores), horno con líneas definidas de pasillos y áreas de trabajo, con iluminación correcta, ruidos con mediciones máximas de 84 dB(A), polvos de forma general de 1.472 mg/m3, realizando esfuerzos físicos y posturas forzadas de pie, resultados que obtuvo con la ayuda de un sonómetro calibrado a 120 dB(A) para las mediciones de ruido y una bomba gravimétrica con filtro de celulosa, para el nivel de polvos.

Lo anterior, permite colegir que por lo que hace al padecimiento auditivo diagnosticado, quedó demostrado que el actor realizaba sus actividades expuesto a ruidos de máquinas y equipos de la empresa en espacios o áreas cerradas, puesto que el perito técnico en materia química ambiental, determinó que se encontró en un ambiente donde había ruidos con mediciones máximas de 84 dB(A).

En ese sentido, la pericial técnica en materia de seguridad e higiene industrial resultó apta para demostrar que estuvo expuesto a un medio ambiente laboral que le condicionó el padecimiento que el perito tercero en discordia denominó "Cortipatía bilateral por trauma acústico crónico que genera hipoacusia bilateral del 13%".

No es óbice a lo antepuesto, que el perito técnico en materia de química ambiental hubiera señalado que los agentes contaminantes a que estuvo expuesto el laborante, se encontraban por debajo de los límites máximos permisibles de las normas oficiales mexicanas, en virtud de que por lo que hace a los ruidos, éstos fueron de hasta 84 dB(A), siendo que la NOM 011-STPS-2001 establece para una jornada de ocho horas de trabajo sin protección personal un límite de 90 dB(A), porque en la especie se acreditó que el trabajador estuvo expuesto a esa contaminación acústica, durante veintitrés años, por lo que era inconcuso que su organismo sufriera deterioro, por ende, dicha circunstancia crea convicción de que la enfermedad auditiva diagnosticada tuvo su origen en el medio ambiente laboral.

Esta afirmación encuentra sustento en el hecho de que no sólo la exposición a ruidos de magnitud superior a la contemplada en la norma oficial mexicana puede ocasionar un daño en la salud auditiva, sino que la exposición prolongada a ruidos superiores a la comunicación normal de las personas, por un número importante de años, puede tener el mismo efecto, dado que el oído humano tiene la capacidad de soportar cierta intensidad de los ruidos y que si éstos sobrepasan los niveles aceptables provocan daños en el órgano de la audición.

Por otro lado, del contenido de la aludida Norma Oficial Mexicana NOM 011-STPS-2001, se desprende de sus puntos 1 y 2, que el objetivo de esta norma es el de establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido que por sus características, niveles y tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de los trabajadores; los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación, y la implementación de un programa de conservación de la audición, en todo el territorio nacional y en todos los centros de trabajo en los que exista exposición del trabajador al ruido.

En el punto 4 de la aludida norma se establecen, entre otras definiciones, las siguientes:

"... 4.1.5 Condiciones normales de operación: es la situación en que se realizan las actividades y que representan una jornada laboral típica en cada centro de trabajo.

"4.1.6 Decibel: es una unidad de relación entre dos cantidades utilizada en acústica, y que se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10. Se expresa en dB.

"4.1.7 Diagnóstico anátomo-funcional: es un diagnóstico médico basado en el análisis de las características anatómicas y funcionales del trabajador derivadas de una enfermedad.

"4.1.8 Diagnóstico etiológico: es el diagnóstico médico que establece las causas de una enfermedad.

"4.1.9 Diagnóstico nosológico: es el diagnóstico médico basado en los signos y síntomas manifestados por el enfermo.

"4.1.10 Espectro acústico: es la representación del nivel de presión acústica de los componentes en frecuencia de un sonido complejo, que puede medirse en bandas de octava u otras representaciones de filtros normalizados. Se expresa en dB, ya sea por banda de octava, total o de la representación seleccionada.

"4.1.11 Exposición a ruido: es la interrelación del agente físico ruido y el trabajador en el ambiente laboral.

"...

"4.1.33 Ruido: son los sonidos cuyos niveles de presión acústica, en combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos, pueden ser nocivos a la salud del trabajador.

"4.1.34 Ruido estable: es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro "A" dentro de un intervalo de 5 dB(A).

"4.1.35 Ruido impulsivo: es aquel ruido inestable que se registra durante un periodo menor a un segundo.

"4.1.36 Ruido inestable: es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro "A" con un intervalo mayor a 5 dB(A).

"4.1.37 Sonido: es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. ..."

En el punto 5, se establecen como obligaciones del patrón, las siguientes:

"5.1 Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así se lo solicite, la documentación que la presente norma le obligue a elaborar o poseer.

"5.2 Contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo donde haya trabajadores y cuyo NSA sea igual o superior a 80 dB(A), incluyendo sus características y componentes de frecuencia, conforme a lo establecido en los Apéndices B y C.

"5.3 Verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición a ruido establecidos en el Apéndice A. En ningún caso, debe haber exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 105 dB(A).

"5.4 Proporcionar el equipo de protección personal auditiva, de acuerdo a lo establecido en la NOM-017-STPS-1993, a todos los trabajadores expuestos a NSA igual o superior a 85 dB(A).

"5.5 El programa de conservación de la audición aplica en las áreas del centro de trabajo donde se encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 dB(A) y mayores.

"5.6 Implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la audición, necesario para el control y prevención de las alteraciones de la salud de los trabajadores, según lo establecido en el capítulo 8.

"5.7 Vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada trabajador sus resultados.

"5.8 Informar a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene del centro de trabajo, de las posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido, y orientarlos sobre la forma de evitarlas o atenuarlas."

En el punto 8.5, relativo a la capacitación y adiestramiento estatuye lo siguiente:

"8.5.1 Los trabajadores expuestos a NER iguales o superiores a 80 dB(A) deben ser instruidos respecto a las medidas de control, mediante un programa de capacitación acerca de los efectos a la salud, niveles máximos permisibles de exposición, medidas de protección y de exámenes audiométricos y sitios de trabajo que presenten condiciones críticas de exposición."

En el Apéndice A, relativo a los límites máximos permisibles de exposición, en que se establecen los límites máximos permisibles de exposición de los trabajadores a ruido estable, inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores, en una jornada laboral de 8 horas, se establece la siguiente tabla:

Ver tabla

Finalmente, los artículos 76, 77 y 78 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, relativos al ruido y vibraciones, establecen:

"Artículo 76. En los centros de trabajo en donde por los procesos y operaciones se generen ruido y vibraciones, que por sus características, niveles y tiempo de exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores, el patrón deberá elaborar el programa de seguridad e higiene, conforme a las normas aplicables."

"Artículo 77. El patrón es el responsable de instrumentar en los centros de tra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24881-13f1d45b/enfermedad-profesional-de-las-vias-respiratorias-se-acredita · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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