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Modo: Corpus Pro

RENTA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. RENTA. EL ARTÍCULO 52, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2012. · Registro digital (IUS): 24951
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Pág. 5.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 8 DE OCTUBRE DE 2013. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: LOURDES MARGARITA GARCÍA GALICIA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de octubre de dos mil trece.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia de contradicción de tesis. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil doce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en representación de **********, denunció la posible contradicción de criterios entre el emitido por la Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 1337/2006, que dio origen a las tesis 1a. LXX/2007 y 1a. LXXI/2007, de rubros: "RENTA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, VIOLA LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA." y "RENTA. EL ARTÍCULO 52, SEGUNDO PÁRRAFO EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 47, FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, VIOLAN LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA.", con el sustentado por la Segunda Sala al resolver el amparo directo en revisión 1096/2011, asunto en el cual, la sociedad denunciante fue parte.

SEGUNDO.-Admisión y trámite de la denuncia de la contradicción de criterios. Por acuerdo de seis de enero de dos mil doce, el presidente de este Alto Tribunal, ordenó formar y registrar la denuncia de contradicción de tesis con el número 5/2012, y dar vista al procurador general de la República. En la misma providencia señaló que los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron reiterados al resolver el amparo directo en revisión 2144/2010.

En diverso auto de dieciocho de enero de dos mil doce, el propio presidente ordenó que pasaran los autos al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

El agente del Ministerio Público de la Federación, designado para intervenir en el presente asunto, mediante oficio DGC/DCC/151/2012, de veinticuatro de febrero de dos mil doce, manifestó que debe prevalecer el criterio que sostiene la inconstitucionalidad de los artículos 52, segundo párrafo y 47, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes a partir del uno de enero de dos mil dos.

TERCERO.-En virtud de que el veintidós de noviembre de dos mil doce, el Senado de la República designó al Ministro Alberto Pérez Dayán en sustitución del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, los asuntos radicados en Pleno de este Alto Tribunal bajo la ponencia de este último, por acuerdo de diez de junio de dos mil trece del Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se returnaron a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán, quien continuará actuando como ponente en este sumario.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reformó el diez de junio de dos mil once; 225 y 226, fracción I, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y, 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal y publicado el veintiuno siguiente en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el representante legal de **********, quien fue parte en el amparo directo en revisión 1096/2011, materia de la contradicción, por lo que se encuentra facultado para hacerlo en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución General de la República y 227, fracción I, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Criterios de la Primera Sala. Las consideraciones que sustentan las resoluciones dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1337/2006 y el amparo directo en revisión 2144/2010, son las que a continuación se sintetizan:

Amparo en revisión 1337/2006, resuelto el diecisiete de enero dos mil siete:

"QUINTO.-En relación con los agravios propuestos por la recurrente, esta Primera Sala advierte que, en sus agravios marcados con los incisos I, II, y III, combate las consideraciones en que la a quo sostuvo su determinación de que los preceptos reclamados no violan la garantía de proporcionalidad en materia tributaria.

"Lo anterior es así, porque en ellos sostiene, que al impedírsele incluir en el cálculo del ajuste anual por inflación, los créditos o cuentas por cobrar a cargo de personas físicas y que no provengan de sus actividades empresariales, a plazo menor de un mes o a plazo mayor siempre que se cobren dentro del mes, ocasiona que ya no tribute conforme a su capacidad contributiva real, lo que es más evidente, si se toma en consideración que esas cuentas por cobrar al igual que las que son a cargo de personas morales o físicas con actividades empresariales, las cuales, si puede considerar para hacer el referido ajuste anual, son afectadas por el efecto inflacionario.

"Sigue diciendo la quejosa que por lo anterior, es que resulta injustificado que no pueda considerar créditos que son afectados por la inflación, atendiendo a la naturaleza de los deudores, o a si éstos deben justificar fiscalmente ese gasto, o a que el gasto está encaminado a la realización de una actividad productiva, ya que en principio se trata de hechos ajenos a la quejosa.

"Además, la disposición impugnada se traduce en que, únicamente pueden incluirse en el ajuste anual por inflación, los créditos a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran dentro del mes, cuando sean a cargo de personas morales o personas físicas con actividades empresariales, entonces en cuanto no puede incluir los créditos a cargo de personas físicas y que no provienen de sus actividades empresariales, el pago del impuesto ya no es conforme a su capacidad contributiva real, ya que no puede tomar en cuenta el impacto de la inflación en los créditos precisados en último término.

"... Una vez hecha la precisión sobre el acto de aplicación de los preceptos que impugna y, con el propósito de verificar si como lo sostiene la quejosa recurrente, contrariamente a lo señalado por la Juez de Distrito, los preceptos reclamados violan el principio de proporcionalidad, debe tenerse en cuenta que este Alto Tribunal ha explicado las bases generales en materia tributaria, establecidas por el Constituyente de 1917, de la siguiente manera: Por una parte, la obligación de contribuir a los gastos públicos y, por la otra, el derecho de los mexicanos a que esta contribución sea de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes ordinarias; es decir, el Constituyente dejó al legislador ordinario, la facultad de determinar cómo y en qué forma deben los mexicanos contribuir al gasto público; dicho legislador es quien debe definir las contribuciones que en cada momento existirán, de acuerdo con las circunstancias sociales y económicas, con la evolución de la administración pública, con las responsabilidades que el Estado vaya asumiendo en la prestación y mantenimiento de servicios públicos, que aseguren el desarrollo integral de los individuos que componen la sociedad.

"En este orden de ideas, el legislador ordinario tiene plenas facultades para seleccionar el hecho imponible a efecto de integrar un sistema impositivo que satisfaga los principios señalados en la Constitución Federal, que deja en libertad al legislador para gravar cualquier hecho que considere indicador de una capacidad contributiva, siempre que dé cumplimiento a los requisitos tributarios de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público y no infrinja ninguna otra garantía individual.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad consiste en que, cada causante contribuya a los gastos públicos, en función de su respectiva capacidad económica, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, y que ese objetivo se cumple mediante las tasas progresivas, como puede constatarse, entre otras, en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto, son los siguientes: (se transcribe)

"El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ha establecido lo que debe entenderse por capacidad contributiva, entre otras, en la jurisprudencia siguiente: (se transcribe)

"Debe precisarse que es un hecho notorio, que la inflación se refleja en el incremento generalizado y constante de los bienes y servicios, y que afecta de manera real, no sólo ficticia, al patrimonio de los contribuyentes, ya que es innegable, que el valor en numerario de un bien aumenta de un mes a otro, y que lo que podía adquirirse con cierta suma de dinero en un determinado momento, ya no podrá comprarse con la misma cantidad al paso del tiempo.

"Así, la inflación en términos generales, se presenta como una serie de aumentos sostenidos y generalizados en los precios; la característica fundamental de la inflación es precisamente que se trata de aumentos constantes en el nivel general de precios. Es un proceso que se manifiesta como una pérdida continua del poder de compra del dinero o como un alza persistente del costo de la vida. La inflación se produce, cuando la cantidad de dinero aumenta más rápidamente que la de los bienes y servicios, de manera que cuando mayor es la cantidad de dinero por unidad de producción, la tasa de inflación es más alta.

"Los economistas emplean el término inflación para describir una situación en la que el nivel general de precios de la economía está subiendo. La tasa de inflación es la variación porcentual que experimenta el nivel de precios con respecto al periodo anterior. Por ello, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, es un indicado, del costo total de los bienes y servicios comprados por un consumidor, y se le utiliza para seguir la evolución que experimenta el costo de la vida con el paso del tiempo, esto es, cuando sube el índice de precios de consumo, la familia 'representativa' tiene que gastar más para mantener el mismo nivel de vida.

"De ahí que, si la inflación produce efectos reales en el patrimonio de los contribuyentes, afectándolos en forma positiva o negativa, es necesario que ello sea considerado al determinarse la base gravable de un impuesto que atiende precisamente a la variación positiva de ese patrimonio, como manifestación de la potencialidad o capacidad contributiva, según se explicará en párrafos subsecuentes.

"En relación a los créditos y deudas, es innegable que la inflación provoca una disminución del débito durante el transcurso del tiempo, pues aunque nominalmente el monto del adeudo sea el mismo, su valor real es distinto en la medida que los bienes y servicios que con ese monto pueden adquirirse, en uno y otro momento son diferentes como consecuencia de la pérdida del valor de la moneda, lo que afecta negativamente al acreedor, que ve reducido el valor real del crédito, y positivamente al deudor, cuya deuda disminuye en alguna medida.

"En efecto, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, el legislador estableció un sistema para medir los efectos del fenómeno inflacionario en el patrimonio de los contribuyentes de manera integral, en tanto que consideró no sólo la variación positiva que sufre el patrimonio, sino también, su afectación negativa, obligando a ajustar anualmente la inflación de sus créditos o de sus deudas, a través de un procedimiento que permite acumular o deducir dicho fenómeno inflacionario y, de esa manera, medir la afectación real al patrimonio, considerando tanto los créditos como las deudas de cada contribuyente en lo individual, así como la afectación positiva en el patrimonio de los deudores y negativa en el de los acreedores.

"Lo anterior es así, porque se obliga a considerar los saldos promedio anuales de créditos y de deudas, por lo que para obtener el ajuste anual inflacionario acumulable, es menester que el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el de los créditos, de no ser así, se obtiene un ajuste inflacionario deducible.

"Una vez precisado el ajuste anual por inflación que deben llevar a cabo las personas morales de conformidad con los artículos 17, 20, fracción XI y 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es necesario tener en cuenta las consideraciones de la sentencia recurrida, en las que se sostiene que no se viola el principio de proporcionalidad, por el hecho de que el artículo 47, fracción I, del mismo ordenamiento legal, excluya de la determinación de tal ajuste los créditos a cargo de personas físicas no provenientes de sus actividades empresariales, a plazo menor a un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes, ya que en los agravios marcados con los incisos I, II, y III, la quejosa sostiene que deben incluirse esas cuentas por cobrar en el ajuste anual, con independencia de que no deriven de actividades empresariales de las personas físicas.

"Así, tenemos que la Juez de Distrito consideró, que el artículo 47, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no excluye a todos los créditos o cuentas por cobrar a cargo de personas físicas de la determinación del ajuste anual por inflación, sino solamente aquellos que no provengan de las actividades empresariales de las mismas, los que comprenden un universo de créditos o cuentas que no siempre tienen un destino relacionado con la producción de bienes o servicios, o bien, con la generación de riqueza, de manera que no podría considerarse como fuente para la determinación del ajuste anual por inflación de un contribuyente, aquellos créditos a cargo de personas físicas provenientes de conceptos que, inclusive, podrían ser meramente personales entre el acreedor y el deudor, que nada tienen que ver con la productividad de ambas personas o, por lo menos, con la del acreedor.

"La a quo agregó, que el hecho de que únicamente no sean deducibles los créditos a cargo de personas físicas que no provengan de sus actividades empresariales, encuentra justificación en que tratándose de seguros contratados con motivo de su actividad empresarial, existe la necesidad o justificación, además de su deducibilidad como gasto de operación, de contratar el seguro de los bienes y personas (seguro de vida y de gastos médicos de los empleados), afectos a la actividad empresarial, así como de preservar dichos seguros, los cuales implican, por una parte, que ese gasto está relacionado con alguna actividad productiva, necesaria para la economía nacional y, por otra, que esa póliza efectivamente se pagará, ya que a diferencia de las pólizas contratadas a nivel personal, en que la persona física bien pudiera no pagar la prima correspondiente (lo cual se prevé en el artículo 40 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, que prevé el no pago de la póliza), y de ser el caso, entonces, una cuenta por cobrar (derivada de un contrato de seguro), no provoca menoscabo alguno en el patrimonio de la aseguradora, ya que ni siquiera subsiste su compromiso de pago de la indemnización por el evento dañoso, y al ser esto así, tampoco se justifica que se consideren esas cuentas en el ajuste anual por inflación.

"Como ya se precisó al inicio de este estudio, en los agravios I, II y III, la quejosa recurrente sostiene como idea medular, que para el ajuste anual por inflación, deben considerarse las cuentas por cobrar a cargo de personas físicas no provenientes de sus actividades empresariales a plazo de un mes o a plazo mayor, cuando se cobra antes del mes, lo anterior porque las características de los deudores, deben ser irrelevante para que los contribuyentes acreedores puedan hacerlo.

"De ahí que la quejosa sostenga que, no se justifica que los contribuyentes no puedan tributar conforme a su auténtica capacidad económica, atendiendo a si las cuentas por cobrar a cargo de personas físicas no provienen de sus actividades empresariales o bien, si dichas personas pueden o no deducir los seguros que contraten, ya que en el caso de las instituciones de seguros, como es la quejosa, la prima es una cuenta por cobrar, por la que paga impuestos y que, por tanto, debe incluirse en el cálculo del ajuste anual por inflación.

"Ahora bien, los artículos 47, fracción I, y 52 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dos, impugnados por la quejosa, a la letra disponen: (se transcriben)

"Los preceptos transcritos para efectos del ajuste anual por inflación que deben hacer las personas morales, definen qué debe entenderse por crédito, así como que no tendrán este carácter los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran antes del mes, disposición que precisamente impugna la quejosa, señalando que al no considerar tales créditos, no tributan de acuerdo con su real capacidad de contribución.

"El artículo 52, también impugnado, en su segundo párrafo, permite que las instituciones de crédito sí incluyan en el cálculo de su ajuste anual por inflación, los créditos a que se ha venido haciendo referencia, lo que las demás personas morales no pueden hacer.

"Esta Primera Sala estima necesario destacar, que la quejosa reclama los artículos 47, fracción I, y 52 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque considera que ambos le violan las garantías tributarias, ya que en el primero se le impide incluir créditos que tiene a su favor y que son afectados por el fenómeno inflacionario y, el segundo, porque permite que las instituciones de crédito sí tomen en consideración ese tipo de créditos.

"Igualmente, es necesario precisar que la prohibición contenida en el artículo 47, fracción I, de la ley impugnada, se configura con dos elementos, a saber: a) que los créditos sean a cargo de personas físicas y que no provengan de sus actividades empresariales; y b) que se trate de créditos a la vista, a plazo de un mes o a plazo mayor pero que se cobren antes del mes.

"La precisión anterior lleva a la conclusión de que cuando no se actualiza alguno de los dos elementos, las personas morales sí pueden incluir el crédito de que se trate en su ajuste anual por inflación, esto es, sí pueden considerar los créditos a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor pero que cobren antes del mes, cuando sean a cargo de personas morales o de personas físicas pero que provengan de sus actividades empresariales, así mismo, podrán tomar en cuenta para efectos del ajuste anual por inflación los créditos a cargo de personas físicas, aun cuando no tengan origen en sus actividades empresariales, siempre que sean a plazo mayor de un mes o bien se cobren después del mes.

"Las anteriores reflexiones permiten arribar a la conclusión de que la justificación de la prohibición que se combate, de tomar en cuenta los créditos a cargo de personas físicas que no provengan de sus actividades empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor cuando se cobran antes del mes, no se encuentra definitivamente en el plazo de un mes, que transcurre desde el momento en que surge el derecho a recibir de la persona física deudora una cantidad en numerario y el momento del pago, ya que al restringirse tal prohibición a las personas físicas cuya deuda no proviene de sus actividades empresariales, es evidente, que si los deudores son personas morales o físicas que realizan actividades empresariales, los créditos de referencia sí pueden ser tomados en cuenta.

"En efecto, cuando una cuenta por cobrar es a cargo de personas morales o de personas físicas con motivo de su actividad empresarial, el hecho de que tales créditos sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor cuando se cobran dentro del mes, no será obstáculo para que las personas morales los consideren al realizar el ajuste anual por inflación, lo que corrobora lo precisado en el párrafo anterior en el sentido de que la prohibición para considerar las cuentas por cobrar a cargo de personas físicas cuando no tienen origen en sus actividades empresariales, no se justifica en el plazo de menor a un mes que transcurre entre el momento en que se tiene derecho a recibir de la persona física deudora una cantidad de numerario y el momento del pago.

"Por otra parte, cabe destacar que la Ley del Impuesto sobre la Renta desde que entró en vigor a partir del ejercicio fiscal de dos mil dos, establece que únicamente las personas morales reconozcan el efecto del fenómeno inflacionario en su patrimonio, sin embargo, sustituyó el cálculo mensual del componente inflacionario para determinar el interés deducible o acumulable o la ganancia o pérdida inflacionaria de los créditos o las deudas, por un solo cálculo al final del ejercicio del ajuste anual por inflación acumulable o deducible.

"Además, en la mencionada ley, como medida, entre otras, para equiparar a las personas físicas con actividades empresariales a los demás contribuyentes personas físicas, se les liberó de calcular los efectos de la inflación en su patrimonio, así como que causen el impuesto sobre la renta sobre la base de efectivo.

"Las razones de lo anterior, se advierten en el proceso legislativo que dio origen al ordenamiento impugnado: (se transcribe)

"Por otra parte, debe considerarse que si la inflación produce efectos reales en el patrimonio de los contribuyentes, afectándolos en forma positiva o negativa, es evidente que todas las cuentas por cobrar o créditos a favor de las personas morales obligadas a reconocerlos, son afectados por dicho fenómeno, de ahí que para que tales contribuyentes paguen el impuesto de acuerdo con su capacidad real de contribuir al gasto público, es que deben incluir en el cálculo del ajuste anual, todos los créditos a favor que tengan.

"Lo anterior es así, pues si el ajuste anual inflacionario se circunscribe a la diferencia entre el saldo promedio anual de créditos y el saldo promedio anual de las deudas y, en caso de que éste resulte superior a los créditos, existirá inflación acumulable de acuerdo con la diferencia obtenida, como consecuencia del aumento del precio de los bienes y servicios.

"Entonces, si las personas morales contribuyentes no consideran todos los créditos a favor que tienen, es evidente que el ajuste inflacionario que realicen no se ajustará al impacto real que la inflación ocasionó en su patrimonio, pues tales créditos se ven afectados de manera negativa por la inflación, toda vez que cuando los deudores los liquiden con el numerario respectivo, ya no se podrá acceder a los mismos bienes y servicios, por la depreciación de la moneda y, a pesar de ello, los preceptos impugnados impiden considerar dichos créditos.

"Aún más, en virtud de la prohibición combatida, en el sentido de no considerar como créditos para el ajuste anual por inflación, los que son a cargo de personas físicas y que no provienen de sus actividades empresariales, a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se pagan antes del mes, puede llegar a suceder que sea mayor el saldo promedio anual de las deudas de la persona moral que realiza el ajuste y, como consecuencia de ello, le resulte inflación acumulable, supuesto el anterior que revela (sic) que para que este tipo de contribuyentes paguen el impuesto conforme a su real capacidad contributiva, tienen que considerar todos los créditos y deudas.

"Ahora bien, no es posible justificar, como lo hizo la a quo, la constitucionalidad del artículo 47, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el hecho de que cuando los créditos son a cargo de personas físicas y no provienen de sus actividades empresariales, no están vinculados con la generación de riqueza o actividades productivas. Lo anterior es así, porque el impuesto sobre la renta se paga sobre los ingresos del contribuyente, de ahí que el hecho de que sus créditos provengan de una persona física que en la operación de que se trate no realiza una actividad productiva, efectivamente no justifica que a su acreedor se le impida tributar conforme a su capacidad contributiva real.

"Al respecto, es necesario precisar que el patrimonio del contribuyente, se modifica por los créditos que tiene a su favor, los que por efectos del fenómeno inflacionario pueden traducirse en inflación deducible, sin embargo, su capacidad contributiva real no se ve impactada por la circunstancia de que sus deudores hayan realizado o no una actividad productiva que genere riqueza, ya que ello es ajeno al hecho imponible realizado por aquél.

"Lo mismo puede decirse de la consideración de la a quo en el sentido de que en el caso de las instituciones de seguros, como las quejosas, se justifica la no inclusión en el ajuste anual por inflación de los referidos créditos, ya que al momento de la celebración del contrato de seguros, aquéllas no entregan la contraprestación económica a su cargo, ya que la misma está sujeta a la actualización del siniestro previsto en la póliza, la cual constituye lo único que entregan dichas compañías a la celebración del mencionado contrato.

"En primer lugar, esta Primera Sala estima necesario precisar que no pasa inadvertido que la juzgadora analizó la constitucionalidad de las normas impugnadas atendiendo a la situación particular de la quejosa, lo cual aun cuando se encamina a dar respuesta a algunos de los planteamientos expresados en la demanda, no es correcto, ya que la constitucionalidad o no de una norma no puede apoyarse en la situación particular del quejoso, como se advierte del criterio que informa la jurisprudencia siguiente: (se transcribe)

"Además, la existencia de un crédito o cuenta por cobrar no se condiciona al tipo de contraprestación que entregó el beneficiario, como indebidamente lo consideró la a quo, pues para efectos del impuesto sobre la renta que debe pagar el beneficiario de una cuenta por cobrar o un crédito, resulta irrelevante qué contraprestación entregó a su deudor, ya que lo que importa es la forma en que el referido crédito o cuenta por cobrar impacta su patrimonio.

"Igualmente, el hecho de que la cuenta por cobrar o el crédito que la persona moral tiene a su favor, no sea deducible para el deudor o bien no se trate de un gasto necesario para el mismo, tampoco justifica que la persona moral no lo tome en cuenta para realizar el ajuste anual por inflación, ya que la hipótesis legal combatida al impedir considerar los créditos referidos, ocasiona que no se pague el impuesto conforme a la capacidad real del contribuyente.

"No pasa inadvertido para esta Primera Sala, lo considerado por la a quo en el sentido de que las personas pueden celebrar contratos, no sólo de seguros, en que una de las partes no cumplan con los mismos y que, por tanto, queden sin efectos las prestaciones a que se obligaron los contratantes, sin embargo, ello no justifica que a las personas morales se les impida considerar los créditos a cargo de personas físicas y que no provengan de sus actividades empresariales, a la vista, a plazo menor de un mes y a plazo mayor cuando se cobren antes del mes, toda vez que en el momento en que no se rescinde o cancela un contrato, sobre todo en el caso del de seguro, el beneficiario de la cuenta por cobrar que pudo haber generado, ya no la considerará al hacer el cálculo del ajuste anual por inflación, pues ya no tiene derecho al pago de la misma.

"De todo lo que se lleva dicho, puede arribarse a la conclusión que la disposición contenida en el artículo 47, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que impide a las personas morales considerar como créditos para efectos del ajuste anual por inflación, los que sean a cargo de personas físicas y que no provengan de sus actividades empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor cuando se cobren antes del mes, viola la garantía de proporcionalidad en materia tributaria, ya que tales contribuyentes al no poder incluir en el referido ajuste anual por inflación este tipo de cuentas por cobrar, no pagarán el impuesto de que se trata conforme a su capacidad real de contribuir al gasto público.

"Además, si el artículo 52 del mismo ordenamiento legal, también reclamado, permite que las instituciones de crédito puedan considerar tales cuentas por cobrar, para realizar el ajuste anual por inflación, lo que en el caso de las demás personas morales se les impide hacer, implica que en ambas disposiciones impugnadas se dé un trato inequitativo a los contribuyentes, ya que a unos les impide tributar conforme a su capacidad contributiva real y a las instituciones de crédito si les respeta este derecho.

"En efecto, este Alto Tribunal ha sostenido que el principio de equidad que prevé el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, está referido a la igualdad jurídica, que consiste en el derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho, porque la igualdad lo es ante la ley y ante la aplicación de la misma, sin embargo, también se ha señalado que no toda desigualdad en el trato no es inconstitucional, sino solamente aquella que no está justificada, de manera que resulta caprichosa y arbitraria, criterio que informa la jurisprudencia del Tribunal Pleno, siguiente: (se transcribe)

"En el análisis realizado al

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24951-30ee5009/renta-el-articulo-47-fraccion-i-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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