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Modo: Corpus Pro

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE MÉXICO. UN APODERADO O MANDATARIO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO RELATIVO, MEDIANTE CONTRATO BASADO EN EL DERECHO CIVIL, NO PUEDE REPRESENTAR SUS INTERESES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 366/2012. · Registro digital (IUS): 25021
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-05-09
Promovente: PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Pág. 1579.

AMPARO DIRECTO 366/2012. PABLO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. 25 DE OCTUBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso a), del texto vigente de la Constitución Federal(3) y 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo,(4) en el caso, de oficio y en suplencia de queja, se estudian en primer término las violaciones procesales que afectaron las defensas del quejoso y trascendieron al resultado del fallo.

Por virtud de las reformas constitucionales en vigor el cuatro de octubre de dos mil once, se redefinió, en el artículo 107, fracción III, inciso a), la técnica para el estudio de las violaciones procesales en amparo directo, con el fin de evitar la prolongación en la resolución de los asuntos y la promoción de diversos amparos por distintas violaciones procesales, para lo cual se estableció ahora la obligación a cargo de los Tribunales Colegiados de Circuito de examinar todas las violaciones procesales que se hayan hecho valer y aquellas que se adviertan de oficio tras la revisión oficiosa de todas y cada una de las etapas procesales, siempre que proceda la suplencia de la queja y, todo ello, para fijar, en la medida de lo posible, los términos en que se dictará la nueva resolución en el asunto de que se trate; puntualizándose que las violaciones de procedimiento que no se hicieran valer en un primer amparo, ni que el Tribunal Colegiado las haya estudiado de oficio con base en su nueva atribución de revisión procesal integral, ya no podrán ser materia de concepto de violación, ni de análisis oficioso en juicio de amparo posterior.

Con base en la facultad constitucional descrita, en el caso, debe mencionarse que dichas violaciones procesales que ameritan el otorgamiento del amparo, son las siguientes:

a) La Sala Regional indebidamente consideró contestada la demanda, a pesar que dicho acto procesal se produjo por persona ajena a las autoridades demandadas en juicio y a sus representantes de derecho público, en términos de las disposiciones legales aplicables, según el artículo 232 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México;(5) además,

b) La Sección responsable tuvo por interpuesto el recurso de revisión, a pesar de que dicho medio de impugnación fue hecho valer por persona sin legitimación, lo que debió considerarse al momento de calificar la procedencia del recurso.

A continuación se exponen las razones por las que debe concederse la protección respecto de dichas violaciones procesales.

La demanda del juicio contencioso no debió considerarse contestada por la Sala Regional.

Para llegar a esta conclusión, debe considerarse que la representación de las autoridades públicas en el juicio contencioso administrativo, es un aspecto de análisis oficioso y de orden público, cuyo estudio se debe realizar constantemente durante todas las etapas del juicio, sea que las partes lo aleguen o no.

Asimismo, debe decirse que en el juicio contencioso la representación de las autoridades demandadas es un tema relevante del cual depende la eficacia de su actividad procesal y la preclusión en su agravio de las etapas procesales, lo que incide en la defensa de sus actos públicos.

De igual forma, cabe precisar que lo debido en el juicio contencioso administrativo, es que a este procedimiento acudan directamente las autoridades demandadas (al inicio de éste por lo menos, aunque posteriormente nombren autorizados, en la medida que la norma lo permita), o bien, que comparezcan por conducto de sus representantes, en términos del referido artículo 232 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Lo anterior, porque en la justicia administrativa, que se caracteriza por arrostrar en controversia a administrados frente a la administración pública, en una relación de derecho público regida por los principios de legalidad y seguridad jurídica, resulta irregular que un apoderado o mandatario, mediante contrato basado en la voluntad civil -como lo es el mandato- represente los intereses públicos de la administración estatal.

De esta forma, la representación pública basada en contratos es contraria a la seguridad jurídica que debe imperar en el juicio administrativo, pues esa forma de representación provoca que cambien con relativa facilidad los representantes de las autoridades públicas en un juicio también de derecho público, lo que no es algo permitido ni lógico en las relaciones del Estado frente a los ciudadanos; de ahí la noción de que sean sólo las propias autoridades las que acudan al juicio o las unidades encargadas de su defensa jurídica, tal como se ha reconocido reiteradamente por la jurisprudencia del Alto Tribunal y, ciertamente, existe la posibilidad de que la autoridad otorgue poderes, pero ellos generalmente no son para la representación de la administración pública en actos públicos, sino exclusivamente para actos privados. Para justificar esta afirmación, conviene tener presentes los criterios siguientes:

"REVISIÓN FISCAL. EL APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO. El artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece el recurso de revisión fiscal como un medio de defensa excepcional en favor de las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo, en contra de las sentencias que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa funcionando en Pleno o en Salas; asimismo, su procedencia se condiciona, entre otros requisitos procesales, a que la autoridad recurrente esté legitimada para ello, lo que no puede acreditarse mediante poder o mandato alguno, sino únicamente por ser la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de las demandadas, por lo que actúa en su representación, según lo prevean el reglamento, decreto o la Ley Federal de Entidades Paraestatales, conforme a lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; de ahí que el apoderado general para pleitos y cobranzas del Instituto Nacional de Antropología e Historia carece de legitimación para interponer el recurso en cita."(6)

"REVISIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LOS APODERADOS DE LA AUTORIDAD CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO. En la ley citada, que regula lo atinente al recurso que pueden interponer las autoridades ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente contra las resoluciones dictadas por la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal al resolver el recurso de apelación, no se prevé la figura del apoderado por parte de las autoridades, y esta omisión es lógica y justificada porque la representación de éstas a través de un mandatario designado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con base en los acuerdos delegatorios de la Dirección General de Servicios Legales del Distrito Federal, opera únicamente cuando aquéllas actúan como personas morales de derecho privado, supuesto en el cual se involucran exclusivamente sus intereses patrimoniales; empero, tratándose de actos realizados en ejercicio del poder público que les compete, como es el caso de los que se juzgan en el juicio contencioso administrativo local, en el que se analiza su legalidad o ilegalidad, su defensa deben realizarla aquéllas directamente o bien quienes las suplan en su ausencia, e incluso, por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, la cual podría intervenir en los actos procesales en que se permita la participación de autorizados en términos del artículo 35 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. En esa virtud, se concluye que los apoderados de la autoridad carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 88 de la indicada ley."(7)

"CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LOS APODERADOS DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO RELATIVO CARECEN DE LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN. Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las autoridades o personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y como personas morales de derecho privado. También ese Alto Tribunal ha establecido que, en el primer caso, el ejercicio de la acción de las autoridades proviene de sus facultades legales, mientras que en el segundo, obran en condiciones similares a los particulares en el rubro patrimonial, contrayendo obligaciones y adquiriendo derechos en la misma forma que éstos. Por consiguiente, cuando las autoridades actúan en el segundo ámbito, es decir, como personas morales de derecho privado -supuesto en el que se involucran exclusivamente sus intereses patrimoniales-, pueden celebrar con los particulares el contrato de mandato y de acuerdo con éste, pueden ser representadas por un apoderado; hipótesis que no puede aceptarse en el juicio contencioso-administrativo ya que, por una parte, en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal no se prevé esa posibilidad y, por otra, dado que en ese juicio se controvierten actos realizados por las autoridades actuando como entes dotados de poder público, lo que involucra las facultades legales de que las autoridades se hallan investidas y que, por tanto, deben ser ejercitadas precisamente por la persona física que ha sido designada como autoridad para ese efecto, generalmente en atención a sus cualidades específicas; por lo que de permitirse en tal supuesto la representación derivada del mandato, se estarían otorgando facultades de autoridad a un particular al margen de la ley. En esos términos, debe concluirse que los apoderados de las autoridades no están legitimados en el proceso para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 88 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, pues éste es un medio de defensa extraordinario reservado únicamente para las autoridades demandadas en el juicio contencioso-administrativo, el cual pueden interponer por sí mismas o por conducto de sus autorizados, no así de sus apoderados. Ahora bien, esta conclusión no desconoce ni se aparta en forma alguna del criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 110/2003, de rubro: ‘CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LOS AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO, ESTÁN FACULTADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN SU REPRESENTACIÓN.’, toda vez que no son equiparables la intervención de un autorizado y la de un apoderado, pues mientras la del primero sólo implica una representación o mandato judicial para un caso concreto, sin que represente algún riesgo de sustitución de órganos o funciones, la del segundo se traduce en una real sustitución de funciones, que representa el riesgo de que ciertos particulares asuman las facultades de una autoridad, a pesar de que no pudieran reunir los requisitos legales necesarios para el desempeño del cargo público relativo."(8)

En la especie, no debe pasarse por alto que las autoridades demandadas son el tesorero municipal, el subdirector de Ingresos y el notificador-ejecutor, todos del Ayuntamiento de Toluca, mientras que quien contesta la demanda es el "apoderado", ni siquiera de dichas autoridades demandadas, sino del propio Ayuntamiento, lo que hace todavía más compleja la problemática del caso, en obvio que en materia de control de los actos públicos del Estado o de la paraestatalidad, la responsabilidad de la actuación recae en las dependencias imputadas y no en las dependencias generales ni en los superiores jerárquicos. Este punto guarda relación analógica con el criterio jurisprudencial siguiente:

"AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE ESE CARÁCTER LA QUE EMITE EL ACTO RECLAMADO Y NO SU SUPERIOR JERÁRQUICO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por lo tanto, la autoridad que debe señalarse en la demanda cuando se reclaman actos concretos, como es el caso de una resolución administrativa, es precisamente la que suscribe la resolución, es decir, la que materialmente la emite, de manera que si una resolución administrativa aparece firmada por una autoridad subalterna de la señalada como responsable, esto no significa que deba tenerse por cierto el acto en cuanto es atribuido al superior, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista; puesto que el citado artículo 11 no establece que tiene el carácter de autoridad responsable el superior de quien emite el acto reclamado por el solo hecho de serlo."(9)

Esto es, las autoridades demandadas son los citados tesorero municipal, subdirector de Ingresos y notificador-ejecutor, no el Ayuntamiento como tal.(10)

Luego, si quien acudió al juicio contencioso administrativo fue Luis Arturo Gómez Ulloa, como "apoderado" del Ayuntamiento de Toluca, resulta inconcuso que carece de legitimación para contestar en nombre de las demandadas, pues además de que no podría actuar en juicio un representante contractual de las demandadas para la defensa de actos públicos, debe enfatizarse que dicho apoderado ni siquiera lo es de las demandadas sino del diverso órgano de gobierno que es el Ayuntamiento de Toluca.

Imposibilidad jurídica para reconocer legitimación a quien interpuso la revisión en el juicio administrativo.

Por otro lado, la interposición de la revisión ante la Sección responsable, también corrió a cargo de Luis Arturo Gómez Ulloa, "apoderado" del Ayuntamiento de Toluca, personalidad que conforme a las reglas del juicio contencioso administrativo no se le podía reconocer.

Esto es, desde que se tenía que resolver sobre la admisión de la revisión, la Sección responsable estaba obligada a analizar los presupuestos procesales (personalidad, oportunidad, etcétera), por lo que al interponerse dicho medio de impugnación por quien carece de legitimación, debió desecharse.

Se insiste en que la revisión no fue interpuesta por las autoridades demandadas -tesorero municipal, subdirector de Ingresos y notificador-ejecutor, todos del Ayuntamiento de Toluca- sino por un apoderado contractual de dicho órgano de gobierno, que no tenía ninguna participación en el juicio, máxime que por principios de legalidad y atribuibilidad de los actos administrativos, éstos se consideran emitidos por quienes los suscriben, mas no por sus superiores jerárquicos, ni mucho menos por las estructuras administrativas a las que pertenecen.

Por tanto, si no fue desechado el recurso desde el inicio por falta de legitimación de quien lo hizo valer, entonces, cuando menos, ese motivo de improcedencia de origen procesal se debió tener en cuenta en el dictado de la sentencia reclamada.

En el orden expuesto, debe concederse el amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once, por efectos de los artículos primero y tercero transitorios del decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once(11) para el efecto de que la Sección responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar dicte otra, la que en derecho proceda, pero en la cual tenga presente:

a) Que Luis Arturo Gómez Ulloa, jurídicamente no puede hacer la representación pública de las autoridades demandadas en el juicio contencioso, por ser apoderado de derecho civil de un ente diverso de las demandadas y,

b) Que si la revisión proviene de quien no puede hacerla valer, entonces técnicamente no puede considerarse que se hubiera abierto la segunda instancia de revisión.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Pablo Sánchez Sánchez, respecto del acto y por la autoridad precisados en el resultando primero, y para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia.

Notifíquese por lista al quejoso, al Ministerio Público de la Federación adscrito y demás interesados; por oficio a las autoridades terceras perjudicadas y, por oficio, con testimonio de esta resolución a la Sección de la Sala Superior responsable, a la cual, además, devuélvanse los autos del juicio administrativo de origen y el toca de revisión, cúmplase y, en su oportunidad, archívese.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados, presidente Salvador González Baltierra, Emmanuel G. Rosales Guerrero y Víctor Manuel Méndez Cortés, fue ponente el segundo de los nombrados. El Magistrado presidente emitió voto aclaratorio en la misma sesión.

________________

3 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior."

4 "Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: ... VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa."

5 "Artículo 232. En el proceso administrativo no procederá la gestión oficiosa. El particular que promueva a nombre de otro, deberá acreditar su personalidad, mediante poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos. La representación de las autoridades corresponderá a los servidores públicos que señalen, en su caso, las disposiciones legales aplicables. Cuando las partes tengan reconocida la personalidad ante la autoridad administrativa, ésta será admitida en el proceso administrativo, siempre que se compruebe esa circunstancia con las constancias respectivas."

6 Jurisprudencia 2a./J. 144/2010. Novena Época. Registro IUS: 163006. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 1322.

7 Jurisprudencia 2a./J. 48/2009. Novena Época. Registro IUS: 167176. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 262.

8 Tesis I.15o.A.87 A. Novena Época. Registro IUS: 171506. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2504. Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

9 Tesis 2a. 3/88. Segunda Sala. Octava Época. Registro IUS: 820062. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Números 10-12, noviembre-diciembre de 1988. Página 51.

10 Integrado por un presidente municipal, síndicos y regidores, conforme al artículo 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el cual establece: "Artículo 16. Los Ayuntamientos se renovarán cada tres años, iniciarán su periodo el 1 de enero del año inmediato siguiente al de las elecciones municipales ordinarias y concluirán el 31 de diciembre del año de las elecciones para su renovación; y se integrarán por: I. Un presidente, un síndico y seis regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa y hasta cuatro regidores designados según el principio de representación proporcional, cuando se trate de Municipios que tengan una población de menos de 150 mil habitantes; II. Un presidente, un síndico y siete regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa y hasta seis regidores designados según el principio de representación proporcional, cuando se trate de Municipios que tengan una población de más de 150 mil y menos de 500 mil habitantes; III. Un presidente, dos síndicos y nueve regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa. Habrá un síndico y hasta siete regidores según el principio de representación proporcional, cuando se trate de Municipios que tengan una población de más de 500 mil y menos de un millón de habitantes; y IV. Un presidente, dos síndicos y once regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa y un síndico y hasta ocho regidores designados por el principio de representación proporcional, cuando se trate de Municipios que tengan una población de más de un millón de habitantes."

11 "REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO REQUIEREN DE VACATIO LEGIS Y ANTE LA AUSENCIA DE DISPOSICIÓN EXPRESA SOBRE SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ESTARSE A LA DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SALVO QUE POR SU CONTENIDO NO SEAN EXIGIBLES DE MANERA INMEDIATA.-Para que una reforma constitucional tenga tal carácter, basta con incorporarla al texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en el procedimiento establecido en su artículo 135, de manera que para autentificarla en relación con sus destinatarios -los gobernados y los órganos del Estado-, se requiere su publicación en un medio fehaciente, lo cual se logra con la inserción del decreto respectivo en el Diario Oficial de la Federación; esto es, una vez satisfecho el procedimiento establecido en el citado precepto constitucional, el decreto respectivo se remite al Ejecutivo para efectos de su publicación inmediata. Ahora bien, la publicación en dicho medio de los decretos de reforma constitucional emitidos por el Congreso tiene dos finalidades: 1) la de hacer saber a los gobernados y a los demás órganos del Estado, de manera auténtica, que el orden jurídico ha sido modificado por virtud del acto legislativo -en sentido lato-, y 2) la de hacer exigible el acatamiento del nuevo ordenamiento, en tanto se ha perfeccionado la voluntad del Constituyente Permanente en ese sentido. Es decir, la publicación de un decreto de reformas constitucionales es una garantía objetiva del propio ordenamiento, destinada a fijar de forma auténtica y permanente el contenido de una norma y garantizar, en consecuencia, la seguridad y certeza jurídicas, por lo que la propia Constitución dispone que la publicación se haga ‘inmediatamente’, en aras de que la voluntad del Constituyente Permanente -en el sentido de que se ha reformado el texto constitucional- no se diluya ni obstaculice en el tiempo, sino que de manera objetiva y pronta empiece a tener efectividad. De lo anterior puede derivarse el principio siguiente: las reformas constitucionales tienen vocación de regir, esto es, de cobrar vigencia inmediatamente, sin demora, una vez publicadas en el Diario Oficial, acorde con los principios de supremacía y eficacia inmediata de la Constitución, según los cuales las disposiciones que la conforman son la Ley Suprema de la Unión y deben ser atendidas por todos los operadores jurídicos. En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que la regla en materia del inicio de vigencia de las reformas y adiciones a la Constitución es que rijan a partir del mismo día de su publicación en el Diario Oficial y la excepción es que empiecen a regir en fecha posterior, siempre que el propio Constituyente así lo hubiese determinado mediante disposiciones transitorias, o que por su contenido mismo no puedan ser exigibles desde ya, por lo que no es necesario un periodo de vacatio legis para que inicie la vigencia de una reforma constitucional." Tesis 1a. XXVII/2004, de la Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 309.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25021-dcd86ea0/contencioso-administrativo-en-el-estado-de-mexico-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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