PENSIÓN POR JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CONFORME A LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 227, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVA, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO LOCAL EL 2 DE ABRIL DE 2009, LOS REQUISITOS DE "EDAD" Y "TIEMPO DE COTIZACIÓN" PARA SU OTORGAMIENTO SERÁN LOS VIGENTES AL MOMENTO DEL ÚLTIMO INGRESO DEL TRABAJADOR, MIENTRAS QUE EL "MONTO DIARIO" SE DETERMINARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 68, 86 Y 87 DEL PROPIO ORDENAMIENTO VIGENTE. SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 227, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO LOCAL EL 2 DE ABRIL DE 2009, CUMPLEN CON LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN MATERIA LEGISLATIVA, REQUERIDAS POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 227, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO LOCAL EL 2 DE ABRIL DE 2009, NO VIOLAN EL DERECHO A LA IGUALDAD, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 227, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO LOCAL EL 2 DE ABRIL DE 2009, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE MÉXICO. COMO SÓLO PUEDEN LLEVAR AL OTORGAMIENTO DEL AMPARO AQUELLAS QUE AFECTEN LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO Y TRASCIENDAN AL RESULTADO DEL FALLO, ENTONCES, EN CADA CASO PARTICULAR DEBERÁ DETERMINARSE SI EL RECONOCIMIENTO INDEBIDO DE UN APODERADO DE DERECHO CIVIL, COMO REPRESENTANTE DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, LO AMERITA.
AMPARO DIRECTO 671/2011. FERNANDO RAÚL PORTILLA SÁNCHEZ. 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ CORTÉS. PONENTE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
NOVENO. Una vez determinado el orden lógico para el estudio de los conceptos de violación, conforme al criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso concreto se procede -en primer orden- al estudio de los planteamientos referidos a violaciones procesales.
En su demanda el quejoso apunta que se presentaron violaciones al procedimiento porque en el auto que tuvo por contestada la demanda, indebidamente se reconoció legitimación para actuar a quien carecía de ella; esto, porque se admitió una contestación formulada por un apoderado de derecho civil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, como si dicho carácter fuera apto para comparecer a juicio administrativo en nombre de las autoridades demandadas; asimismo, se señala que este punto era relevante a grado tal que en la sentencia de primera instancia, por alguna razón, la Sala Regional omitió pronunciarse al respecto, aun cuando dicho tema se hizo valer en el escrito de alegatos y, además, porque la Sección de la Sala responsable, que sí se pronunció, validó esa forma de representación, sin tomar en cuenta que conforme al artículo 232 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, las autoridades sólo pueden ser representadas por los servidores públicos que determinen las disposiciones legales (tal como se hizo valer en juicio y ahora en amparo); razón por la cual se debió tener por no contestada la demanda, con las consecuencias legales que ello implica.
Los argumentos anteriores son inoperantes en virtud de que una violación al procedimiento en amparo directo sólo debe declararse fundada cuando se afecten las defensas del quejoso y, además, trascienda al resultado del fallo, aspecto este último que no se presenta.
Debe comenzarse por señalar que, aun cuando es verdad que el apoderado de derecho civil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios carece de legitimación para contestar la demanda y hacer la defensa pública del Comité de Pensiones y su presidente en el juicio contencioso, según la jurisprudencia en la materia(9) y el numeral 232 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México,(10) lo cierto es que esa violación procesal de la Sala Regional, finalmente no trasciende al resultado del fallo y, por ese motivo, no debe declararse fundada sino inoperante, como ya se expuso.
En efecto, aun cuando la consecuencia de la falta de legitimación de quien contesta la demanda es, en términos del artículo 252 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México,(11) que se tenga a las autoridades demandadas por confesas de los hechos que se les atribuyen de manera precisa, salvo que por las pruebas rendidas legalmente o por hechos notorios, resulten desvirtuados; en el caso, además de que los hechos vertidos en la demanda del juicio contencioso administrativo sólo giran en cuanto a la fecha de emisión del acto impugnado, la mención de la ley que aplicó la demandada para el cálculo del monto diario de pensión y la que a juicio del hoy quejoso se le debía aplicar; lo que significa que tales hechos por sí, no contienen elementos que evidencien la ilegalidad del acto de autoridad; cabe destacar que la resolución impugnada se aprecia y valora conforme a las disposiciones aplicables en materia de seguridad social, habida cuenta que el derecho no está sujeto a prueba.
Esto es, con independencia de los hechos que el actor atribuye en su demanda a la autoridad y de que no existieran pruebas rendidas mediante la contestación de demanda, lo cierto es que la litis en el asunto se centra en la determinación del monto de pensión en función de la antigüedad -comprobada y no discutida- y del derecho aplicable, lo que significa que el examen del caso se centra en un punto de derecho cuyo examen no requiere de mayores elementos que los ya obrantes en el sumario y en el derecho aplicable; de ahí que se afirme que la violación procesal de referencia no trascendería al resultado del fallo, pues con la contestación o sin ella, la litis en el asunto es la misma y se refiere a cuestiones exclusivamente jurídicas.
No existiendo más planteamientos referidos a violaciones procesales, a continuación se pasa al examen de las violaciones cometidas durante la sentencia, comenzando por los planteamientos de inconstitucionalidad de leyes.
DÉCIMO. Son infundados los conceptos de violación de inconstitucionalidad de leyes, como se demostrará.
En su cuarto concepto de violación, el quejoso plantea que los artículos segundo y cuarto transitorios del Decreto Número 277, por el que se reforman, adicionan y derogan diversos preceptos de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, publicado en la Gaceta de Gobierno el dos de abril de dos mil nueve, son inconstitucionales por ser contrarios a las garantías de irretroactividad, igualdad y legalidad, contenidas en los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales.
Se aduce por el quejoso que los artículos segundo y cuarto transitorios del referido Decreto Número 277, son violatorios de la garantía de irretroactividad (en su concepto contrario a la llamada "teoría de los derechos adquiridos", como a la diversa "teoría de los componentes de la norma") porque con la aplicación de la ley vigente para el cálculo del monto diario de pensión, se desconocen sus derechos adquiridos por el tiempo que trabajó; esto, conforme a la normativa vigente en la fecha de su último ingreso -ley de seguridad social publicada en la Gaceta de Gobierno el veintitrés de agosto de mil novecientos sesenta y nueve-, habida cuenta que ésta, anterior a la vigente, es la que le reporta mayores beneficios y considera que por ello es la que debe aplicarse.
Los anteriores argumentos son infundados, pues contrario a la opinión del quejoso y conforme a la definición jurisprudencial del Alto Tribunal, en materia de pensiones no existen derechos adquiridos porque el otorgamiento de una pensión, al inicio de la relación de trabajo, es un acontecimiento futuro de realización incierta; de ahí que la norma aplicable debe ser la vigente en el momento en que se reúnen todos los requisitos para gozar del derecho a la pensión.
Lo anterior requiere mayor detalle.
Para determinar que con la expedición de las reformas y modificaciones a la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el Decreto Número 277, publicado en la Gaceta de Gobierno el dos de abril de dos mil nueve, en vigor al día siguiente, no se les están dando efectos retroactivos en perjuicio de Fernando Raúl Portilla Sánchez -por no tener un derecho adquirido-, es conveniente destacar lo siguiente.
Los artículos del Decreto Número 277, por el que se reforman, adicionan y derogan diversos preceptos de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, cuya inconstitucionalidad se reclama, establecen:
"Artículo Segundo. Se deroga el artículo vigésimo transitorio de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios."
"...
"Transitorios
"Cuarto. Los requisitos de edad y tiempo de cotización para obtener una pensión por jubilación, edad y tiempo de servicios, edad avanzada, muerte e inhabilitación, serán aquellos que marcaba la normatividad vigente al momento de su último ingreso al servicio público, teniendo la opción de acogerse a los nuevos requisitos, a excepción del incremento en la tasa de reemplazo como estímulo por permanencia. En todos los casos el monto diario de pensión se determinará conforme a lo establecido en los artículos 68, 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios."
Y, por su parte, el derogado artículo vigésimo transitorio de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, es del contenido siguiente:
"Artículo Vigésimo. Los requisitos para obtener una pensión por jubilación, edad y tiempo de servicio, edad avanzada, muerte e inhabilitación, serán aquellos que marcaba la normatividad vigente al momento de su último ingreso al servicio público, teniendo la opción a acogerse a los nuevos requisitos cuando le sea conveniente, a excepción del incremento en la tasa de reemplazo como estímulo por permanencia."
Pues bien, a partir de lo anterior, se tiene que con el Decreto Número 277, el referido artículo segundo deroga al diverso vigésimo transitorio y, con la adición del artículo cuarto transitorio se modifica el sistema respecto del cálculo de la pensión.
Esto es, el derogado artículo vigésimo transitorio preveía que los requisitos para obtener una pensión por jubilación, edad y tiempo de servicio, edad avanzada, muerte e inhabilitación, serían aquellos que marcaba la normativa vigente al momento de su último ingreso al servicio público, teniendo la opción de acogerse a los nuevos requisitos cuando le fuera conveniente, a excepción del incremento en la tasa de reemplazo como estímulo por permanencia (nótese que se refiere de manera general a "los requisitos para obtener una pensión").
En tanto que el vigente artículo cuarto transitorio establece que los requisitos de edad y tiempo de cotización para obtener una pensión por jubilación, edad y tiempo de servicios, edad avanzada, muerte e inhabilitación, serán aquellos que marcaba la normativa vigente al momento de su último ingreso al servicio público, teniendo la opción de acogerse a los nuevos requisitos, a excepción del incremento en la tasa de reemplazo como estímulo por permanencia y que, en todos los casos, el monto diario de pensión se determinará conforme a lo establecido en los artículos 68, 86 y 87 de la ley vigente (aquí ya se particularizan "los requisitos de edad y tiempo de cotización", y se precisa que en todos los casos, el monto de la pensión se determinará conforme a la ley vigente).
Modificación que si bien da lugar a que quienes se pensionen a partir de la vigencia del artículo cuarto transitorio -tres de abril de dos mil nueve- tengan diferencia respecto de quienes lo hagan antes de su vigencia, en cuanto a la aplicación de un sistema distinto en el cálculo del monto diario de la pensión,(12) esa circunstancia no implica que se viole la garantía de irretroactividad contenida en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, tanto a la luz de la teoría de los derechos adquiridos como a la de los componentes de la norma.
Ahora bien, un "derecho adquirido" es aquel que ha ingresado efectivamente al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en tanto que la "expectativa de derecho" es una esperanza, pretensión o posibilidad de que se realice una determinada situación jurídica que va a generar con posterioridad un derecho; esto es, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa corresponde al futuro.(13)
Por su parte, la teoría de los componentes de la norma presupone casos en los cuales la existencia de un supuesto necesariamente conlleva una consecuencia específica, de tal manera que si el primero se realiza, ello sea suficiente para que la segunda se produzca, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes.(14)
De lo anterior se sigue que, conforme a la teoría de los derechos adquiridos, la pensión no constituye un derecho que los servidores públicos en activo adquieran por existir la relación laboral y por haber cotizado, pues la introducción de dicha prestación al patrimonio jurídico de aquéllos se encuentra condicionada al cumplimiento de la edad y los años de servicio cotizados para ello, por lo que mientras esos requisitos no se cumplan, tal prestación constituye una mera expectativa de derecho y no un derecho adquirido, como erróneamente lo afirma el quejoso.
Ahora bien, cabe decir que conforme a la teoría de los componentes de la norma, el derecho a la pensión no es consecuencia necesaria sólo del ingreso al trabajo, sino la consecuencia de una serie de supuestos o actos parciales posteriores al ingreso, por lo que el hecho de que los servidores públicos del Estado de México que obtengan una pensión con posterioridad a la entrada en vigor de la norma adicionada, se encuentren sujetos a que el monto diario de dicha prestación se calcule sólo en términos de la ley vigente a partir del uno de julio de dos mil dos, sin posibilidad de que sea conforme a las disposiciones legales de seguridad social vigentes al momento de su último ingreso (ya sea la abrogada ley de mil novecientos sesenta y nueve o la de mil novecientos noventa y cuatro), no provoca una violación al primer párrafo del artículo 14 constitucional, habida cuenta que mediante esa nueva regla no se afectan los supuestos parciales acontecidos previamente a la consecuencia (pensión), al no desconocerse los años de servicio ni el periodo cotizado.
Por tanto, cabe concluir que aun cuando a partir de la vigencia de los artículos segundo y cuarto transitorios referidos, se efectúan modificaciones al sistema respecto del cálculo del monto de la pensión establecida en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, ello no contraviene la garantía de irretroactividad de la ley en perjuicio de Fernando Raúl Portilla Sánchez, porque al momento en que éste hizo su solicitud de pensión -dos de agosto de dos mil diez-, ya se encontraban vigentes dichos preceptos legales -tres de abril de dos mil nueve-; no tiene derechos adquiridos al amparo de las normas de seguridad social sustituidas y, en la especie, no se le desconocen los años de servicio ni el periodo cotizado.
Apoya lo anterior, por analogía, el siguiente criterio:
"JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO 241 QUE REFORMÓ LA LEY DEL ISSSTELEÓN, EN CUANTO A LAS BASES QUE RIGEN A AQUÉLLA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. El párrafo primero del artículo sexto transitorio del Decreto 241 del Congreso del Estado de Nuevo León, de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que reformó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, dispone que: ‘Los servidores públicos que se encontraban sujetos al régimen de cotización previsto en el ordenamiento abrogado, podrán jubilarse a los treinta años de servicio y veintiocho en el caso de la mujer, alcanzando una pensión proporcional a su último salario de cotización neto, conforme a la siguiente tabla.’; en tanto que, el párrafo segundo precisa la indicada ‘tabla’. Ahora bien, la circunstancia de que esta reforma legal dé lugar a que quienes se jubilen a partir de su vigencia obtengan menos beneficios que quienes lo hicieron con anterioridad, en virtud de la aplicación del salario neto, en vez del nominal que antes se consideraba, y por la modificación de los porcentajes para el cálculo de la pensión, no implica que se viole la garantía de irretroactividad de las leyes, prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, tanto a la luz de la teoría de los derechos adquiridos como a la de la teoría de los componentes de la norma. En relación con la primera teoría, debe considerarse que la pensión por jubilación no constituye un derecho que los trabajadores en activo adquieran por existir la relación laboral equiparada y por haber cotizado en el sistema relativo, ya que la introducción de dicha prestación al patrimonio jurídico de aquéllos se encuentra condicionada al cumplimiento de los años de servicio requeridos para ello, por lo que mientras ese requisito no se cumpla, tal prestación constituye una mera expectativa de derecho, de lo que se sigue que la disposición transitoria en comento no afecta derechos adquiridos, respetándose la garantía señalada. Por otra parte, con base en la teoría de los componentes de la norma y dado que el derecho a la jubilación es la consecuencia jurídica de una serie de supuestos o actos parciales, el hecho de que los trabajadores al servicio del Estado de Nuevo León que obtengan tal prestación con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma en comento reciban un trato menos benéfico de los que la hubieren obtenido con anterioridad, no provoca una violación a la citada garantía, pues el nuevo salario base para calcular el monto de la pensión por jubilación, y el porcentaje al que ella equivaldrá constituyen supuestos parciales de tal prerrogativa laboral, que una vez actualizados generan el derecho a la jubilación; además, la constitucionalidad de la modificación legal de mérito deriva de que mediante ella no se afectan los supuestos parciales, previamente acontecidos, de dicha consecuencia, pues no desconoce los años de servicio, las cotizaciones y el periodo durante el cual se realizaron."(15)
Por otra parte, los planteamientos de violación a la garantía de igualdad también son infundados.
Aduce el quejoso que los artículos segundo y cuarto transitorios del Decreto Número 277, por el que se reforman, adicionan y derogan diversos preceptos de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, publicado en la Gaceta de Gobierno el dos de abril de dos mil nueve, violan la garantía de igualdad contemplada en el párrafo primero del artículo 1o. constitucional, porque con su entrada en vigor se regulan de manera desigual supuestos de hechos iguales, ya que hasta antes del dos de abril de dos mil nueve, la cuota de pensión se podía calcular tomando como base el sueldo del servidor público, sin más límite que no fuese el superior a las remuneraciones del secretario general de Gobierno, en tanto que a partir del tres de abril de dos mil nueve se calcula teniendo como límite doce salarios mínimos, no obstante que en ambos casos se hubiera registrado el último ingreso al servicio público durante la vigencia de la ley de mil novecientos sesenta y nueve.
Como se anticipó, dichos argumentos son infundados, pues en el caso no se está frente a supuestos de hecho equivalentes que den motivo a un trato desigual y, por ende, los artículos reclamados no son violatorios de la garantía de igualdad prevista en el artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, el quejoso parte de la premisa errónea de que al haber tenido su último ingreso durante la vigencia de la ley de seguridad social de mil novecientos sesenta y nueve, se encuentra en las mismas condiciones que otros que ingresaron en esa misma época y, al respecto se le trata de manera desigual cuando a él se le aplica el artículo cuarto transitorio del Decreto Número 277, y a otros el vigésimo transitorio derogado.
Afirmación que es incorrecta, tomando en cuenta que la pensión no es un derecho que adquieran los servidores públicos al momento en que empiecen a laborar y a cotizar al instituto de seguridad social, dado que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de los requisitos respectivos; esto es, el derecho a la pensión se adquiere hasta que se cumplen los supuestos parciales (edad y tiempo de cotizaciones), siendo hasta este momento que se genera un derecho.
De esta manera, el parámetro para establecer si hay un trato desigual con la aplicación del artículo cuarto transitorio reclamado -vigente a partir del tres de abril de dos mil nueve- entre los servidores públicos que se pensionaron antes de su vigencia y los que lo hicieron después, parte no del momento en que ingresaron a laborar, sino hasta que cumplen con los requisitos para obtener una pensión.
Por ende, si en el caso, Fernando Raúl Portilla Sánchez, cumplió los requisitos para obtener una pensión el dos de agosto de dos mil diez, cuando ya se encontraba vigente el artículo cuarto transitorio reclamado (tres de abril de dos mil nueve), es claro que la comparación con aquellos que cumplieron esos requisitos con anterioridad a esa fecha, no puede generarle desigualdad, pues al estar en presencia de supuestos de hecho diversos, es válida, por así existir, la aplicación de normativas distintas para cada suceso.
En efecto, no puede darse una violación a la garantía de igualdad, cuando la comparativa lleva implícita supuestos diversos que acontecen en distinto periodo y, para lo cual, se tiene una regulación específica.
Esto es, si el quejoso cumplió los supuestos parciales (edad y tiempo de cotización) para obtener una pensión después del tres de abril de dos mil nueve, la aplicación del artículo cuarto transitorio no le da un trato desigual frente a aquellos que lo hicieron antes y para los cuales les aplica el derogado artículo vigésimo transitorio, pues los supuestos y las consecuencias se generaron en diverso momento y frente a disposiciones legales excluyentes.
Y es que aun cuando conforme a la aplicación del artículo cuarto transitorio, el monto de la cuota diaria de pensión no pueda exceder de doce salarios mínimos, en tanto que en términos del derogado artículo vigésimo transitorio, se tiene la posibilidad -atendiendo al último ingreso del servidor público- de que en el cálculo de dicho monto se aplique la ley de mil novecientos sesenta y nueve, que establece como límite el que no exceda del total de las remuneraciones que perciba el servidor público de la más alta jerarquía administrativa de cualesquiera de las entidades públicas,(16) se traduzca en una diferencia para quienes cumplan con los requisitos para su pensión bajo la vigencia de uno u otro precepto legal, ello, en la especie, tampoco genera desigualdad, porque, como se ha dicho, se parte del cumplimiento de supuestos en diverso momento, para los cuales hay normativas distintas y, por ende, las consecuencias conforme a la aplicación de los preceptos de las leyes de seguridad social, también lo serán.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 42/2010 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes:
"IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia."(17)
En consecuencia, como los sujetos comparados no son iguales -los que cumplen los requisitos para su pensión antes del tres de abril de dos mil nueve y los que los cumplen después-, la aplicación de los artículos segundo y cuarto transitorios del aludido Decreto Número 277, no resultan violatorios de la garantía de igualdad protegida por el artículo 1o., párrafo primero, constitucional, por lo cual, sobre este punto, también debe negarse el amparo al quejoso.
En otra parte de su cuarto concepto de violación, el quejoso aduce que el acto legislativo impugnado es violatorio de la garantía de legalidad prevista en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Afirma, que si el trámite que se siguió para la aprobación del artículo vigésimo transitorio de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, fue el relativo a la expedición de una nueva ley de seguridad, entonces, el trámite para su derogación debió ser a través de la emisión de otra ley y no mediante un simple decreto de reformas, como lo es el Decreto Número 277, publicado en la Gaceta de Gobierno el dos de abril de dos mil nueve; lo que produjo que se dejara sin efectos una norma transitoria que regía de manera precisa cuestiones surgidas al amparo de leyes anteriores.
Dichos planteamientos de inconstitucionalidad también son infundados.
En primer término, debe señalarse que la garantía de legalidad en materia legislativa y, específicamente, los temas de fundamentación y motivación del acto legislativo, presuponen -a diferencia de la legalidad de otro tipo de actos- que si el acto proviene de autoridad con competencia para emitir la norma se cumple con la fundamentación, mientras que lo relativo a la motivación se satisface cuando la materia de la norma expedida se refiere a cuestiones que socialmente reclaman ser reguladas, y sin que exista obligación de los órganos participantes en el proceso de creación de la ley de justificar, explícitamente, las razones de su actuación democrática.
A este respecto, deben tenerse presentes los criterios siguientes:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica."(18)
"PROMULGACIÓN DE LEYES. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE ESTE ACTO. La Suprema Corte ha establecido jurisprudencialmente que los requisitos de fundamentación y motivación de una ley se satisfacen cuando es expedida por el Congreso constitucionalmente facultado para ello y se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (Apéndice 1988, Primera Parte, página 131, jurisprudencia 68). El acto de promulgación de la ley forma parte del proceso legislativo que culmina con su vigencia y, por ende, para el cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación requiere que provenga de la autoridad competente para ordenar la publicación y circulación de la ley a fin de que pueda ser obedecida (fundamentación), ya que ha cumplido con las formalidades exigidas para ello (motivación); sin que sea necesario, para la satisfacción de tales requisitos, que en el texto del acto promulgatorio se citen los preceptos legales que faculten al Poder Ejecutivo Federal o Estatal para realizar tal acto, ni las razones que lo llevaron a concluir, tanto que se cumplieron las formalidades exigidas para la expedición de la ley como que la misma no es violatoria de derechos fundamentales, ya que tal cita y razonamiento en el acto mismo de autoridad no se requiere tratándose de actos legislativos."(19)
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25171-68aaa848/pension-por-jubilacion-de-los-servidores-publicos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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