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COMPENSACIÓN GARANTIZADA. CONFORME A LOS MANUALES DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL VIGENTES DE 2007 A 2013, NO FORMA PARTE DEL SUELDO BASE DE COTIZACIÓN. ISSSTE. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY RELATIVA, AL NO INCLUIR LA COMPENSACIÓN GARANTIZADA COMO PARTE DEL SUELDO BASE DE COTIZACIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE IGUALDAD NI EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. ISSSTE. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY RELATIVA, AL NO INCLUIR LA COMPENSACIÓN GARANTIZADA COMO PARTE DEL SUELDO BASE DE COTIZACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. COMPENSACIÓN GARANTIZADA. EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN II, DE LOS MANUALES DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL VIGENTES DE 2007 A 2013, AL NO INCLUIRLA COMO PARTE DEL SUELDO BASE DE COTIZACIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 29/2015. · Registro digital (IUS): 26195
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-03-11
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Pág. 1005.

COMPENSACIÓN GARANTIZADA. CONFORME A LOS MANUALES DE PERCEPCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL VIGENTES DE 2007 A 2013, NO FORMA PARTE DEL SUELDO BASE DE COTIZACIÓN.

ISSSTE. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY RELATIVA, AL NO INCLUIR LA COMPENSACIÓN GARANTIZADA COMO PARTE DEL SUELDO BASE DE COTIZACIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE IGUALDAD NI EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

ISSSTE. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY RELATIVA, AL NO INCLUIR LA COMPENSACIÓN GARANTIZADA COMO PARTE DEL SUELDO BASE DE COTIZACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

AMPARO DIRECTO 29/2015. 28 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: JUAN N. SILVA MEZA. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, porque se trata de un juicio amparo directo promovido contra una sentencia emitida en un juicio contencioso administrativo, cuyo conocimiento deriva del ejercicio de la facultad de atracción.(1)

SEGUNDO.-Certeza y precisión del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, consistente en la sentencia de tres de junio de dos mil catorce, emitido por la Sala Regional del Pacífico-Centro, dentro del juicio contencioso administrativo **********.(2)

TERCERO.-Oportunidad de la demanda. El amparo se promovió en tiempo.(3)

CUARTO.-Legitimación. El juicio de amparo fue promovido por parte con legitimación para ello.(4)

QUINTO.-Antecedentes del juicio contencioso. El dos de diciembre de dos mil trece, **********, por su propio derecho, promovió juicio contencioso administrativo en el que demandó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída a la solicitud que presentó el doce de marzo de dos mil trece, ante la Dirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se ordenara a la Comisión Nacional del Agua la retención, deducción y entero de las cuotas y aportaciones sobre los conceptos de sueldo base tabular y compensación garantizada.

Como parte de su demanda, el actor manifestó que se desempeña con el cargo de subdirector de área en la Comisión Nacional del Agua, y que recibe, como parte de su percepción ordinaria bruta mensual, el concepto denominado "compensación garantizada", la cual, debe formar parte de la base salarial para determinar las cuotas y aportaciones de seguridad social.

El juicio se radicó con el número de expediente **********, en la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil catorce, el tribunal responsable tuvo por contestada la demanda. La autoridad expuso los fundamentos y motivos por los cuales no es procedente integrar la "compensación garantizada" en la base de cotización del actor, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Como parte de esos fundamentos, la autoridad invocó los artículos 32, 33 y 35 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; transitorios del primero al quinto del decreto de reformas de dicha ley burocrática publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro; 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada; 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente; y trigésimo quinto transitorio del decreto de promulgación de esta última ley. Asimismo, invocó los criterios de este Alto Tribunal, identificados con los siguientes números de tesis 2a./J. 126/2008, 2a./J. 100/2009, 2a. LXXVI/2010, 2a. LXXVII/2010 y 2a./J. 41/2009.

Por acuerdo de tres de marzo de dos mil catorce, se tuvo por presentada la ampliación de demanda. En auto de dos de mayo de dos mil catorce, se tuvo a la demandada contestando la ampliación.

Mediante proveído de dos de junio de dos mil catorce, se tuvieron por formulados los alegatos de ambas partes y se declaró cerrada la instrucción.

El tres de junio de dos mil catorce, la Sala responsable emitió la sentencia reclamada en la que concluyó que la parte actora no probó su pretensión.

Las consideraciones en que se sustenta la sentencia reclamada son, en síntesis, las siguientes:

En primer término estableció que, en la especie, sí se configuró la negativa ficta controvertida, ya que transcurrieron más de tres meses sin que el instituto demandado diera respuesta a la solicitud presentada el doce de marzo de dos mil trece, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 77/98.

Además de que se configuró la negativa ficta, precisó que la autoridad no dio respuesta concreta a los motivos expuestos por la actora, dado que se refirió erróneamente a que el actor ya gozaba de una pensión, cuando lo que el actor solicitó es que se integrara una prestación para su fondo de pensiones. Consecuentemente, estimó que en esa instancia debía resolverse la incertidumbre jurídica provocada por la falta de respuesta de la autoridad, tomando en cuenta que la petición versa sobre los asuntos de la competencia del tribunal responsable y que cuenta con los elementos para emitir un pronunciamiento de fondo.

Para tal efecto, reseñó los argumentos planteados en la demanda, la ampliación y los alegatos, los cuales calificó como infundados.

Expuso que es cierto que la pensión tiene como finalidad que, al concluir su etapa productiva, el trabajador reciba una renta vitalicia que le permita mantener la calidad de vida que tenía al separarse definitivamente del servicio público, y también lo es que el salario que ordinariamente se paga a los trabajadores de la administración pública federal está previsto en diversos ordenamientos, como son la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Manuales de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, en relación con los tabuladores regionales de los puestos existentes en las dependencias de gobierno.

Sin embargo, determinó que el punto medular de la pretensión de la parte actora, es que la "compensación garantizada" debe ser tomada en cuenta para efectos de su cotización ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a propósito de obtener a futuro una pensión que resulte congruente con los fines constitucionales de esa figura.

Asimismo, consideró que el actor está consciente de que la "compensación garantizada" no se le ha tomado en cuenta para calcular las cuotas de seguridad social que conformarán su pensión, en virtud de lo establecido en el artículo 2, fracción II, del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal publicado en dos mil siete (y los correspondientes a los años subsecuentes).

El tribunal advirtió que el actor, por una parte, señala que en el referido manual se incluye la compensación en la base salarial y, por otra, argumenta lo contrario. No obstante, precisó que el actor solicita la desaplicación de dicho ordenamiento, porque impide incluir la compensación garantizada en la cotización de seguridad social, de acuerdo con el control difuso de constitucionalidad y el principio pro persona, tomando en cuenta la posible inequidad respecto de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Posteriormente, transcribió y reseñó el contenido de los artículos 32 a 35 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, vigente a partir de mil novecientos ochenta y cuatro, junto con sus artículos transitorios; 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (abrogada), y 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente.

A fin de dilucidar lo dispuesto en los citados preceptos, respecto a la forma de integrar el sueldo básico de cotización, tomó en consideración lo sostenido en la jurisprudencia P./J. 119/2008, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las consideraciones de los precedentes que dieron origen a dicho criterio.

Consideró lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 63/2013, de esta Segunda Sala, y lo resuelto en la contradicción de tesis 5/2013, en la que se emitió tal criterio; e invocó la jurisprudencia 2a./J. 126/2008.

Con base en dichos fundamentos, la Sala concluyó que con la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de mil novecientos ochenta y cuatro, el salario tabular o sueldo tabular, que aparece en los tabuladores regionales para cada puesto, incluyó a los anteriores conceptos conocidos como sueldo, sobresueldo y compensación, a los cuales también se refería el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada.

Así, la integración del salario base de cotización prevista en el citado artículo 15, se sustituyó por el valor que se contiene en el salario tabular previsto en el artículo 32 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Por tanto, el artículo 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, debe interpretarse en el sentido de que excluye del concepto de salario tabular cualquier otra prestación que el trabajador perciba con motivo de su empleo.

Citó como apoyo de esa conclusión la jurisprudencia PC.XXX. J/3 A (10a.), del Pleno del Trigésimo Circuito, de rubro: "SALARIO BASE DE COTIZACIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL ISSSTE ABROGADA. SE SUSTITUYÓ POR EL VALOR CONTENIDO EN EL SALARIO TABULAR A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY VIGENTE."

En consecuencia, la Sala determinó que no toda compensación -así denominada- que se pague a los trabajadores en activo puede considerarse para integrar el sueldo tabular o sueldo base para determinar y enterar las cuotas y aportaciones establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

A fin responder el argumento del actor en el que adujo que la compensación garantizada forma parte de las compensaciones mencionadas en el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, citó lo resuelto, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 41/2009, de esta Segunda Sala, conforme a la cual, sólo procede el incremento de las aportaciones de seguridad social o, en su caso, de la cuota de pensión, cuando el accionante acredite en el juicio contencioso administrativo que ese rubro debe formar parte de las aportaciones de seguridad social hechas por la dependencia o entidad correspondiente.

También consideró aplicable la jurisprudencia PC.XXX J/4 A (10a.), del Pleno del Trigésimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "COMPENSACIÓN GARANTIZADA. AL TRATARSE DE UN CONCEPTO ADICIONAL AL SUELDO TABULAR A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL ISSSTE, SÓLO PROCEDE EL INCREMENTO DE LA CUOTA DE PENSIÓN CUANDO EL ACCIONANTE ACREDITE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE ESE RUBRO FORMÓ PARTE DE LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL."

La Sala aclaró que existe la posibilidad de que al interior de cada dependencia o poder federal, conforme a su propia normativa, se determine hacer descuentos sobre conceptos adicionales al sueldo tabular (como es la "compensación garantizada"), caso en el cual, el trabajador sí podrá exigir su inclusión para a efectos de cotizar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Citó como apoyó la jurisprudencia 2a./J. 114/2010, de esta Segunda Sala.

Posteriormente, analizó lo establecido en el artículo 2, fracciones II, XI, XII y XIII del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil siete. Concluyó que en esa disposición no se incluye la compensación garantizada para efectos de realizar los descuentos y cotizaciones ante el instituto demandado, y que el artículo 2, fracción II, de dicho manual, no puede desaplicarse en control difuso, pues ello sería contrariar lo establecido en los artículos 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 32 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la interpretación de dichas normas en los criterios sostenidos por este Alto Tribunal.

Respecto del alegato en el que el actor hizo valer que es inequitativo que en el Poder Judicial de la Federación sí se tome en cuenta la compensación garantizada para efectos de cotización ante el instituto demandado, sostuvo que, conforme a la jurisprudencia 28/2009, de esta Segunda Sala, a partir de la publicación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil siete, en sus artículos 20 y 22, se dispuso la facultad de los Poderes de la Unión, así como de los entes autónomos, para elaborar sus manuales de percepciones, facultad que pueden ejercer de manera flexible, al contar con un margen de acción para establecer el monto de las prestaciones correspondientes.

El ejercicio de la referida facultad explica por qué en algunas dependencias sí se incluye la compensación garantizada y en otras no, para efectos del cálculo del sueldo base de cotización, lo cual permite entender lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 114/2010, en el sentido de que dicha compensación sí puede formar parte de los montos de cotización siempre y cuando la normativa aplicable dentro de cada dependencia así lo establezca.

Por tanto, la parte actora no puede acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad de un acto a partir de un supuesto hipotético, como es la comparación que realiza entre el personal del Poder Judicial de la Federación y el del Poder Ejecutivo Federal. Citó como apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 71/2006, de rubro: "NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS EN SU CONTRA SI SU INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE DEPENDER DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO A QUIEN SE LE APLICAN."

Aunado a dichas consideraciones, la Sala estableció que, conforme a los artículos 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicho órgano carece de competencia ordinaria para calificar la constitucionalidad de un precepto legal, por lo que existe impedimento técnico para analizar los conceptos de impugnación de la ampliación de demanda en los que se hace referencia a la posible violación a los derechos de equidad, igualdad y progresividad previstos en los artículos 1o., 4o. y 123 constitucionales. Invocó como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 16/2014 (10a.), de esta Segunda Sala, de rubro: "CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."

Por último, desestimó el argumento del actor en el que invocó lo resuelto por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, al resolver el amparo en revisión 229/2008, del derivó la jurisprudencia P./J. 192/2008. Precisó que lo resuelto en ese asunto no resulta ajeno a lo sostenido en las jurisprudencias P./J. 119/2008, 2a./J. 125/2008 y 2a./J. 63/2013. Al contrario, lo considerado por este Alto Tribunal gira en torno a que el sueldo tabular se integró o compactó con los antiguos conceptos de sueldo, sobresueldo y compensación desde la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado de mil novecientos ochenta y cuatro.

De tal modo, la Sala concluyó que las compensaciones a que se refiere el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, no son las mismas "compensaciones" a que se refería el artículo 15 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ni mucho menos la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado antes de la reforma de mil novecientos ochenta y cuatro, sino que se trata de conceptos distintos.

SEXTO.-Conceptos de violación. En el primer concepto de violación, el quejoso aduce que el hecho de que no se considere la compensación garantizada como parte del sueldo base de cotización resulta transgresor del derecho a la seguridad social protegido y garantizado por el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal.

Combate de manera específica la afirmación de la responsable, en el sentido de que la compensación garantizada es una remuneración distinta al sueldo tabular, por lo que no forma parte de la base salarial para la determinación de las cuotas y aportaciones de seguridad social.

Refiere que la Sala responsable invocó jurisprudencias de esta Segunda Sala y del Pleno del Trigésimo Circuito, pero aclara que en ninguno de los criterios vinculantes de esta Segunda Sala se analiza el contenido y alcance del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, no obstante que es el instrumento en donde se fijan las remuneraciones de los servidores públicos que aparecen en él y de cuyo contenido se advierte que el sueldo o salario asignado en los tabuladores regionales se conforma en su integridad por sueldo base tabular y compensaciones.

En dichos criterios de la Segunda Sala se hace un estudio de legalidad de las normas secundarias, pero no se aborda la posible transgresión al principio de igualdad, en sus vertientes de igualdad formal y de no discriminación, reconocido en el artículo 1o. constitucional, derivada de la distinción que se hace entre los servidores públicos del Poder Judicial Federación y los de la administración pública federal. Para los primeros sí se incluyen en su salario de cotización la compensación garantizada, y para los segundos no. Tampoco se hace un contraste entre el contenido de las normas secundarias con los principios contenidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, conforme al cual, el fin último de la jubilación es asegurar que el trabajador al finalizar su vida productiva reciba una renta vitalicia digna y decorosa, lo que de suyo implica que la pensión le permita conservar la calidad de vida que tenía antes de separarse del servicio público.

Debe tomarse en cuenta, que los criterios de esta Segunda Sala tuvieron su origen en la jurisprudencia 2a./J. 40/2004, de rubro: "AGUINALDO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SE CALCULA CON BASE EN EL SALARIO TABULAR.", y en la tesis aislada P. LIII/2005, del Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "TRABAJADORES DE LOS PODERES DE LA UNIÓN. SU AGUINALDO DEBE CALCULARSE CON EL SUELDO TABULAR QUE EQUIVALE A LA SUMA DEL SUELDO BASE Y LAS COMPENSACIONES QUE PERCIBEN EN FORMA ORDINARIA."

De estos criterios se advierte que en el concepto de sueldo tabular sí se incluye la compensación garantizada, aun cuando en la jurisprudencia de esta Segunda Sala se dé a entender lo contrario. Incluso, alega que en los criterios de esta Sala nunca se ha señalado de forma expresa y contundente que dicha remuneración se excluye para efectos pensionarios. Antes bien, señaló que la compensación garantizada forma parte de la base salarial para el cálculo de la pensión cuando la dependencia o entidad la consideró para cubrir el monto de las cuotas y aportaciones de seguridad social, como se advierte en la jurisprudencia 2a./J. 41/2009.

Con independencia de las interpretaciones que se puedan dar a las normas secundarias, lo objetivamente cierto es que, si no se incluye la compensación garantizada en el sueldo base de cotización, se corre el riesgo de que se propicie una reducción significativa en la cuantía de la pensión, que impedirá al trabajador conservar la calidad de vida que tenía antes de separarse del servicio público, lo que es contrario al derecho humano a la seguridad social, en los términos en que ha sido definido por la jurisprudencia P./J. 127/2008, de rubro: "ISSSTE. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA ES INCONSTITUCIONAL EN LA PARTE QUE CONDICIONA EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN SOBRE EL PROMEDIO DEL SUELDO BÁSICO PERCIBIDO EN EL AÑO ANTERIOR A LA BAJA, A LA PERMANENCIA DEL TRABAJADOR EN EL MISMO PUESTO Y NIVEL EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)."

Manifiesta que la compensación garantizada representa la parte sustancial que determina la calidad de vida como trabajador en activo (más del 50% de sus ingresos), y además, se encuentra expresamente incluida en el tabulador regional aplicable al caso concreto.

Refiere que el derecho a la seguridad social también está reconocido en los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 9.1. del Protocolo de San Salvador, los cuales deben analizarse a la luz de los principios pro persona y de supremacía constitucional reconocidos en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal. Al respecto, invoca las tesis aisladas P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD." y 1a. CCXXXVII/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LAS NORMAS SECUNDARIAS DEBEN RESPETAR LOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIENDO INNECESARIO QUE ÉSTA HAGA REFERENCIA EXPRESA A TODAS Y CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES QUE EN DICHOS ORDENAMIENTOS SE REGULAN."

Aduce que no es obstáculo a su argumentación lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 63/2013, máxime si se toma en cuenta lo resuelto por el Tribunal Pleno, al emitir la tesis P. LIII/2005, así como en la jurisprudencia P./J. 192/2008. En esta última, el Pleno de este Alto Tribunal ratificó que el sueldo regulador para quienes optaron por el régimen pensionario del décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente, se conforma por sueldo, sobresueldo y compensación.

Tanto en la tesis aislada P. LIII/2005, como en la jurisprudencia P./J. 192/2008, el Pleno de este Alto Tribunal se refirió a las compensaciones en la integración del sueldo tabular después de las reformas a la ley burocrática de mil novecientos ochenta y cuatro, y la citada jurisprudencia menciona que dichos conceptos integran el sueldo regulador, y para ello emplea el tiempo presente. Como consecuencia, con independencia de lo que hayan interpretado otros órganos jurisdiccionales, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que las compensaciones que actualmente perciben los servidores públicos de la Federación forman parte del sueldo regulador para efectos pensionarios. Dicho criterio se encuentra en armonía con la finalidad del derecho a la seguridad social reconocida en la jurisprudencia P./J. 127/2008.

Refiere que es falso que el sueldo base junto con la prima de antigüedad y quinquenios sean los únicos elementos que se deben considerar para efectos pensionarios, pues los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación sí cotizan por la compensación garantizada, y ello es congruente con los reseñados criterios del Pleno y de la jurisprudencia 2a./J. 40/2004.

Tal cotización de los servidores públicos del Poder Judicial Federación se realiza de esa forma, porque con ello se da cumplimiento a lo previsto en los artículos 32, 40, párrafo último, 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (17 de la actual ley), por lo que no existe justificación objetiva ni razonable para que a los servidores públicos de la administración pública federal no les sea considerada la compensación garantizada para efectos pensionarios, so pena de incurrir en discriminación de trato. Como apoyo de lo anterior, transcribe, en lo conducente, el Manual de Percepciones del Poder Judicial de la Federación, aplicable en dos mil siete.

En el segundo concepto de violación, la quejosa refiere que, conforme al Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal -al parecer, se refiere a los publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil once y dos mil doce, respectivamente-, las compensaciones que actualmente perciben los servidores públicos sí forman parte del sueldo o salario asignado en el tabulador regional, siendo ésta la base legal para la determinación de las cuotas y aportaciones de seguridad social, en términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado.

Incluso, manifiesta que los artículos 2, fracciones XII y XIII, del manual de percepciones de dos mil siete (y de sus correlativos de dos mil ocho a dos mil trece) constituyen las normas secundarias más favorables para considerar incluida la compensación garantizada en el sueldo o salario asignado en el tabulador regional. Por ende, solicita su aplicación con independencia de lo establecido en el orden jurídico, en atención a lo dispuesto en el artículo 1o. constitucional, en aras de dar cumplimiento al artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal.

El seguro de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o cesantía en edad avanzada, como derecho humano de la seguridad social, más que proteger una contingencia, tiene por objeto asegurar al trabajador una vejez digna y decorosa, lo que de suyo implica que el monto de la pensión debe permitirle conservar la calidad de vida que tenía antes de separarse del servicio público.

En sus argumentos, expone las razones para interpretar las disposiciones del manual en el sentido que propone, con base en el propio texto del artículo 2 y sus distintas fracciones, así como en lo establecido en el artículo 22, fracción VI, del manual de dos mil siete, y el correlativo 18, fracción VI, de los que se publicaron con posterioridad, donde se estableció que los tabuladores de sueldos y salarios considerarán únicamente la percepción ordinaria mensual por concepto de sueldo tabular y compensaciones. Manifiesta que, sostener lo contrario, sería hacer una interpretación restrictiva y forzada que no sería conforme con la protección de los derechos humanos exigida por el artículo 1o. constitucional.

Agrega que el manual no previene que las compensaciones deban tener una fijada denominación o pertenecer a determinada partida presupuestal para que se consideren como parte integrante del sueldo o salario asignado en el tabulador regional. Donde la ley no distingue, no está permitido distinguir.

En consecuencia, considera que demostró que la compensación garantizada forma parte del sueldo o salario asignado en el tabulador regional, en términos del artículo 40 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, lo cual, además, es conforme con el derecho a la seguridad social. Ello, está robustecido con lo sostenido en la tesis aislada P. LIII/2005.

Por tanto, la compensación garantizada sí integra el sueldo base de cotización, en términos de lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, salario que está conformado por los conceptos reclamados, de acuerdo con los artículos 2, fracciones XI y XII, y 18, fracción VI, del referido manual de percepciones.

Aunque el artículo 2, fracción II, del manual de percepciones citado señala que las compensaciones no se considerarán en las cuotas y aportaciones de seguridad social, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que, de la recta interpretación de dicho precepto, sí deben considerarse las compensaciones para la determinación de las cuotas y aportaciones de seguridad social.

En el tercer concepto de violación alega que, con base en lo sostenido en el considerando décimo segundo de la ejecutoria del amparo en revisión 229/2008 y otros, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 192/2008, el Pleno de este Alto Tribunal interpretó el artículo 2, fracción II, del citado manual de percepciones, y sostuvo que las compensaciones sí se consideran para el cálculo de las cuotas y aportaciones de seguridad social.

Argumenta que con independencia de si las compensaciones a que se refiere el manual son las mismas o distintas a las que hace mención el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, lo cierto es que el Pleno de este Alto Tribunal resolvió que las compensaciones previstas en el manual, que actualmente perciben los servidores públicos de la administración pública federal, sí se consideran para la determinación de las cuotas y aportaciones de seguridad social, lo cual es congruente con las tesis P. LIII/2005 y P./J. 192/2008.

Como prueba de lo anterior, en el sentido de que la ley burocrática y la ley del instituto demandado sí prevén la compensación garantizada en el sueldo base de cotización se encuentra el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación.

Por otra parte, refiere que en el juicio contencioso solicitó la inaplicación del artículo 2, fracción II, del citado manual, por considerar que vulnera los principios, valores y finalidades del artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional y, además, porque contravendría el derecho fundamental a la igualdad jurídica contenido en el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26195-1de16f0e/compensacion-garantizada-conforme-a-los-manuales-de-percepciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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