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Modo: Corpus Pro

TIEMPO EXTRAORDINARIO. LA RECLAMACIÓN DE SU PAGO ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE OSTENTEN CARGOS DE TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ASÍ COMO DE SUBSECRETARIOS, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y PUESTOS DE RANGO SEMEJANTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2013. · Registro digital (IUS): 25058
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-05-30
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Pág. 1438.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO. 21 DE ABRIL DE 2014. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS LUIS CHOWELL ZEPEDA Y DALILA QUERO JUÁREZ. DISIDENTE: ENRIQUE ALBERTO DURÁN MARTÍNEZ. PONENTE: DALILA QUERO JUÁREZ. SECRETARIA: MA. GUADALUPE TORRES GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación, cuya integración y funcionamiento inició con motivo de la expedición y vigencia del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito del País, es competente para conocer y resolver de la presente contradicción de tesis, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la denuncia de contradicción versa sobre criterios jurídicos sostenidos entre Tribunales Colegiados de este Noveno Circuito.

SEGUNDO. Legitimación. El licenciado **********, es apoderado legal de **********, carácter que tiene reconocido en el juicio de amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por consiguiente tiene calidad de parte en aquel asunto y, por consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo, se encuentra legitimado para denunciar la presente contradicción de tesis.

Sobre el particular resulta aplicable, en lo conducente, la tesis de la Novena Época, identificada con el número de tesis 2a. XXIX/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 727 del Tomo XXIX, abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL APODERADO JURÍDICO DEL TRABAJADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 692 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El apoderado jurídico de quien fue parte en un juicio de garantías está legitimado para denunciar la posible oposición de criterios derivada del asunto en que intervino, no obstante que su legitimación sólo esté reconocida en el proceso seguido ante la autoridad del trabajo en donde se le confirió poder en términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, y ante el Tribunal Colegiado respectivo, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque aunque dicha representación se limita a su intervención en dichos procedimientos y la denuncia referida no constituye un acto procesal del amparo, ni una instancia posterior a éste, el artículo 197-A de la última ley citada otorga a cualquiera de las partes que intervinieron en los juicios donde las tesis respectivas fueron sustentadas, la facultad de denunciar la contradicción, constituyéndose en un derecho en favor de quienes intervinieron en los juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros; así, al haber tenido la calidad de parte para actuar en el juicio de garantías como apoderado del trabajador quien fue quejoso en el amparo participante en una posible contradicción de tesis, esa representación debe estimarse suficiente para realizar la denuncia correspondiente, al provenir de una de las partes."

TERCERO. Criterios contendientes. Los criterios sobre los que versa la denuncia de contradicción son dos, los cuales enseguida se precisan:

1) El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo laboral con número de expediente 389/2010, en el que se expuso, en lo que interesa, lo siguiente:

"Amparo directo laboral No. 389/2010. Materia laboral. Quejoso: Gloria Guadalupe Olvera Montes. Magistrado Ponente: Carlos L. Chowel Zepeda. Secretario: Francisco Miguel Hernández Galindo.

"San Luis Potosí, San Luis Potosí, Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, correspondiente al veintitrés de septiembre de dos mil diez.

"...

"CONSIDERANDO:

"...

"QUINTO. Los conceptos de violación son infundados.

"...

"Por último, es jurídicamente acertada la conclusión de la autoridad responsable, al haber absuelto a las instituciones demandadas del reclamado pago de tiempo extra, sábados y domingos laborados pues, como se precisará, dichas prestaciones son improcedentes en el caso concreto.

"Ya se destacó que la impetrante de amparo se desempeñaba como delegada regional de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional Zona Media, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, con nombramiento de director de área, otorgada por el oficial mayor del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, como incluso así lo manifestó en su escrito de demanda laboral; es decir, la actora fue una funcionaria pública al servicio del Poder Ejecutivo del Estado.

"El artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí establece:

"‘Los servidores públicos del Poder Ejecutivo no podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o Municipal por los que disfruten sueldo, con excepción de los del ramo de instrucción pública. Tampoco podrán desempeñar durante su encargo trabajos o empleos que las leyes les prohíban. Los titulares de las dependencias y entidades, así como los subsecretarios, directores, subdirectores y quienes ocupen puestos de rango semejante, deberán atender de tiempo completo las funciones de su encargo y no podrán desempeñar empleos o trabajos particulares que motiven conflictos de intereses en relación a sus atribuciones.’

"De acuerdo con el precepto legal pretranscrito, en lo que interesa, los subsecretarios, directores, subdirectores y quienes ocupen puestos de rango semejante, deben atender de tiempo completo las funciones de su encargo.

"Lo dispuesto así significa que para los subsecretarios, directores, subdirectores y quienes ocupen puestos de rango semejante, no existe un horario de labores, pues su función debe ser ejercida de tiempo completo, lo cual implica que no existe posibilidad de que desempeñen una jornada extraordinaria ni que por trabajar sábados y domingos se excedan en sus funciones.

"Luego entonces, si como se destacó, la ahora impetrante de garantías era delegada regional de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional Zona Media, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, con nombramiento de director de área, otorgado por el oficial mayor del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y con base en dicho nombramiento en que reclamó el pago de horas extras, así como sábados y domingos laborados, es incuestionable que carece de derecho para demandar la retribución de tales conceptos, si sus funciones requerían un ejercicio de tiempo completo y, en esas condiciones, debe entenderse que la remuneración que por ese cargo percibía, era suficiente para cubrir el desempeño que su función de tiempo completo requería.

"En ese orden de ideas, si la responsable concluyó que el pago demandado por esos conceptos era improcedente, debe entenderse que esa conclusión es objetivamente correcta, con independencia de que las demandadas no hubieran invocado en su contestación lo dispuesto en el transcrito artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, amén de que la autoridad responsable, como Tribunal de Conciliación y Arbitraje que es, en los términos del artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, tiene la obligación de emitir sus resoluciones observando los principios de: a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, de manera que, si de lo actuado en el expediente, se aprecia que la propia demandante se encarga de probar la improcedencia de su reclamación, es incuestionable que así debe declararse ..."

De la ejecutoria cuyas consideraciones se transcribieron anteriormente, derivó la tesis aislada IX.1o.40 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1311, con el rubro: "TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y QUIENES OCUPEN PUESTOS DE RANGO SEMEJANTE EN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. CARECEN DE DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO."; misma tesis que, posteriormente, fue elevada a jurisprudencia y se registró con el número IX.1o. J/1 (10a.), publicada en el mismo órgano de consulta, en la página 1262 del Libro XXII, Tomo 2, julio de 2013, con el propio rubro.

2) Criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo laboral con número de expediente 307/2013, en el que se expuso, en lo que interesa, lo siguiente:

"Amparo directo laboral Núm. 307/2013. Quejoso: Carlos Padilla Ruiz. Magistrada Ponente: Lic. Juana María Meza López. Secretaria: Lic. Gabriela Vázquez Méndez.

"San Luis Potosí, San Luis Potosí, Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, correspondiente al diecinueve de junio de dos mil trece.

"...

"CONSIDERANDO:

"...

"SEXTO. Los conceptos de violación son infundados por las consideraciones que enseguida se expresan:

"...

"El tribunal responsable absolvió a la patronal del pago del tiempo extra reclamado, bajo el argumento de que como el actor ostentaba un cargo de confianza, le resulta aplicable el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro y texto:

"‘TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y QUIENES OCUPEN PUESTOS DE RANGO SEMEJANTE EN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. CARECEN DE DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, los titulares de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, así como los subsecretarios, directores, subdirectores y quienes ocupen puestos de rango semejante, deben atender de tiempo completo las funciones de su encargo, lo que significa que no existe la posibilidad de que desempeñen una jornada extraordinaria, ni que por trabajar sábados y domingos, se excedan en sus funciones y, por ende, carecen de derecho para reclamar el pago de la retribución de tales conceptos.’ [Novena Época. Registro IUS: 161947. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, materia laboral, tesis IX.1o.40 L, página 1311. Actualmente jurisprudencia IX.1o. J/1 (10a.), clave: (TC091040.9LA5)]

"Criterio que no es obligatorio y que este Segundo Tribunal Colegiado no comparte, por las siguientes razones:

"La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante jurisprudencia reconoció de forma implícita el derecho que asiste a los trabajadores de confianza de reclamar el pago de tiempo extraordinario, sin que obste la naturaleza especial de la relación laboral que implica un menor grado de control y supervisión, pero no destruye el vínculo de subordinación.

"Lo anterior, al establecer que la carga de la prueba sobre la duración de la jornada de trabajo recae en la patronal, inclusive en los casos en que el trabajador ha desempeñado puestos de dirección o administración, en razón a que es esa parte la que se encuentra en mejores condiciones para acreditar tal extremo, ya sea con el contrato de trabajo, los controles de asistencia o cualquier otro medio eficaz para tal efecto.

"El criterio a que se alude expresamente dice:

"‘JORNADA DE TRABAJO. LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE SU DURACIÓN RECAE EN EL PATRÓN, AUN CUANDO EL TRABAJADOR HAYA DESEMPEÑADO FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN. Conforme a lo dispuesto en el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón, en todo caso, probar su dicho cuando exista controversia sobre la duración de la jornada de trabajo. En ese tenor, la referida carga no se revierte al trabajador como consecuencia de que éste haya desempeñado funciones de dirección o administración, pues a pesar de la especial naturaleza de la respectiva relación laboral, que implica un menor grado de control y supervisión, ello no destruye el vínculo de subordinación ni permite desconocer la obligación que al patrón impone el artículo 804 del propio ordenamiento, consistente en conservar los documentos conducentes para acreditar la duración de la jornada de trabajo, como pueden ser, entre otros, los contratos individuales de trabajo y los controles de asistencia, ya que, por una parte, tales documentos deben permanecer en el centro de trabajo, y aun cuando pudieren estar bajo el control de aquellos trabajadores, tal control sólo sería temporal y no implicaría su disposición plena y, por otra, porque en el caso de que el patrón no dispusiera de aquéllos, la presunción que se genere en términos del artículo 805 de la ley citada, consistente en tener por ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, puede desvirtuarse mediante diversos medios de prueba. Además, debe tenerse presente que, en todo caso, el valor probatorio de lo afirmado por el trabajador en cuanto a la duración de la jornada laboral se encuentra limitado a que se funde en circunstancias acordes con la naturaleza humana, por lo que, de resultar su dicho absurdo e inverosímil, podría llegarse al extremo de absolver al patrón de las prestaciones relacionadas con el hecho en mención.’

"Este criterio se sostuvo al resolver el amparo directo laboral 441/2012, en el que el quejoso desempeñó el cargo de subdirector en la Dirección de Financiamiento, Deuda y Crédito Público, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y, al igual que en el caso que nos ocupa, fue afectado en cuanto a su estabilidad en el empleo con motivo del relevo de funcionario, en términos del artículo 45 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, y solicitó como prestación secundaria, el pago de tiempo extraordinario.

"En estas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, suplido en su deficiencia, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del año en curso, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada ..."

CUARTO. Determinación de existencia de contradicción de tesis. De acuerdo con las tesis P./J. 72/2010 y P. XLVII/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.

Lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

Las tesis del Pleno de ese Alto Tribunal referidas dicen, respectivamente, lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Núm. Registro IUS: 164120. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Novena Época. Núm. Registro IUS: 166996. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, materia común, tesis P. XLVII/2009, página 67)

Hechas las precisiones anteriores, conviene indicar los elementos fácticos y jurídicos que derivan de las resoluciones de los tribunales contendientes.

El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en el juicio de amparo directo número **********, precisó, como antecedentes del juicio laboral burocrático de origen, en lo que interesa, lo siguiente:

a) Que la actora refirió haber tenido el cargo de delegada regional de la zona media, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, quien demandó, entre otros, a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, de quien reclamó, entre otras cuestiones, el pago de tiempo extraordinario, pues el horario en que se desempeñaba era de ocho de la mañana a las tres de la tarde y de seis de la tarde a las ocho de la noche de lunes a viernes de cada semana.

b) La Secretaría de Desarrollo Social y Regional de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, al contestar negó la acción y el derecho para ese reclamo, señalando que la actora, al ostentar el cargo de directora de área, se trataba de una trabajadora de confianza, y debido a ello no tenía derecho al pago de ese concepto, pero, además, porque el horario de labores sólo era de lunes a viernes de cada semana de ocho de la mañana a tres de la tarde.

c) Al respecto, en el laudo reclamado se determinó la improcedencia de esa prestación, debido a que la parte actora no justificó haber laborado las horas extras que mencionó.

Consideración del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito:

Que fue correcta la absolución decretada por la autoridad responsable sobre el pago del tiempo extraordinario reclamado por la parte actora, porque ésta, al ostentar el cargo de director de área, desempeñándose como delegada regional de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional Zona Media, esto es, se trataba de una funcionaria pública al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, por lo que entonces no tenía derecho a reclamar aquel tipo de prestación, ya que, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, se obtenía que para los subsecretarios, directores, subdirectores y quienes ocupen puestos de rango semejante, no existía horario de labores, porque su función debía ser de tiempo completo y entonces no existía la posibilidad de que desempeñaran una jornada extraordinaria.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en la ejecutoria con que resolvió el juicio de amparo directo número **********, precisó, como antecedentes del juicio laboral burocrático de origen, en lo que interesa, lo siguiente:

1. Que el actor demandó a la Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal, el pago de tiempo extraordinario de cuatrocientas noventa y ocho horas.

2. Que la referida demandada, al dar contestación, planteó la improcedencia de aquella pretensión del actor, bajo el argumento de que se trataba de un empleado de confianza, porque se desempeñaba en el cargo de subdirector de la Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal, además de que señaló que el horario de labores era de lunes a viernes de las ocho horas a las quince horas, descansando los sábados y domingos.

3. Sobre el particular, en el laudo reclamado se determinó la improcedencia de esa prestación, debido a que la parte actora ostentaba la categoría de trabajador de confianza, apoyándose para ello en la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de epígrafe: "TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SUBSECRETARIOS, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y QUIENES OCUPEN PUESTOS DE RANGOS SEMEJANTES EN EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. CARECEN DE DERECHO PARA RECLAMAR EL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO."

Consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.

I. Que el referido criterio contenido en la tesis invocada no le era obligatorio y en modo alguno lo compartía.

II. Que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "JORNADA DE TRABAJO. LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE SU DURACIÓN RECAE EN EL PATRÓN, AUN CUANDO EL TRABAJADOR HAYA DESEMPEÑADO FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN.", reconoció de manera implícita el derecho que asiste a los trabajadores de confianza al reclamar el tiempo extraordinario, en virtud de la existencia del vínculo de subordinación, pues éste no se destruía debido a la naturaleza especial de la relación laboral que implicase un menor grado de control y supervisión.

III. Que ese criterio ya lo había sostenido ese Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el amparo directo laboral 441/2012, porque en ese asunto, al igual que en el juicio de amparo 307/2013, también se afectó al trabajador con motivo de la figura del relevo de funcionario en términos del artículo 45 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, y de igual forma se reclamó la prestación de tiempo extraordinario.

Al efecto, sólo para efectos ilustrativos, se precisa que en el citado amparo directo laboral 441/2012 -promovido por quien refirió haber ostentado el cargo de subdirector en la Dirección de Financiamiento, Deuda y Crédito Público, dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí-, se estimó procedente el pago de tiempo extraordinario, por cuanto que se indicó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia, reconoció de forma implícita el derecho que asiste a los trabajadores de confianza de reclamar el pago de tiempo extraordinario, sin que obste la naturaleza especial de la relación laboral que implica un menor grado de control y supervisión, pero no destruye el vínculo de subordinación.

Lo anterior, indicó, al establecer que la carga de la prueba de la duración de la jornada de trabajo recae en la patronal, inclusive en los casos en que el trabajador ha desempeñado puestos de dirección o administración, en razón a que esa parte se encuentra en mejores condiciones para acreditar tal extremo, ya sea con el contrato, los controles de asistencia o cualquier otro medio eficaz para tal efecto. Tal criterio es de rubro: "JORNADA DE TRABAJO. LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE SU DURACIÓN RECAE EN EL PATRÓN, AUN CUANDO EL TRABAJADOR HAYA DESEMPEÑADO FUNCIONES DE DIRECCIÓN O DE ADMINISTRACIÓN."

Los antecedentes relatados ponen en evidencia que existe contradicción de criterios, porque en los juicios laborales analizados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, prevalecen los siguientes elementos:

a) Los actores se trataron de trabajadores de confianza, ocupando cargos públicos en el servicio público.

b) Las demandadas al dar contestación plantearon la improcedencia de la acción por virtud de la categoría de trabajadores de confianza que tenían los actores.

c) El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito determinó ajustado a derecho la improcedencia del reclamo de tiempo extraordinario, esto al tratarse de una trabajadora de confianza del Gobierno del Estado -delegada regional de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional Zona Media-, quien sostuvo que tenía la obligación de prestar su servicio de tiempo completo de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito consideró que procedía el reclamo de horas extras, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "JORNADA DE TRABAJO. LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE SU DURACIÓN RECAE EN EL PATRÓN, AUN CUANDO EL TRABAJADOR HAYA DESEMPEÑADO FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN.", reconoció de manera implícita el derecho que asiste a los trabajadores de confianza -subdirector de la Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal-, al reclamar el tiempo extraordinario, en virtud de la existencia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25058-6be37d95/tiempo-extraordinario-la-reclamacion-de-su-pago-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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