ARRAIGO. EL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE HIDALGO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 512, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 5 DE AGOSTO DE 2013, QUE LO ESTABLECE, ES INVÁLIDO. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. El Ministro Luis María Aguilar Morales votó en contra de las consideraciones) ARRAIGO PENAL. A PARTIR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, LOS CONGRESOS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, POR SER FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. El Ministro Luis María Aguilar Morales votó en contra de las consideraciones) ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO HABILITA A LOS CONGRESOS LOCALES A LEGISLAR EN ESA MATERIA, CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de los Ministros José Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. El Ministro Luis María Aguilar Morales votó en contra de las consideraciones)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2013. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 27 DE FEBRERO DE 2014. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de febrero de dos mil catorce.
VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2013, promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la acción. Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
Órganos responsables:
a) Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.
b) Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.
Norma general cuya invalidez se reclama:
• El artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, reformado mediante el Decreto Número 512, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, el cinco de agosto de dos mil trece.
SEGUNDO. Artículos constitucionales señalados como violados.
• De la Constitución Federal: artículos 1o., 11, 18, 19, y 21; así como 16, en concordancia con el diverso 73, fracción XXI.
• De la Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículos 7 y 8.
• Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: artículo 9.
• Declaración Universal de los Derechos Humanos: artículos 3, 9 y 13.
TERCERO. Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, adujo en síntesis lo siguiente:
I. El artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, es inconvencional al permitir la aplicación del arraigo, ya que viola los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 3, 9 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tutelan los derechos a la libertad personal y a la audiencia previa; así como los principios pro persona, seguridad jurídica, legalidad, presunción de inocencia, prohibición de detenciones arbitrarias y debido proceso.
Indica que, a partir de la reforma constitucional de diez de junio de dos mil once, se elevaron a rango constitucional los derechos humanos, protegidos en la Ley Fundamental del país, y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano forma parte, cuestión que implica la creación de un bloque de constitucionalidad y convencionalidad, integrado tanto por la ley fundamental, como por los instrumentos internacionales; cuenta habida que se incorporó el principio pro persona, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquello que favorezca y brinde mayor protección a los derechos humanos de las personas.
Que en el ámbito internacional, se ha definido al principio pro persona, mediante dos variantes: a) preferencia interpretativa, según la cual el intérprete ha de preferir, de las interpretaciones válidas disponibles para resolver un caso concreto, la que más optimice un derecho fundamental; y, b) preferencia de normas, de acuerdo con la cual el intérprete, si puede aplicar más de una norma al caso concreto, deberá preferir aquella que sea más favorable a la persona, con independencia del lugar que ocupe dentro de la jerarquía normativa.
Destaca que el artículo 133 de la Constitución Federal contiene el principio de jerarquía normativa, a través del cual, se establece la estructura del orden jurídico mexicano; otorga el rango de ley a los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el Estado Mexicano, lo que implica que, lo pactado en los citados instrumentos supranacionales, queda incorporado al derecho interno mexicano.
Aduce, que no es factible pasar por alto el contenido de los artículos 7 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y, 1 y 2 de la Declaración Interamericana de Derechos y Deberes del Hombre, pues ambos tratados internacionales reconocen que la libertad personal es un derecho del hombre desde que nace, en tanto establece que se nace libre, en dignidad y derechos e igualdad ante la ley. Derechos convencionales que, de igual forma, reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente el artículo 16, que establece el imperativo de otorgar seguridad jurídica para el gobernado y, que la libertad personal sólo puede ser restringida en casos de flagrancia o urgencia del delito, por arraigo o por orden de aprehensión; figuras condicionadas a la existencia de orden emitida por autoridad judicial competente, que funde y motive su decisión; en el entendido que el artículo 11 protege la libertad de deambulación y tránsito de las personas por todo el territorio nacional.
Señala, que si el arraigo consiste en detener a una persona, sin que existan indicios de su responsabilidad penal, con el objeto de investigarla, al contrastar la figura, con los invocados numerales internacionales, es posible abstraer las siguientes conclusiones: dicha figura se traduce en una violación al derecho a la libertad personal y una detención arbitraria, lo que transgrede los principios de presunción de inocencia, seguridad jurídica, legalidad y pro persona; la persona sometida al arraigo, se encuentra en una plena incertidumbre jurídica, pues sin estar sujeto a un procedimiento penal, recibe el tratamiento de indiciado, lo que representa una transgresión a los principios de seguridad jurídica y presunción de inocencia; así como también en una violación al principio de debido proceso, ya que no tiene acceso a ser asesorado por un abogado, ni está en aptitud de presentar pruebas o defenderse, para demostrar su inocencia, lo que significa una violación al derecho de audiencia previa; y al no haber indicios de la responsabilidad de la persona, el arraigo representa una violación al principio pro persona, pues teniendo la autoridad investigadora la oportunidad de aplicar medidas cautelares menos lesivas de los derechos fundamentales, opta por la que más lo agravia y vulnera.
Que el arraigo por las características descritas, amplía las posibilidades de que una persona sea sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Así, la norma impugnada es inconvencional, ya que, al permitir el arraigo, es violatoria del derecho a la libertad personal, del derecho a la audiencia previa, así como de los principios de presunción de inocencia, prohibición de detenciones arbitrarias, seguridad jurídica y debido proceso, que incluye el derecho a ser asistido por un defensor; además, amplía las posibilidades de que una persona sea sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que debe ser invalidada; tomando como base el principio pro persona, establecido en el artículo 1o. constitucional, el que ordena a toda autoridad del Estado Mexicano, privilegiar la norma que en mayor medida proteja los derechos fundamentales de las personas.
Aduce que este Alto Tribunal, al resolver la presente acción de inconstitucionalidad, debe privilegiar, como parámetro de control de la norma impugnada, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ordenamiento jurídico que otorga mayor protección a los derechos de las personas.
Que si bien es cierto, que la figura del arraigo constituye una medida precautoria, que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la etapa de averiguación previa, ante la posibilidad de que aquel se sustraiga de la acción de la justicia y, para decretarlo, se precisa que la solicite expresamente el Ministerio Público al Juez competente; la existencia de una averiguación previa, en la que se prepare el ejercicio de la acción penal, en contra de la persona de quien se solicite el arraigo; y, que exista el riesgo fundado de que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia. No se puede pasar por alto, que la citada figura tiene como efecto, la privación de la libertad personal del sujeto arraigado, pues el obligar a una persona a permanecer dentro de un determinado inmueble, bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y persecutora, impidiéndole realizar cualesquiera de las actividades que cotidianamente realiza, indiscutiblemente tiene como consecuencia que el arraigado no pueda obrar con libertad, pues se le impide salir del inmueble, lo que se traduce en la afectación a su libertad.
Motivos por los cuales, considera que la figura del arraigo es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la medida que se limita el derecho de libertad personal al impedir, sustancialmente: a) que el arraigado disfrute de la libertad personal y de tránsito; b) que sea puesto a disposición del Juez y ejerza el debido proceso; c) se presuma inocente; y, d) se respeten sus derechos humanos; ante lo cual el arraigo debe ser considerado inconvencional. Cita en apoyo la tesis I.4o.A.2 K (10a.), de rubro: "PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS COMPATIBLES CON SU NATURALEZA."
II. En su segundo concepto de invalidez el promovente aduce que el precepto impugnado, también resulta contrario al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, que faculta en exclusiva, al Congreso de la Unión, a legislar en materia de delincuencia organizada, bajo la premisa esencial de que el precepto 16, párrafo octavo, de la citada norma, expresamente dispone que el arraigo sólo podrá decretarse en delitos de esa naturaleza. Criterio confirmado por la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y LOS CONGRESOS LOCALES CONTABAN CON FACULTADES CONCURRENTES PARA LEGISLAR EN ESTA MATERIA (CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 DE JUNIO DE 2008)."
Señala que el artículo 16, párrafo octavo, de la Constitución Federal, que autoriza el arraigo, únicamente para delitos de delincuencia organizada, previo a la reforma al artículo 1o. constitucional del diez de junio de dos mil once, que introduce el principio pro persona, por lo que debe ser revisado a la luz de estos nuevos contenidos constitucionales, es parte de una reforma integral para instalar el sistema penal acusatorio, publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación del dieciocho de junio de dos mil ocho. Al respecto, transcribe el artículo décimo primero transitorio, del referido decreto.
III. El artículo tildado de inconstitucional, al establecer que la autoridad judicial puede autorizar al arraigo para delitos graves, es violatorio del artículo 16 constitucional, al contrariar los principios de seguridad jurídica y legalidad.
La norma impugnada permite que la autoridad judicial, a solicitud del Ministerio Público, autorice el arraigo de una persona cuando se trate de delitos graves; singularidad que torna inconstitucional la norma impugnada, pues amplía los casos del arraigo, más allá de la delincuencia organizada, como en los delitos graves que se califican en el artículo 119 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, del que se advierte que entre ellos se encuentra el daño en propiedad, lesiones, extorsión, conductas que no se encuentran relacionadas con la delincuencia organizada, lo que resulta totalmente alejado a la razonabilidad.
Que si el legislador secundario aborda esta figura, deberá hacerlo bajo el enfoque del principio de ultima ratio, pues al ser una medida cautelar, per se, atentatoria del derecho a la libertad de tránsito y libertad personal, además de inconvencional, debe permitirse únicamente en situaciones extremas, en la especie, por delitos de delincuencia organizada, lo que no acontece en el caso de la norma impugnada. Lo anterior, también ha sido confirmado en las siguientes tesis, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y de la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubros: "ARRAIGO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL Y DE TRÁNSITO." y "ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL."
CUARTO. Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil trece, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 22/2013 y, por razón de turno, tocó fungir como instructor al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Por auto de cinco de septiembre siguiente, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Hidalgo, para que rindieran sus respectivos informes; así como al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde, quien no hizo ninguna manifestación al respecto.
QUINTO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. El gobernador del Estado de Hidalgo, José Francisco Olvera Ruiz Ochoa, al rendir su informe, señaló en síntesis lo siguiente:
Que es inexacto y carente de sustento lo argumentado por la parte promovente, toda vez que el artículo 132 del Código Adjetivo Penal del Estado de Hidalgo, señala que el Ministerio Público podrá solicitar la medida cautelar al Juez para asegurar el éxito de la Investigación, la protección de personas, bienes jurídicos y con base en elementos probatorios que hagan posible que el inculpado pueda sustraerse de la acción de la justicia, considerando además de que se trata de delitos graves que contempla la misma legislación, luego entonces la medida de arraigo, válida en la etapa de averiguación previa, no será decretada por la propia autoridad administrativa, sino que tendrá que ser decretada por el Juez de la materia y con base en las exigencias y supuestos que la misma ley establece.
La ley bajo estudio no es violatoria de derechos humanos, pues los funcionarios que deban cumplir con la ley deberán hacerlo siempre observando la protección de los ciudadanos contra actos ilegales y velando siempre cumplir con su alto grado de responsabilidad profesional.
Recalcó que el arraigo es una medida cautelar de carácter excepcional, de ahí lo infundado de lo que argumentó la promovente, pues no toma en cuenta lo excepcional de la medida, su modalidad, sus causales, el objeto de la misma, y principalmente los requerimientos procesales que son de estricto derecho y que son exigidos por el legislador, concediéndole la exclusividad en el otorgamiento a un Juez penal que se hará responsable de decretarla y vigilarla desde luego fundando y motivando la razón de su proceder.
Es importante señalar que no se deben desatender los derechos humanos de las víctimas o del sujeto pasivo del delito considerado como grave en esta legislación procesal penal.
SEXTO. Informe del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo. El diputado José Ernesto Gil Elorduy, diputado presidente de la directiva (sic) del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, al rendir su informe, señaló en síntesis lo siguiente:
El primer concepto de invalidez del promovente es inexacto y carece de validez, toda vez que la imposición de la medida de arraigo deviene de un control jurisdiccional y no administrativo, teniendo exigencias jurídicas y procesales para su procedencia, las cuales deben ser observadas tanto por la autoridad que la solicita (Ministerio Público) como por la autoridad que la ordena (Juez Penal), siendo sus requisitos esenciales, mismos que están contenidos dentro del artículo impugnado los siguientes:
1. Se impute la comisión de un delito considerado como grave,
2. Sea solicitado por el Ministerio Público y siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando existan pruebas que hagan posible que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia,
3. Deberá señalarse por la solicitante de la medida, la proporcionalidad y la necesidad de ésta, y señalar el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación previa,
4. La persona arraigada deberá estar supervisada por el Juez que otorga la medida,
5. Las pruebas que se desahoguen durante esta medida cautelar deben sujetarse al principio de legalidad y pleno respeto a los derechos humanos para su validez.
Aunado a los anteriores requisitos, con base en una orden estrictamente fundada y motivada, se deberá señalar la duración del arraigo para la práctica de diligencias, el domicilio cierto en que habrá de cumplirse el arraigo, la orden de certificación médica al inicio y conclusión de éste, la orden de presentar al arraigado ante el Ministerio Público o ante el Juez cuantas veces sea requerido por éstos (con las medidas de seguridad que se consideren pertinentes en el caso) y finalmente señalará el Juez quien ejercerá el control de la medida cautelar.
Es por esto que es infundado lo argumentado por la promovente, pues dicha medida cautelar no es un encarcelamiento arbitrario, ni una decisión unilateral de la autoridad administrativa que tenga por finalidad la privación ilegal de la libertad fuera de toda observancia legal, sino es una resolución judicial apegada a derecho y a los más altos requerimientos para preservar los derechos humanos de los particulares.
Esta decisión judicial deberá estar debidamente fundada y motivada, de lo que se desprende que es inválido argumentar que dicha medida viole el principio de seguridad jurídica.
Por otro lado, es inexacto que se argumenten cuestiones no fácticas, tal es el caso, de los pronunciamientos del Subcomité de las Naciones Unidas para la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues se hacen en el contexto de Estados totalitarios y antidemocráticos, en los que la autoridad decide el arraigo de forma discrecional, sin control de justicia y sin observar parámetros y exigencias legales para su emisión.
Además, es inexacto argumentar que viola instrumentos internacionales, toda vez que en los artículos transitorios se hace mención al requisito de garantizar un trato humano y con pleno respeto a derechos humanos.
Los conceptos de violación que señaló como segundo y tercero, resultan inexactos, toda vez que la Constitución Federal no prohíbe en ningún caso y bajo ningún supuesto al Estado de la Federación, regular en materia penal, delitos graves y menos la figura del arraigo como medida cautelar.
SÉPTIMO. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil trece, quedó cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo y la Constitución Federal, así como diversos tratados internacionales.
SEGUNDO. Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(1) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial; asimismo, señala que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
El "Decreto Número 512 por el que se reforma el artículo 132 y se deroga el artículo 133 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo", se publicó el cinco de agosto de dos mil trece en el Periódico Oficial de la entidad, tal como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado en las páginas cuarenta y nueve y siguientes del expediente. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del miércoles seis de agosto al miércoles cuatro de septiembre de dos mil trece.
En el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la página cuarenta y siete del expediente, la demanda se presentó el martes tres de septiembre de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es evidente que la presentación de la demanda es oportuna.
TERCERO. Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las acciones de inconstitucionalidad se podrán promover por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal.
En el caso concreto, Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, suscribe la demanda de la presente acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo. Tal carácter lo acredita con la copia simple de su designación en ese cargo, en virtud de la constancia firmada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, donde se le comunica que, en sesión de cinco de noviembre de dos mil nueve, la citada Cámara lo eligió como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el lapso de cinco años, que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil nueve al quince de noviembre del dos mil catorce.(2)
Además, es un hecho notorio para este Alto Tribunal, que efectivamente el citado funcionario es el presidente de la referida comisión.(3) Sirve de apoyo la jurisprudencia número P./J. 74/2006,(4) de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO."
Por su parte, los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(5) y 18 de su reglamento interno,(6) establecen que la representación de la mencionada institución corresponde a su presidente. En consecuencia, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para acudir, como actor, a este medio de control constitucional.
CUARTO. Causas de improcedencia. En virtud de que en este asunto no se hacen valer causas de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno, se debe proceder al estudio de los conceptos de invalidez hechos valer por el accionante.
QUINTO. Estudio de fondo. Por cuestión de método se analizarán los conceptos de invalidez segundo y tercero, en los que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aduce esencialmente que el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, reformado mediante el Decreto Número 512, resulta contrario al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución, que faculta en exclusiva al Congreso de la Unión a legislar en materia de delincuencia organizada, bajo la premisa esencial de que el precepto 16, párrafo octavo, de la citada norma, expresamente dispone que el arraigo sólo podrá decretarse en delitos de esa naturaleza. Ver votación
Dichos conceptos son fundados, conforme a lo siguiente:
En virtud de la reforma indicada, el citado artículo 132 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo quedó redactado de la siguiente forma:
"Artículo 132. Cuando con motivo de la integración de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el arraigo la persona a quien se le impute la comisión y/o su intervención en la comisión de un delito considerado como grave, podrá solicitarlo al Juez, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando existan pruebas que hagan posible, que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
"En el pedimento de arraigo, debe expresarse la proporcionalidad y necesidad de la medida y señalar el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación previa, el cual no deberá exceder de diez días naturales, pudiendo prorrogarse exclusivamente hasta por cinco días naturales más, bajo los mismos requisitos, fundando y motivando la petición.
"La persona indiciada quedará arraigada, bajo vigilancia material del agente de investigación y la supervisión del Juez que otorga la medida, en el domicilio que señale la autoridad solicitante, que será distinto a las áreas de detención. La persona arraigada deberá ser presentada ante el Ministerio Público o ante el Juez cuantas veces sea requerida por éstos.
"Las pruebas que se desahoguen durante esta medida cautelar, deben sujetarse al principio de legalidad y pleno respeto (sic) los derechos humanos, para su validez.
"En casos de flagrante delito, resulta inoperante autorizar la medida cautelar de referencia.
"En caso de que la persona arraigada quebrante dicha medida precautoria, se considerará que existe riesgo fundado de que pretende sustraerse de la acción de la justicia, para los efectos previstos en el artículo 118 de este código, sin perjuicio de los delitos que se configuren con dicha conducta.
"El Juez ante quien se solicite la medida precautoria, resolverá en un término no mayor de veinticuatro horas lo conducente; si considera procedente, dictará la autorización en la cual se deberá indicar:
"a) El tiempo de duración del arraigo para la práctica de las diligencias;
"b) El domicilio cierto en que habrá de cumplirse el arraigo;
"c) Ordenará la certificación médica del arraigado al inicio y conclusión de éste;
"d) Ordenará que el arraigado deberá ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez cuantas veces sea requerido por éstos, con las medidas de seguridad que se consideren pertinentes al caso; y
"e) Precisará que será el Juzgador quien ejercerá el control de la medida cautelar, por lo que ante el incumplimiento de cualesquiera de las condiciones en que deba cumplirse el arraigo, ordenará se levante dicha medida, sin perjuicio de las responsabilidades que por incumplimiento se deriven y se dará vista al Ministerio Público adscrito."
Ahora bien, en primer lugar, conviene traer a colación lo determinado por este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 20/2003, resuelta el seis de septiembre de dos mil cinco, dada su vinculación al tema del arraigo que nos ocupa.
Al respecto, se sostuvo:
"Ahora bien, el artículo 122 bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, cuya invalidez se solicita, establece, como ya se dijo, la figura jurídica del arraigo penal, la cual tiene la doble finalidad de facilitar la integración de la averiguación previa como, llegado el caso, evitar que se imposibilite el cumplimiento de la eventual orden de aprehensión que llegue a dictarse, de donde se infiere que no obstante que la averiguación todavía no arroje datos que conduzcan a establecer que en el ilícito tenga probable responsabilidad penal una persona, se puede ordenar la afectación de su libertad personal hasta por un plazo de treinta días, sin que al efecto se justifique tal detención con un auto de formal prisión en el que se le den a conocer los pormenores del delito que se le imputa, ni la oportunidad de ofrecer pruebas para deslindar su responsabilidad.
"En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el precepto legal impugnado, los elementos de prueba que obran en la averiguación previa aún no son suficientes para que hagan probable la responsabilidad del indiciado y que pueda solicitar la orden de aprehensión, sino que requiere de mayor investigación, pero ante la existencia del riesgo de que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia, se solicita la orden de arraigo, de tal suerte que sin cumplir aún con los requisitos que para la afectación de la libertad exigen los preceptos de la Constitución Federal, al indiciado se le restringe su libertad personal sin que se le dé oportunidad de defensa, sino hasta que se integre la averiguación previa y, de resultar probable responsable en la comisión de un delito, sea consignado ante la autoridad judicial para que se le instruya proceso penal.
"Así, la detención de una persona a través del arraigo previsto en el precepto legal impugnado, se prolonga hasta por treinta días sin que se justifique con un auto de formal prisión como lo ordena el párrafo primero del artículo 19 constitucional.
"A mayor abundamiento, cabe observar que ni aun tomando como transgredido por el arraigo tantas veces mencionado el artículo 11 constitucional, podría llegarse a conclusión distinta a la que se ha señalado.
"En efecto, el citado precepto constitucional prevé:
"‘Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25068-60e85686/arraigo-el-articulo-132-del-codigo-de-procedimientos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE HIDALGO. EL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DE ESA ENTIDAD, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 5 DE DICIEMBRE DE 2011, (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO OBSTANTE QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE HIDALGO ESTÉ ABROGADO, NO SE ACTUALIZA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ALGUNA, YA QU (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. INCOMPETENCIA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA EXPEDIRLA (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES AS (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. I (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DETERMINACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. SI EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA SE TRAMITÓ CONFORME AL SISTEMA PROCESAL PENAL TRADICIONAL, DEBE IMPUGNARSE POR MEDIO DEL RECURS (I.7o.P.73 P (10a.))
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN (P./J. 104/2008)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DAR EFECTOS RETROACTIVOS A LA SENTENCIA QUE DECLARE LA INVALIDEZ DE NORMAS LEGALES EN (45)
- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN INVOCAR COMO HECHOS NOTORIOS LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DICTADAS POR ELLOS (54)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis