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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO OBSTANTE QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE HIDALGO ESTÉ ABROGADO, NO SE ACTUALIZA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ALGUNA, YA QUE LAS NORMAS IMPUGNADAS SON APLICABLES A LOS PROCESOS PENALES INICIADOS POR HECHOS QUE HUBIERAN OCURRIDO EN FECHA ANTERIOR A LA ENTRADA EN VIGOR DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 497, 498, 499, 500, 501 Y 502 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE HIDALGO). III. LEGISLACIÓN SOBRE SENTENCIA PENAL ANTICIPADA. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 497, 498, 499, 500, 501 Y 502 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE HIDALGO). IV. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 497, 498, 499, 500, 501 Y 502 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE HIDALGO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 497, 498, 499, 500, 501 Y 502 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE HIDALGO). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 497, 498, 499, 500, 501 Y 502 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE HIDALGO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 75/2016. · Registro digital (IUS): 28335
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-02-08
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Pág. 116.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 75/2016. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 26 DE JUNIO DE 2018. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiséis de junio de dos mil dieciocho.

VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 75/2016, promovida por la procuradora general de la República; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la acción. Mediante oficio presentado el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

Órganos responsables:

1. Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

2. Poder Legislativo del Estado de Hidalgo

Norma general cuya invalidez se reclama:

El Decreto Número 684, por el cual se adiciona el título séptimo: "Sentencia anticipada", que contiene los artículos 497, 498, 499, 500, 501 y 502 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el uno de agosto de dos mil dieciséis.

SEGUNDO.—Artículos constitucionales violados. La promovente estima violados los artículos 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo tercero transitorio del decreto de reformas a la Constitución Federal, de ocho de octubre de dos mil trece.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, adujo, en síntesis, lo siguiente:

Primero. Considera que, al emitir el Congreso del Estado de Hidalgo, el decreto impugnado (artículos 497, 498, 499, 500, 501 y 502 del Código de Procedimientos Penales para el Estado), invadió el ámbito de competencia constitucional reservado a favor del Congreso de la Unión, cuyo inciso c), fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Federal, establece la facultad exclusiva del Congreso General para expedir la legislación única en materia procedimental penal.

Así, aduce que los numerales contenidos en dicho decreto prevén una figura jurídica de naturaleza adjetiva penal denominada "sentencia anticipada", en donde el Ministerio Público puede solicitar al Juez de la causa la emisión de ésta, previendo los requisitos de procedencia, reducción de la pena, medidas de seguridad y reparación del daño, así como del procedimiento que debe sustanciar el Juez, el papel de la víctima u ofendido y del procesado.

Que a partir de la entrada en vigor de la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de octubre de dos mil trece, las entidades federativas, incluyendo el Estado de Hidalgo, ya no pueden expedir legislación en materia procesal penal, pues el Constituyente dotó al Congreso de la Unión de la potestad legislativa exclusiva para emitir leyes encaminadas a regular, en toda la nación, la materia procedimental penal, los mecanismos alternativos de solución de controversias, la ejecución de penas y la justicia penal para adolescentes.

De esta forma, considera que con el decreto impugnado, el Congreso de Hidalgo desborda su ámbito de facultades legislativas, ya que dispone de un procedimiento para que el Ministerio Público solicite al Juez de la causa la emisión de una sentencia anticipada, siempre que la víctima u ofendido no se oponga y que el procesado tenga conocimiento del contenido y alcances de dicha sentencia, admita la responsabilidad plena del delito o delitos y acepte ser sentenciado conforme a la acusación contenida en la solicitud, lo cual regula una forma de actuación del Ministerio Público y del Juez dentro de un juicio penal.

Que si bien el Congreso de la entidad, con motivo de la expedición del decreto impugnado, refiere que la adición del título séptimo tuvo como objeto que la administración de justicia procesal sea expedita, completa, imparcial y ajustada a derecho para mejorar las condiciones de los procedimientos que se dirimen con fundamento en el código procesal, y que su aplicación correspondería a los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que vulnera los artículos 73, fracción XXI, inciso c), constitucional y tercero transitorio del decreto de ocho de octubre de dos mil trece, ya que las entidades federativas, incluyendo el Estado de Hidalgo, ya no pueden expedir legislación en materia procedimental penal, pues, en todo caso, para lo único que están facultadas es para seguir aplicando la legislación local que se encontraba vigente al momento en que se publicó la reforma constitucional de mérito y hasta antes de que entrara en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Segundo. Aduce violación al artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de octubre de dos mil trece, por el que se reformó el numeral 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, del que se desprende que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación única expedida por el Congreso de la Unión serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos, lo que tuvo como finalidad no dejar sin regulación éstos mientras el Congreso Federal expedía la legislación correspondiente.

Así, las entidades federativas debían y deben seguir aplicando la legislación vigente a los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, de ello no puede inferirse que se les habilite a modificar los códigos adjetivos anteriores, lo cual se corrobora con el artículo tercero transitorio del decreto de cinco de marzo de dos mil catorce, por el que se expidió el citado Código Nacional de Procedimientos Penales.

De ahí, considera que el decreto impugnado es inconstitucional, toda vez que los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, deben sustanciarse de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de éstos.

Tercero. Aduce violación a los principios de certeza y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, pues considera que con la adición de los artículos 497, 498, 499, 500, 501 y 502 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, se genera confusión entre los gobernados y los operadores jurídicos, ya que no hay certidumbre de a qué procedimientos le son aplicables ante una solicitud de sentencia anticipada.

Finalmente, señala que la falta de certeza y seguridad jurídica se hacen todavía más patentes al analizar el contenido del artículo transitorio único del decreto impugnado que refiere a que éste entrará en vigor a los treinta días después de su publicación, sin que aclare que sólo serán aplicados a los procedimientos incoados con anterioridad a la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual, a pesar de que así se hubiera realizado, no obligaría a que sean aplicados a esos procedimientos, dado que lo único que resulta obligatorio es el régimen transitorio de las normas.

CUARTO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 75/2016 y, por razón de turno, tocó fungir como instructor al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Por auto de treinta de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Hidalgo, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.

• Respecto del primer concepto de invalidez, señala que si bien con la reforma constitucional, a partir del ocho de octubre de dos mil trece, es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia procesal penal y crear una legislación única, lo cierto es que siguen vigentes las normas procesales penales de cada una de las entidades federativas con relación a los procedimientos iniciados antes de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, mismas que la realidad hace necesario revisar y actualizar, a efecto de cumplir con una debida protección a los derechos humanos y a los principios de legalidad y certeza jurídica, sin que ello implique la invasión de la competencia federal.

• Que el Decreto Número 684, de ningún modo tiene el efecto de expedir, modificar, adicionar, abrogar, derogar o afectar las normas procesales que recogen el Sistema Penal Acusatorio, pues no inciden en la expedición, vigencia, interpretación, observancia y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se circunscribe a la adición de normas al Código de Procedimientos Penales para el Estado, el cual se aplica exclusivamente a procedimientos penales que se siguen y resuelven con el sistema procesal penal anterior, por lo que, al legislar el Estado en esta materia, no se invade la competencia federal, misma que se circunscribe a la expedición de normas procesales penales aplicables al nuevo sistema.

• Aduce que la Legislatura de Hidalgo, a propósito del decreto impugnado, no dio pie a ninguna legislación única en materia procedimental penal y no interfiere en la producción de ésta y, por lo mismo, no afecta el sentido de la "cláusula federal", habida cuenta que adicionó el Código de Procedimientos Penales para el Estado atendiendo a dos objetivos jurídicamente permisibles, como el incorporar el beneficio de la "sentencia anticipada", en el sentido de hacer posible que se adoptara la figura bajo la convicción de que se asocia a la realización del derecho fundamental de una justicia pronta y expedita, atento al artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal y, de ese modo, agilizar la operatividad plena y única del sistema penal acusatorio adversarial.

• En cuanto al segundo concepto de invalidez, señala que si bien, por un principio general de derecho, todo procedimiento penal no acusatorio debe seguirse dirimiendo hasta su conclusión con las normas del Código de Procedimientos Penales vigente al momento de la comisión de los hechos, ello no es una limitante para que puedan hacerse reformas a ese cuerpo legal e, incluso, ser aplicadas de manera retroactiva en beneficio de los procesados, por lo que el Decreto Número 684 no transgrede el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de octubre de dos mil trece, pues su sentido y alcance tratan de la aplicación jurisdiccional de normas y no de un conflicto de competencia legislativa.

• Finalmente, respecto del tercer concepto de invalidez, aduce que es incorrecta la apreciación de la Procuraduría General de la República, toda vez que es de explorado derecho y conforme a las máximas jurídicas, que a todo ciudadano únicamente le corresponde argumentar y hacer valer los hechos, y será la autoridad quien tiene la obligación de aplicar el derecho primando siempre la protección a los derechos humanos en los que están inmersos los principios de seguridad y certeza jurídica, por lo que no existe sustento que permita sostener que pueda existir confusión, pues aun en el extremo de que algún operador jurídico o justiciable realizara un procedimiento de sentencia anticipada de manera diversa a la prevista, ello no se debería a la expedición del decreto cuestionado, sino a una indebida interpretación de las normas en comento, lo cual podría ocurrir con cualquier precepto legal.

SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.

• En cuanto al primer concepto de invalidez, señala que no existe violación al artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, en virtud de que la expedición de las adiciones al Código de Procedimientos Penales para el Estado no implican a la materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, ya que el decreto controvertido no afecta las normas procesales que recogen el sistema penal acusatorio, no incidiendo en la observancia y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• Aduce que dichas adiciones se circunscriben, esencialmente, al campo de acción contenido en el código estatal que se aplica exclusivamente a procedimientos penales que aún siguen y se resuelven con el sistema procesal penal anterior, y si bien el citado código fue abrogado, lo cierto es que mantiene una aplicabilidad para todo procedimiento penal de índole no acusatorio.

• Luego, respecto del segundo concepto de invalidez, indica que la observancia de las normas adicionadas al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo es una cuestión de aplicación jurisdiccional de normas y no un conflicto de competencia legislativa, toda vez que el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de octubre de dos mil trece, admite, al menos, dos interpretaciones, la primera, de índole literal, según la cual todo procedimiento penal no acusatorio debe seguirse dirimiendo hasta su conclusión con las normas del código procedimental penal federal o local y, la segunda, rigurosa, que permite entender que todo procedimiento penal no acusatorio de seguirse dirimiendo hasta su conclusión con las normas de los citados códigos que se hallaban expedidos, sin descartar que pueden aplicarse ulteriormente enmiendas de acuerdo con las reglas y principios constitucionales, convencionales y legales que regulan la posibilidad de aplicación retroactiva de normas.

• Así, aduce, la elección de alguna de las dos vertientes interpretativas implica una cuestión de aplicación jurisdiccional de normas a cada caso concreto y no un conflicto de competencia legislativa, pues si uno de los agentes del Ministerio Público Local planteara la solicitud de sentencia anticipada, el juzgador penal del sistema no acusatorio del fuero común tendría que decir si es debido aplicar las adiciones al Código de Procedimientos Penales para el Estado, interpretando lo dispuesto por el citado artículo tercero transitorio, lo cual, en su caso, podría ameritar la impugnación que correspondiera.

• Finalmente, en cuanto al tercer concepto de invalidez, menciona que si el decreto combatido no incluyó un artículo transitorio que estableciera expresamente que tal es aplicable a los procedimientos penales no acusatorios, en nada genera incertidumbre ni inseguridad en los justiciables y operadores jurídicos, pues dicha mención sería innecesaria, en razón de que es imposible aplicar los numerales 497 a 502 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Hidalgo a un procedimiento penal acusatorio, el cual se rige por las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

• De esta forma, las diversas normas constitucionales y legales que delimitaron la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales y de los códigos de procedimientos penales locales son lo suficientemente evidentes para no incurrir en confusión, y aun en el extremo de que algún justiciable u operador jurídico así quisiera entenderlo, no se debería a la expedición del decreto cuestionado, sino a una indebida interpretación de las normas en comento.

SÉPTIMO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, quedó cerrada la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c),(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, por virtud de lo dispuesto en el artículo décimo sexto transitorio(2) del decreto de reforma respectivo; 10, fracción I(3) y 11, fracción V,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre los artículos 497, 498, 499, 500, 501 y 502 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.—Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60(5) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, y señala que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

El Decreto Número 684 por el que se adicionan los artículos 497, 498, 499, 500, 501 y 502 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, ahora controvertidos, se publicó el lunes uno de agosto de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial de la entidad y, por ende, conforme a lo asentado en el párrafo precedente, el plazo legal para promover la presente acción transcurrió del martes dos al miércoles treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.

En el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la foja dieciocho del expediente, la demanda se presentó el lunes veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es evidente que su presentación es oportuna.

TERCERO.—Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe el presente medio de control constitucional Arely Gómez González, en su carácter de procuradora general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su nombramiento en ese cargo, por parte del presidente de la República (foja diecinueve de autos).

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, por virtud de lo dispuesto en el artículo décimo sexto transitorio del decreto de reforma respectivo, faculta al procurador general de la República para ejercer la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano y, en el caso, como se ha indicado, se combate un decreto que reforma diferentes preceptos contenidos en una normativa local.

Así, conforme a lo razonado, y atento a lo dispuesto en el artículo 11, primer párrafo,(6) de la ley reglamentaria de las fracciones I y II del propio artículo 105, aplicable en términos del diverso numeral 59(7) de la propia ley, la promovente de este medio impugnativo cuenta con la legitimación para intentarlo, pues acredita su cargo y, además, impugna disposiciones de carácter general contenidas en una ley local que estima contrarias a la Norma Fundamental.

Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 98/2001, de rubro y texto siguientes:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES.—El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."(8)

CUARTO.—Causas de improcedencia. En este asunto no se hacen valer causas de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno.

No obstante ello, no pasa desapercibido para este Tribunal Pleno que, de conformidad con el transitorio tercero del Decreto 208, publicado el veinticinco de agosto de dos mil catorce, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo quedó abrogado, salvo en lo relativo a la ejecución de sanciones penales y medidas para adolescentes, en términos de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo reformada, así como la Ley Procesal de Sanciones Penales y Medidas para Adolescentes del Estado de Hidalgo, hasta en tanto entrara en vigor la nueva legislación nacional en esta materia, en el Primer Circuito Judicial, con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo, únicamente en el Distrito Judicial de Pachuca de Soto, a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales e inicio del sistema procesal acusatorio.

Asimismo, de conformidad con el transitorio tercero del Decreto 429, publicado el dieciocho de mayo de dos mil quince, por el que se aprueba la solicitud de declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales e inicio del Sistema Procesal Acusatorio en dieciséis Distritos Judiciales del Estado de Hidalgo, así como la abrogación de los Códigos de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, publicado el nueve de junio de mil novecientos noventa; y el Procesal Penal para el Estado de Hidalgo, publicado el catorce de marzo de dos mil once, el propio código quedó abrogado de manera progresiva y gradual, salvo en lo relativo al sistema de justicia integral para adolescentes, la ejecución de sanciones penales y medidas para adolescentes en términos de la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo reformada, así como la Ley Procesal de Sanciones Penales y Medidas para Adolescentes del Estado de Hidalgo, hasta en tanto entrara en vigor la nueva legislación nacional en esta materia, en el resto de los Distritos Judiciales del Estado de Hidalgo, conforme fuera iniciando su vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales, no debiendo exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis.

Por lo que el Código de Procedimientos Penales se encontraba abrogado, incluso, desde la fecha de publicación de las normas impugnadas, no obstante ello, se realizaron las reformas impugnadas, pues conforme al artículo cuarto transitorio del citado Decreto 429, "... los procedimientos penales iniciados por hechos que ocurran con fecha anterior a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos."

Así, aun cuando el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, a la fecha de la resolución de este asunto, esté abrogado, no se actualiza causa de improcedencia alguna, en tanto las normas impugnadas son aplicables a los procesos penales iniciados por hechos que hubieran ocurrido en fecha anterior a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Máxime que la declaración de invalidez de las sentencias que en estos juicios tiene efectos retroactivos en materia penal, según lo dispuesto por los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria; por lo que, de igual manera, el que se encuentre abrogado el código de procedimientos aludido, no afecta la procedencia de este asunto.

Así, al no actualizarse alguna causa de improcedencia, se procede al estudio de fondo de este asunto.

QUINTO.—Estudio de fondo. En su primer concepto de invalidez, la procuradora general de la República sostiene, en esencia, que el Decreto Número 684, por el cual se adiciona un título séptimo denominado "Sentencia anticipada", que contiene los artículos 497, 498, 499, 500, 501 y 502 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, es inconstitucional, al pretender regular cuestiones propias del proceso penal y, con ello, invadir la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, consistente en la facultad para expedir la legislación única en materia procedimental penal, prevista en el numeral 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal.

Es fundado el argumento anteriormente referido, en atención a las consideraciones que se desarrollan a continuación. Los artículos impugnados establecen lo siguiente:

"Título séptimo

"Sentencia anticipada

"Artículo 497. Después de dictado auto de formal prisión o de sujeción a proceso y hasta antes de dictarse sentencia definitiva, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez de la causa la emisión de la sentencia anticipada, esto en los casos en los que el procesado acepte, debidamente informado, su plena responsabilidad penal en el delito o delitos que se le atribuyen; no exista oposición de la víctima u ofendido, y se halle debidamente garantizada la reparación del daño.

"La oposición expresa de la víctima u ofendido, aun infundada, será impedimento para que se admita a trámite la solicitud de la sentencia anticipada o para que se autorice la misma. Sólo en los casos en donde se trate de delitos en donde no se haya victimizado a persona física alguna con la conducta que haya sido tipificada, la víctima estará representada por el Ministerio Público, para efectos de este título."

"Artículo 498. A la solicitud de sentencia anticipada, el Ministerio Público deberá acompañar el escrito en el que especifique la acusación, al tenor de lo previsto en el artículo 426 de este código, y solicitará la aplicación de las penas y medidas de seguridad que estime procedentes, así como el monto de reparación del daño. Al efecto, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de la pena de prisión en los siguientes términos:

"a. De hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, esto cuando el procesado no ha sido previamente condenado por delito doloso y el delito por el cual se solicita la sentencia anticipada tenga prevista, incluidas las atenuantes o agravantes, una pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, o

"b. De hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, en cualquier otro caso.

"Si al momento de esta solicitud ya existiere acusación formulada, la misma quedaría modificada en los términos de la acusación que se hace con la solicitud de sentencia anticipada, desde luego, a reserva de lo que se resuelva ulteriormente, según lo previsto en el artículo 501 de este código.

"De igual manera, a la solicitud de sentencia anticipada, el Ministerio Público deberá acompañar autorización del superior jerárquico que al efecto designe el procurador general de Justicia en el Estado.

"En su caso, también se podrá acompañar a la solicitud la conformidad por escrito de la víctima u ofendido con la solicitud de la sentencia anticipada, misma que deberá establecer con toda claridad que la víctima u ofendido conoce los derechos que la ley le confiere; el contenido y los alcances de emisión de la sentencia anticipada; el derecho que tiene a oponerse a la solicitud de sentencia anticipada, y el contenido y los términos de la solicitud de sentencia anticipada.

"Si no se presenta dicha conformidad, el Juez mandará hacer saber a la víctima u ofendido los derechos que la ley le confiere; el contenido y los alcances de la emisión de la sentencia anticipada; el derecho que tiene a oponerse a la solicitud de sentencia anticipada; el contenido de la solicitud de sentencia anticipada, y el contenido del escrito del Ministerio Público en el que se especifica la acusación, se hace la solicitud de aplicación de penas y medidas de seguridad y se precisa el monto de reparación del daño. En delitos de víctima u ofendido de carácter abstracto, se entenderá que la víctima u ofendido están representados por el Ministerio Público."

"Artículo 499. Colmados los requisitos para la solicitud, el Juez fijará día y hora, dentro de los cinco días siguientes, para la celebración de una audiencia, con citación del procesado y su defensor, el Ministerio Público y la víctima u ofendido. La incomparecencia injustificada de la víctima u ofendido no impedirá que se celebre la audiencia ni que se resuelva sobre la solicitud de emisión de la sentencia anticipada.

"Cuando comparezca la víctima u ofendido, el Juez deberá verificar que la víctima u ofendido tiene conocimiento de los derechos que la ley le confiere y de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28335-2bfc2166/i-accion-de-inconstitucionalidad-no-obstante-que-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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