I. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. INCOMPETENCIA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA EXPEDIRLA (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL POR PROVENIR DE UN ÓRGANO INCOMPETENTE PARA EMITIRLA (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 13 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 107/2014. 20 DE AGOSTO DE 2015. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinte de agosto de dos mil quince.
VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 107/2014, promovida por el procurador general de la República; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de la acción. Mediante oficio presentado el diez de diciembre de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Murillo Karam, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:
Órganos responsables:
1. Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.
2. Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.
Normas generales cuya invalidez se reclaman:
• Los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Hidalgo, publicados mediante Decreto 222, en el Periódico Oficial del referido Estado, el diez de noviembre de dos mil catorce.
SEGUNDO.-Artículo constitucional violado. El promovente estima violado el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.-Concepto de invalidez. En su único concepto de invalidez, adujo, en síntesis, lo siguiente:
1. Manifiesta que los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Hidalgo, son inconstitucionales, en virtud de que invaden la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, previstas en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el referido inciso establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal. Conforme al proceso legislativo de reforma constitucional que dio lugar al actual texto de la citada fracción XXI, el Constituyente consideró de gran importancia que existiera una sola legislación procesal penal, en lugar de una por cada entidad federativa, más la federal, se estimó necesario que los procesos penales sean uniformes en todo el país.
Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, actuando en su carácter de Cámara de Origen, se señaló que el Constituyente consideró necesaria la existencia de una legislación única a nivel nacional en materia de procedimientos penales, a efecto de que se homologara la materia adjetiva en el territorio mexicano, brindando con ello mayor certeza al gobernado, al evitar una multiplicidad normativa en cada entidad federativa.
Aduce que, de conformidad con los artículos 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal y segundo transitorio del decreto del nueve de octubre de dos mil trece, las entidades federativas, incluyendo el Estado de Hidalgo, ya no pueden expedir legislación en materia procesal penal. Únicamente están facultadas para seguir aplicando la legislación estatal hasta que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero bajo ninguna circunstancia pueden expedir legislación que regule los procedimientos penales relativos al sistema acusatorio.
Por otra parte, señala que en el Estado de Hidalgo fueron publicadas en el Periódico Oficial de la entidad, mediante el Decreto 208, de veinticinco de agosto de dos mil catorce, las declaratorias de incorporación del sistema procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales, al orden jurídico estatal, por lo que, conforme al artículo segundo transitorio de la reforma constitucional, mediante la cual se reformó el artículo 73, fracción XXI, inciso c), las entidades federativas ya no tienen facultades para expedir legislación procesal penal.
Argumenta que los artículos impugnados resultan inconstitucionales, puesto que pretenden regular cuestiones propias del proceso penal, a pesar de que la Legislatura Estatal, por disposición constitucional, carece de atribuciones para legislar sobre esta materia, para lo cual precisa que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley para la Administración de Bienes, este ordenamiento tiene el objeto de "regular la administración y disposición de los bienes asegurados, decomisados o abandonados, en los procedimientos penales, en los términos previstos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal del Estado de Hidalgo y las demás leyes aplicables."
Asimismo, destaca que varios artículos de la Ley para la Administración de Bienes remiten a los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como por ejemplo, los artículos 29 a 31, que se refieren al tratamiento de los bienes decomisados y abandonados y a la devolución de bienes, sin embargo, estima que el legislador estatal, al emitir los artículos 12 y 13 del ordenamiento combatido, excedió su esfera de facultades, pues reguló cuestiones propias del proceso penal que ya se encuentran previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales; lo anterior, se evidencia a partir de una comparación entre las normas de la Ley para la Administración de Bienes y los artículos relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por lo que el Congreso del Estado de Hidalgo vulneró el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, pues legisló en materia procedimental penal, la cual se encuentra reservada al Congreso de la Unión.
2. Asimismo, aduce que el artículo 12 de la Ley para la Administración de Bienes, va más allá de lo establecido por los artículos 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que otorga la facultad a los órganos jurisdiccionales para que notifiquen el aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito a los interesados.
En este sentido, estima oportuno señalar que el artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la porción normativa que en el presente asunto interesa, establece las reglas que rigen respecto del aseguramiento, entre las que destaca, que el Ministerio Público o la policía en auxilio de éste, deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado por el imputado o por la persona con quien se atienda el acto de investigación. Asimismo, que los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables.
El artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone, entre otras cuestiones, que el Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga.
Así las cosas, señala que, de conformidad con el sistema jurídico penal, corresponde en exclusiva a la institución del Ministerio Público la investigación de las conductas reprochables y, dentro de dicha etapa, el representante social podrá aplicar las técnicas de investigación, entre las que se encuentra el aseguramiento de bienes.
En consecuencia, si dentro de la etapa de investigación, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede actualizar el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, y el único facultado para tal efecto es el Ministerio Público, se considera que el artículo 12 de la Ley para la Administración de Bienes que se cuestiona, al otorgar la facultad al Poder Judicial de la entidad, de decretar el aseguramiento, así como su notificación, lesiona el ámbito competencial del Congreso de la Unión, pues está regulando una figura jurídica que ya se encuentra establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como exclusiva del Ministerio Público, esto es, regula una cuestión procesal que es competencia exclusiva de la Federación, a través de su órgano legislativo federal.
Esto, además, va en contra de la intención del Órgano Reformador de la Constitución Federal, uno de los principales objetivos, al conferir al Congreso de la Unión la facultad de emitir la legislación única en materia procesal penal, consistió en lograr que los procesos penales sean homogéneos en todo el país; esto pretende dar seguridad jurídica a todas las personas, quienes tendrán la certeza de que los procedimientos tendrán una tramitación única.
Por otro lado, el propio artículo 12 de la Ley para la Administración de Bienes, actualiza una diversa transgresión al ámbito competencial del Congreso de la Unión, al establecer un plazo de sesenta días naturales siguientes a la ejecución del aseguramiento, para que la autoridad administrativa o judicial notifique al interesado o a su representante legal, personalmente o por edictos, de tal cuestión, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga, pues este acto procesal se encuentra regulado en el artículo 231, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
3. Igualmente, estima que es inconstitucional el artículo 13 de la Ley para la Administración de Bienes; este precepto establece que la notificación a que hace referencia el artículo 12 de la propia ley local, deberá contener el apercibimiento correspondiente para que el interesado no ejerza actos de dominio sobre los bienes asegurados y manifieste lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes a la fecha de la notificación, en el entendido de que, de no hacerlo en el plazo señalado, los bienes causarán abandono; este aspecto procesal se encuentra regulado en el segundo párrafo del artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fija un plazo igual para los mismos efectos, sin embargo, su establecimiento se traduce en una invasión de facultades, en perjuicio del ámbito competencial del Congreso de la Unión, en atención a que lo previsto en el numeral combatido resulta un aspecto meramente procedimental, por lo que queda vedado de las facultades de los Congresos Locales.
Destaca que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 231, tercer párrafo, es mucho más preciso que la de la Ley para la Administración de Bienes, pues aquél puntualiza cómo debe hacerse la notificación en caso de que se desconozca la identidad o domicilio del interesado; al respecto, la mencionada norma indica que debe efectuarse por edictos, señala el número de publicaciones y el medio para hacerlas, asimismo, el artículo 231 regula el contenido de la notificación, pues ésta debe contener diversos apercibimientos dirigidos al interesado, consistentes en que éste debe abstenerse de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados, y si no manifiesta lo que a su derecho convenga, en noventa días naturales siguientes al de su notificación, los bienes causarán abandono.
Sin embargo, el artículo 13 de la Ley para la Administración de Bienes, únicamente contempla lo relativo al apercibimiento, sin precisar a detalle la notificación por edictos; de este modo, la norma combatida es inconstitucional, puesto que regula aspectos del proceso penal, que ya se encuentran contemplados en el Código Nacional de Procedimiento Penales, pues si subsiste el precepto impugnado, el procedimiento en el Estado de Hidalgo será diferente al del resto de la República, y esto fue precisamente lo que el Constituyente pretendió evitar, al reformar el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal.
Concluye que del articulado de la Ley para la Administración de Bienes, se advierte que la pretensión del legislador estatal fue que estas normas sean aplicables en los procedimientos penales del sistema acusatorio; por este motivo, estima que el legislador estatal, al referirse al procedimiento para la notificación del aseguramiento y abandono, debió estarse a lo ya previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre el tema.
Por lo que estima que el Congreso del Estado de Hidalgo, al expedir los artículos impugnados, transgredió el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues reguló aspectos del procedimiento penal acusatorio, que ya no son competencia de la entidad federativa, sino que sólo la Federación puede legislarlos.
CUARTO.-Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de once de diciembre de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 107/2014 y, por razón de turno, tocó fungir como instructor al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Por auto de la misma fecha, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Hidalgo, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO.-Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo.
El gobernador del Estado de Hidalgo, en esencia, señaló que promulgó y ordenó la publicación de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Hidalgo, para llevar a cabo la armonización legislativa del marco jurídico penal, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de iniciar con el nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio, con el apoyo del órgano implementador de la Secretaría de Gobernación, por sus siglas, Setec, y que se cuidó de no invadir ninguna esfera de competencia ajena a la local.
SEXTO.-Informe del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo.
Sostiene la constitucionalidad de los numerales 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Hidalgo, impugnados por la Procuraduría General de la República, por ser infundados los razonamientos y conceptos de invalidez que hacen valer, toda vez que, de conformidad con las facultades legalmente encomendadas al Poder Legislativo, en sesión ordinaria de siete de noviembre de dos mil catorce, el Congreso discutió y aprobó la iniciativa mediante la cual se expide la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Hidalgo, expidiéndose el Decreto Número 222, el cual fue sancionado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal y publicado en el Periódico Oficial del Estado, en su alcance, el diez de noviembre de dos mil catorce, cumpliendo con ello, con armonizar la legislación local, con las reformas realizadas a nivel federal y, en particular, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, normatividad que en ningún momento se contradice o invade los preceptos de su competencia, y menos aún, vulneran el ámbito competencial que el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere al Poder Legislativo Federal.
Lo anterior, ya que si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su capitulado de técnicas de investigación, las disposiciones generales para el aseguramiento, custodia, disposición y abandono de bienes, derivado de un proceso penal, aplicables en todo el país, también es cierto que el artículo octavo transitorio del decreto por el cual se expide el referido código, expresamente establece la obligación de las entidades federativas de publicar las reformas legales necesarias para la implementación de ese ordenamiento, requiriendo, entonces, que en el Estado de Hidalgo se establecieran medidas legales para concretar una correcta practica en el aseguramiento y administración de los bienes que son asegurados por autoridades u órganos estatales, no sólo de carácter penal, estableciendo controles estrictos más allá de la norma federal, sin que ello contravenga los principios que ya ha regulado el Congreso de la Unión, reglamentando la administración, uso y disposición de los bienes asegurados, decomisados o abandonados, en los procedimientos penales o que sean puestos a disposición de la autoridad, por cualquier medio legal.
SÉPTIMO.-Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de dieciocho de febrero de dos mil quince, quedó cerrada la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Hidalgo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ver votación 1
SEGUNDO.-Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(1) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, y que su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial; asimismo, señala que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
El Decreto 222, por el que se publicaron los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Hidalgo, se publicó el diez de noviembre de dos mil catorce, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, tal como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente que obra agregado a fojas de la diez a la veinte del expediente. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del martes once de noviembre al miércoles diez de diciembre de dos mil catorce.
En el caso concreto, según consta en el sello asentado al reverso de la foja trece del expediente, la demanda se presentó el miércoles diez de diciembre de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es evidente que la presentación de la demanda es oportuna. Ver votación 2
TERCERO.-Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción:
El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las acciones de inconstitucionalidad se podrán promover por el procurador general de la República, en contra de leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
En el caso concreto, Jesús Murillo Karam, en su carácter de procurador general de la República, suscribe la demanda de la presente acción de inconstitucionalidad, en contra de los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Hidalgo. Tal carácter lo acredita con la copia simple de su designación en ese cargo, en virtud de la constancia firmada por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, donde se le comunica que, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil doce, con ratificación del Senado de la República, lo designó como procurador general de la República.(2)
Además, es un hecho notorio para este Alto Tribunal que, efectivamente, el citado funcionario al momento de la presentación de la acción fungía como procurador general de la República. Sirve de apoyo la jurisprudencia número P./J. 74/2006,(3) de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO."
En consecuencia, el procurador general de la República cuenta con legitimación para acudir, como actor, a este medio de control constitucional. Ver votación 3
CUARTO.-Causas de improcedencia. En virtud de que en este asunto no se hacen valer causas de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno, se debe proceder al estudio de los conceptos de invalidez hechos valer por el accionante. Ver votación 4
QUINTO.-Estudio de fondo. En su concepto de invalidez, el promovente aduce que los artículos 12 y 13 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Hidalgo, son inconstitucionales, en virtud de que invaden la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, previstas en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dichos preceptos pretenden regular cuestiones propias del proceso penal, a pesar de que la Legislatura Estatal, por disposición constitucional, carece de atribuciones para legislar sobre esta materia; asimismo, se contraviene lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Es fundado el argumento anteriormente referido, en atención a las consideraciones que se desarrollan a continuación:(4)
Los artículos impugnados establecen lo siguiente:
"Artículo 12. La autoridad judicial o administrativa que decrete el aseguramiento deberá notificarlo al interesado o su representante legal, personalmente o por edictos, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución para que manifieste lo que a su derecho convenga."
"Artículo 13. La notificación a la que se hace referencia en el artículo anterior, deberá contener el apercibimiento correspondiente para que el interesado no ejerza actos de dominio sobre los bienes asegurados y manifieste lo que a su derecho convenga en un término de noventa días naturales siguientes a la fecha de notificación, en el entendido de que de no hacerlo en el plazo señalado los bienes causarán abandono."
Ahora bien, el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se aduce violado, establece lo siguiente:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXI. Para expedir:
(Reformado primer párrafo, D.O.F. 10 de julio de 2015)
"a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.
"Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios;
"b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada;
(Reformado, D.O.F. 2 de julio de 2015)
"c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
"Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
"En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales."
Como se advierte, la referida norma constitucional, en lo que al caso interesa, prevé que el Congreso de la Unión será competente para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de procedimientos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas, que regirá en la República, excluyendo, de esta forma, la concurrencia de los Estados para legislar al respecto.
En términos de este precepto, al facultarse constitucionalmente al Congreso de la Unión para establecer, mediante una ley única en proceso penal y demás supuestos supracitados, se privó a los Estados la atribución con la que anteriormente contaban, en términos del artículo 124 de la Constitución Federal, para legislar en relación con esa materia.
La citada reforma constitucional tiene como finalidad la unificación de las normas aplicables a todos los procesos penales, a fin de hacer operativo el nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional, según se advierte de lo expuesto durante el procedimiento legislativo:
Dictamen de la Cámara de Senadores (Origen):
"... A la fecha, la diversidad de ordenamientos penales, en particular en el aspecto procedimental, obedece al hecho de que, tanto la Federación, como los Estados y el Distrito Federal, cuentan con la facultad para legislar en esta materia en el ámbito de sus respectivas competencias, lo que ha generado estructuras y modos diferentes para llevar a cabo el enjuiciamiento penal, la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en la ejecución de las penas.
"...
"En vista de lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con lo expuesto en la iniciativa, cuando señala que resulta necesario que las instituciones de procuración e impartición de justicia cuenten con un sistema de justicia penal acorde con la realidad del país, armónico y homogéneo en cuanto al diseño procedimental, a fin de generar una mayor uniformidad y coherencia en la forma en que se desahogan los procedimientos penales, en la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en la ejecución de las penas.
"...
"Por lo anterior, se comparten las razones que se expresan en la exposición de motivos de la iniciativa presentada el 14 de febrero de 2013, por el senador Roberto Gil Zuarth, cuando sostiene: ‘Ahora bien, entre aquellas entidades donde ya se han realizado las modificaciones normativas necesarias y, por tanto, ya se han expedido nuevos Códigos de Procedimientos Penales, se observan importantes diferencias que van desde la estructura misma de los códigos hasta la forma de concebir ciertas instituciones previstas en la Constitución. Tal dispersión de criterios legislativos se observa, entre otros, en torno a los siguientes aspectos:
"‘• No hay claridad sobre la naturaleza y la función del proceso penal y su vinculación con el derecho penal sustantivo.
"‘• Falta uniformidad de criterios sobre las etapas del procedimiento penal ordinario, sobre cuáles son y, por ende, cuándo empieza y cuándo termina cada una de ellas.
"‘• Por razón de lo anterior, hay diversidad de criterios sobre los momentos procedimentales en que deben ser observados los derechos, principios y garantías procesales previstos en la Constitución.
"‘• No hay equilibrio entre la fase de investigación y la del proceso, pues se le resta importancia a lo que tradicionalmente se conoce como averiguación previa o etapa de investigación de los delitos y, por ello, se prevé de manera escasa el uso de técnicas modernas de investigación.
"‘• No se observa una clara delimitación entre la acción penal pública y la acción penal privada, como tampoco hay uniformidad sobre los casos y las condiciones en que esta última debe proceder.
"‘• Falta igualmente uniformidad en torno a los casos y las condiciones en que debe proceder la aplicación de criterios de oportunidad o de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
"‘• No hay claridad sobre si la nueva categoría procesal, auto de vinculación a proceso, es diferente o no al tradicional auto de formal prisión y al auto de sujeción a proceso, y si sus requisitos son diferentes o no.
"‘• Tampoco hay claridad sobre los requisitos materiales para el ejercicio de la acción penal, la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso.
"‘• Igualmente falta consenso sobre si, de acuerdo con la reforma de 2008 al artículo 20 constitucional, procede o no la libertad provisional bajo caución, como un derecho del procesado para ciertos casos.
"‘• Con relación a los medios probatorios, se produce cierta confusión sobre los términos a utilizar (datos, medios, elementos de prueba), y si sólo puede hablarse de «prueba» cuando ésta haya sido desahogada en la audiencia de juicio y no antes.
"‘• No hay uniformidad respecto de los requisitos materiales de la sentencia condenatoria y de los presupuestos para la imposición de una pena, como tampoco los hay sobre los criterios para la individualización judicial de la pena.
"‘• Se observa diversidad de criterios sobre los medios de impugnación en el proceso penal acusatorio, cuáles deben ser y cuándo proceder.
"‘• Lo mismo sucede con los procedimientos penales especiales; entre otros.
"‘Las distorsiones y brechas normativas que se observan entre las entidades federativas ponen sobre relieve, por un lado, que en la actualidad existen diferencia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25989-66a28e24/i-legislacion-procesal-penal-incompetencia-de-las-legislaturas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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