SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SE ORDENÓ Y HAYAN SIDO EJECUTADOS POR LA AUTORIDAD ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLA, DEBEN SER REVOCADOS PARA RETROTRAERLOS AL MOMENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A CUMPLIR CON AQUÉLLA DESDE EL MOMENTO MISMO DE SU OTORGAMIENTO Y NO A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN. SÓLO SE CONSIDERARÁ DESACATO SI UNA VEZ NOTIFICADA EJECUTA ACTOS CONTRARIOS A LA SUSPENSIÓN O NO REVOCA LOS ACTOS EJECUTADOS CON ANTERIORIDAD A LA NOTIFICACIÓN, SIEMPRE QUE SU NATURALEZA LO PERMITA.
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SE ORDENÓ Y HAYAN SIDO EJECUTADOS POR LA AUTORIDAD ANTES DE LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLA, DEBEN SER REVOCADOS PARA RETROTRAERLOS AL MOMENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN.
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 492/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 26 DE MARZO DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, RESPECTO DEL FONDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: KARLA I. QUINTANA OSUNA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia.
7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el tres de abril de dos mil trece (de ahora en adelante "Ley de Amparo"); y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y el tema de fondo consistirá en la interpretación del artículo 139 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en la cual se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, al resolverse conforme a precedentes del mismo.(1)
SEGUNDO. Legitimación para denunciar la contradicción
8. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los autorizados de quien fue parte quejosa en los recursos de queja 86/2011 y 87/2011 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, asuntos de los que resultó el criterio en contradicción.
TERCERO. Criterios denunciados
9. En el presente considerando se dará cuenta de los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito que pudieran ser contradictorios.
I. Sentencias dictadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en los recursos de queja 86/2011 y 87/2011
10. En virtud de que ambas sentencias derivan de la misma cadena procesal, a continuación se exponen los antecedentes que dieron lugar a los recursos de queja hasta el dictado de las resoluciones de los dos recursos de queja y las consideraciones esgrimidas por el Tribunal Colegiado de Circuito en dichas resoluciones.
1. Antecedentes procesales
11. El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, en los autos del juicio de amparo indirecto 1021/20130-II (sic), concedió la suspensión provisional a **********, para el efecto que no dictara el fallo, y, consecuentemente, no se llevara a cabo la adjudicación del contrato a que se refiere la licitación pública relativa al **********.
12. Mediante resolución emitida por el Juez de Distrito el dos de diciembre de dos mil once, en el incidente de desacato a la suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 1021/20130-11 (sic), se determinó por una parte, que no existía violación a la suspensión provisional por parte del gobernador del Estado de Sonora y, por otra, que el organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Sonora sí incurrió en desacato a la suspensión provisional concedida.
13. Inconformes con tal determinación, ********** y el coordinador general del Fondo de Operaciones de Obras Sonora Sí presentaron recursos de queja, los cuales quedaron radicados en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito con los números 86/2011 y 87/2011, respectivamente. El veintitrés de febrero de dos mil doce, el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió los recursos de queja con apoyo en las consideraciones que se señalarán en el apartado siguiente.
2. Argumentación de las sentencias
a) Recurso de queja 86/2011
14. Si bien el gobernador del Estado es autoridad ejecutora y superior jerárquico de la autoridad ordenadora, Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, ello es insuficiente para concluir que ante la realización de los actos suspendidos por parte de dicho fondo, le acarreen responsabilidades a la autoridad ejecutora, ya que la suspensión estaba en proceso de notificación de ambas autoridades y, por ello, no se le puede reprochar su intervención previamente a la notificación que se encontraba en trámite a la autoridad ordenadora.
15. Si la fecha en que el Fondo de Operación de Obras Sonora Sí ejecutó los actos que se ordenaron suspender (seis de octubre de dos mil diez) es concomitante con aquella en que al gobernador del Estado se le notificó la suspensión provisional (cinco de octubre de dos mil diez) y, además, la notificación estaba en proceso de llevarse a cabo en forma inmediata a dicho fondo por ser ante quien se estaba tramitando los actos que se ordenaron suspender, es indiscutible que no se podía exigir al gobernador del Estado, en su posible carácter de superior jerárquico del fondo, que cumpliera con la suspensión.
16. Una premisa distinta resulta en los casos en que después de la notificación, la autoridad directamente obligada a su cumplimiento no lo hace en un tiempo prudente o se resista a hacerlo y, en razón de tal desacato, se requiera al superior jerárquico para que la obligue a cumplir con la medida. Bajo esa premisa es indudable que el superior jerárquico adquiere responsabilidad frente al desacato en el cumplimiento a la medida.
17. En este sentido, si el gobernador del Estado -notificado del auto mediante el cual se concedió la suspensión provisional, en su calidad de titular del ejecutivo- no fue requerido previamente a la emisión de los actos suspendidos para que interviniera directamente ante el fondo para conminarlo a cumplir con la suspensión en los términos concedidos, no se le puede reprochar responsabilidad de la emisión por parte del fondo de los actos cuya suspensión se decretó antes de que se le notificara tal medida. Además, cuando el titular del ejecutivo conoció de esa medida, estaba en trámite la notificación al fondo operador, el cual tenía a cargo el proceso de licitación en donde se emitiría el acto que se ordenó suspender.
18. Por las razones expuestas, tampoco se puede fincar responsabilidad al gobernador como parte integrante del Consejo Directivo del Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, además que la notificación fue en su carácter de titular del ejecutivo, no como presidente del consejo directivo del fondo.
19. Son inaplicables al caso las tesis de rubro: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. TAMBIÉN OPERA POR LA OMISIÓN DE LAS AUTORIDADES DE TOMAR LAS MEDIDAS QUE GARANTICEN EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO." y "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.". La primera tesis es inaplicable pues el ejecutivo del Estado, que fue la autoridad notificada, no es la autoridad que emitiría el acto que se ordenó suspender, y la autoridad directamente vinculada con su emisión no recibió la notificación previamente a la consumación de tales actos cuya suspensión se decretó. La segunda tesis tampoco resulta aplicable, ya que el titular del ejecutivo no tenía dentro de sus funciones ejecutar los actos materia de la suspensión.
b) Recurso de queja 87/2011
20. En el caso, la suspensión provisional se concedió únicamente para que no se emitiera el fallo y adjudicación del contrato en el procedimiento de licitación pública, hasta que se comunicara a las autoridades responsables el sentido de la resolución que se emitiera respecto de la resolución definitiva. Si la medida provisional fue notificada al Fondo de Operaciones de Obras Sonora Sí, el ocho de octubre de dos mil diez y el seis del mismo mes y año dicho fondo emitió el fallo y consecuente adjudicación del contrato relativo a la licitación pública, se entiende que con tales actos no se puede considerar violada la medida provisional.
21. La autoridad responsable está en condiciones de cumplir con la suspensión provisional hasta que se notifique tal medida, por lo que es a partir de ese momento cuando la responsable pudiera incurrir en desacato. Lo anterior se ajusta al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE."
22. De lo anterior se desprende, que si el organismo operador dictó el fallo de adjudicación de contrato con anterioridad a la notificación del auto, mediante el cual, se otorgó la suspensión provisional, no se le puede reprochar una violación a dicha medida.
23. La suspensión provisional se otorgó únicamente para que no se dictara el fallo de adjudicación del contrato en el procedimiento de licitación pública y no para que se omitiera llevar a cabo diversos actos, como la formalización del contrato mixto de obra pública, celebrado por el fondo de operación con las empresas a favor de las cuales se hizo la adjudicación, el dieciocho de octubre de dos mil diez. Por tanto, es incuestionable que la formalización de este último tampoco constituye un acto violatorio de dicha medida, ya que es una consecuencia necesaria de la emisión del fallo y consecuente adjudicación del contrato, los cuales se encontraban consumados por haberse emitido antes de la notificación a la autoridad responsable de la suspensión provisional.
24. Por lo anterior, no se comparte el argumento relativo a que la suspensión conforme al artículo 139 de la Ley de Amparo surte efectos de inmediato aunque no esté notificada la autoridad responsable, teniendo a los actos previos a la notificación de la suspensión provisional como violatorios de la misma, con apoyo en la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN, EL AUTO EN EL QUE SE CONCEDE SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. POR LO TANTO, EL ACTO QUE SE EJECUTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR, ES VIOLATORIO DE LA MISMA Y DEBE DECLARARSE INEXISTENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN LA FECHA EN QUE SE EJECUTÓ EL ACTO, LAS RESPONSABLES AUN NO HABÍAN SIDO NOTIFICADAS."
25. Lo anterior es así, ya que si bien el primer párrafo del artículo 139 de la Ley de Amparo, prevé que la suspensión surtirá efectos desde luego, ello no implica que su violación se pueda llevar a cabo antes de que sea notificada la autoridad, ya que de conformidad con la referida jurisprudencia de la Primera Sala, hasta que se lleva a cabo la notificación de la medida provisional se puede reprochar su desacato.
26. Además, el segundo párrafo del artículo citado, establece que cuando el acto suspendido se ejecuta por la autoridad responsable antes de la notificación de la suspensión, debe quedar vigente y, por ende, no constituye un acto de desacato, ya que, al establecer que cuando el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso de revisión que se interponga en contra de la resolución que niegue la suspensión definitiva, resuelva revocar esa resolución y conceda tal medida, los efectos de ésta se retrotraerán a la fecha de notificación de la suspensión provisional. Por tanto, la intención del legislador fue, destacar que el momento vinculante para la autoridad responsable es la notificación y no la fecha en que se dictó la resolución.
27. En este sentido, queda evidenciado que los actos protegidos con los efectos de la suspensión son los que realicen las autoridades con posterioridad a su notificación y no los anteriores, por lo que estos últimos deben quedar vigentes. Lo anterior tiene apoyo en la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA GARANTÍA RELATIVA."
28. Por lo anterior, no se comparte el criterio de la tesis antes citada de rubro: "SUSPENSIÓN, EL AUTO EN EL QUE SE CONCEDE SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. POR LO TANTO, EL ACTO QUE SE EJECUTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR, ES VIOLATORIO DE LA MISMA Y DEBE DECLARARSE INEXISTENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN LA FECHA EN QUE SE EJECUTÓ EL ACTO, LAS RESPONSABLES AUN NO HABÍAN SIDO NOTIFICADAS.", el cual es un criterio aislado de otro Tribunal Colegiado de Circuito que no le es obligatorio.
II. Sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en el incidente en revisión 99/2010-I.
29. A continuación, se exponen los antecedentes que dieron lugar al incidente en revisión hasta el dictado de la resolución y las consideraciones esgrimidas por el Tribunal Colegiado de Circuito en dicha resolución.
1. Antecedentes procesales
30. **********, promovió juicio de amparo contra la resolución emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, en la cual, ordenó la restitución a **********, en el goce de los derechos reales sobre un inmueble.
31. Correspondió conocer del asunto al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, el cual, lo registró como amparo indirecto 582/2010-IV. Mediante proveído de doce de abril de dos mil diez, otorgó la suspensión provisional para el efecto de que la quejosa no fuera desposeída del bien inmueble, hasta que no se resolviera la suspensión definitiva.
32. El Juez Federal celebró audiencia incidental el quince de abril de dos mil diez y dictó la sentencia interlocutoria, negando la suspensión definitiva a la quejosa por estimar que el acto ya estaba consumado.
33. Contra tal determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión, el cual quedó radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, como incidente en revisión 99/2010-I. El ocho de julio de dos mil diez, el Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el incidente en revisión con apoyo en las consideraciones que se señalarán en el apartado siguiente.
2. Argumentación de la sentencia
34. Los efectos de la suspensión consisten, en mantener las cosas en el estado que guardan al momento de decretarla y no el de restituir las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, cuestión que se entiende, como materia del fondo del juicio de amparo.
35. Del artículo 131 de la Ley de Amparo se desprende, que la suspensión del acto reclamado debe ser de inmediato otorgamiento, pues con esto se cumpliría con el objetivo de la suspensión de mantener las cosas en el estado en que se encuentren al otorgarla, asegurando la materia del asunto y protegiendo con la mayor amplitud la posible afectación a los derechos del quejoso.
36. Además, se debe entender que el artículo 139 de la Ley de Amparo establece que la suspensión surtirá efectos inmediatamente, por lo que los efectos de la suspensión no están supeditados a que el Juez de Distrito notifique a la autoridad responsable el auto por el cual concede la suspensión provisional. En este sentido, será a partir del momento en que se emite el auto, por el cual se concede la suspensión, en que exista la obligación de mantener las cosas en el estado en que se encuentran, quedando la autoridad responsable constreñida a no ejecutar el acto reclamado.
37. La autoridad responsable, al tener conocimiento de la medida cautelar concedida, tiene la obligación de revocar la ejecución del acto reclamado desde la hora en que ésta es decretada, lo que se traduce en la obligación de deshacer su actuación.
38. No pasa inadvertido el contenido de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", ya que se podría estimar que los efectos de la suspensión solamente son exigibles a la autoridad responsable solamente hasta que le es notificada la resolución que concede la suspensión.
39. Entender la jurisprudencia en esos términos sería contrario a la finalidad de la medida cautelar, pues del texto de la jurisprudencia y de la ejecutoria de donde se desprende se hace una clara distinción entre los efectos y procedimientos en materia de suspensión del acto reclamado, con la responsabilidad en la que incurre la autoridad cuando después de ser enterado de la suspensión, intencionalmente la viola. En el primer aspecto, la suspensión se estudia jurídicamente considerando sus efectos desde el instante en que se emite por la autoridad judicial, y en el segundo se analiza, la intencionalidad con que actúa la autoridad para burlar una suspensión, siendo en este último aspecto donde se toma en cuenta la fecha y el momento en que se notifica a la autoridad responsable, para la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVII, de la Constitución Federal, o en su caso civiles por los daños que por incumplimiento a la suspensión podrían ocasionarse al quejoso.
3. Criterio derivado de la sentencia
"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL TENER CONOCIMIENTO DEL MOMENTO EXACTO EN QUE AQUÉLLA FUE CONCEDIDA, DEBE AJUSTARSE A DICHA PROVIDENCIA CAUTELAR, CONSIDERANDO EL INSTANTE EN QUE SE OTORGÓ Y, EN SU CASO, COMPONER LA EJECUCIÓN QUE HUBIERA PRACTICADO, LO QUE PODRÍA TRADUCIRSE, INCLUSIVE, EN DESHACER SU ACTUACIÓN EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, PERO SIN QUE ELLO IMPLIQUE DARLE EFECTOS RESTITUTORIOS. Si se toma en cuenta que la suspensión surte sus efectos desde el instante en que se decreta, que los plazos en el incidente relativo se computan de momento a momento y que entre su otorgamiento y notificación a la autoridad, ésta podría ejecutar el acto y contravenir la existente medida sin estar notificada de ella, debe concluirse entonces, que la autoridad responsable, al tener conocimiento del momento exacto en que fue concedida la medida, tendrá la obligación de ajustar su actuación a dicha providencia considerando el instante en que se otorgó y, en su caso, componer la ejecución que hubiera practicado, lo que podría traducirse, incluso, en deshacer su actuación en la medida de lo posible. Esta forma de actuar no implica dar efectos restitutorios a la suspensión, sino hacer efectiva una medida que jurídicamente protege de la ejecución estatal desde el instante de su otorgamiento, así como darle oportunidad a la entidad de recomponer sus actos -cuando sea notificada- para evitar que se le declare responsable por violación a la suspensión y se proceda en su contra en términos de los artículos 107, fracción XVII, de la Constitución Federal y 206 de la Ley de Amparo, en caso de que se tramite y resuelva el incidente a que refiere el artículo 143 de la ley de la materia, en el cual se dilucidará si la autoridad, a pesar de estar notificada de la suspensión y del momento de su otorgamiento, determinó imponer su actuación contra los efectos de la medida concedida. Lo anterior deriva de la jurisprudencia 1a./J. 165/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 637, de rubro: ‘VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. LA DENUNCIA PUEDE HACERSE DESDE QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDIÓ SE HAYA NOTIFICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.’, en la cual se distingue entre efectos y procedimientos en materia de suspensión, por un lado y por otro, y en la responsabilidad en la que incurre la autoridad cuando, después de ser enterada de la medida, intencionalmente la viola desatendiéndola o eludiéndola. En el primer aspecto se estudian sus efectos desde que se emite dicha medida por la autoridad judicial y, en el segundo, se analiza la intencionalidad con que actúa la autoridad para burlar una suspensión, siendo aquí donde es dable tener en cuenta la fecha y momento en que se notifica a la entidad estatal la medida, por las consecuencias responsabilizantes que se producen en los ámbitos constitucional, penal o incluso civil, por los daños que, por incumplimiento, podrían ocasionarse al quejoso."
III. Sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el recurso de queja 283/92.
40. A continuación se exponen los antecedentes procesales que dieron lugar al incidente en revisión, hasta el dictado de la resolución y las consideraciones esgrimidas por el Tribunal Colegiado de Circuito en dicha resolución.
1. Antecedentes procesales
41. **********, ********** y **********, promovieron juicio de amparo contra el delegado del departamento del Distrito Federal, en Cuauhtémoc y otras autoridades, por las órdenes de inspección, actas de inspección, multas, sanciones, órdenes de clausura, imposición de sellos, procedimientos tendentes a cancelar la autorización de funcionamiento, privación de la libertad y sus consecuencias. Posteriormente, señalaron como autoridades responsables a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y, como acto reclamado, el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal.
42. Correspondió conocer del asunto, a la Jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien lo registró con el número 16/92. Mediante auto de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos, la Jueza otorgó la suspensión provisional a **********, para el efecto de que no se clausurara la negociación que defendía y negó la medida cautelar a los otros quejosos.
43. La quejosa denunció la violación a la suspensión provisional, manifestando que las autoridades responsables clausuraron el negocio. El veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y dos, la Jueza de Distrito resolvió la denuncia en el sentido de declararla procedente pero infundada.
44. Contra tal determinación, la quejosa interpuso recurso de queja, el cual quedó radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como recurso de queja 283/92. El veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y dos, el Tribunal Colegiado resolvió el recurso de queja con apoyo en las consideraciones que se señalarán en el apartado siguiente.
2. Argumentación de la sentencia
45. La intención del legislador fue que se suspendiera el acto reclamado de manera inmediata desde el momento en que se presentara la demanda de amparo, con el objetivo de mantener las cosas en el estado en que se encontraran al otorgarla.
46. La violación de la suspensión provisional tiene dos consecuencias. La primera, que se deje insubsistente el acto por el cual se violó la suspensión, siempre que la naturaleza del acto lo permita y, la segunda, que se determine la responsabilidad administrativa o penal de la autoridad denunciada.
47. La declaración de que se ha violado la suspensión puede generar las dos consecuencias mencionadas o sólo una, dependiendo del caso en particular que se presente. Es posible que la conducta de la autoridad sea violatoria de la suspensión, haciéndose acreedora de la sanción legal que corresponda, pero que no se pueda dejar insubsistente el acto violatorio, por haberse dictado la resolución incidental, negando la suspensión contra el acto suspendido provisionalmente. Es posible también que la naturaleza del acto reclamado no permita dejarlo insubsistente, lo que no exime a la autoridad de que se le determinen responsabilidades en las que incurrió. También puede suceder que el acto violatorio se declare insubsistente, sin que la autoridad que lo ejecutó incurra en responsabilidades.
48. El primer párrafo del artículo 139 de la Ley de Amparo es claro en señalar que la suspensión surtirá efectos "desde luego", lo que significa inmediatamente, sin tardanza.
49. Al establecer el artículo 139 de la ley de la materia, que la interposición del recurso de revisión no puede interrumpir los efectos de la suspensión y al señalar expresamente que "dejará de surtirlos", reconoce que la suspensión está surtiendo efectos desde el momento en que se decreta.
50. De tal precepto, se desprende que la suspensión surte efectos inmediatos al momento en que se decreta por el Juez de Distrito, sin que sea posible jurídicamente sostener que para que surta efectos, se encuentre supeditada al momento en que se lleve a cabo la notificación del acuerdo, en la cual se concedió a las autoridades responsables.
51. Existen importantes razones para no admitir la interpretación de que la suspensión surte efectos cuando se notifica a las autoridades responsables, como son las siguientes:
a) En los casos en que la notificación sufra vicios que impidan considerarla legal, la suspensión surtiría efectos hasta que se subsanaren esos vicios y se notificara correctamente, haciéndose la medida cautelar nugatoria en perjuicio del quejoso.
b) Se condicionaría la eficacia de la suspensión a un acontecimiento futuro de realización cierta, pero indeterminado, dejando al quejoso en estado de incertidumbre al desconocer el momento en que la autoridad se encuentre notificada.
c) Se llegaría al absurdo de tener que notificar al quejoso la fecha en que fueron notificadas las autoridades responsables, para que éste pueda saber si el actuar de la autoridad es o no violatorio de la suspensión.
3. Criterio derivado de la sentencia
"SUSPENSIÓN, EL AUTO EN EL QUE SE CONCEDE SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. POR LO TANTO, EL ACTO QUE SE EJECUTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR, ES VIOLATORIO DE LA MISMA Y DEBE DECLARARSE INEXISTENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN LA FECHA EN QUE SE EJECUTÓ EL ACTO, LAS RESPONSABLES AUN NO HABÍAN SIDO NOTIFICADAS. El primer párrafo del artículo 139 de la Ley de Amparo, es claro y contundente al señalar el momento en que surte efectos la suspensión, pues establece: ‘El auto en que un Juez de Distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos desde luego’, disposición tajante, en virtud de que el legislador utilizó el modo adverbial ‘desde luego’, que significa ‘inmediatamente, sin tardanza’ (Diccionario de la Lengua Española, décima novena edición, 1970, página 821, bajo la voz ‘luego ... desde luego’), así resulta claro que el momento en que surte efectos la suspensión es cuando, una vez solicitada la medida cautelar, o bien, si procede de oficio, el Juez de Distrito o la autoridad que conozca del juicio, examinando las constancias que tenga, determina que la medida suspensiva procede, y dicta el acuerdo o resolución en el que ordena se mantengan las cosas en el estado que guardan. De esta manera, es en la fecha en que se dicta o emite el auto concediendo la suspensión (considerándose que el ideal es que sea la misma fecha en que se solicitó o que se reclamó la violación), cuando surte sus efectos paralizadores, debiendo ser acatadas por cualquier autoridad e incluso por cualquier persona que no obstante no teniendo el carácter de autoridad, tenga alguna injerencia en la ejecución de los actos. En la práctica se presenta el problema de que el acuerdo o resolución en que se concede la suspensión, desafortunadamente ya no es notificado el mismo día en que se dicta, como fue el deseo del legislador sino que ahora media un tiempo, en ocasiones largo, entre la fecha del acuerdo en el que se concede la suspensión al quejoso, y la fecha en que se notifica éste a las autoridades responsables, sucediendo que en este lapso se llegan a ejecutar los actos suspendidos por el Juez de Distrito, actos que son violatorios de la suspensión concedida, por haberse ejecutado con posterioridad a la fecha en que se emitió el auto de suspensión, por consiguiente, atendiendo a que la violación a la suspensión tiene dos consecuencias que son: el volver las cosas al estado que tenían al momento de decretarse la suspensión, y el determinar la responsabilidad en que incurre la autoridad que desacató lo ordenado por un Juez de Distrito, estas consecuencias pueden darse la una sin la otra, o bien, las dos juntas. Respecto a la primera consecuencia, esto es, el volver las cosas al estado que tenían al momento de decretarse la suspensión provisional, encontramos dos requisitos: el primero, que la naturaleza del acto ejecutado lo permita, y el segundo, que respecto a dicho acto se haya concedido la suspensión definitiva, en el supuesto de que ésta ya se hubiere resuelto, como es el caso que nos ocupa, en virtud de que la suspensión definitiva va a sustituir a la provisional, dejándola sin efecto en el caso de que se niegue la medida cautelar en contra del acto suspendido con la provisional; el primer requisito de la especie si se da, toda vez, el acto ejecutado después de concedida la suspensión provisional, es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25107-232bed07/suspension-en-el-juicio-de-amparo-los-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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