SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN TODO TIPO DE RELACIÓN EMPLEADOR-EMPLEADO, EN FAVOR DE ESTE ÚLTIMO, YA SEA QUE ESTÉ REGULADA POR EL DERECHO ADMINISTRATIVO O LABORAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).
AMPARO DIRECTO 861/2013 (CUADERNO AUXILIAR 198/2014) DEL ÍNDICE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, CON APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 2 DE ABRIL DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. PONENTE: ABEL ASCENCIO LÓPEZ, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIO: RAFAEL ALEJANDRO TAPIA SÁNCHEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Previo al estudio de los agravios expuestos, debe señalarse que el presente asunto será analizado a la luz de la figura jurídica de la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en tanto que el juicio de nulidad del que deriva el presente juicio de garantías fue promovido por un servidor público federal dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el acto reclamado lo constituye la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo en que se ordenó su suspensión temporal, por lo que se estima que esa relación es de índole laboral, con independencia de que la misma esté regulada por el derecho administrativo.
En efecto, la citada norma establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre el empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o el derecho administrativo. La anterior disposición debe entenderse con una apertura tal que incluya la protección a cualquier tipo de vínculo empleador-empleado, en favor de este último, pues la norma se hace extensiva a las relaciones que se rigen por el derecho administrativo, esto es, comprende a cualquier tipo de trabajador administrativo.
No obsta para arribar a la anterior determinación, lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 53/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 711, que establece:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. NO OPERA TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE SU RELACIÓN CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La citada norma establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías en materia laboral deberán suplir la queja deficiente en los conceptos de violación de la demanda y en los agravios, a favor del trabajador. En congruencia con lo anterior y tomando en consideración que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 24/95, de rubro: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, sostuvo que la relación Estado-empleado en el caso de los militares, marinos, cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior es de naturaleza administrativa, se concluye que la suplencia prevista en la citada fracción no opera tratándose de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, pues aun cuando el acto reclamado emana de un tribunal burocrático, el vínculo existente entre aquéllos y el Estado no es de carácter laboral sino administrativo."
Lo anterior es así, porque tal criterio interpreta la Ley de Amparo abrogada por la señalada inicialmente, donde precisamente no se hacía extensivo el beneficio de la suplencia de la queja en favor del trabajador, cuando la relación entre empleador y empleado está regulada por el derecho administrativo.
QUINTO. De igual forma, es conveniente precisar, en forma preliminar, que la parte actora en el juicio de nulidad de origen, tiene interés jurídico para combatir, mediante juicio de amparo, la sentencia emitida por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en que se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en tanto que, como se verá, se alega que la responsable omitió analizar los conceptos de anulación dirigidos a evidenciar tanto la nulidad lisa y llana del acto impugnado, como su antecedente más remoto (oficio en que la autoridad demandada recabó pruebas previa a la instauración del procedimiento administrativo de que fue objeto el accionante), en que controvirtió que el acto impugnado no sustenta la competencia por grado, materia y territorio, ni la existencia jurídica de su emisor, cuyos argumentos podrían otorgarle un mayor beneficio.
Al respecto, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 155/2007, que aparece publicada en la página 368, Tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dice:
"AMPARO DIRECTO. SUPUESTO EN QUE EL ACTOR EN UN JUICIO DE NULIDAD TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AQUELLA VÍA UNA RESOLUCIÓN DE NULIDAD LISA Y LLANA. Si la resolución recaída a un juicio de nulidad, a pesar de declarar la nulidad lisa y llana de un acto, implica que la autoridad demandada está facultada para instaurar un nuevo procedimiento y pronunciar un nuevo fallo, debido a que tal determinación se sustentó sólo en la indebida fundamentación y motivación de la competencia de la autoridad emisora, sin que esa fuera la pretensión principal de la parte actora, ésta se encuentra en posibilidad de promover juicio de garantías en su contra, al no haberse satisfecho el motivo por el que reclamó la determinación de la demandada, en virtud de que una decisión en ese sentido, generaría que la autoridad demandada, subsanando la irregularidad destacada, pudiera decretar nuevamente una sanción como la que efectivamente fue generadora de la impugnación. En esa hipótesis, la parte actora en un juicio de nulidad tiene interés jurídico para combatir, mediante juicio de amparo, una resolución de nulidad lisa y llana si se omitió el análisis de aquellos argumentos que de resultar fundados hubieran satisfecho su pretensión principal, generando la imposibilidad para un nuevo pronunciamiento."
Por ello, no resulta óbice la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, que establece que el amparo directo contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando sean favorables al quejoso, sólo se tramitará si la autoridad interpone el recurso de revisión establecido en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el mismo se considere procedente y fundado, a fin de que se emprenda el estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.
Sin embargo, esa disposición debe entenderse referida a sentencias que son totalmente favorables a la parte quejosa, esto es, aquellas que no podrían otorgarle un mayor beneficio que el que ya obtuvo; mas no así a las que no reúnen esas características, sea por decretar una nulidad para el efecto de que la demandada emita un nuevo acto, o bien, por no resolver sobre la plena restitución del derecho subjetivo afectado por el acto administrativo anulado.
Interpretar de otra manera el citado artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, dejaría en estado de indefensión a la parte quejosa, al privarla del acceso al juicio de amparo contra sentencias que, pese a serle favorables, no le otorgan la totalidad de lo pretendido.
SEXTO. El estudio de los conceptos de violación expresados conduce a las consideraciones siguientes:
En principio, resulta ineficaz el segmento del primero de los conceptos de violación en que se aduce toralmente que la Sala responsable trasgredió los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la responsable omitió analizar los conceptos de anulación tercero -incisos a) a ñ)- sexto y séptimo -del inciso a) a m)-, en que se controvirtió la indebida fundamentación de la competencia material y territorial de la autoridad demandada.
Ello es así, toda vez que este Tribunal Colegiado advierte, de la simple lectura de la sentencia reclamada, que la Sala Fiscal y Administrativa sí se pronunció en torno a estos argumentos, al estimar que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social citó los preceptos suficientes por razón de materia, grado y territorio para imponer la suspensión a los accionantes del juicio fiscal, lo que evidencia la ineficacia del argumento de referencia.
Lo anterior se corrobora de la parte conducente de la sentencia reclamada, visible a fojas trece vuelta a veinte vuelta, cuyo tenor enuncia:
"Con relación al estudio de la competencia del funcionario emisor de la resolución contenida en el oficio 00641/30.15/3375/212 de 31 de mayo de 2012, emitida en el expediente número 790/2011 (folios 136 a 252 del juicio 5094/12-07-03-1) (folios 55 a 171 del juicio 6373/12-07-03-1), de su contenido se desprende que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hizo alusión a los preceptos legales que le confieren competencia para imponer a los actores una sanción administrativa consistente en suspensión del empleo, cargo o comisión que desempeñaban en el servicio público por el término de doce meses, y ordenar su inscripción en el Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública.
"No es óbice para resolver lo anterior, lo expuesto en el concepto de anulación ‘segundo’, en el cual dicen los accionantes, que la demandada omitió fundar: A) La existencia jurídica del titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social y, b) La competencia material, territorial y de grado para determinar la sanción de suspensión del empleo, cargo o comisión en el servicio público por un periodo de doce meses.
"Por lo que hace a la existencia del titular del Área de Responsabilidad del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo alegado por la parte actora resulta infundado, pues en la resolución impugnada el funcionario emisor sólo está obligado a citar los preceptos legales que le confieren competencia para emitir el acto de molestia y no aquellos en los que se determina su existencia jurídica. Corroborándose del oficio 00641/30.15/3375/212 de 31 de mayo de 2012, emitido en el expediente número 790/2011, que el titular del Área de Responsabilidades, hizo alusión a los numerales que le confieren la potestad para proceder en los términos en los que lo hizo; concretamente el considerando primero (folio 148) y el punto resolutivo cuarto (folio 252), en los cuales se dice:
"PRIMERO. (se transcribe).
"Preceptos legales cuya inclusión en la resolución impugnada son suficientes para concluir que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es competente por razón de materia, grado y territorio para imponer la suspensión del acto reclamado.
"Lo anterior es así, pues del contenido de los mismos se advierte a quiénes se les considerará servidores públicos, el porqué les resulta aplicable el contenido de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las obligaciones que deben observar en su desempeño dentro de la administración pública federal, los principios que deben ser observados, las facultades con las que cuenta el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, para imponer la sanción consistente en la suspensión del servidor público. De ahí que contrario a lo aducido por la parte actora, en la resolución impugnada la demandada sí citó los fundamentos de su competencia material, de grado y territorio.
"Es importante resaltar que de los numerales transcritos se advierte que en ellos se establece que la Secretaría de la Función Pública designará a los titulares de los órganos internos de control, a los titulares de las Áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, quienes dependen jerárquicamente de dicha secretaría y tendrán competencia en el ámbito de la dependencia, órgano desconcentrado o entidad en la que sean designados; estableciéndose además que los titulares de las Áreas de Responsabilidades de los órganos internos de control serán autoridades facultadas para imponer las sanciones establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de lo Servidores Públicos a los servidores públicos que transgredan lo dispuesto en el ordenamiento legal en cita, motivo por el cual instaurarán, sustanciarán y resolverán el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades a que alude el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Advirtiéndose además que, en el caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un órgano interno de control, frente al cual se encuentra un titular y está integrado, entre otras, por un Área de Responsabilidades, cuyo titular tiene la competencia material y facultades establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, encontrándose entre ellas, la que se prevé en el artículo 80, fracción I, numeral 1, consistente en instruir el procedimiento de investigación, a efecto de determinar las responsabilidades que llegasen a existir y, en su caso, imponer las sanciones administrativas a que haya lugar.
"Siendo entonces que los dispositivos legales citados en la resolución impugnada, confieren a la titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, competencia material para resolver el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades instaurado en contra del actor quien, en la época de los hechos, se encontraba adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, al desempeñarse como jefe de departamento Delegación A, así como también para sancionarle con ‘suspensión para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de doce meses.’
"Asimismo, es de precisarse que en la resolución impugnada al citarse los artículos mediante los cuales se facultaba a la titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social para emitirla, se hizo referencia a los artículos 37, fracciones XII y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente a la fecha de emisión de la resolución y 62, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, los cuales establecen:
"‘Artículo 37. (se transcribe).’
"Numerales transcritos de los que se desprende, en primer término, que los órganos de control dependen jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, a quien de manera originaria, por conducto de su titular, le compete conocer e investigar las conductas administrativas de los servidores públicos que pudiesen constituir alguna responsabilidad de carácter administrativo, pero a efecto de dar mayor celeridad y atención a los asuntos, cuenta con diversos órganos internos de control en las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, a la cabeza de los cuales se encontrará un titular que contará a su vez con los dos de las Áreas de Responsabilidades que estarán encargados, entre otras cosas, de instruir los procedimientos de investigación a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar e imponer, en su caso, las sanciones aplicables en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades.
"Siendo así que el órgano interno de control, a través de su Área de Responsabilidad, es competente para actuar dentro del ámbito de actuación del Instituto Mexicano del Seguro Social, esto es, ejercer sus atribuciones atendiendo a la dependencia a la que se encuentra adscrito, siendo que dichas facultades o atribuciones no se ejecutan respecto a una determinada circunscripción territorial, ello en razón a que el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, dependía de la Secretaría de la Función Pública, circunstancia por la cual, contrario a lo aducido por el actor, la titular del Área de Responsabilidades al emitir la resolución impugnada, cumplió a cabalidad con la debida fundamentación de su competencia territorial."
En cambio, resulta fundado el segmento del segundo concepto de violación, en el cual se insiste que la Sala responsable desatendió la litis fiscal sometida a su consideración, al omitir analizar el décimo noveno de sus argumentos de anulación, incisos -I) al V- en donde hizo valer, en síntesis, que el procedimiento administrativo que se le instauró en su contra, viola flagrantemente el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el cual, de ser fundado, destruiría todo ese procedimiento administrativo que fue sustanciado en su contra, desde su origen.
Lo anterior es fundado en lo sustancial, ya que tal y como lo refiere la quejosa en su demanda de nulidad, específicamente en el concepto de anulación denominado como décimo noveno -visible a fojas cincuenta y nueve- la accionante del juicio fiscal controvirtió, entre otras cosas:
Que el procedimiento administrativo en que se ordena su suspensión temporal, está viciado de origen, toda vez que el titular del Área de Auditoría de Quejas y Responsabilidades en la Delegación Jalisco, previo a su instauración, recabó información y documentación -en la que determinó supuestas irregularidades- para la integración del expediente DE/657/10JAL, lo cual contraviene el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que tal indagatoria se debe realizar hasta que se encuentre iniciado el procedimiento respectivo.
Que dentro de ese expediente DE/657/10JAL, que se gestó antes del inicio del procedimiento administrativo, y en el que se recabaron, no se le otorgó la garantía de audiencia y defensa.
Que la integración del expediente DE/657/10JAL, emitido por el titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Jalisco, es ilegal, ya que no sustentó su existencia jurídica ni su competencia por razón de materia, grado o territorio, para efectos de recabar, así como para remitir ésta al titular del Área de Responsabilidades de dicho órgano administrativo.
Que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue quien recibió la información recabada por su homólogo del Área de Auditoría de Quejas y Responsabilidades en la Delegación Jalisco, no sustentó su competencia territorial ni su existencia jurídica, para sancionar al servidor público, ni mucho menos haber integrado y remitido el expediente DE/6547/10JAL.
Lo dicho se desprende del referido concepto de anulación, visible a fojas cincuenta y ocho a sesenta del juicio de nulidad 5094/12-07-03-1 -atrayente-, cuyo tenor literal prevé:
"Décimo noveno. La resolución con número de oficio 00641/30.15/3375/212, de fecha 31 de mayo de 2012, dictada en el expediente número 790/2011, por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual se me impone la sanción administrativa consistente en suspensión del empleo, cargo o comisión que actualmente se encuentre desempeñando en el servicio público por el término de doce meses, violenta en mi perjuicio las mínimas garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, dejándome en un total estado de indefensión, toda vez que dicha resolución deriva de un procedimiento totalmente viciado de origen, dado que tal como se desprende de las fojas 1 y 2 de la resolución impugnada, del resultando primero se desprende que mediante oficio 00641/730.102/R-230/2011, de tres de junio de dos mil once, el titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Jalisco, remitió al entonces titular del Área de Responsabilidades, ambos de este Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el expediente No. DE/567/10JAL, iniciado con motivo del oficio DE/321/2010, de fecha nueve de agosto de dos mil diez, suscrito por el L.A.E. Benito Gerardo Carranco Ortiz, Delegado Estatal del Instituto Mexicano de Seguro Social en Jalisco, mediante el cual remitió denuncia enviada a su correo electrónico, desde la cuenta de correo ********** a nombre de **********, en el cual se señalaron presuntas irregularidades administrativas atribuidas a personal adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos de la citada delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social.
"Transcripción de la cual se desprende que la resolución impugnada, al tener su origen en el oficio 00641/730.102/R-230/2011, de tres de junio de dos mil once, emitido por el titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Jalisco, mediante el cual remitió al entonces titular del Área de Responsabilidades, ambos de este Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el expediente No. DE/657/107JAL, iniciando con motivo del oficio DE/321/2010, de fecha nueve de agosto de dos mil diez, el mismo es del todo ilegal por los siguientes motivos:
"I) En primer término, porque se violentó de manera flagrante el procedimiento establecido en el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, toda vez que si bien es cierto que de conformidad con la fracción IV de dicho numeral, durante la sustanciación del procedimiento la secretaría, el contralor interno o el titular del Área de Responsabilidades, podrán practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas, la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna; sin embargo, no menos cierto es que esto debe acontecer una vez iniciado el procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa y no antes, como en el caso aconteció que el titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Jalisco, recabó información y documentación para la integración del expediente No. DE/657/107JAL, mismo que mediante oficio 00641/730.102/R-230/2011, de tres de junio de dos mil once, lo remitió al titular del Área de Responsabilidades, ambos de este Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que pone en total evidencia que de manera unilateral y apartada del procedimiento administrativo con número de expediente 790/2011, la demandada por conducto del titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Jalisco, recabó información y documentación con la que determinó supuestas irregularidades a cargo de esta recurrente, a través de la resolución impugnada, lo que desde luego trastoca el procedimiento establecido por el legislador en el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
"II) En la especie, es de señalar que también devino de ilegal por parte de la autoridad demandada, así como del titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Jalisco, que no se me haya dado la garantía de audiencia y defensa dentro del expediente No. DE/657/10JAL, dado que fue con base en información y documentación recabada en ese expediente en donde se determinó la existencia de presuntas responsabilidades a cargo de esta recurrente.
"III) Asimismo, es de señalar que la actuación del titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Jalisco, en la integración del expediente No. DE/657/10JAL, deviene ilegal, toda vez que en ningún momento en el expediente 790/2011 acreditó haber sustentado su existencia jurídica, así como su competencia en razón de grado, materia y territorio, para efectos de solicitar documentación e información para la integración del expediente No. DE/657/10JAL, así como para efectos de remitir dicho expediente al titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, D.F., negándose todo lo anterior de manera lisa y llana.
"IV) Por último, resta señalar, y como una cuestión que no debe perderse de vista por parte de esta H. Sala Fiscal, que fue con base en la información y documentación recabada en el expediente DE/657/10JAL, por parte del supuesto titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Jalisco, que el titular del Área de Responsabilidad del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, D.F., instauró a cargo de esta recurrente el procedimiento establecido en el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuando, como se ha señalado, el citado titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Jalisco, nunca sustentó su competencia para recabar información y documentación para la integración del expediente No. DE/657/10JAL, así como para efectos de remitir dicho expediente al titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social; a más aún de señalar que resulta incongruente que el supuesto titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Jalisco, a pesar de haber sido el ente que recabó la citada documentación e información por presunto incumplimiento de obligaciones de este recurrente, el mismo no haya llevado ese procedimiento en base y a las formalidades establecidas en el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y, a su vez, en su caso la emisión de la resolución sancionatoria.
"En ese orden de ideas, también es de resaltar que a pesar de que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social no fue el ente que recabó la citada documentación e información por presunto incumplimiento de obligaciones de esta recurrente, el mismo sí fue el que sancionó a esta recurrente con base en un ente con residencia en el Estado de Jalisco, que en ningún momento ha acreditado tener existencia jurídica, menos aún su facultad de haber integrado y remitido el expediente DE/657/10JAL, negándose lo anterior de manera lisa y llana."
Luego, del análisis sistemático que este órgano colegiado realiza de la sentencia reclamada, no se advierte que a dichos argumentos se les hubiese dado respuesta íntegra, puesto que, como se vio de la transcripción anterior, la Sala Fiscal, una vez que estimó sustentada la competencia material, por grado y territorio de la resolución impugnada -mas no de su antecedente más remoto, esto es, del oficio en que el titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades en la Delegación Jalisco, se sustentó para recabar pruebas en contra del servidor público- declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, con fundamento en los artículos 49, 50 y 51, fracción IV y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al ponderar fundado el primero de los conceptos de anulación en que se controvirtió que el oficio en que los actores fueron llamados a la audiencia de procedimiento administrativo, contravenía el artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que no se encuentra firmado autógrafamente por el titular del Área de Responsabilidades, lo cual concluyó, con motivo de que la demandada no cumplió con su carga probatoria de acreditar pericialmente que éste sí se encontraba debidamente signado.
Luego, con la omisión destacada se desatendieran los principios de congruencia y exhaustividad acogidos en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que prevé que la Sala Fiscal debe analizar, en primer orden, los conceptos de anulación que tienden a la declarativa de nulidad lisa y llana del acto impugnado, pues la a quo prescindió de analizar el precisado argumento que, de resultar fundado, le generaría un mayor beneficio del juicio fiscal, dado que tendría por efecto destruir las pruebas que se ordenaron recabar de forma ilegal, con antelación al inicio del procedimiento administrativo que fue instaurado en su contra, por lo que, en esa medida, de resultar fundados, la autoridad demandada ya no podría emplearlos en el inicio de un nuevo procedimiento que se llegara a instar.
Así, con la omisión destacada, se desatendió el citado numeral (sic) dispone, en lo conducente:
"Artículo 50. Las sentencias del tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.
"Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.
"Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25114-ab6f5841/suplencia-de-la-queja-deficiente-prevista-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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