AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 116/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 11 DE JUNIO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: AMALIA TECONA SILVA.
CONSIDERANDO:
4. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de este Máximo Tribunal; toda vez que el presente expediente versa sobre la posible contradicción de criterios de Tribunales Colegiados de distintos circuitos derivados de asuntos que corresponden a la materia laboral, que es de la especialidad de esta Sala.
5. Resulta ilustrativa la tesis P. I/2012 (10a.) del Pleno de este Máximo Tribunal, con el rubro y datos de publicación siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)." [Tesis P. I/2012 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Número de Registro IUS: 2000331]
6. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
7. TERCERO. Ejecutorias contendientes. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, resulta conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
8. I. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 45/2014, en sesión de trece de marzo de dos mil catorce, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. Análisis de los agravios. Agravios donde controvierte el sobreseimiento. Aduce el recurrente que el a quo equivocó su criterio al estimar que debía sobreseerse en el juicio de derechos fundamentales por considerar que no actualizaba un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo la omisión atribuida a un Ayuntamiento en dar cumplimiento a un laudo firme en el procedimiento de ejecución de sentencia. Ello, señala, pues la contumacia o negativa de cumplir entraña un actuar discrecional provisto de imperio en virtud de que el Ayuntamiento demandado goza del beneficio de no poder ser embargada. Lo anterior resulta esencialmente fundado. Es cierto, el a quo equivocadamente determinó que estaba desprovisto del carácter de autoridad responsable el Ayuntamiento a quien se atribuyó la omisión de cumplir el laudo condenatorio del juicio en que figuró como demandado, pues más allá de que se encuentre cancelada la jurisprudencia en que se sustentó, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal ha emitido diversos criterios obligatorios en el sentido de que la imposibilidad de ejecutar coactivamente las resoluciones en perjuicio del Estado, conlleva un actuar discrecional en la fase ejecutiva por parte de las dependencias condenadas que, de suyo, rompe la relación de coordinación que de origen se suscitó entre éstos. A fin de arribar a lo anterior, conviene dar cuenta de los antecedentes más relevantes del caso concreto que se desprenden de las constancias que integran el sumario constitucional: (i) **********, reclamó del Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, entre otras prestaciones, la reinstalación en su puesto de trabajo y el pago de salarios caídos, demanda cuyo conocimiento correspondió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, quien la radicó bajo el expediente **********. Seguido el juicio laboral por sus trámites legales, el veintinueve de noviembre de dos mil doce, el tribunal obrero dictó laudo donde declaró procedente la acción de reinstalación ejercida, condenando al Ayuntamiento enjuiciado a reinstalar al operario y pagar algunas prestaciones que le reclamó, absolviendo, en consecuencia, de otras. En dicho fallo, se concedió a la parte demandada el improrrogable término de setenta y dos horas para cumplir el laudo y, en su caso, pagar las prestaciones cuya procedencia se determinó, ello, a partir de que surtiera efectos su notificación, bajo el apercibimiento de que en caso contrario, se haría acreedor a las sanciones correspondientes y que, en el supuesto de reincidir, dictaría las medidas necesarias para proveer la eficaz e inmediata ejecución del laudo, en términos del artículo 157 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo. (ii) En la etapa ejecutiva, el Ayuntamiento demandado dio cumplimiento parcial a la condena, pues el quejoso precisó en su demanda de derechos fundamentales que faltaba por cubrir ********** (**********) como remanente. Ante su incumplimiento, el ocho de octubre de dos mil trece, el tribunal del trabajo dictó auto de requerimiento de pago, cuya diligencia se ordenó por el monto antes señalado en el domicilio del Ayuntamiento demandado; proveído donde además, se le apercibió con que de no efectuar el pago en ese momento, se haría acreedor a una multa por ********** (**********), sin perjuicio de ejecutar las demás vías de apremio hasta lograr el cumplimiento del laudo, tal como lo establecen los artículos 155 y 156 de la ley burocrática local. Con todo, el Ayuntamiento enjuiciado no efectuó pago alguno, esto es, no cumplió en su totalidad el laudo pronunciado por el tribunal del trabajo, ante lo cual, el trabajador promovió juicio de amparo biinstancial contra la omisión referida. (iii) Correspondió conocer la demanda de derechos fundamentales al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien la radicó y tramitó bajo el expediente **********, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional y solicitó a la responsable su informe con justificación. El Ayuntamiento de Benito Juárez, al rendir su informe justificado, aceptó el acto que se le atribuyó, agregando que su incumplimiento se presentó en virtud del cambio de administración, pero que se encontraba dando trámite para efecto de cumplir en sus términos el fallo laboral. El treinta de diciembre de dos mil trece, el a quo celebró audiencia constitucional en la que determinó sobreseer en el juicio de amparo al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, debido a que la omisión reclamada no podía estimarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo (sic). Ello, pues el Ayuntamiento señalado como autoridad responsable no actuó en una relación de supra-subordinación, sino que durante el juicio y su etapa ejecutiva se entabló una relación coordinada -en un plano de igualdad con el quejoso-, al ser parte demandada en el proceso laboral de origen, criterio que sustentó al estimar aplicable la jurisprudencia I.4o. (I Región) J/1 (10a.), de rubro: ‘AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO BUROCRÁTICO. LA OMISIÓN DE CUMPLIR UN LAUDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DERIVADO DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIÓ COMO PATRÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO.’ (sic). Como se advierte, en el juicio de amparo que se revisa se reclamó la omisión de cumplir en su totalidad el laudo condenatorio dictado en el juicio laboral ********** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. En dicho proceso, el aquí quejoso y el Ayuntamiento señalado como autoridad responsable fueron partes contendientes en sus calidades de trabajador y patrón, respectivamente; sin embargo, la contumacia o negativa del referido órgano de gobierno Municipal en dar cumplimiento total al referido laudo, como se verá, actualiza un idéntico contexto fáctico al dilucidado por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, donde se determinó que la omisión de las dependencias de la administración pública y de las entidades federativas de cumplir resoluciones dictadas en su contra, constituye un acto de autoridad que puede combatirse a través del juicio de amparo biinstancial. Dicho criterio es de rubro y texto siguientes: ‘DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).’ (transcribe). Como se ve, de conformidad con la jurisprudencia transcrita de observancia obligatoria, la omisión en dar cumplimiento a una sentencia condenatoria (o laudo) por los organismos de la administración pública de la Federación o de las entidades federativas debe ser considerado como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello, pues si bien es cierto que la sujeción de los órganos estatales a un plano de igualdad en el procedimiento contencioso relativo, evidencia una relación de coordinación entre las partes; en la fase de ejecución, se establece a favor de aquéllos una excepción a este principio por su calidad de órgano del Estado, por lo cual, en caso de no presentarse un cumplimiento voluntario, el desacato a lo ordenado deja de ser un acto de ‘particulares’ o coordinado, para los efectos del juicio de amparo, porque esa omisión se realiza al recuperar la autonomía, imperio y unilateralidad de su conducta en perjuicio de la esfera jurídica del gobernado quien obtuvo un fallo favorable. De tal forma, en los casos señalados, el incumplimiento voluntario y oportuno por parte de los órganos del Estado (dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas), según interpretó en la citada directriz jurisprudencial la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualiza una afectación en la esfera legal del particular que pone de manifiesto una relación supra-subordinada. Ahora bien, en relación con el anterior criterio cabe destacar que el trato diferenciado consistente en ‘el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa’, no sólo puede derivarse de una prerrogativa derivada de la ley, como es de la excepción al principio de igualdad procesal previsto en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas, sino también puede presentarse dada la falta de previsión o carencia de instrumentos e instituciones jurídico procesales eficientes para lograr el cumplimiento efectivo de los laudos o sentencias. En tales condiciones, si bien es cierto el Ayuntamiento señalado como autoridad responsable, en su carácter de órgano de gobierno del Municipio de Benito Juárez, no puede equipararse a las dependencias de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas a que se refiere el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque su naturaleza lo define como una institución política y de gobierno de carácter autónomo -que de suyo presupone encontrarse exento de una relación de jerarquía con los gobiernos estatal y federal-, lo cierto es que fácticamente se presentan idénticas circunstancias con el tema que dilucidó la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 85/2011. Es así, pues como se dijo, respecto a lo omisión de dar cumplimiento a la ejecución del laudo ********** del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, derivado del juicio laboral llevado entre el Ayuntamiento perdidoso señalado como responsable y el trabajador, aquí quejoso y recurrente, no se está más ante una relación de coordinación, porque la actitud contumaz de aquél en dar cumplimiento involucra de facto una facultad discrecional. Además, como se mencionó, pues si bien el Ayuntamiento (como órgano de gobierno del Municipio) no se encuentra expresamente contemplado dentro de la excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, que proscribe estimarlo como sujeto de una ejecución forzosa (o providencia de embargo) a fin de que el particular gobernado obtenga la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor, lo cierto es que la legislación burocrática local sólo prevé un procedimiento de ejecución en la vía de apremio, la cual resulta limitada e ineficaz p
ra lograr un pronto y expedito cumplimiento de los laudos emitidos por el tribunal burocrático. En efecto, los artículos 153, 154, 155, 156, 157 y 158 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, únicamente prevén que de no cumplirse con el mandamiento de ejecución se procederá al apremio de la autoridad, a quien se impondrá una multa hasta por ********** (**********). Luego, si en el referido proceso laboral burocrático la ejecución de las sentencias tiene el límite antes referido, esto es, que sólo se podrá apremiar a la autoridad a que cumpla con el laudo condenatorio, sin que prevea la vía ejecutiva o la providencia de embargo relativa, por estimar implícitamente que los Municipios (como unidad política y de gobierno), a través de sus Ayuntamientos no pueden ser embargados por el interés público que reviste la no afectación de su patrimonio y hacienda con mandamientos de tal índole; entonces, es claro que se actualizan las notas distintivas del carácter de autoridad, pues en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, el Ayuntamiento se encuentra colocado de facto en un plano de desigualdad procesal, pues: a) Implícitamente se privilegia a los Ayuntamientos si la ley no prevé un mandamiento de ejecución eficaz, sin que vía interpretación sea factible estimar que el tribunal obrero se encuentra facultado a proveer una ejecución (vía ejecutiva o providencia de embargo) no prevista en la ley. b) En tal virtud aquél se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular atendiendo a su calidad de instituto político y de gobierno del Estado, sujetando su cumplimiento voluntario a una potestad discrecional. c) El uso (sic) esa potestad, implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor. Conclusiones anteriores que incluso, pueden verse corroboradas de las diversas contradicciones de tesis 408/2012, 83/2013 y 91/2013, en las que la propia Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal estimó existentes pero improcedentes las contradicciones de tesis planteadas al advertir, en todas ellas que la divergencia aducida se encontraba ‘despejada por la jurisprudencia 2a./J. 85/2011’, e incluso, en lo que aquí importa, ordenó en la última de las mencionadas la cancelación del criterio en que se sustentó el a quo, como así se advierte de la publicación electrónica del Semanario Judicial de la Federación que a continuación se transcribe (publicación textual): (transcribe). Ahora bien, en lo que aquí interesa, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la referida contradicción de tesis 91/2013, lo siguiente: (transcribe). Como se advierte, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal determinó que la contradicción de tesis sustentada entre el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, (aunque existente) debía declararse improcedente dado que la divergencia planteada encontraba sustento en la diversa jurisprudencia 2a./J. 85/2011 de su índice. Ello, pues los juicios de amparo indirecto quedaron comprendidos o enmarcados en el procedimiento de ejecución derivado de un laudo firme dictado en un procedimiento laboral que condenó, por una parte, a una dependencia de una entidad federativa; y, por otra, a una de la administración pública de la Federación; lo cual refirió incidía en la interpretación y alcance que dio al artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, en el sentido de que dicho precepto preveía una excepción al principio de igualdad procesal que excluía a las dependencias perdidosas de tener que enfrentar un mandamiento de ejecución o providencia de embargo en la ejecución de una determinación judicial. Dicho precepto señala: ‘Artículo 4o.’ (transcribe). Ahora, como ha quedado dicho, si bien los Ayuntamientos (entendidos como los órganos de gobierno de los Municipios) no pertenecen a la administración pública Federal ni a las entidades federativas lo cierto es que el contexto en que se presentó la controversia de origen puede equipararse en cuanto al incumplimiento de acatar el laudo y la contumacia en que ha incurrido la autoridad, a los criterios que contendieron en las contradicciones de tesis 408/2012, 83/2013 y 91/2013, en las que las que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal estimó existentes pero improcedentes al concluir que la divergencia planteada se resolvía aplicando la jurisprudencia 2a./J. 85/2011. Es así, pues el proceder omiso del Ayuntamiento implica colocar al particular en un notable estado de indefensión ante la imposibilidad del particular de lograr la pronta ejecución del laudo por la vía ordinaria como lo previene el artículo 17 de la Constitución, pues como se dijo, únicamente cuenta con la vía de apremio. Similar criterio en materia administrativa ha adoptado la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 386/2011, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 de rubro y texto siguientes: ‘DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD.’ (transcribe). En efecto, en la ejecutoria que dio origen a la anterior jurisprudencia, la Segunda Sala prescindió estimar la excepción al principio de igualdad prevista en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues determinó que en los procedimientos contenciosos administrativos que se susciten entre gobernantes y gobernados se está en presencia de una relación de supra-subordinación pues el hecho de que el órgano del Estado sea parte demandada no conduce a una transformación o cambio de esa primigenia relación de coordinación. Por tanto, si con motivo de una sentencia firme, previo agotamiento del recurso en las legislaciones que lo contemplen, no se logra el cumplimiento de aquélla, la contumacia que actualiza dicha omisión podrá analizarse a través del juicio de amparo biinstancial, pues aquélla se traduce en una violación al derecho fundamental de acceso a la justicia en obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Lo así expuesto, se consideró por la Sala responsable en los términos siguientes: (transcribe). En lo que aquí importa, se advierte que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal prescindió considerar si era aplicable o no la excepción al principio de igualdad procesal previsto en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, al estimar que las autoridades demandadas en los juicios contenciosos administrativos no dejaban de actuar en un plano de supra-subordinación, por el solo hecho de ser parte en dichos procesos. Por ende, sostuvo que el incumplimiento a las sentencias firmes, previo agotamiento de los medios ordinarios de defensa, constituían actos de autoridad susceptibles de analizarse en el juicio de amparo biinstancial, en virtud de que tal omisión afectaba la esfera jurídica del particular con motivo del desacato a la decisión del tribunal administrativo. En ese orden de cosas, se estima que las notas características analizadas en las contradicciones de tesis 422/2010 y 386/2011; así como de las diversas contradicciones de tesis 408/2012, 83/2013 y 91/2013, que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal estimó existentes pero improcedentes al concluir que la divergencia planteada se resolvía aplicando la jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (contradicción de tesis 422/2010), dan cuenta de la uniformidad jurisprudencial que se ha sustentado bajo diversas interpretaciones en el sentido de que las omisiones atribuidas a órganos o dependencias de gobierno en dar cumplimiento a una sentencia o laudo condenatorio implican verdaderos actos de autoridad, porque al omitir dar cumplimiento voluntario, impiden satisfacer el derecho que la sentencia o laudo otorga a su favor, lo que contraviene el artículo 17 de la Constitución, en su dimensión de acceso y administración de la justicia. Por ende, es de concluirse que en el caso asiste el carácter de autoridad responsable al Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. De ahí que resulten fundados los agravios. En tales condiciones, este tribunal revisor reasume jurisdicción en términos del artículo 93, fracción (sic) I y V, de la Ley de Amparo, y procede al análisis de los conceptos de violación, toda vez que la autoridad responsable no invocó causas de improcedencia que pudieran actualizarse ni este tribunal de amparo advierte alguna en su análisis oficioso. ... OCTAVO. Denuncia de posible contradicción de tesis. Se hace notar que este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 139/2013 de su índice, donde determinó inaplicar la jurisprudencia 2a./J. 85/2011. Es así, pues en la referida ejecutoria el señalado tribunal de amparo, en un idéntico caso al que aquí se resuelve, declaró infundados los agravios propuestos y confirmó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito que estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, al estimar que los Municipios del Estado de Yucatán no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se reclame su omisión en cumplir un laudo condenatorio en un proceso laboral en que comparecieron en su calidad de patrones. De dicho criterio derivó la tesis aislada XIV.T.A.4 L (10a.), de rubro y texto: ‘MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. CUANDO SE LES ATRIBUYE QUE OMITIERON CUMPLIR UN LAUDO CONDENATORIO DICTADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIERON EN SU CALIDAD DE PATRONES, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 85/2011).’ (transcribe). Ahora bien, aun cuando dicho criterio no obliga a este Tribunal Colegiado, por tratarse de un órgano de igual jerarquía, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; en acatamiento a lo dispuesto en el artículo (sic) 225, 226, fracción II y 227 fracción II, de la ley de la materia, se denuncia la posible contradicción de tesis entre el Tribunal Colegiado aludido y el que ahora resuelve, al existir discrepancia entre los criterios sostenidos en los juicios de amparo respectivos. Es así, pues mientras aquél resolvió que los Municipios del Estado de Yucatán carecen del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se les reclama la omisión de cumplir un laudo condenatorio en el que figuraron como patrones, porque la ley burocrática aplicable prevé la ejecución forzosa en la vía de apremio, por lo que no se está ante una relación supra-subordinada; en cambio, este órgano constitucional sostiene que los Municipios sí actúan en tal caso como autoridades para efectos del juicio de amparo, pues la circunstancia de que la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo -al igual que la homóloga del Estado de Yucatán- prevea la ejecución forzosa a través del apremio para lograr el cumplimiento del laudo condenatorio, no desvirtúa la reasunción de un plano de desigualdad procesal (supra-subordinada) que patentiza el carácter de autoridad responsable del Ayuntamiento en la fase ejecutiva, por resultar limitado e ineficaz el apremio para lograr un pronto y expedito cumplimiento de los laudos emitidos por el tribunal burocrático. Denuncia que se realiza ante la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que determine lo conducente. ..."
9. II. Asimismo, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 139/2013, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil trece, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Son infundados los agravios que hace valer **********, por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En la sentencia recurrida, se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por el aquí inconforme en contra de la negativa por parte del Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán, de cumplir con el pago del laudo a que fue condenado el dos de junio de dos mil diez, en autos del juicio laboral **********, del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, negativa que además, expresó mediante escrito de fecha once de marzo de dos mil trece. La razón de tal sobreseimiento, tiene como soporte la causal de improcedencia derivada de los artículos (sic) 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por cuanto que el Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán, parte patronal en el juicio laboral **********, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo, con base en las siguientes consideraciones y fundamentos: A) La omisión reclamada a la autoridad demandada de acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio burocrático, en materia del estudio de fondo del asunto en el juicio de garantías de mérito, se constreñirá a determinar si existe o no contumacia o negativa a cumplir ese laudo firme y si ésta contraviene o no las garantías de pronta y expedita impartición de justicia consagradas en el artículo 17 constitucional, sin que esto tenga el alcance de analizar cuestiones propias del procedimiento de ejecución en sí mismo, que es lo que reclama el quejoso en su demanda de amparo; de ahí que no existe vinculación entre los actos propios de la ejecución del laudo y la omisión atribuible al Ayuntamiento de Sotuta. B) En el procedimiento de ejecución de los laudos establecido en el título noveno, capítulo único, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, el Ayuntamiento demandado en el juicio natural mantiene una relación de coordinación con el ahí actor, esto es un plano de igualdad y bilateralidad, pues en ese caso el Estado, se encuentra en su calidad de patrón con la quejosa -parte actora-, no de supra a subordinación, ya que tal como si fuese un ente privado, en contra de ese Municipio puede y debe sustanciarse hasta su culminación la ejecución forzosa del laudo dictado en favor del quejoso -en su carácter de trabajador-, lo que evidencia que, en tal procedimiento, el Ayuntamiento de Sotuta, Yucatán, no actúa con el carácter de autoridad; por el contrario, se asemeja a un particular en contra del cual se dictó un laudo que debe cumplir, obligatoriamente, a través de la vía ordinaria y forzosa instituida en la ley aplicable para ese fin. C) Que en virtud de los artículos 161 y 162 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, se establece la función trascendental, herramientas vinculatoria y una amplia gama de instrumentos legales que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, tiene para hacer cumplir los laudos; esto es, la citada ley establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado en favor del quejoso, a través de los medios de apremio establecidos en la propia ley. D) Los actos reclamados provienen de un juicio laboral, en donde no se demandó a una institución o dependencia federal o estatal a la cual sea aplicable la excepción al principio de igualdad procesal prevista en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la administración pública federal o de las entidades federativas, al estipular que en contra de éstas no puede dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo par
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25148-068fbb9c/ayuntamientos-de-quintana-roo-y-yucatan-el-incumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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