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Modo: Corpus Pro

CONFLICTO POSESORIO EN MATERIA AGRARIA. CORRESPONDE RESOLVERLO A LA ASAMBLEA ANTES DE ACUDIR A LA JURISDICCIÓN AGRARIA, SI EL EJIDO NO HA SIDO PARCELADO POR DICHO ÓRGANO INTERNO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 395/2011. · Registro digital (IUS): 25169
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-08-15
Promovente: GENARO ROA VEGA.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Pág. 1655.

AMPARO DIRECTO 395/2011. GENARO ROA VEGA. 7 DE JUNIO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA. PONENTE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. SECRETARIA: CLAUDIA RODRÍGUEZ VILLAVERDE.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. En suplencia de queja -con los amplios alcances que caracterizan a la institución respecto de sujetos individuales de derecho agrario- conforme a los artículos 76 Bis, fracción III, 212 y 227 de la Ley de Amparo, y como a continuación se explicará, debe concederse el amparo a la parte quejosa para el efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada.

De forma genérica, en los conceptos de violación se refiere que se afectan derechos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por inobservarse las formalidades esenciales del procedimiento, al variarse la litis; del mismo modo, se argumenta que la autoridad omitió analizar las pruebas ofrecidas por el quejoso, así como relacionarlas.

También se alega que se configura la caducidad y que son ineficaces las constancias de posesión presentadas por Zacarías Gabriel Hernández, ya que no acreditan la posesión, porque no fueron expedidas en cumplimiento a lo acordado dentro de alguna asamblea de ejidatarios, contrario a la constancia presentada por el quejoso, que asegura que fue reconocida en contenido y firma, y que no se le otorgó ningún valor.

En la sentencia reclamada, una vez que se valoraron las pruebas ofrecidas por los contendientes, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez concluyó que quien tiene mejor derecho para poseer el predio motivo del juicio agrario, es Zacarías Gabriel Hernández (actualmente su sucesor preferente Enrique Gabriel Jiménez).

La anterior conclusión de la sentencia reclamada se derivó de una valoración que realizó la autoridad responsable -Tribunal Unitario Agrario- a las pruebas admitidas por el actor en el principal, desprendiéndose de las mismas, según se consideró por la responsable, que Silverio Gabriel Ramírez (antecesor de Zacarías Gabriel Hernández) tuvo en posesión la totalidad del predio motivo del juicio desde mil novecientos cuarenta y cuatro, y tan es así que en su momento le expidieron las constancias de quince de mayo de mil novecientos cincuenta y treinta y uno de marzo de mil novecientos sesenta y ocho, aunado a que el actor siempre demostró su inconformidad con la posesión que pretendía ejercer Genaro Roa Vega, tal como se desprende de las averiguaciones previas que constan en autos.

Por lo que corresponde a Genaro Roa Vega, el Tribunal Unitario responsable consideró que lo único que se probó fue que dicha persona es ejidatario del poblado en cuestión, y que éste no demostró la posesión del predio motivo del juicio, pues la constancia de posesión que presentó es ineficaz para acreditar tal hecho, además de que no ofreció otras pruebas tendientes a reforzar su defensa, no obstante que sus testigos manifestaron que conocen el predio motivo del juicio y que lo posee su presentante desde hace diez años, porque se lo dio el comisariado ejidal; sin embargo, esta prueba tampoco le fue benéfica para sus intereses, ya que no se encontró fortalecida con alguna otra.

Y en cuanto al comisariado ejidal y consejo de vigilancia del poblado relacionado con los hechos, se determinó que era improcedente su acción reconvencional en virtud de que, si bien en el ejido no ha sido parcelado formalmente -lo que se afirma por el Tribunal Unitario-, lo cierto es que de autos se desprende que sí existe una división informal a la cual dicha responsable la calificó como si se tratara de un "parcelamiento de hecho", calificativo al que llegó tomando en cuenta que en asamblea de diecisiete de marzo de dos mil dos, se dijo que para resolver el conflicto suscitado entre Zacarías Gabriel Hernández y Genaro Roa Vega, realizarían una inspección a fin de determinar qué porción de terreno tenían en posesión ambos ejidatarios; advirtiéndose de tal manifestación que aceptan tácitamente que en el ejido hay un parcelamiento de hecho.

Es decir, en las consideraciones del Tribunal Unitario Agrario responsable se sostiene que el acuerdo de asamblea de la fecha arriba indicada, para que se haga una inspección en la parcela en conflicto, equivale a la existencia de un "parcelamiento de hecho", o dicho de otro modo, se estima por la responsable que ello es suficiente para sostener la existencia de esa modalidad de parcelamiento.

Pues bien, considerando lo anterior, resulta claro que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 1o., 2o., 14 y 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo cierto es que como no existe parcelamiento de ninguna de las modalidades reconocidas por el derecho agrario, entonces no es posible que pueda existir un pronunciamiento en cuanto a un conflicto posesorio en esta materia, lo que trae como consecuencia que la autoridad de primer grado debió abstenerse de resolver el conflicto posesorio con base en derecho, y declarar lo necesario para volver evidente la necesaria intervención de la asamblea.

Y a ello debe sumarse que es contraria a la ley y a la jurisprudencia, la consideración del Tribunal Unitario responsable en la cual asegura que en dicho ejido sí existe un "parcelamiento de hecho" por la circunstancia de que en la asamblea de diecisiete de marzo de dos mil dos, se tomó el acuerdo consistente en que, para resolver el conflicto suscitado entre Zacarías Gabriel Hernández y Genaro Roa Vega, se realizaría una inspección en el lugar a fin de determinar qué porción de terreno tenían en posesión ambos ejidatarios.

Ello es así, porque del análisis de lo resuelto por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, así como de las constancias de autos, se desprende que el Ejido de Santa María Magdalena, Cahuacán, no se encuentra parcelado ni "de hecho" ni "de derecho".

Esto es, en dicho ejido, a la fecha no han sido regularizadas ni asignadas ordenadamente las dotaciones y tenencias individuales, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley Agraria, lo cual trae como consecuencia que ningún ejidatario cuente con certificados de aprovechamiento individual y que todos sean los dueños pro indiviso, en un estado similar a la copropiedad sin divisiones.

Por tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción II, párrafos segundo y tercero de la Constitución Federal; además de los numerales 76 Bis, fracción III y última parte del 227, de la Ley de Amparo ya mencionados, este Tribunal Colegiado suple la queja deficiente de la pretensión del quejoso, en su carácter de ejidatario del poblado mencionado, con apoyo en la tesis de la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Volumen 59, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, bajo el rubro y texto siguientes:

"AGRARIO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. LA FALTA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS EN LA DEMANDA O ESCRITO DE REVISIÓN, RESPECTIVAMENTE, CONSTITUYEN LA MÁXIMA DEFICIENCIA. Si se está en presencia de un amparo en materia agraria, y el recurso de revisión fue interpuesto por un núcleo de población, es obligatorio para esta Sala suplir la deficiencia de la queja, consagrada en los artículos 107, fracción II, de la Constitución General de la República, 2o. y 76 de la Ley de Amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 91 del propio ordenamiento legal, los que determinan que en los juicios de garantías en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidatarios y a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, deberá suplirse la deficiencia de la queja. Esta suplencia opera no sólo cuando los conceptos de violación y agravios sean deficientes; o sea, se omita alguno de ellos, sino también cuando no se expresen conceptos de violación en la demanda o agravios en el escrito de revisión, que es lo que constituye la máxima deficiencia de la queja; pues basta para que el órgano judicial pueda o deba suplir la deficiencia de la queja, que se haya promovido el juicio de garantías o interpuesto el recurso de revisión."

En efecto, debe suplirse la deficiencia de la queja porque los conceptos de violación únicamente van encaminados a evidenciar que Genaro Roa Vega tiene derecho a poseer la porción de tierra que alega tener en posesión;(8) como puede verse, sus conceptos de violación son deficientes al no advertir y manifestar el perjuicio que le provoca la falta de parcelamiento, ya que, de existir, puede ser que hasta podría poseer más terreno del que éste hace uso, pues de autos se desprende que únicamente posee más de una hectárea, y a decir del comisariado ejidal, a cada miembro corresponde "poco más" de cuatro hectáreas.

Sin embargo, hasta en tanto no se delimiten las áreas que corresponden al ejido mediante un parcelamiento "de derecho" o "de hecho" (también conocido como económico) se desconoce en realidad cuántas hectáreas le corresponden y ello impide la formulación de pronunciamientos jurisdiccionales; además de que surge la presunción de que las tierras no parceladas son de uso común y, por tanto, no son susceptibles de reconocerse en favor de nadie, según el específico sistema de acreditaciones parcelarias y derechos agrarios individuales que impera en la materia.

Y es que para analizar la procedencia o improcedencia de un conflicto posesorio, es menester, primeramente, que se cumpla con todos los elementos necesarios para su estudio y resolución.

Tal es el caso del parcelamiento, el cual es un presupuesto que, de no existir, impide decidir jurídicamente a la justicia agraria sobre la cuestión debatida, ya que el parcelamiento es primordial para resolver en derecho todo conflicto en el que se encuentren inmersos derechos posesorios.

Según se desprende del artículo 27, fracción VII(9) de la Constitución Federal (en donde se establece que la ley protegerá la integridad de las tierras ejidales), considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria y protegiendo la tierra y regulando su aprovechamiento mediante la toma de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

Los ejidos, sobre todo los creados bajo la vigencia de la anterior Ley Federal de Reforma Agraria (como en el caso) y otras normativas anteriores, fueron formados a partir de dotaciones de tierras a favor de grupos campesinos con motivo del reparto agrario y por parte de resoluciones, entonces emitidas por el titular del Ejecutivo Federal y, posteriormente, en su sustitución, a partir de la reforma al artículo 27 constitucional, oficialmente publicado el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, por los tribunales agrarios.

Las tierras que fueron entregadas por el Ejecutivo a grupos solicitantes campesinos, de inicio, se transmitieron como una verdadera propiedad común indivisa.

Y así debe presumirse que se entregó y en tal estado se considera que permanece, hasta en tanto la asamblea de ejidatarios no haga el parcelamiento, mismo que, hasta que no esté inscrito oficialmente, se presume de hecho, pasando a ser de derecho posterior a su plena validación por las autoridades del ramo.

Es decir, sin parcelamiento (de derecho o bajo la modalidad de hecho o económica), la superficie del ejido debe presumirse jurídicamente como una copropiedad, en términos similares a los regulados por la misma institución en derecho civil; esto, en términos de los artículos 62 de la Ley Agraria(10) y 938 a 979(11) del Código Civil Federal, supletoriamente aplicable a la materia según el artículo 2o. de la Ley Agraria.

Esta misma característica de mancomunidad entre codueños o en la copropiedad del derecho civil, que origina una propiedad proindivisa, se presenta también en la cosa común agraria, pero con algunas diferencias, entre las que se encuentra la consistente en que, mientras en el derecho civil el ejercicio de la acción para la defensa de los derechos de copropiedad puede corresponder a uno de los comuneros, copropietarios o codueños, cuando inexiste división de la parte alícuota o porción que a cada copropietario corresponde,(12) en la comunidad agraria las leyes de la materia no prevén esta posibilidad.

Los artículos 21 a 31 de la Ley Agraria vigente disponen, en torno a las autoridades internas y a las facultades de la asamblea general, lo siguiente:

"Artículo 21. Son órganos de los ejidos:

"I. La asamblea;

"II. El comisariado ejidal; y

"III. El consejo de vigilancia."

"Artículo 22. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios.

"El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo."

"Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos:

"I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido;

"II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones;

"III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros;

"IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos;

"V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común;

"VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido;

"VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización;

"VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios;

"IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley;

"X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación;

"XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos;

"XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;

"XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;

"XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y

"XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido."

"Artículo 24. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea."

"Artículo 25. La asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. Para ello, deberá expedirse convocatoria con no menos de ocho días de anticipación ni más de quince, por medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del ejido. En la cédula se expresarán los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión. El comisariado ejidal será responsable de la permanencia de dichas cédulas en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el día de la celebración de la asamblea.

"La convocatoria que se expida para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá ser expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para la celebración de la asamblea.

"Si el día señalado para la asamblea no se cumplieran las mayorías de asistencia requeridas para su validez, se expedirá de inmediato una segunda convocatoria. En este caso, la asamblea se celebrará en un plazo no menor a ocho ni mayor a treinta días contados a partir de la expedición de la segunda convocatoria."

"Artículo 26. Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella se traten los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, en cuyo caso deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios.

"Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurran, salvo en el caso de la asamblea que conozca de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, la que quedará instalada únicamente cuando se reúna la mitad más uno de los ejidatarios."

"Artículo 27. Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad.

"Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea."

"Artículo 28. En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la procuraduría sobre la celebración de la asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición de aquélla y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario público. La procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido para tratar los asuntos a que se refiere este artículo, se haya hecho con la anticipación y formalidades que señala el artículo 25 de esta ley.

"Serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención de lo dispuesto por este artículo."

"Artículo 29. Cuando la asamblea resuelva terminar el régimen ejidal, el acuerdo respectivo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la localidad en que se ubique el ejido.

"Previa liquidación de las obligaciones subsistentes del ejido, las tierras ejidales, con excepción de las que constituyan el área necesaria para el asentamiento humano, serán asignadas en pleno dominio a los ejidatarios de acuerdo a los derechos que les correspondan, excepto cuando se trate de bosques o selvas tropicales. La superficie de tierra asignada por este concepto a cada ejidatario no podrá rebasar los límites señalados a la pequeña propiedad. Si después de la asignación hubiere excedentes de tierra o se tratare de bosques o selvas tropicales, pasarán a propiedad de la nación."

"Artículo 30. Para la asistencia válida de un mandatario a una asamblea bastará una carta-poder debidamente suscrita ante dos testigos que sean ejidatarios o avecindados. En caso de que el ejidatario mandante no pueda firmar, imprimirá su huella digital en la carta y solicitará a un tercero que firme la misma y asiente el nombre de ambos.

"En el caso de asambleas que se reúnan para tratar los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el ejidatario no podrá designar mandatario."

"Artículo 31. De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su nombre.

"Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho.

"Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asistan a la misma e inscrita en el Registro Agrario Nacional."

De los preceptos anteriores se desprende que la asamblea general, es el máximo órgano interno en el que participan todos sus miembros, que es competencia exclusiva de la asamblea el señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, la localización y relocalización del área de urbanización, así como el reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y la regularización de las tenencias de los posesionarios sobre las tierras del núcleo.

Asimismo, los artículos 56 a 61 de la citada Ley Agraria, literalmente establecen:

"Artículo 56. La asamblea de cada ejido, con las formalidades previstas a tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o de hecho o regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Consecuentemente, la asamblea podrá destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. En todo caso, a partir del plano general del ejido que haya sido elaborado por la autoridad competente o el que elabore el Registro Agrario Nacional, procederá como sigue:

"I. Si lo considera conveniente, reservará las extensiones de tierra correspondientes al asentamiento humano y delimitará las tierras de uso común del ejido;

"II. Si resultaren tierras cuya tenencia no ha sido regularizada o estén vacantes, podrá asignar los derechos ejidales correspondientes a dichas tierras a individuos o grupos de individuos; y

"III. Los derechos sobre las tierras de uso común se presumirán concedidos en partes iguales, a menos que la asamblea determine la asignación de proporciones distintas, en razón de las aportaciones materiales, de trabajo y financieras de cada individuo.

"En todo caso, el Registro Agrario Nacional emitirá las normas técnicas que deberá seguir la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido y proveerá a la misma del auxilio que al efecto le solicite. El Registro certificará el plano interno del ejido, y con base en éste, expedirá los certificados parcelarios o los certificados de derechos comunes, o ambos, según sea el caso, en favor de todos y cada uno de los individuos que integran el ejido, conforme a las instrucciones de la asamblea, por conducto del comisariado o por el representante que se designe. Estos certificados deberán inscribirse en el propio Registro Agrario Nacional.

"Artículo 57. Para proceder a la asignación de derechos sobre tierras a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la asamblea se apegará, salvo causa justificada y expresa, al siguiente orden de preferencia:

"I. Posesionarios reconocidos por la asamblea;

"II. Ejidatarios y avecindados del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate;

"III. Hijos de ejidatarios y otros avecindados que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y

"IV. Otros individuos, a juicio de la asamblea.

"Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal."

"Artículo 58. La asignación de parcelas por la asamblea, se hará siempre con base en la superficie identificada en el plano general del ejido y, cuando hubiere sujetos con derechos iguales conforme al orden de prelación establecido en el artículo anterior, la hará por sorteo. A la asamblea en que se lleve a cabo el sorteo deberá asistir un fedatario o un representante de la Procuraduría Agraria que certifique el acta correspondiente."

"Artículo 59. Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales."

"Artículo 60. La cesión de los derechos sobre tierras de uso común por un ejidatario, a menos que también haya cedido sus derechos parcelarios, no implica que éste pierda su calidad como tal, sino sólo sus derechos al aprovechamiento o beneficio proporcional sobre las tierras correspondientes."

"Artículo 61. La asignación de tierras por la asamblea podrá ser impugnada ante el tribunal agrario, directamente o a través de la Procuraduría Agraria, por lo (sic) individuos que se sientan perjudicados por la asignación y que constituyan un veinte por ciento o más del total de los ejidatarios del núcleo respectivo, o de oficio cuando a juicio del procurador se presuma que la asignación se realizó con vicios o defectos graves o que pueda perturbar seriamente el orden público, en cuyo caso el tribunal dictará las medidas necesarias para lograr la conciliación de intereses. Los perjudicados en sus derechos por virtud de la asignación de tierras podrán acudir igualmente ante el tribunal agrario para deducir individualmente su reclamación, sin que ello pueda implicar la invalidación de la asignación de las demás tierras.

"La asignación de tierras que no haya sido impugnada en un término de noventa días naturales posteriores a la resolución correspondiente de la asamblea será firme y definitiva."

De dichos dispositivos se desprende que serán las asambleas de los núcleos de población ejidal las que tendrán que determinar, en principio, la asignación de tierras al interior del núcleo, así como efectuar el parcelamiento correspondiente, reconocer el parcelamiento económico o de hecho, regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes, además de la asignación, cuando proceda, de los solares urbanos.

En atención a lo anterior, es innegable que tratándose de los ejidos, al igual que en la copropiedad de derecho civil, los actos que afecten o perturben a los derechos comunes, afectan también de manera directa a la totalidad de los copropietarios, pero con la diferencia de que esa afectación, a distinción del derecho civil, en derecho agrario no puede ser reivindicada por uno de los copropietarios, sino por la asamblea, por regla general.

En efecto, los derechos de un núcleo ejidal originariamente pertenecen a todos sus individuos, de lo que se sigue que, en términos óptimos, lo ideal sería que las acciones correspondientes fueran entabladas por la totalidad de los integrantes de dichas asambleas comunales.

Todos los anteriores conceptos y la forma de entenderlos de esa manera, son aspectos que derivan de la parte considerativa de fondo de la ejecutoria por contradicción de tesis 60/2000-SS dictada por la Segunda Sala, aprobada por unanimidad de votos en sesión de doce de enero de dos mil uno, la cual, por la naturaleza del asunto donde la sentencia se dictó, constituye un criterio jurisprudencial obligatorio en términos del último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, donde se instituye el valor jurisprudencial para todos los tribunales de la República de las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis.

En dicha contradicción se definió con claridad, que las tierras ejidales de uso común no son prescriptibles por pertenecer en mancomunidad a todos los miembros el ejido, y que son tierras ejidales todas aquellas que no se encuentren formalmente parceladas por la asamblea del ejido, dejándose en claro, además, qué es un parcelamiento de derecho y qué representa uno "económico o de hecho".

Para demostrar la exacta correspondencia entre las consideraciones hasta aquí expuestas, en esta sentencia, y las contenidas en la mencionada ejecutoria de contradicción de tesis, a continuación se hace la transcripción de la parte relativa:

"QUINTO. Existe contradicción de tesis. En la ejecutoria del amparo en revisión 901/93, en lo que para el caso interesa, se destaca que: el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito sostuvo que, para efectos de procedencia de la prescripción adquisitiva prevista en el artículo 48 de la Ley Agraria, es necesario que previamente al ejercicio de la acción, la asamblea General del ejido de que se trate haya parcelado la superficie de terreno que pretende apropiarse el actor pues así se establece en el numeral 56 del mismo ordenamiento. A partir de todo ello concluyó que las tierras no parceladas por dicha asamblea, no pueden prescribirse en beneficio de sus poseedores. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito sostuvo que de una interpretación conjunta, sistemática y armónica de los artículos 16, fracción III, 23, fracciones II, VIII, XIII y XIV, 48, 78 de la Ley Agraria, de las partes conducentes de la exposición de motivos de dicha ley; del artículo 3o., fracción II del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, y del artículo 134 de la abrogada Ley Federal de Reforma Agraria, se desprende que sí es posible el ejercicio de la acción de prescripción agraria respecto de tierras de uso común cuando se está en los supuestos de ‘parcelamientos de hecho’ que son prácticas inveteradas de los campesinos y se reconocen por el legislador en el artículo 56 de la Ley Agraria; incluso se elaboraron una serie de razonamientos expresos para disentir del criterio sustentado por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito aplicando implícitamente en artículo 196, fracción III de la Ley de Amparo. Con lo anterior

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25169-f7d1aceb/conflicto-posesorio-en-materia-agraria-corresponde-resolverlo-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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