RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE SI YA SE CUBRIÓ LA INDEMNIZACIÓN DETERMINADA EN UN PROCESO PENAL PARA REPARAR EL DAÑO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 227/2013. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, ACTUALMENTE TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 9 DE ABRIL DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIENES RESERVARON SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ARTURO BÁRCENA ZUBIETA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 226, fracción II, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distintos circuitos, en un asunto de naturaleza penal, el cual es de la exclusiva competencia de esta Sala.
Lo anterior de conformidad con la tesis P. I/2012 (10a.) del Pleno de este Alto Tribunal de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, tribunal del que derivó uno de los criterios en contradicción.
TERCERO. Criterios denunciados. En el presente considerando se dará cuenta de los criterios de los Tribunales Colegiados que pudieran ser contradictorios.
I. Sentencias dictadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito
A) Amparo directo 397/1987
A continuación se exponen los hechos que dieron lugar a los procesos penales, el íter procesal seguido hasta la sentencia de amparo y las consideraciones esgrimidas.
1. Antecedentes
********** fue condenado en un proceso penal por el delito de homicidio culposo cometido con motivo de un accidente automovilístico en agravio de **********. El importe de la reparación del daño fue cubierto por el sentenciado mediante billete de depósito a **********, padre del fallecido.
Posteriormente, ********** y **********, padres del fallecido, demandaron en la vía ordinaria civil a **********, propietario del vehículo con el que se cometió el ilícito, el pago de la reparación derivada de la responsabilidad civil objetiva por los hechos que dieron origen a la causa penal anteriormente referida. En la contestación de la demanda, el demandado señaló que ya había sido cubierto el monto por concepto de reparación del daño. En consecuencia, en la sentencia definitiva el Juez Civil determinó la improcedencia de la acción promovida y absolvió al demandado.
Inconformes con la determinación anterior, los padres del fallecido interpusieron recurso de apelación, en virtud del cual se condenó al demandado al pago de una indemnización y al pago de intereses. En contra de esa determinación, ********** presentó demanda de amparo en la que argumentó, entre otras cosas, que la reparación del daño respectivo ya había sido cubierta.
2. Argumentación de la sentencia
Si bien el pago de la reparación del daño exigible en la vía penal es distinto al que se establece por la responsabilidad civil objetiva, ambos tienen su origen en los mismos hechos, consistentes en el daño causado con un aparato peligroso. En este sentido, en primer término, es el delincuente el que debe cubrir la reparación del daño, por lo que si en la sentencia penal, la cual tiene crédito probatorio en los procedimientos civiles, se determina un monto por concepto de reparación del daño y los parientes de la víctima se conforman con dicha cantidad, los mismos no pueden posteriormente demandar en la vía civil por el mismo concepto, toda vez que la prestación ya quedó cubierta.
Si bien de la tesis jurisprudencial de rubro: "RESPONSABILIDAD OBJETIVA. ES INDEPENDIENTE DE LA CULPABILIDAD DEL AGENTE." se desprende que el propietario de un aparato peligroso está obligado a pagar la reparación del daño aunque no haya obrado ilícitamente, lo anterior no debe interpretarse, como lo hizo la Sala responsable, en el sentido de que en forma separada el mismo debe también pagar la reparación del daño.
3. Criterio derivado de la sentencia
"REPARACIÓN DEL DAÑO EN PROCESO PENAL Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD OBJETIVA, SON ACCIONES DISTINTAS CON UNA SOLA CAUSA DE PEDIR. No obstante que el pago de la reparación del daño en un proceso penal, es distinto al que se establece por la responsabilidad civil objetiva, en atención a que el primero tiene el carácter de pena pública y, por esa razón está vinculado a la determinación que la autoridad jurisdiccional haga respecto de la responsabilidad penal del agente (artículo 31 del Código Penal del Estado), la segunda, deriva de la obligación que se genera para el dueño del mecanismo peligroso con el que se causó el daño, aunque no obre ilícitamente, siempre y cuando no demuestre que existió culpa inexcusable de la víctima; de suerte que, si el sentenciado cubrió la reparación del daño, y los parientes de aquélla reciben esa indemnización, tal presentación queda cubierta y no es posible que por el mismo concepto se demande en la vía civil al propietario del vehículo con el que se causó el daño." (Séptima Época, Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 217-228, Sexta Parte, página 551, tesis aislada, materia penal)
B) Amparo directo 607/1994
1. Antecedentes
********** fue condenado en proceso penal por la comisión del delito de "daño a las cosas" cometido con motivo de un accidente automovilístico en agravio de **********. El importe del pago de la reparación del daño fue cubierto por el sentenciado a favor de **********.
Posteriormente, la víctima demandó en la vía ordinaria civil el pago de la reparación derivada de la responsabilidad civil objetiva a ********** por los hechos que dieron origen a la causa penal anteriormente referida. El Juez Civil emitió sentencia en la que determinó que el actor no demostró los elementos constitutivos de su acción, por lo que absolvió de las prestaciones reclamadas al demandado.
Inconforme, el actor interpuso recurso de apelación, por medio del cual se condenó al demandado a la reparación del daño, así como al pago por concepto de pérdida del poder adquisitivo de la moneda desde la fecha en que surgió la obligación de pago. En contra de esa determinación, ********** interpuso demanda de amparo.
2. Argumentación de la sentencia
La sentencia impugnada viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no es posible jurídicamente que proceda una acción de responsabilidad civil objetiva cuando en un proceso penal se condenó al sentenciado a cubrir el monto de la reparación de daño por los mismos hechos que sirven de base para la acción civil. Al respecto, resulta aplicable la tesis del propio tribunal de rubro: "REPARACIÓN DEL DAÑO EN PROCESO PENAL Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD OBJETIVA, SON ACCIONES DISTINTAS CON UNA SOLA CAUSA DE PEDIR."
3. Criterio derivado de la sentencia
"RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA, ES IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE, SI YA SE CUBRIÓ LA REPARACIÓN DEL DAÑO DETERMINADA EN PROCESO PENAL. La condena al pago de la reparación del daño tiene carácter de pena pública, según el artículo 31, primer párrafo, del Código Penal del Estado de Michoacán; sin embargo, cuando el demandado sobre responsabilidad civil objetiva demuestra que ya se satisfizo aquélla, en la medida decretada dentro del proceso penal, no es factible que se le condene por el mismo concepto con motivo de tal acción civil." (Octava Época, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, febrero de 1995, tesis XI.1o.225 C, página 210, tesis aislada, materia civil)
II. Sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito en el amparo directo 1177/2012
A continuación se exponen los hechos que dieron lugar al proceso penal, el íter procesal seguido hasta la sentencia de amparo y las consideraciones esgrimidas.
1. Antecedentes
********** y ********** fueron condenados a la reparación del daño por la muerte de ********** con motivo de un accidente automovilístico. El importe del pago de la reparación fue cubierto por los demandados a través de aseguradora **********. No obstante, **********, en ejercicio de la patria potestad de los hijos de la víctima, se negó a recibir la cantidad, por lo que la Juez de la causa determinó que, en caso de que la ofendida no cobrara el importe, el mismo se aplicaría a favor del Estado.
Posteriormente, **********, en ejercicio de la patria potestad de los hijos de la víctima, y **********, demandaron en la vía civil la responsabilidad objetiva y subjetiva, formal o solidariamente, de ********** y ********** por los hechos que dieron origen a la causa penal anteriormente referida. El Juez Civil condenó a **********, propietaria del vehículo, al pago de la reparación del daño, y a **********, persona que manejaba el mismo, por concepto de daño moral.
Inconformes, ambas partes interpusieron recurso de apelación, mediante el cual se modificó la sentencia de primera instancia y se aumentó la cantidad por la que se condenó a los demandados. En contra de la resolución anterior, los demandados presentaron demanda de amparo. En la misma, señalaron que existía una doble condena, en virtud de que se les estaba condenando por el mismo hecho con base en una responsabilidad subjetiva (penal) y una responsabilidad objetiva (civil). Asimismo, apuntaron que la reparación del daño debía ser reclamada en el procedimiento penal.
2. Argumentación de la sentencia
Contrario a lo aducido por los quejosos, no se está declarando procedente la responsabilidad civil proveniente de un delito, sino la sustentada en la naturaleza peligrosa de las cosas, que son aquellas que normalmente causaron el daño. De conformidad con lo anterior, se comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, sustentado en la tesis de rubro: "RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA Y RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE UN DELITO. DIFERENCIAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)."
La responsabilidad civil objetiva es una fuente extracontractual de obligaciones en virtud de la cual aquel que hace uso de cosas peligrosas debe reparar los daños que cause, aun cuando haya procedido lícitamente. Por ello, la posibilidad de obtener la reparación del daño correspondiente en la vía penal no constituye obstáculo para la obtención de la reparación del daño derivada de la responsabilidad civil objetiva, ya que no se constituyen los elementos de cosa juzgada.
La finalidad de la acción civil analizada es complementaria y coincidente con la responsabilidad subjetiva penal, ya que ambas buscan el restablecimiento de las cosas a su estado anterior o el pago de daños y perjuicio, por lo que con el pago de la indemnización en la instancia penal no se encuentra satisfecha la reparación del daño. Ello es así, en virtud de que la responsabilidad derivada de un delito es de distinta naturaleza a la originada por responsabilidad civil objetiva. Mientras la primera es subjetiva y atiende a la culpabilidad del agente, la segunda deriva del uso de instrumentos peligrosos y es ajena a la culpabilidad.
Consecuentemente, al no compartir la misma naturaleza, no se excluyen entre sí, y si bien ambas tienen la finalidad de resarcir los daños y perjuicios causados a quien los sufre, están previstas en diversa ley secundaria, bajo diversos criterios y dan lugar a procedimientos legales que tienen una materia de estudio diferente. Lo anterior con apoyo en las tesis de Tribunales Colegiados, de rubros: "RESPONSABILIDAD OBJETIVA." y "RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)."
CUARTO. Análisis de los criterios denunciados. Para poder determinar si existe una contradicción de tesis debe verificarse lo siguiente: (a) que los órganos contendientes sostengan tesis contradictorias, debiéndose entender por tesis el criterio adoptado con arbitrio judicial y a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar una determinada resolución; y, (b) que los criterios sean discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean iguales.(1)
En el presente caso, las sentencias en contradicción derivaron de condenas a la reparación del daño en procesos penales con motivo de accidentes automovilísticos. Posteriormente, se promovieron acciones civiles de responsabilidad objetiva invocando los mismos hechos que dieron origen a la causa penal. Adicionalmente, los asuntos que dieron lugar a la contradicción tienen la particularidad de que la reparación del daño decretada en la vía penal ya había sido cubierta cuando se inició la acción civil.
Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito determinó en los amparos directos 397/1987 y 607/1994 que a pesar de que la condena al pago de la reparación del daño en la vía penal tiene carácter de pena pública, ésta se origina en los mismos hechos que sirven de base para la acción de responsabilidad civil objetiva que se intentó posteriormente. En consecuencia, si en la sentencia penal se determina un monto por concepto de reparación del daño y la víctima y/u ofendido se conformaron con dicha cantidad, no pueden posteriormente demandar en la vía civil por el mismo concepto, toda vez que la prestación ya quedó cubierta.
Por otro lado, en el amparo directo 1177/2012, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito sostuvo que la finalidad de la acción de responsabilidad civil objetiva es complementaria y coincidente con la responsabilidad penal, toda vez que ambas buscan el restablecimiento de las cosas a su estado anterior o el pago de daños y perjuicios, por lo que con el pago de la reparación del daño en la instancia penal no se encuentra satisfecha la indemnización.
De acuerdo con lo anterior, mientras el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito determinó la improcedencia de la acción de responsabilidad civil objetiva en virtud de que la misma se origina por los mismos hechos que dieron origen a la causa penal en la que se cubrió el monto de la reparación del daño, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito justificó su procedencia al tratarse de responsabilidades de distinta naturaleza que no se excluyen entre sí; de ahí que la reparación del daño en vía civil no se puede tener como satisfecha al existir una condena en materia penal.
En consecuencia, esta Primera Sala estima que efectivamente existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito en los amparos directos 397/1987 y 607/1994 y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito en el amparo directo 1177/2012.
QUINTO. Estudio de fondo. El problema jurídico a resolver en la presente contradicción de tesis consiste en determinar si procede una acción de responsabilidad civil objetiva cuando los hechos que sirven de base para la acción son los mismos que dieron lugar a un proceso penal previamente instruido en el que hubo una condena a cubrir el monto de la reparación del daño. Más específicamente, se tendrá que dilucidar si la reparación del daño se puede exigir en ambas vías, sin que una excluya a la otra, o bien, si ésta se encuentra satisfecha cuando es cubierta en la vía penal. Para dar respuesta a esta cuestión, el análisis se realizará a partir del estudio de tres temas estrechamente relacionados, que de una u otra forma también fueron abordados por los Tribunales Colegiados en sus pronunciamientos.
1. La reparación del daño en el proceso penal
Un primer aspecto a tener en cuenta es que en las legislaciones aplicadas en los criterios que dieron lugar a la presente contradicción, la reparación del daño en materia penal es considerada como una "pena" o "sanción pública". En esta línea, atendiendo al contenido de la gran mayoría de las legislaciones penales, la doctrina mexicana ha entendido que la reparación del daño en estos casos constituye una pena. Como se muestra a continuación, dicha caracterización legislativa ha sido utilizada para trazar una distinción conceptual entre la reparación del daño exigible en la vía penal y la que puede intentarse en el ámbito civil.
Con todo, debe aclararse que al momento en el que surgieron los criterios en contradicción no existía -ni existe en la actualidad- ninguna disposición constitucional que caracterice expresamente como una sanción o pena a la reparación del daño que tiene lugar en la vía penal. De tal manera que no hay ningún obstáculo para que eventualmente en el futuro el legislador ordinario pueda darle el trato de una acción netamente civil a la reparación del daño que se solicita en la vía penal, con tal de que se cumplan los lineamientos que se establecen en el artículo 20 constitucional.(2)
De acuerdo con la doctrina especializada,(3) antes de que entrara en vigor el Código Penal Federal de 1929, la acción de reparación del daño prevista en la vía penal era considerada una acción exclusivamente civil. El delito daba lugar al ejercicio de la acción penal y, en caso de condena, traía como consecuencia la responsabilidad civil del imputado, consistente en la obligación de reparar la lesión a los intereses privados de la víctima. Sin embargo, con el paso del tiempo se consideró que si la comisión de los delitos afectaba tanto al particular como a la sociedad, la reparación del daño derivado de un ilícito penal no tendría que quedar reducida al ejercicio de una acción privada, sino que debía ser resuelta de oficio y fijada en el ámbito penal. En este sentido, con la finalidad de diferenciar la acción de reparación del daño exigible a una persona condenada en sede penal de cualquier otra acción privada que se ejercitara en el ámbito civil, los códigos penales le otorgaron a aquélla el carácter de "pena" o "sanción pública".
En efecto, de las disposiciones legales aplicables a los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis, se puede constatar que la reparación del daño se caracteriza en esos ordenamientos como una sanción pública. Así, el primer párrafo del artículo 31 del Código Penal del Estado de Michoacán establecía que "[l]a reparación del daño que deba ser hecha por el delincuente tiene carácter de sanción pública"(4) (énfasis añadido). En el mismo sentido, el artículo 55 del Código Penal del Estado de Guanajuato contemplaba que "[l]a reparación del daño a cargo de la persona sentenciada tiene carácter de sanción general para todos los delitos"(5) (énfasis añadido).
En esta línea, la doctrina ha señalado que la reparación del daño se estableció como una pena con la expectativa de lograr que aquélla fuera efectiva, en virtud de que cuando la indemnización se solicitaba a través de una acción privada las víctimas del delito quedaban desamparadas porque no sabían cómo pedirla o incluso porque ni siquiera llegaban a ejercitar la acción civil.(6) Por tanto, al ser la pena un asunto de interés general, la exigencia de reparación del daño ya no dependería de la decisión de la víctima u ofendido, toda vez que se solicitaría de oficio por el Ministerio Público y el Juez tendría el deber de decretarla en los casos en los que condenara al inculpado por la comisión del delito.
Así, a partir de la caracterización de la reparación del daño como una pena o sanción pública, la doctrina especializada comenzó a distinguirla de la acción de reparación del daño en la vía civil, al sostener que cuando un ilícito penal da lugar a un daño, se originan dos acciones: una penal de naturaleza pública y otra civil que protege el interés individual.(7) De lo anterior se desprende un entendimiento excluyente de la reparación del daño en las materias penal y civil cuando las acciones correspondientes son ejercitadas en una u otra vía, de tal manera que ambas acciones serían completamente independientes: mientras la acción penal que corresponde a la sociedad tendría por objeto exclusivamente el castigo del delincuente, la acción civil que se ejercita por la víctima del delito u ofendidos tendría por efecto la reparación del daño.
Esta Primera Sala entiende que esta caracterización es incorrecta, en razón de que el hecho de que la reparación del daño se reclame a través del ejercicio de la acción penal no excluye o elimina el carácter civil de la misma. La reparación del daño en materia penal satisface tanto una función social, en su carácter de pena o sanción pública, como una función privada, en la medida en que también contribuye a resarcir los intereses de la persona afectada por la acción delictiva.
En efecto, puede decirse que la reparación del daño implica una sanción pública o una pena, en el sentido de que busca resarcir la perturbación de todo el orden jurídico, cumpliendo con ello una función social que se hace exigible de oficio por el Ministerio Público y con independencia de que la víctima del delito u ofendido la solicite. Sin embargo, lo anterior no elimina el fin primordial de la reparación del daño, consistente en resarcir a las víctimas u ofendidos de un delito de las afectaciones a sus bienes jurídicos. Como se señaló con anterioridad, la reparación del daño se elevó a la categoría de sanción pública con el objetivo de asegurar la efectividad de la reparación. No obstante, es evidente que garantizar el pago de los daños y perjuicios causados al ofendido o a las víctimas del delito implica primordialmente la satisfacción de intereses privados.
Por tanto, cuando se determina la reparación del daño en la vía penal, la propia acción penal conlleva tanto la solicitud de una pena reclamada por la sociedad como la pretensión de resarcimiento de un daño individual propio de la responsabilidad civil. Dicho de otra forma, la reparación del daño en la vía penal no sólo comporta una pena que encuentra su justificación en la tutela directa del interés público, sino que también tiene como finalidad la protección de los intereses privados de la víctima u ofendidos. En esta línea, al momento en el que ocurrieron los hechos, tanto el Código Penal del Estado de Michoacán,(8) como el Código Penal del Estado de Guanajuato,(9) establecían como únicos titulares del derecho a la reparación del daño a la víctima u ofendidos, por lo que los beneficiarios directos en términos de la ley son los individuos que resintieron el daño y no la sociedad en términos generales.
No hay que perder de vista que los ordenamientos penales en estudio establecen la posibilidad de que la reparación del daño sea exigible a terceros que no tuvieron intervención en la comisión del delito. En este orden de ideas, si la reparación del daño únicamente tuviera el carácter de pena pública, la misma no podría trascender a terceros. Así, aunque en principio la reparación del daño se caracterice como una sanción que se impone al delincuente,(10) lo cierto es que la naturaleza privada de ésta se hace más patente en los casos en los que la ley penal autoriza que ésta se enderece en contra de un tercero.
2. Los procedimientos para la reparación del daño en la vía penal
Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, puede decirse que la reparación del daño en el proceso penal se puede exigir de dos formas en atención al sujeto al que se le reclama: (i) durante la sustanciación del proceso penal y a solicitud del Ministerio Público cuando se reclama al inculpado; o (ii) en vía incidental o en proceso civil conexo a petición de la víctima u ofendido cuando se reclama de un tercero. De esta manera, la acción de reparación del daño que se exige en la vía penal puede contemplar tanto una acción de responsabilidad civil subjetiva exigible al inculpado, como una acción de responsabilidad civil objetiva exigible a terceros en los supuestos previstos en la ley.
Por lo demás, lo que justifica que se pueda reclamar a terceros la responsabilidad civil con motivo de un delito,(11) es que las disposiciones legales aplicables establecen que dichos terceros son responsables solidarios de la obligación de cubrir el importe del daño ocasionado por el inculpado con motivo de la comisión del delito.(12)
Así, en el caso de los terceros obligados a la reparación del daño, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán contemplaba un proceso civil conexo con el proceso penal de tramitación ante el Juez Penal,(13) mientras que el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato establecía un incidente para reclamar la reparación del daño a terceros.(14)
En este sentido, este Alto Tribunal se ha pronunciado con respecto al incidente que con ese fin se impulse dentro de una causa penal, señalando que éste participa de una naturaleza esencialmente civil.(15) Asimismo, con respecto al proceso civil que se tramita de forma conexa al proceso penal, ha establecido que del mismo conocerá el Juez que instruye la causa criminal, sujetándose la demanda, recursos y procedimientos en general a lo dispuesto en la legislación procesal civil aplicable.(16)
3. Responsabilidad civil subjetiva y objetiva derivada de delitos
De lo anterior se desprende que cuando en un proceso penal la reparación del daño se reclama a un tercero con motivo de un delito cometido con un instrumento peligroso, como lo es un automóvil, ya sea que se solicite en un incidente dentro de un procedimiento penal o en un juicio civil conexo, debe considerarse que de ésta deriva una responsabilidad civil objetiva cuando ese tercero resulta ser propietario del instrumento peligroso con el que se cometió el delito. Adicionalmente, cabe señalar que la víctima u ofendido únicamente podrá reclamar la reparación del daño en contra de un tercero en un juicio civil conexo al proceso penal o en vía incidental, dado que la reparación del daño que se dilucida en el proceso penal es exclusivamente la del inculpado.
En el caso concreto, si de las constancias procesales se desprende que los autores del delito lo cometieron cuando manejaban un objeto peligroso propiedad de un tercero, este último estaría obligado a responder solidariamente del pago de la reparación del daño, siempre y cuando se hubiera ejercido en su contra la correspondiente acción civil de responsabilidad objetiva en el incidente respectivo o en el proceso civil conexo. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones V del artículo 57 del Código Penal del Estado de Guanajuato y VII del artículo 35 del Código Penal del Estado de Michoacán, vigentes al momento en que se cometieron los delitos, deben responder de la reparación del daño los terceros que sean dueños de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos o sustancias peligrosas que hayan sido utilizados en la comisión del delito.
Así las cosas, se puede reclamar la responsabilidad civil objetiva a un tercero con motivo de un delito cuando por esos mismos hechos el Ministerio Público haya solicitado la reparación del daño en un proceso penal y se haya determinado la responsabilidad civil subjetiva del inculpado, en el entendido de que la acción civil en comento tendrá que enderezarse en un incidente o en proceso civil conexo y en atención a la responsabilidad solidaria que algunos terceros tienen respecto de la obligación de cubrir el importe de la reparación del daño por hechos constitutivos de un delito. En todo caso, es importante advertir que al responder los terceros de manera solidaria con el inculpado, sólo existe una condena a la reparación del daño, de tal manera que lo único que se deberá dilucidar es la parte que corresponde pagar a cada uno de los obligados.
Ahora bien, una vez que se ha reclamado en un proceso penal la responsabilidad civil subjetiva del inculpado y se ha obtenido una condena, por regla general no se puede demandar posteriormente en un proceso civil desvinculado del proceso penal la responsabilidad objetiva del propio inculpado o de un tercero, toda vez que en ambos casos la responsabilidad civil que se reclama en ese segundo proceso es con motivo de la misma acción y el mismo daño. Al respecto, esta Primera Sala estima importante aclarar que la responsabilidad civil subjetiva derivada de un delito no tiene una "naturaleza distinta" a la responsabilidad civil objetiva.
En ambos casos la responsabilidad civil presupone el cumplimiento de tres requisitos: (i) la realización de una acción u omisión por parte de un agente, la cual es identificada por el derecho como susceptible de generar responsabilidad; (ii) la generación de un daño, que es resentido por una persona distinta; y, (iii) la existencia de u
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25184-1fae957c/responsabilidad-civil-objetiva-por-regla-general-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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