LIQUIDACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 156 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ES ACORDE CON EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y CON LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA E IMPARCIALIDAD JUDICIAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 8969/2019. 27 DE ABRIL DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JEANNETTE VELÁZQUEZ DE LA PAZ.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de abril de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 8969/2019, con motivo del recurso interpuesto por ********** (en lo sucesivo, "el sentenciado", "el quejoso" o "el recurrente"), en contra de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo 53/2019.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar la constitucionalidad del artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como del diverso 230, último párrafo, del Código Penal para la Ciudad de México.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos. El primero de octubre de dos mil doce, ********** y su socio **********, celebraron un contrato de traspaso con **********, a partir de las diversas negociaciones que tuvieron con **********, respecto de un establecimiento mercantil (restaurante) ubicado en la delegación Benito Juárez. Para tal efecto, ********** e ********** realizaron el pago de $********** M.N. (********** pesos **********/100 M.N.), el cual se efectuó en dos exhibiciones.
2. Esto, después de que ********** y ********** les confirmaran que el establecimiento cumplía con las regulaciones legales correspondientes y que además se encontraba registrado ante la delegación.
3. Posteriormente, el treinta y uno de octubre de dos mil doce, se presentó personal de la delegación Benito Juárez a clausurar el local, toda vez que dicho establecimiento no contaba con uso de suelo, licencia de funcionamiento y permiso de vía pública. En virtud de lo anterior, y ante el engaño padecido, ********** y ********** denunciaron los hechos ante el Ministerio Público.
4. Primera instancia. Por los hechos anteriores, la Jueza Décima Octava Penal de la Ciudad de México dictó sentencia condenatoria en la causa penal **********, en contra del quejoso al considerarlo penalmente responsable del delito de fraude agravado(1) en perjuicio de ********** e **********. Razón por la cual le impuso una pena de 7 años, 1 mes de prisión y 894 días multa.
5. Recurso de apelación. Inconforme con dicha determinación, el sentenciado, por conducto de su defensora particular, los ofendidos coadyuvantes y el agente de Ministerio Público interpusieron recurso de apelación que conoció la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (toca penal **********).
6. El cuatro de marzo de dos mil diecinueve, la sala penal dictó sentencia en la que modificó el fallo de primera instancia para el efecto de precisar que, respecto a la sustitución de la multa por jornadas de trabajo en favor de la comunidad, debía estarse a lo previsto en el artículo 39 del Código Penal para la Ciudad de México, al ser el ordenamiento que resultaba más favorable al sentenciado.
7. Asimismo, condenó al sentenciado al resarcimiento de los perjuicios ocasionados a los ofendidos; y, confirmó las restantes determinaciones de la sentencia recurrida.
8. Juicio de amparo directo. En contra de lo anterior, el sentenciado promovió juicio de amparo directo al considerar que le fueron violados sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1o., 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
9. El juicio de amparo directo fue radicado con el número 53/2019 en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Posteriormente, en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve dicho órgano colegiado dictó sentencia en el sentido de negar el amparo solicitado.
II. RECURSO DE REVISIÓN
10. En contra de la sentencia del tribunal colegiado de circuito, el quejoso interpuso recurso de revisión, en el que argumentó que en su demanda y ampliación de demanda había hecho planteamientos de constitucionalidad; particularmente, adujo la inconstitucionalidad de los artículos 230 del Código Penal de la Ciudad de México, así como 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del Acuerdo V-103/2017, emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; asimismo, señaló que la agravante que se le impuso era desproporcional, infamante y excesiva.
11. Desechamiento. En auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó la revisión con el número 8969/2019 y lo desechó al considerar que en la especie no existía una cuestión propiamente de constitucionalidad.(2)
12. Recurso de reclamación. Inconforme con el acuerdo de desechamiento, el recurrente hizo valer recurso de reclamación; mismo que se tuvo por interpuesto y radicado con el número de expediente 157/2020 mediante acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinte. Asimismo, mediante dicho escrito se turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución. El tres de marzo de dos mil veinte la Primera Sala se avocó a su conocimiento.
13. Luego, en sesión virtual de primero de julio de dos mil veinte, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el recurso de reclamación 157/2020 era fundado;(3) toda vez que el Tribunal Colegiado de Circuito había omitido dar una respuesta frontal a dos planteamientos de inconstitucionalidad esgrimidos por el quejoso. Así, en aquella ocasión consideramos que, si bien se han examinado ciertas fracciones del artículo 230 del Código Penal para la Ciudad de México –amparos directos en revisión 5654/2016(4) y 7199/2017–(5) a la luz del artículo 22 constitucional, lo cierto es que dichos precedentes no generaron un criterio jurisprudencial obligatorio. Por ello, concluimos que resultaba necesario un pronunciamiento de este Alto Tribunal al respecto.
14. Por lo que hace al artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, determinamos que, si bien el Tribunal Colegiado de conocimiento estimó como infundado el concepto de violación relacionado con la inconstitucionalidad de dicho precepto, lo cierto es que dicho órgano solo respondió parcialmente al planteamiento del quejoso, por lo que subsistía un tema de constitucionalidad que debía ser analizado por este Alto Tribunal en el recurso de revisión.
15. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintiuno, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el recurso de revisión en el amparo directo; por ello, ordenó el envío de los autos a la Primera Sala y su turno a la Ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
16. Luego, mediante acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Primera Sala ordenó el avocamiento del recurso y envió los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto correspondiente.
III. COMPETENCIA
17. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(6) 81, fracción III, y 96 de la Ley de Amparo;(7) así como 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(8) además, el Punto Primero y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013. Lo anterior en virtud de que el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un tribunal colegiado de circuito, en un juicio de amparo directo en materia penal. Por lo tanto se actualiza la competencia de esta Primera Sala sin que se advierta necesaria la intervención de Tribunal Pleno.
IV. OPORTUNIDAD
18. El recurso de revisión del quejoso se interpuso dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente.(9)
19. En principio, porque la sentencia de amparo de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se notificó por lista el doce de noviembre de dos mil diecinueve. Luego, en términos de los artículos 22 y 31, fracción II, de la Ley de Amparo,(10) dicha notificación surtió efectos el trece de noviembre de dos mil diecinueve; por lo que el plazo de diez días transcurrió del catorce al veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.(11)
20. Por lo tanto, si el recurso de revisión se presentó el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve,(12) entonces se concluye que resulta oportuno.
V. LEGITIMACIÓN
21. Esta Primera Sala considera que el ahora recurrente está legitimado para interponer el presente recurso de revisión, pues de los autos del juicio de amparo directo se advierte que tuvo la calidad de quejoso; en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo.(13)
VI. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER
22. A efecto de concretar la materia de la revisión, a continuación se sintetizan los conceptos de violación, las consideraciones de la sentencia recurrida y los agravios.
23. Conceptos de violación. El quejoso planteó como conceptos de violación, en su demanda y ampliación de demanda, esencialmente:
a) No se encuentra acreditada la agravante contemplada en el artículo 230, último párrafo del Código Penal para la Ciudad de México, que se actualiza cuando el delito se cometa en contra de dos personas, ya que dentro de los autos de la causa penal no se encuentra demostrado el origen de los montos pagados al quejoso y que esa cantidad fuera propiedad de los supuestos ofendidos o qué porcentaje correspondía a cada uno de ellos, o bien si era propiedad de alguna otra persona. Por lo que no puede establecer quién o quiénes eran los titulares de ese numerario, y en consecuencia, no se puede actualizar la agravante que se le atribuye.
b) Se violaron los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, lo cual derivó de que la sentencia reclamada carecía totalmente de legalidad, fundamentación y motivación.
c) La sala penal responsable omitió el estudio de la totalidad de los agravios que el quejoso planteó en el recurso de apelación.
d) Indebida valoración de pruebas, así como la indebida acreditación del delito y responsabilidad penal del quejoso en el mismo.
e) Inconstitucionalidad del artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por contravenir los derechos humanos de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, así como 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
f) Asimismo, en la ampliación de su demanda de amparo, el quejoso sostuvo que la agravante prevista por el artículo 230, último párrafo, del Código Penal para la Ciudad de México, resulta contraria al artículo 22 constitucional por constituir una pena infamante, excesiva y desproporcional.
24. Sentencia de Amparo. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió, en esencia, conforme a las consideraciones siguientes:
a) No existió transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento.
b) En el período de instrucción, seguida en la vía ordinaria, fueron desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas en esa fase, la cual se declaró agotada y con posterioridad cerrada, por lo que el ministerio público y la defensa presentaron sus respectivas conclusiones.
c) La sentencia de la autoridad señalada como responsable se encuentra debidamente fundada y motivada.
d) Fue correcto tener por acreditados los elementos constitutivos del delito y la calificativa, pero además la responsabilidad del quejoso.
e) Una vez valoradas las circunstancias exteriores de ejecución del ilícito y las peculiares del quejoso, confirmó el grado de culpabilidad estimado en primera instancia que fue considerado entre la mínima y la media más cercana a la primera (1/8 aritméticamente). De ahí que, conforme a derecho, la sala responsable determinó que para efectos de la punición, se tomaría en cuenta lo establecido en el artículo 230 del Código Penal para la Ciudad de México.
f) Respecto al punto primero del Acuerdo 62-48/2011, de quince de noviembre de dos mil once, del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diez de febrero de dos mil doce, que establece que en atención a que el diecinueve de diciembre del año citado, vence el plazo a que se refiere el punto primero del diverso Acuerdo 59-28/2011, publicado en el mismo medio de difusión oficial el cinco de julio de dos mil once, en el que se determinó que durante los seis primeros meses de operación, los Juzgados en la ahora Ciudad de México en Materia Penal Especializados en Materia de Ejecución de Sanciones Penales, sólo conocerían provisionalmente de solicitudes de beneficios penitenciarios, dicho órgano colegiado determinó aprobar que a partir del diecinueve de diciembre de dos mil doce, los Juzgados de Ejecución mencionados continúen funcionando indefinidamente en tales circunstancias, hasta en tanto se cuente con los recursos presupuestales necesarios para ampliar el número de órganos jurisdiccionales especializados en ejecución de sanciones, no transgrede los principios de especialidad y jerarquía normativa contemplados en los artículos 18, 21 y 133 de la Constitución Federal.
g) Declaró infundados los argumentos del quejoso respecto a la inconstitucionalidad del artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Sustentó lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 51/2002 de rubro: "REPARACIÓN DEL DAÑO. COMPRENDE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS DE MANERA DIRECTA POR LA COMISIÓN DEL DELITO."
Por lo anterior, concluyó que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública, pues consiste en la obligación expuesta al delincuente de restablecer el statu quo y resarcir los perjuicios derivados de su delito; y, por ende, es parte de la condena establecida en el procedimiento penal y debe acreditarse en éste y no en otro diverso, la existencia del daño o del perjuicio.
Sin embargo, esa condena está sujeta a variaciones en su quantum, según el aspecto subjetivo del acto punible y su culpabilidad, es decir, el monto de la reparación del daño no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de la misma, porque lo que se tuvo por acreditado en el procedimiento penal es el derecho de la víctima o del ofendido para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que para el caso de que el juez no cuente con los elementos necesarios para establecer en el fallo el monto correspondiente podrá hacerlo en ejecución del mismo, ya que el artículo 20 apartado C, fracción IV, así lo permite al prever "La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.".
Lo expuesto lo fundamentó con las disposiciones contenidas en los artículos del 37, 42, 44, 45 y 51 del Código Penal de la Ciudad de México, así como el artículo 1, 7 y 12 de la Ley General de Víctimas.
Así, para el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento el artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no resultaba contrario al texto de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución.
25. Recurso de revisión. En el escrito de revisión que ahora se estudia, el recurrente expuso lo siguiente:
a) El órgano colegiado vulneró los principios de fundamentación y motivación.
b) El tribunal colegiado de circuito omitió estudiar los planteamientos de inconstitucionalidad que el quejoso expuso desde la demanda de amparo y en su ampliación.
• Si el Acuerdo V-103/2017, emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, así como el "AVISO" de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictado por la Secretaría General del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, por virtud de los cuales el tribunal de apelación fundó las facultades que delegó al juez de primera instancia para instruirlo como autoridad ejecutora de la pena decretada en la sentencia, resultan contrarios a lo dispuesto en los artículos 17, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(14)
• Si la aplicación del artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el caso concreto es contraria a lo dispuesto por los artículos 21 y 22 constitucionales, así como 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Si la pena decretada en la sentencia con fundamento en el artículo 230, último párrafo, del Código Penal vigente para la Ciudad de México resulta desproporcional al bien jurídico tutelado, y, en consecuencia, resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución General.
c) Es importante y trascendente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los artículos 230, último párrafo, del Código Penal vigente para la Ciudad de México y 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los cuales se fundó la pena impuesta al quejoso, pues se contraponen a la finalidad que persiguen las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, en particular a los artículos 1o., 17, 21 y 22 de la Constitución.
VII. PROCEDENCIA
26. El recurso que nos ocupa es procedente. Previo a exponer las razones en que se sustenta esta conclusión, es necesario puntualizar que de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX de la Constitución Federal(15) y 81, fracción II de la ley de Amparo,(16) así como en el punto Primero del Acuerdo 9/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(17) se concluye que, por regla general, las sentencias que dictan los tribunales colegiados de circuito en juicios de amparo directo son inatacables; sin embargo, por excepción, tales resoluciones únicamente serán susceptibles de ser impugnadas mediante recurso de revisión, cuando:
a) Dicho órgano jurisdiccional se pronuncie u omita hacerlo sobre cuestiones propiamente constitucionales –es decir, sobre la constitucionalidad de una norma general o sobre la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de un derecho humano reconocido por ésta o por un tratado internacional suscrito por nuestro país–; y,
b) La revisión del caso permita fijar un criterio de importancia y trascendencia a juicio de este Alto Tribunal, entendiéndose que no se surten esas condiciones cuando sobre la cuestión de constitucionalidad hecha valer en la demanda de amparo exista jurisprudencia y ésta no se hubiere desatendido, así como cuando no se expresen agravios o éstos resulten ineficaces –y no haya que suplir la deficiencia de la queja–.
27. En esa tesitura, al resolver el Recurso de Reclamación 157/2020,(18) los integrantes de esta Primera Sala consideramos que el caso satisface plenamente esos requisitos, pues i) se planteó la inconstitucionalidad del artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal por contravenir los derechos humanos de debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, así como el principio de autonomía e imparcialidad, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ii) el quejoso sostuvo que la agravante prevista en el artículo 230, último párrafo, del Código Penal para la Ciudad de México, que aumenta la pena que prevé el tipo básico en dos terceras partes cuando el delito se haya cometido en perjuicio de dos personas, resulta infamante, excesiva y desproporcional por ir más allá de la necesidad y sentido del objeto reparatorio del patrimonio. 28. Específicamente, por lo que hace al artículo 156, esta Sala determinó que la procedencia de este recurso esta acotada a su análisis de constitucionalidad de los derechos a la seguridad jurídica y debido proceso, así como conforme al principio de autonomía e independencia judicial, pues a pesar de que ya existe un precedente(19) en torno al tema, dicha norma no se ha analizado según la línea argumental planteada en el presente caso. Además, se precisó, en el caso, el tribunal colegiado de circuito omitió pronunciarse sobre si el citado artículo permite la imposición de una pena inusitada y trascendental.
29. Finalmente, y antes de proceder con el estudio de fondo, esta Primera Sala considera necesario abordar el agravio esgrimido por el recurrente consistente en que el Tribunal Colegiado de Circuito no atendió su planteamiento relacionado con la inconstitucionalidad del Acuerdo V-103/2017, emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
30. Pues bien, dicho argumento debe ser desestimado porque el quejoso no planteó el argumento de inconstitucionalidad del acuerdo desde sus conceptos de violación, sino que lo hizo valer hasta su escrito de agravios.
31. En ese sentido, se advierte que en los conceptos de invalidez esgrimidos el quejoso solo enderezó argumentos que combatían el acuerdo en un plano de legalidad, por lo que no es procedente su análisis en el presente recurso.
VIII. ESTUDIO DE FONDO
32. La materia del recurso se constriñe a revisar el estudio que realizó el tribunal colegiado de circuito para establecer la validez constitucional del artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como del artículo 230, último párrafo, del Código Penal para la Ciudad de México.
Artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal
33. Desde su demanda de amparo, el quejoso impugnó la inconstitucionalidad del artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal(20) por contravenir los derechos humanos de debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, así como los principios de independencia judicial y de proporcionalidad de las penas, los cuales se encuentran contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Federal y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
34. En específico, el quejoso indicó que el citado artículo resulta inconstitucional, toda vez que la reparación del daño es un concepto integral, y si bien tiene como alcances el pago relativo a los perjuicios, éstos deben probarse al mismo tiempo que la procedencia de la reparación, particularmente, en aquellos delitos en los que el bien jurídico tutelado es el patrimonio, pues el daño patrimonial forma parte de los elementos que deben acreditarse para poder establecer la existencia del delito. De no determinarse, estima que es tanto como si al momento de dictar sentencia condenatoria no se hubiera acreditado plenamente la existencia del delito y la plena responsabilidad del sentenciado.
35. También, señaló que dicho artículo vulneraba su derecho a la seguridad jurídica, pues mantenía a la persona sentenciada en incertidumbre respecto a la condena que le correspondería por el pago de la reparación del daño. De igual manera, estimó que el hecho de que el artículo impugnado permita que un juez diverso al que conoció de la instrucción determine el monto a cubrir por concepto de reparación del daño es violatorio del principio de autonomía e independencia que debe regir en el ámbito judicial.
36. Luego, en su escrito de ampliación de demanda, el quejoso ahondó en el planteamiento de inconstitucionalidad del citado artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales.
37. Al respecto, señaló que el mismo era contrario a lo dispuesto por el artículo 22 constitucional, ya que otorgaba a las víctimas el derecho y oportunidad para hacer valer en la instancia de ejecución de sentencia el reclamo de daños accesorios o perjuicios que pudiera haberle deparado en su patrimonio el hecho delictivo, con lo que le confería al órgano ejecutor una facultad sancionadora para la imposición o aumento de la penalidad fuera del procedimiento y en contra de la naturaleza de sus facultades como órgano velador y garante de la ejecución.
38. Asimismo, porque implicaba el reconocimiento de una penalidad que resulta accesoria de una pena pública como es la sanción pecuniaria, lo que otorga el carácter de inusitada y trascendental.
39. Al responder lo anterior, el tribunal colegiado de circuito señaló que era infundado el concepto de violación relacionado con la inconstitucionalidad del artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues no vulneraba los preceptos 14, 16 y 17 de la Constitución.
40. El órgano colegiado indicó que el proceso jurisdiccional de naturaleza penal tiene por objeto hacer efectivos los derechos que hayan sido desconocidos o violados a la parte ofendida del delito, lo cual también incluye reparar los daños y perjuicios; además esa función se considera parte de la pena pública y puede ser exigida por el ministerio público.
41. Así, precisó que el derecho a la reparación del daño se encuentra previsto en el artículo 20 constitucional, el cual obliga al ministerio público a pedir la reparación cuando así proceda, por lo que al formular conclusiones de acusación tendrá que aportar los elementos necesarios para acreditar el perjuicio ocasionado al ofendido o a la víctima con la comisión del delito, a fin de que el juez, de acuerdo con las pruebas desahogadas en el proceso, resuelva lo conducente.
42. Es decir, lo que tiene que acreditarse durante la instrucción son los extremos para que proceda la condena a la reparación, no así su cuantía, ya que ésta podrá fijarse en ejecución de sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, apartado C, fracción IV, constitucional que prevé que la ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.
43. En ese sentido, el tribunal colegiado de circuito señaló que no podría considerarse que por una deficiencia de prueba imputable al ministerio público para fijar la cuantía de la condena, el juez deba absolver al sentenciado de la reparación del daño, ya que ésta es un derecho público sustantivo irrenunciable de la víctima que debe acreditarse durante la instrucción del proceso penal y, para el caso de que el juzgador no cuente con las suficientes bases o elementos probatorios para establecer su monto, éste podrá dejarse en ejecución de sentencia, donde se acreditará la cuantía pero no el derecho de la víctima a la reparación.
44. Por otro lado, el órgano colegiado señaló que a fin de garantizar la impartición de justicia pronta y expedita para la víctima y evitar que sus derechos se vean desprotegidos, corresponde al juez establecer en la propia sentencia la condena a la reparación del daño, por lo que deberá cuidar que, dentro del procedimiento, se constituyan los elementos de prueba necesarios, de ser el caso, a fin de estar en posibilidad de pronunciarse al respecto.
45. Así, el tribunal colegiado de circuito indicó que el hecho de que la cuantificación de la reparación del daño pueda hacerse en ejecución de sentencia, no implica que el juez emita una sentencia en abstracto, pues establece la forma en la que debe repararse la afectación en el patrimonio de la víctima u ofendido, siendo ésta la pecuniaria. Por tanto, determinó que el artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución Penal no vulneraba los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución.
46. De esta manera, y atendiendo a la materia de análisis, como fue acotada en el Recurso de Reclamación 157/2020, en esta ocasión esta Primera Sala debe responder si es constitucional determinar la cuantía de la reparación del daño en la etapa de ejecución de sentencia, específicamente tratándose de delitos cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio, y si ello vulnera los derechos fundamentales de los sentenciados, destacadamente los de seguridad jurídica, proporcionalidad de las penas y el principio de imparcialidad judicial.
47. Para resolver a este cuestionamiento, esta Primera Sala abordará dos principales líneas argumentativas: la primera, que se refiere a la violación de los derechos a la seguridad jurídica y debido proceso, así como al principio de independencia e imparcialidad judicial (A) y, en segundo lugar, la que se relaciona con la supuesta violación al principio de proporcionalidad de las penas, previsto en el artículo 22 constitucional (B).
A. Seguridad jurídica, debido proceso e independencia judicial
48. La norma de la Ley Nacional de Ejecución Penal cuya inconstitucionalidad se reclama es el tenor literal siguiente:
"Artículo 156. Liquidación de la reparación del daño
"Una vez que el Juez o Tribunal de enjuiciamiento se haya pronunciado acerca de la reparación del daño, pero no de su monto, el Juez de Ejecución determinará el monto a cubrir e iniciará el procedimiento de liquidación conforme a lo dispuesto por esta Ley y el Código.
"Una vez determinado el monto, el Juez de Ejecución ordenará al sentenciado que realice el pago correspondiente dentro de los cinco días siguientes a la determinación.
"Cuando la reparación del daño consista en hacer una actividad, el Juez de Ejecución ordenará que se ejecuten los actos de cumplimiento dentro de los cinco días siguientes a la determinación.
"En caso de incumplimiento, se observarán las siguientes disposiciones:
"I. En caso de existir una garantía, se ejecutará la misma;
"II. Se observarán las disposiciones relacionadas con el procedimiento de ejecución de multa, en el ámbito de la ejecución, previstos por esta Ley;
"III. Se negará todo beneficio a que tenga derecho el sentenciado, hasta que se cubra el monto de la reparación, y
"IV. Tratándose del delito de despojo, cuando la autoridad judicial haya ordenado la restitución del bien inmueble a la víctima u ofendido el Juez de Ejecución, una vez que reciba
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32494-315946f3/liquidacion-de-la-reparacion-del-dano-en-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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