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DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO). DERECHO PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007].

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3751/2012. · Registro digital (IUS): 24925
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-03-21
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Pág. 327.

DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO).

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3751/2012. 3 DE ABRIL DE 2013. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JUAN JOSÉ RUIZ CARREÓN.

CONSIDERANDO:

13. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto primero, así como en el punto cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, publicados en el Diario Oficial de la Federación, de veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en un juicio de amparo directo en materia penal, especialidad que corresponde a esta Primera Sala, siendo innecesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

14. SEGUNDO. Oportunidad. La presentación del recurso resultó oportuna, ya que fue interpuesto dentro del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo.

15. En efecto, de las constancias del juicio de amparo directo 348/2012, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se advierte que la sentencia aquí recurrida se notificó personalmente al quejoso, el dieciséis de noviembre de dos mil doce -foja 225 del cuaderno de amparo-, por lo que tal notificación surtió sus efectos el día hábil siguiente, es decir, el veintiuno de noviembre; en consecuencia, el plazo de diez días mencionado transcurrió, del veintidós de noviembre al cinco de diciembre de dos mil doce, debiendo descontarse de tal cómputo los días diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticuatro y veinticinco de noviembre, así como uno y dos de diciembre, por haber sido inhábiles, en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo; 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 74 de la Ley Federal del Trabajo; y, el Acuerdo General 10/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, si la interposición del presente recurso de revisión se hizo el veintiséis de noviembre de dos mil doce -foja 2 del toca-, es inconcuso que tal presentación resultó oportuna.

16. TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el presente recurso de revisión. A fin de facilitar la comprensión del presente asunto, en principio se reseñarán los antecedentes que lo informan, posteriormente se sintetizarán los motivos de disenso hechos valer por el quejoso y, finalmente, se resumirán, en lo que interesa, las consideraciones del tribunal a quo con las que desestimó los argumentos vertidos en la demanda de amparo.

17. I. Antecedentes del asunto. Los cuales, son esencialmente, los siguientes:

18. a. El Juez Cuarto de lo Penal en el Distrito Federal, al resolver en definitiva los autos de la causa penal **********, consideró al quejoso como penalmente responsable en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa calificado -hipótesis de cuando la víctima se halla inerme y aquél armado-, previsto y sancionado en los numerales 123 y 138, fracción I, en relación con los diversos 15, 17, fracción II y 18 del Código Penal para el Distrito Federal; en consecuencia, le impuso una pena de once años, once meses de prisión.

19. b. Resolución jurisdiccional que fue modificada por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante sentencia de dos de diciembre de dos mil once, dictada en los autos del toca penal **********, en la que se consideró al impetrante del amparo, como responsable en la comisión del delito de homicidio en grado de tentativa calificado y se le impuso una pena de diez años de prisión.

20. c. Inconforme con el sentido de la resolución de alzada anterior, el quejoso promovió demanda de amparo directo en su contra, la cual, por razón de turno, fue resuelta por el referido Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual, en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil doce, se reitera, determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal impetrados; determinación constitucional que se constituye como la materia del presente recurso de revisión excepcional.

21. II. Conceptos de violación: El quejoso expresó como conceptos de violación, en síntesis, los siguientes:

22. a. En el primer motivo de disenso, adujo que en la sentencia combatida, se transgredieron los principios de inocencia, legalidad, exacta aplicación de la ley e imparcialidad; en virtud de que en la especie no se demostró plenamente su responsabilidad en la comisión del hecho ilícito, pues dicho acreditamiento se basó en las declaraciones del ofendido y de los testigos de cargo, sin que se hubieran tomado en cuenta las pruebas de descargo.

23. b. En el segundo concepto de violación, sostuvo que la Sala responsable modificó la sentencia combatida sin respetar sus garantías constitucionales, lo que se tradujo en una violación a su derecho de defensa.

24. Que lo anterior es así, pues no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento en la sentencia definitiva, es decir, se violó el principio de debido proceso legal en su perjuicio.

25. c. En el tercer motivo de disenso, señaló que la Sala responsable, al modificar la sentencia cuestionada, tuvo por acreditada la calificativa de ventaja en el delito por homicidio calificado en grado de tentativa, esto es, que se le condenó dos veces por una sola conducta; máxime que en la especie no existieron elementos que acreditaran tal calificativa.

26. Sostiene que en el caso a estudio, no se acreditaron los elementos del delito que se le imputó, además, de que el parámetro de punibilidad tratándose de la tentativa de delito, debe ser entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima, de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Código Penal para el Distrito Federal, y no la pena que le fue impuesta.

27. d. En el cuarto concepto de violación, afirmó que la Sala responsable no fundamentó ni motivó, por qué le fincó un grado de culpabilidad equivalente al punto medio entre la mínima y, el punto equidistante entre la mínima y la media, siendo que no tiene antecedentes penales y que cuenta con un modo honesto de vivir, tal como se advierte de las constancias que obran agregadas en autos, por lo que, suponiendo sin conceder, el acreditamiento de su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, lo cierto es que se debió graduar su culpabilidad en el punto mínimo; asimismo, afirmó que la responsable indebidamente suplió las deficiencias del Ministerio Público en la aplicación de la ley penal.

28. Que el citado proceder de la Sala responsable, significó la violación de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 19 y 21 de la Constitución Federal, en relación con los diversos 7, 8, 9, 13, 20, 71, 72, 78, 220 y 224, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, pues no se determinó una pena apegada a derecho ni de forma justa y equitativa.

29. Insiste, que si se hubiera acatado lo previsto en los numerales 71 y 72 del código punitivo en cita, se le habría impuesto una pena equivalente a la mínima, ya que el inculpado presenta una criminalidad mínima y de no peligro para la sociedad; omisión que demuestra un abuso de la función judicial que se traduce en una violación al principio de exacta aplicación de la ley en su perjuicio.

30. e. En el quinto motivo de disenso, adujo que los numerales 71 y 72 del Código Penal; y, 427 del Código de Procedimientos Penales, ambos del Distrito Federal, son inconstitucionales, en virtud de que trastocan los derechos del suscrito, previstos en los diversos artículos 1o., 14, 16, 17, 21 y 133 de la Constitución Federal.

31. Afirma lo anterior, en razón de que los preceptos punitivos y procesales de mérito, transgreden el principio de legalidad, ya que dejan la fijación del grado de culpabilidad -y por tanto el de penalidad- de los procesados en manos del arbitrio judicial, esto es, no existe un límite fijo o definido para la aplicación de las penas conducentes.

32. Señala que en la especie, fue sujeto de tal proceder arbitrario, ya que la Sala responsable, sin fundar ni motivar, le fijó un grado de culpabilidad distinto del que debería ser, ya que dadas las circunstancias del infractor, éste debió ubicarse en el punto mínimo y no en el punto ubicado entre el mínimo, y el punto equidistante entre el mínimo y el medio.

33. Sostiene que los numerales cuestionados transgreden el derecho a una adecuada administración de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues sostiene, que no permiten a los impartidores de justicia emitir sus resoluciones de manera imparcial, ya que se les da la oportunidad de fijar la individualización de las penas en uso y abuso del llamado "arbitrio judicial".

34. Finalmente, reitera que ha negado los hechos como los narran los policías y el denunciante, motivo por el cual, se le debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.

35. III. Consideraciones de la sentencia recurrida. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al emitir la resolución constitucional materia de este recurso, en la parte que interesa, sostuvo en esencia:

36. a. Que los numerales tachados de inconstitucionales no establecen delitos ni penas, sino que, realmente establecen un límite a la función jurisdiccional en cuanto a la individualización de las penas, esto es, que no se trata de preceptos aplicables a un caso concreto, pues son límites que debe seguir todo juzgador para la imposición de las penas, una vez que se ha determinado la existencia de un tipo penal exactamente aplicable en la especie, cuyas consecuencias jurídicas deben estar perfectamente establecidas en ley.

37. b. Que no obstante lo anterior, al analizar los preceptos combatidos, no advirtió inconstitucionalidad alguna, ya que al regular lo concerniente a la individualización de las penas, más que atentar los derechos fundamentales, establecen un marco que todo juzgador debe atender para imponer las consecuencias jurídicas respectivas, es decir, que con base en la gravedad del hecho y las peculiaridades del acusado, se finca el grado de reproche del justiciable, utilizando directrices que rigen el arbitrio judicial que, como consecuencia de ello, implica necesariamente un límite y no una actividad arbitraria como lo propone el impetrante del amparo.

38. c. Que en ese contexto, los numerales 71 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, no fijan denominaciones o categorías predeterminadas, sino que, por el contrario, sólo establecen reglas normativas para regular el criterio del juzgador, para así evitar actuaciones arbitrarias de su parte, ya que en cada caso tendrá que determinarse, fundada y motivadamente, el grado de culpabilidad como base de individualización respectiva -como aconteció en la especie-; es decir, el órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta la naturaleza de la acción; los medios empleados para ejecutarla; la magnitud del daño causado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar; la forma de intervención del justiciable; las condiciones personales del quejoso; y, demás circunstancias especiales de cada caso; de ahí que dichos preceptos constituyen un marco de legalidad que todo juzgador debe atender para individualizar la pena, ello de conformidad con lo previsto en la tesis aislada 1a. XCIX/2004, sustentada por esta Primera Sala, de rubro: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. LOS ARTÍCULOS 71 Y 72 DEL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECEN EL MARCO JURÍDICO QUE DEBE ATENDER EL JUZGADOR PARA DETERMINAR EL GRADO DE CULPABILIDAD, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA."

39. CUARTO. Agravios. El quejoso recurrente esgrimió, en síntesis en su único agravio -identificado erróneamente como primero-, los siguientes razonamientos:

40. a. Afirma que la sentencia recurrida se dictó en contravención a lo previsto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, pues la considera incongruente al no decretarse la inconstitucionalidad de los diversos numerales 71 y 72 del Código Penal; y, 427 del Código de Procedimientos Penales, ambos para el Distrito Federal.

41. b. Sostiene que lo anterior es así, pues en su cuarto -realmente fue el quinto- motivo de disenso, sostuvo la inconstitucionalidad de los artículos de mérito, ya que en la especie, se aplicaron indebidamente, al fincársele un grado de culpabilidad que, a su juicio, no correspondió con el adecuado, pues cuando debió ser el punto mínimo, se le aplicó una sanción ubicada entre el punto mínimo y el punto equidistante entre el mínimo y el medio, lo que vulnera los principios de exacta aplicación de la ley y de legalidad, previstos en el artículo 14 de la Constitución Federal.

42. QUINTO. Procedencia de la revisión principal. En primer lugar, debe analizarse si el presente asunto reúne los requisitos de importancia y trascendencia a que hacen alusión los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el punto primero del Acuerdo Número 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de junio de dicho año.

43. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 83, fracción V, de la Ley de Amparo, para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se requiere que se reúnan los siguientes requisitos, para verificar si es o no procedente el recurso de revisión que nos ocupa:

44. a. Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio; y,

45. b. Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.

46. Por lo que se refiere al segundo de los requisitos antes mencionados, el propio punto primero del acuerdo en cita señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de amparo, así como cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja, o bien, en casos análogos.

47. Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 101/2010, de esta Primera Sala, cuyos rubro, texto y datos de localización, son los siguientes:

48. "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. REQUISITOS DE PROCEDENCIA QUE DEBEN SER REVISADOS POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O DE SUS SALAS. Conforme al artículo 90 de la Ley de Amparo, corresponde al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificar la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo. Por su parte, los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 93 de la Ley de Amparo; 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo número 5/1999, de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Pleno de este alto tribunal, disponen que los requisitos de procedencia que deben calificar el presidente de la Suprema Corte o los de sus Salas son aquellos que pueden ser advertidos de una inmediata apreciación, como son: I. La oportunidad del recurso; II. La existencia de un planteamiento de inconstitucionalidad de una ley o interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal (ya sea que se haya planteado en la demanda de amparo directo o que en la sentencia a revisar se hubiera omitido su estudio o se hubiera realizado de manera oficiosa por el tribunal colegiado de circuito); y, III. La falta de legitimación procesal del promovente del recurso de revisión intentado. Lo anterior, en virtud de que tales aspectos son susceptibles de apreciarse inmediatamente, en tanto que aspectos como la calificación de los agravios propuestos y el cumplimiento de los requisitos de importancia y trascendencia requieren forzosamente un estudio profundo del planteamiento realizado, por lo que en tal supuesto corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a las Salas respectivas, la realización del tal estudio.

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XXXIII, enero de 2011, materia común, tesis 1a./J. 101/2010, página 71, Núm. Registro IUS 163235."

49. En este contexto, el recurso de mérito, sí cumple con los requisitos para su procedencia, exigidos por el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, ya que, en primer lugar, fue interpuesto de manera oportuna, como se anotó en párrafos precedentes; en segundo lugar, en la demanda de amparo, el quejoso hizo valer conceptos de violación en los que, entre otros, cuestionó la inconstitucionalidad de los artículos 71 y 72 del Código Penal; y, 427 del Código de Procedimientos Penales, ambos del Distrito Federal, argumentos que el tribunal a quo declaró infundados, materia que subsiste en el presente recurso, dado que en los agravios expuestos el recurrente se duele de tal proceder.

50. SEXTO. Estudio de fondo. Los agravios del quejoso recurrente, sintetizados en los parágrafos 38 a 40 de esta ejecutoria, son infundados por una parte e inoperantes por otra, como se verá a continuación.

51. En efecto, se afirma que no le asiste la razón al recurrente, al sostener que los artículos 71 y 72 del Código Penal; y, 427 del Código de Procedimientos Penales, ambos del Distrito Federal, son violatorios de lo previsto en los diversos numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que la fijación del grado de culpabilidad y, por tanto, de la penalidad, es arbitraria, al no existir límite alguno para que el juzgador fije las penas que estime justas y procedentes, lo que se traduce en una transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica en su perjuicio.

52. Para evidenciar lo anterior, es necesario traer a colación lo previsto en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, los cuales, en la parte que interesa, son del tenor literal siguiente:

53. "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. ..."

54. "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ..."

55. De la transcripción de los preceptos constitucionales anteriores, se advierte que el principio de seguridad jurídica se respeta por las autoridades legislativas, cuando las disposiciones de observancia general que crean, por una parte, generan certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, por otra, tratándose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal que se impida a la respectiva autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa.

56. En tal virtud, tratándose de normas que facultan a las autoridades jurisdiccionales para aplicar una determinada sanción, para verificar si la regulación relativa respeta el principio de seguridad jurídica, debe tomarse en cuenta, si mediante ella el legislador encauzó el ámbito de actuación de aquéllas dando lugar a que, por un lado, el gobernado conozca cuál será la consecuencia de su conducta y, por otro, que la actuación de la respectiva autoridad se encuentre limitada en forma tal que, la afectación a la esfera jurídica de los gobernados no derive de una actuación caprichosa o arbitraria, sino justificada por las circunstancias que rodean la situación de hecho, advertida por la autoridad, que, en todo caso, deben expresarse por escrito como la motivación de la actuación de esta última.

57. Dicho en otras palabras, la norma que prevé una sanción o afectación cuya imposición corresponde a una autoridad jurisdiccional, respeta el principio de seguridad jurídica, cuando el legislador acota de tal manera la actuación de aquélla, que aun cuando le dé un margen que le permita valorar las circunstancias en que aconteció la respectiva infracción o conducta antijurídica, permite al gobernado conocer las consecuencias de su actuar, e implique que la determinación adoptada por la autoridad, dentro del margen legislativamente permitido, se encuentre debidamente motivada, de manera tal que, la decisión tomada se justifique por las circunstancias en que se suscitó el hecho.

58. No obstante lo anterior, el principio de seguridad jurídica no debe entenderse en el sentido de que, la ley ha de señalar de manera especial y precisa, un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe entenderse, como los elementos mínimos para que el gobernado pueda hacer valer sus derechos y, en contraparte, que la autoridad no incurra en arbitrariedades; consecuentemente, se advierte que, cuando aquel se encuentra definido de manera sencilla y suficiente, se evidencia claramente las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad.

59. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 144/2006, sustentada por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se comparte, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:

60. "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, Tomo XXIV, octubre de 2006, tesis 2a./J. 144/2006, página 351, Núm. Registro IUS 174094)

61. Precisado lo anterior, se procede al análisis de los artículos 71 y 72 del Código Penal; y, 427 del Código de Procedimientos Penales, ambos del Distrito Federal, por lo que es menester transcribirlos:

62. "Artículo 71. (Fijación de la disminución o aumento de la pena). En los casos en que este código disponga penas en proporción a las previstas para el delito doloso consumado, la punibilidad aplicable será para todos los efectos legales, la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los términos mínimo y máximo de la pena prevista por aquél. Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres meses.

"Cuando se prevea la disminución o el aumento de una pena con referencia a otra, se fijará con relación a los términos mínimo y máximo de la punibilidad que sirva de referencia.

"En estos casos, el juzgador individualizará la pena tomando como base el nuevo marco de referencia que resulte del aumento o disminución.

"En ningún caso se podrán rebasar los extremos previstos en este Código.

"Lo previsto en el párrafo anterior no es aplicable para la reparación del daño ni la sanción económica."

63. "Artículo 72. (criterios para la individualización de las penas y medidas de seguridad). El Juez, al dictar sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de seguridad establecida para cada delito y las individualizará dentro de los límites señalados, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta:

"I. La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla;

"II. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;

"III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;

"IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido;

"V. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;

"VI. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de la comisión del delito;

"VII. Las circunstancias del activo y pasivo, antes y durante la comisión del delito, que sean relevantes para individualizar la sanción, incluidos en su caso, los datos de violencia, la relación de desigualdad o de abuso de poder entre el agresor y la víctima vinculada directamente con el hecho delictivo, así como el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido;

"VIII. Las demás circunstancias especiales del agente, que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

"Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho y, en su caso, requerirá los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos conducentes."

64. "Artículo 427. La Sala al pronunciar su sentencia, tendrá las mismas facultades que el Tribunal de Primera Instancia; pero si sólo hubiese apelado el reo o su defensor, no podrá aumentarse la pena impuesta en la sentencia apelada."

65. De la transcripción anterior, se aprecia un marco normativo que todo juzgador debe atender para determinar el grado de culpabilidad del sujeto activo y, con ello, fincar el reproche respectivo, mismo que encausa el arbitrio judicial al respecto y, en tal medida, implica un límite a la actividad jurisdiccional en la labor de individualizar la punibilidad; esto es, la ley penal no fija denominaciones o categorías predeterminadas respecto de la graduación de la culpabilidad, sino que se limita a proporcionar reglas normativas para regular el criterio del juzgador, evitando así, que éste imponga alguna pena por analogía o mayoría de razón, puesto que en cada caso tendrá que motivar el porqué establece un determinado grado de culpabilidad como base de la individualización de la punibilidad.

66. Al respecto es aplicable, en la parte conducente, el siguiente criterio, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:

67. "PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la individualización de la pena.

"Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Apéndice de 1995, Tomo II, Parte SCJN, tesis 239, página 136."

68. Por tanto, contrario a lo expuesto en la demanda de amparo, el hecho de que el juzgador tenga arbitrio judicial para apreciar el grado de culpabilidad, no resulta violatorio de los principios de legalidad y de seguridad jurídica, ya que le proporciona al juzgador el marco jurídico atendible al momento de individualizar la pena, e incluso, el último de los preceptos mencionados, prohíbe al Juez de segunda instancia, incrementar la pena de prisión impuesta cuando sea sólo el reo el que se haya inconformado con la determinación del Juez natural; con lo cual, se garantiza que no se afecte al sentenciado, cuando el Ministerio Público no se haya inconformado con la pena impuesta.

69. En ese orden de ideas, resulta infundado el planteamiento de inconstitucionalidad en estudio, en virtud de que los artículos combatidos no implican que el juzgador imponga alguna pena por analogía o mayoría de razón, ni que se dicte una sentencia sin un debi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24925-e3c017b7/derecho-penal-de-acto-razones-por-las-cuales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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