JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE JUNIO DE 2014. MAYORÍA DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GILBERTO CHÁVEZ PRIEGO, LUIS GILBERTO VARGAS CHÁVEZ, DANIEL PATIÑO PEREZNEGRÓN, VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS, JOSÉ LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES, INDALFER INFANTE GONZALES, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ, CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER Y ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ. DISIDENTES: MA. DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO: QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO Y VIRGILIO SOLORIO CAMPOS: QUIEN FORMULA VOTO PARTICULAR. PONENTE: ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ. SECRETARIO: ARNULFO MATEOS GARCÍA.
México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil catorce.
VISTO para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción identificada al rubro, y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Denuncia de contradicción de tesis. Mediante el oficio 49/2013-T, de uno de octubre de dos mil trece, presentado ante el presidente del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, el siete de iguales mes y año, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por el citado órgano colegiado en los autos del juicio de amparo DC-199/2013 y el emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado de igual circuito, en los autos del juicio de amparo DC-365/2013.
SEGUNDO. Trámite del asunto. El presidente del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en proveído de ocho de octubre de dos mil trece, admitió la denuncia de posible contradicción de tesis; ordenó formar cuaderno auxiliar de turno virtual; solicitó al presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la remisión en archivo digital de la ejecutoria pronunciada en el amparo directo DC-365/2013-13, e informara si aún el criterio con el que denuncia la contradicción se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
Por otro lado, tuvo a la actuaria judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, remitiendo el archivo digital que contiene la ejecutoria pronunciada en los autos del juicio de amparo directo DC-199/2012-13, e informando que el criterio sostenido por dicha ejecutoria, se encuentra vigente.
Por último, ordenó que una vez integrado el expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41 Bis, 41 Ter, fracción I, 41 Quarter-1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y noveno transitorio del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como en los acuerdos tomados en sesión extraordinaria por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, se turnara al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
TERCERO. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil trece, el presidente del Pleno de Circuito, tuvo al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dando cumplimiento al proveído de ocho de los citados mes y año, y por remitido el archivo electrónico de la ejecutoria emitida en los autos del juicio de amparo directo DC-365/2013-13.
En el citado proveído, el presidente del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito turnó el expediente virtual al Magistrado Roberto Ramírez Ruiz, entonces presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para la elaboración del proyecto respectivo.
CUARTO. Por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil catorce, el presidente del Pleno de este circuito en Materia Civil returnó el expediente de la referida contradicción al Magistrado Adalberto Eduardo Herrera González, actual presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito para la formulación del proyecto respectivo.
Conforme al diverso acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil catorce, dictado por el presidente del Pleno de Circuito, el plazo de treinta días hábiles para la presentación del proyecto de esta contradicción inició ese citado día; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno de Circuito en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, pues se trata de una posible contradicción de criterios en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegiados de este circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien se encuentra facultado para ello de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada es menester mencionar los antecedentes de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados señalados como contendientes.
1. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el dieciséis de mayo de dos mil trece, resolvió el juicio de amparo directo DC. 199/2013, promovido por la quejosa en contra de la sentencia de doce de febrero de ese año, dictada por el Juez Vigésimo Sexto de lo Familiar del Distrito Federal, en los autos del juicio de controversia familiar 1777/2012.
2. El juicio familiar aludido, fue promovido por el tercero interesado en contra de la quejosa, en el que demandó la disolución del vínculo matrimonial que lo unía a esta última.
3. La quejosa dio contestación a la demanda y exhibió la contrapropuesta del convenio presentado por el actor.
4. El Juez Familiar señaló las diez horas con treinta minutos del dieciséis de enero de dos mil trece, para que tuviera verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 272-B del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
5. El doce de febrero de dos mil trece, el Juez del proceso declaró la disolución del vínculo matrimonial que unía a la quejosa y al tercero interesado.
i) Además, dejó a los contendientes en aptitud legal para contraer nuevo matrimonio.
ii) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, al resolver el juicio de garantías, consideró infundados los conceptos de violación propuestos por la quejosa, y en suplencia de la queja apreció una violación manifiesta de la ley que la dejó sin defensa.
6. Esto, porque en la sentencia reclamada se decretó la disolución del vínculo matrimonial; pero el Juez dejó a salvo los derechos de las partes para que los hicieran valer en la vía correspondiente, en términos de los artículos 287 del Código Civil para el Distrito Federal, y 88 del Código de Procedimientos Civiles de esa entidad federativa, pues consideró que soslayó proveer oficiosamente las medidas que debían subsistir hasta que se resolvieran en definitiva las consecuencias del divorcio, en relación con los niños y los bienes.
7. El Tribunal Colegiado sostuvo que el Juez responsable dio trámite a la solicitud de divorcio, pues en el procedimiento y en la resolución reclamada, soslayó pronunciarse sobre la procedencia de una pensión alimenticia promovida a favor de los acreedores alimentarios y de las demás medidas que resultaran necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad de los miembros del núcleo familiar.
8. Agregó que el Juez familiar omitió abrir de oficio el incidente para resolver las cuestiones inherentes al divorcio, pues dejó a salvo los derechos de los contendientes para que hicieran valer las cuestiones controvertidas en la vía correspondiente, pese a que debió continuar con el procedimiento para resolver en definitiva las consecuencias de la disolución del vínculo matrimonial, en atención al principio de congruencia que debía prevalecer en la sentencia.
9. Como consecuencia de lo anterior, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, concedió a la quejosa la protección constitucional, para que el Juez responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que quedara notificada la ejecutoria de amparo, dictara otro fallo en el que reiterara las consideraciones que no fueron materia de la protección constitucional, y con plenitud de jurisdicción, el responsable, en forma fundada y motivada, decretara medidas provisionales consistentes en una pensión a cargo del tercero interesado y en beneficio de la hija de ésta, así como asegurara las medidas que resultaran indispensables para salvaguardar la integridad y seguridad.
i) El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el juicio de amparo 365/2013, promovido por el quejoso en contra del acuerdo de treinta de abril de dos mil trece, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
ii) El citado quejoso demandó en la vía oral mercantil del tercero interesado la declaración de nulidad absoluta del pagaré de veinte de mayo de dos mil doce, por la cantidad de quince mil pesos, expedido al amparo de la tarjeta de crédito **********, reposición **********, porque desconocía la firma que aparecía en el pagaré, ya que afirmó no fue puesta de su puño y letra. Solicitó la cancelación de la cantidad amparada en el documento de crédito, así como los intereses, comisiones y demás accesorios que se hubiesen generado a partir de la fecha en que indebidamente se pagó el título, y el pago de gastos y costas.
iii) El Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal desechó el escrito inicial de demanda, pues consideró que era incompetente para conocer de la misma, en virtud de que las prestaciones reclamadas ascendían a quince mil pesos, cantidad que era inferior a la señalada en el artículo 1340 del Código de Comercio, para que fuese apelable.
iv) El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil concedió al quejoso la protección constitucional, porque los artículos 104, fracción I, constitucional y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecían la jurisdicción concurrente y esta era un derecho del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
v) Precisó que el artículo 53, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación preveía que los Jueces de Distrito civiles federales, conocerían de las controversias del orden civil que se sustentara sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, y cuando sólo se afectaran intereses particulares podían conocer de las controversias a elección del actor, los Jueces y tribunales del orden común de los Estados y el Distrito Federal.
vi) En tanto que, el artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, establecía que los Jueces de lo civil eran competentes para conocer de los negocios de jurisdicción concurrente, cuya suerte principal fuese inferior a la cantidad señalada en el diverso artículo 1340 del Código de Comercio, la que en el caso ascendía a quinientos veinte mil novecientos pesos por concepto de suerte principal.
vii) Sostuvo que derivado de las reformas al Código de Comercio, publicadas el veintisiete de enero de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, que entrara en vigor a partir del veintiocho de enero de dos mil doce, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los Acuerdos Generales 56/2011 y 12/2013, estableció que en los circuitos judiciales donde todavía no funcionaran Juzgados de Distrito Mercantiles Especializados en Juicios de Cuantía Menor, los Jueces de Distrito en materia civil, semiespecializados que incluyeran esa materia o mixtos, serían competentes para conocer de la vía oral mercantil.
viii) Conforme con lo expuesto, el Tribunal Colegiado consideró que eran inaplicables los artículos 144, 145 y 157 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque el quejoso ejerció una acción de naturaleza mercantil, derivada de un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, por virtud del cual se expidió una tarjeta de crédito y ello ponía de manifiesto que se trataba de una controversia entre particulares cuya resolución requería de la aplicación de leyes federales, como eran la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, por lo que el quejoso gozaba del derecho a la jurisdicción concurrente.
ix) En consecuencia, el Tribunal Colegiado concedió la protección constitucional al quejoso, para que el Juez de Distrito dejara sin efecto el acto reclamado y, en su lugar, emitiera otro en el que se avocaran al estudio de la procedencia de la acción intentada y se abstuviera de considerar que era incompetente en razón de cuantía.
CUARTO. Una vez hecha una síntesis de las consideraciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados contendientes en la contradicción denunciada, es indispensable atender a los requisitos jurisprudenciales que deben cumplirse para tal efecto.
Dichos requisitos son:
a) Que al resolver los asuntos jurídicos se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y hubiesen adoptado posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las resoluciones respectivas; y,
c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de iguales elementos.
De esa manera, existe contradicción de tesis, siempre y cuando se surtan los supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre igual punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de iguales elementos de hecho.
En ese sentido, se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en la página 7 del Tomo XXXII, correspondiente al mes de agosto de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Además, para la existencia de una denuncia de contradicción de tesis no es necesario que esa diferencia derive indefectiblemente de jurisprudencias o de tesis publicadas, acorde con lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia publicada en la página 319 del Tomo XII, correspondiente al mes de noviembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."
QUINTO. Establecido lo anterior, para determinar si se acreditan los extremos citados en el considerando que antecede, debe atenderse a los criterios que sustentan los Tribunales Colegiados de Circuito, sólo en sus aspectos fundamentales que se dieron en cada caso, y que puedan dar origen a la oposición de los puntos de derecho decidido en las sentencias de amparo.
1. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 365/2013, concedió al quejoso la protección constitucional en contra del proveído de treinta de abril de dos mil trece, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. En ese acuerdo, el mencionado Juez de Distrito desechó la demanda, pues consideró que era incompetente para conocer de ella en razón de la cuantía, ya que el importe de las prestaciones ascendía a la cantidad de quince mil pesos, la cual era inferior a la cantidad prevista en el artículo 1340 del Código de Comercio y 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, para que el juicio fuese apelable.
La concesión del amparo fue para que, dejara sin efecto el acuerdo reclamado y, en su lugar, dictara otro, en el que se avocara al estudio de la procedencia de la nulidad absoluta del pagaré base de la acción, y se abstuviera de considerar que era incompetente en razón de la cuantía.
En la citada sentencia, el Tribunal Colegiado requirió al Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, para que, dentro del plazo máximo de tres días, dictara otro acuerdo en el que se avocara al estudio de la procedencia de la demanda y se abstuviera de considerar que era incompetente en razón de la cuantía, con el apercibimiento de que si no daba cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dentro del plazo señalado, le impondría una multa de seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos, equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requirió al Magistrado del Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa en turno del Primer Circuito, para que conminara al Juez de Distrito responsable, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el plazo otorgado para ello, con el apercibimiento de que si no daba cumplimiento a lo anterior, le impondría una multa seis mil cuatrocientos setenta y seis pesos, equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
El Tribunal Colegiado arribó a la conclusión anterior, esto es, requirió al Magistrado del Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa, al interpretar los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 194 de la Ley de Amparo, pues consideró que el ejercicio del Poder Judicial Federal se depositaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Tribunal Electoral, en los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y en Juzgados de Distrito; de manera que la jerarquía en los mencionados órganos jurisdiccionales se presentaba no como una línea de mando o escalafón de una relación de trabajo, sino como una ascendencia en razón de grado, derivado de la distribución de competencias que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación atribuía a los tribunales.
Sostuvo que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, la relación jerárquica se presentaba de la siguiente forma: Tribunales Colegiado de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, porque en razón de grado el primero ejercía jurisdicción sobre el segundo y éste sobre el tercero.
Finalizó sosteniendo que si en materia de procesos los Tribunales Unitarios ejercían jurisdicción sobre los Jueces de Distrito y tenían competencia para dictar las sentencias de asuntos conocidos en primera instancia por aquéllos, resulta incuestionable que podían mandar cumplir la sentencia de amparo, por sí o por diverso medio.
2. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 192/2013, concedió a la quejosa la protección constitucional en contra de la sentencia definitiva de doce de febrero de dos mil trece, dictada por el Juez Vigésimo Sexto de lo Familiar del Distrito Federal. En ese fallo, el Juez de primera instancia declaró la disolución del vínculo matrimonial que unía a la solicitante del amparo con su cónyuge, pero soslayó pronunciarse sobre la pensión alimenticia provisional a favor de los acreedores alimentarios y las demás medidas que resultaran necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad de los miembros del núcleo familiar. Así como tramitar, de oficio, un incidente para resolver las cuestiones inherentes al divorcio sin causa.
Las omisiones en que incurrió el Juez responsable, ocasionaron que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, concediera la protección constitucional a la quejosa, para que el Juez responsable, dejara sin efecto la sentencia de primera instancia, dictara otra en la reiterara la disolución del vínculo matrimonial y proveyera, oficiosamente, una pensión alimenticia a favor de la hija del tercero interesado, y determinara si la quejosa tenía necesidad o no a una pensión alimenticia, así como dictara las medidas necesarias que resultaran indispensables para salvaguardar la integridad y seguridad de los miembros del núcleo familiar.
El Tribunal Colegiado solamente requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo al Juez responsable, pues consideró que los Jueces y las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, carecían de superior a quien formular el requerimiento, ya que de conformidad con el artículo 17 constitucional, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracterizaba por la autonomía e independencia judicial, así como su imparcialidad en cuanto a la persona del Juez y en relación con sus sentencias, las cuales debían ser dictadas en forma completa, pronta e imparcial.
La conclusión anterior la reforzó con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en virtud de que la función que realizaban los órganos jurisdiccionales de ese tribunal se regía por los principios de imparcialidad e independencia que implicaba la autonomía de los Jueces y Magistrados en el dictado de sus resoluciones, pese a la existencia de un presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura Federal, ya que el primero, entre otras facultades, representaba al tribunal y carecía de facultades de superior jerárquico en funciones jurisdiccionales; en tanto que el Consejo de la Judicatura era un órgano de naturaleza administrativa encargado de la administración, vigilancia y disciplina que no incidía en las decisiones jurisdiccionales; además de manejar, administrar y ejercer, de manera autónoma, el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del propio Consejo.
Las consideraciones que sustentan ambos Tribunales Colegiados, permiten concluir que, al resolver los juicios de amparo directo se pronunciaron sobre igual punto de derecho, a saber, si para el cumplimiento de una sentencia de amparo civil, los Jueces de Distrito en Materia Civil y los Jueces de lo Familiar, cada uno cuando actúa como órganos de primera instancia, tienen o no superior jerárquico para ser requerido, a fin de que los obliguen, con su poder o mando a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo o bien, para cumplir el fallo por sí.
Como al resolver ese tema jurídico sostuvieron criterios opuestos entre sí, pues mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que los Jueces y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, carecían de superior jerárquico para efectos del juicio de amparo, porque la función jurisdiccional que realizan se caracteriza por la autonomía e independencia judicial; por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, aseveró lo contrario, esto es, que los Jueces de Distrito sí tienen superior jerárquico por razón de grado, concretamente los Tribunales Unitarios de Circuito.
Es de precisarse que no es obstáculo para determinar que en el caso existe la contradicción de tesis denunciada, el hecho de que sólo uno de los Tribunales Colegiados haya elaborado tesis sobre el tema, pues para que proceda la denuncia es suficiente que los órganos jurisdiccionales sustenten criterios discrepantes sobre igual punto jurídico.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 77 del Tomo XII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25187-811b8c62/jueces-de-primera-instancia-no-tienen-superior-jerarquico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
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Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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