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Modo: Corpus Pro

NOMBRE COMERCIAL. PARA ACREDITAR SU USO EFECTIVO ES INNECESARIO QUE TAL DENOMINACIÓN TENGA VINCULACIÓN CON LA EXISTENCIA DE UN ESTABLECIMIENTO FÍSICO Y QUE SE UTILICE MATERIALMENTE EN ÉL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. · Registro digital (IUS): 25202
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-09-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, OCTAVO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, Pág. 1381.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO, OCTAVO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO SÉPTIMO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, EN APOYO DEL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE JULIO DE 2014. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS RONZÓN SEVILLA, GASPAR PAULÍN CARMONA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, ADELA DOMÍNGUEZ SALAZAR, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, LUZ CUETO MARTÍNEZ, SALVADOR MONDRAGÓN REYES, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ARMANDO CRUZ ESPINOSA Y CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR. AUSENTE: JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. DISIDENTE: JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA. PONENTE: CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR. SECRETARIO: JOSÉ HUGO ROJAS MONROY.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 6o., 14, fracción VII, 17, fracción III, 18 y primero transitorio del Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; puesto que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia fueron del conocimiento de Tribunales Colegiados de la misma materia y circuito.

Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de que uno de los criterios contendientes haya sido emitido por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, pues lo hizo en auxilio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo que la competencia para conocer de las contradicciones de tesis se define en razón de que el órgano auxiliar resolvió en apoyo de un tribunal especializado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que tiene la misma naturaleza; y, por ende, la competencia se da en la medida en que la decisión del tribunal auxiliar surte efectos jurídicos dentro del ámbito territorial de este Pleno de Circuito.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis aislada que derivó de la contradicción de tesis número 13/2013, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión celebrada el veintiuno de octubre de dos mil trece, pendiente de publicación, pero la cual se invoca como un hecho notorio, de rubro y texto siguientes:

"COMPETENCIA DEL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO PARA CONOCER DE LAS CONTRADICCIONES DE TESIS QUE SE PRESENTAN ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y UN TRIBUNAL AUXILIAR QUE RESOLVIÓ EN APOYO DE OTRO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO. Cuando un tribunal auxiliar resuelve en auxilio de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con independencia de la región o residencia a la que pertenezca, se debe considerar que se trata de órganos jurisdiccionales de la misma especialidad y circuito; atento a que no obstante que en términos del artículo 6o. del Acuerdo General precitado, los Tribunales Colegiados auxiliares no integrarán Plenos, no se debe pasar por alto el que éstos fueron creados como órganos jurisdiccionales auxiliares encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de las sentencias en los lugares con alta carga de trabajo por lo que se requiere que otro órgano jurisdiccional de la misma competencia y capacidad resuelva. De ahí que la competencia para conocer de las contradicciones de tesis se define en razón de que el órgano auxiliar resolvió en apoyo de un tribunal especializado integrante del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito por lo que tiene la misma naturaleza; y, por ende, la competencia se da en la medida en que la decisión del tribunal auxiliar surte efectos jurídicos dentro del ámbito territorial de este Pleno de Circuito."

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo vigente; en razón de que fue formulada por la subdirectora divisional de Amparos, en representación del subdirector divisional de Procesos de Propiedad Industrial y del coordinador departamental de Conservación de Derechos, todos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, siendo las últimas dos autoridades indicadas, enjuiciadas en los juicios de nulidad de los que derivaron los fallos con decisiones divergentes, cuyos temas medulares figuran en esta contradicción.

TERCERO. A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente traer a colación las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, de manera cronológica, a través de las ejecutorias respectivas.

A. Posición 1

El criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivó de lo resuelto en el expediente DA. 527/2012, donde la quejosa Conde Chico, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamó la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil doce, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 2120/10-EPI-01-4.

En el caso, la quejosa alegó que la sentencia reclamada transgredía en su perjuicio las garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ella se llevó a cabo una indebida interpretación de lo dispuesto en los numerales 105 y 106 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la Sala especializada responsable declaró la validez de la resolución en la que el coordinador departamental de Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, negó la inscripción de la licencia de uso solicitada por la actora respecto del nombre comercial número 19103 "Santa Clara Productos Lácteos, S.A. de C.V.", de su titularidad, a favor de la diversa empresa Santa Clara desde 1924, Sociedad Anónima de Capital Variable, al considerar que los nombres comerciales no son susceptibles de licenciarse, ya que los derechos que se reconocen a través de esa figura están vinculados únicamente con la actividad de la persona o empresa que requiere su publicación en la gaceta de la especialidad.

Sostuvo la quejosa que, contrario a lo determinado por la juzgadora, la naturaleza jurídica del nombre comercial no es limitativa a la persona titular de éste, sino que ésta, a su vez, puede transmitir su uso a un tercero, para que éste sea considerado como parte de aquella que obtuvo el uso exclusivo del nombre comercial; de manera que el uso que el licenciatario haga del nombre comercial no se considera como propio, sino en nombre del titular del derecho reconocido por la autoridad de propiedad industrial, tal como lo prevé el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia resolvió, en esencia, lo siguiente:

I) Fijó la litis en el juicio de amparo directo, refiriéndose a que se ciñó a determinar la procedencia del registro de la licencia de uso respecto de un nombre comercial, así como a expresar algunas consideraciones sobre aspectos generales de la propiedad industrial, respecto de esa figura distintiva.

II) Destacó que los nombres comerciales se constituyen, por denominarse de esa manera, con la que se identifica a una persona física o moral, a su negociación o establecimiento, y tiene como propósito distinguir su actividad comercial respecto de otra de la misma especie, relacionándola directamente con el conjunto de cualidades que la caracterizan, como el grado de honestidad, reputación, confianza, seriedad, eficiencia, entre otras; así que, aseveró, los nombres comerciales se vinculan de manera directa con el establecimiento en el que se usa, de modo que su finalidad es la de generar una idea o concepto en el consumidor, respecto del bien al que se aplican, productos o servicios y negociaciones.

III) Estimó fundada la pretensión de la quejosa, pues de la interpretación de los artículos 105, 109 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, que efectuó, indicó que contemplan como signo distintivo de protección al nombre comercial, cuyo uso es exclusivo y tutelado sin necesidad de registro, y que al respecto se podrá solicitar su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial para que sea oponible ante terceros, siguiéndose para ello el procedimiento correspondiente en el que se cubran los requisitos legales para tal efecto. Aunado a que los nombres comerciales se regirán en lo aplicable, con lo relativo a las marcas, cuyos derechos exclusivos pueden licenciarse a terceros y que el uso del nombre comercial igual o semejante en grado de confusión, sin consentimiento o licencia de su titular, constituye una infracción administrativa.

IV) Indicó que los signos distintivos de propiedad industrial constituyen para los comerciantes un activo susceptible de explotación por sí, o a través del licenciamiento de los derechos exclusivos reconocidos y protegidos por la legislación, lo que permite la divulgación del nombre comercial, reportando al titular del derecho un mayor reconocimiento ante el público consumidor; por tanto, la licencia que respecto de los derechos exclusivos de marca que prevé la Ley de la Propiedad Industrial, es también aplicable a los derivados del nombre comercial, pues ambas figuras de propiedad intelectual atienden a igual naturaleza en cuanto a que son signos individualizadores de valor económico susceptible de explotación.

V) Concluyó que la licencia prevista en el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, es igualmente aplicable a los nombres comerciales, pues a través de ésta se concede el uso de los derechos exclusivos de los que es propietario el titular del registro marcario; el cual es un signo distintivo al igual que el nombre comercial y, por tanto, surte el supuesto de aplicación previsto en el numeral 112 de la referida legislación.

Derivado de lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en virtud de que, contrario a lo determinado, tanto por la Sala responsable como por la autoridad demandada, la licencia que respecto de los derechos exclusivos de marca prevé la Ley de la Propiedad Industrial, es también aplicable a los derechos exclusivos derivados de un nombre comercial, pues ambas figuras atienden a igual naturaleza por ser signos individualizadores.

Cabe indicar que, al respecto, dicho órgano jurisdiccional emitió tesis aislada registrada con el número I.4o.A.44 A (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos mil trece, página 2191, cuyos rubro y texto versan:

"NOMBRE COMERCIAL. LA LICENCIA QUE RESPECTO DE LOS DERECHOS EXCLUSIVOS DE UNA MARCA PREVÉ EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ES TAMBIÉN APLICABLE A LOS DERIVADOS DE AQUÉL. Entre los signos distintivos susceptibles de derechos de propiedad industrial reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, como son el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, se encuentran los nombres comerciales, constituidos por aquella denominación con la que se identifica a una persona física o moral o a su negociación/establecimiento, teniendo como propósito distinguir su actividad comercial respecto de otra de la misma especie, relacionándola directamente con el conjunto de cualidades que la caracterizan. Así, los nombres comerciales comparten características con otros signos distintivos, como las marcas, toda vez que en ambos se reconoce y concede el uso exclusivo respecto de la denominación que se emplea, vinculándola de manera directa con el establecimiento en el que se usa, en el primero de los casos, y con los productos y servicios que amparan, en el segundo. En este contexto, de los artículos 105 a 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, se advierte como signo distintivo susceptible de protección al nombre comercial, cuyo uso exclusivo será tutelado sin necesidad de registro, aunado a que regirá, en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, lo relativo a las marcas. Así, existe similitud entre las marcas y los nombres comerciales cuando han sido utilizados por algún tiempo y el titular ha logrado acreditar en el mercado esos productos o servicios, en razón de que en tales casos, ambas figuras de propiedad industrial tienen una misma función distintiva, con base en el principio de analogía que refiere: ‘donde existe la misma razón debe regir la misma disposición’. En consecuencia, la licencia que respecto de los derechos exclusivos de una marca prevé el artículo 136 de la citada ley es también aplicable a los derivados de un nombre comercial, toda vez que ambas figuras atienden a la misma naturaleza en cuanto a que son signos individualizadores de valor económico susceptibles de explotación, en términos del artículo 112 de la propia ley."

B. Posición 2

El criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito derivó de lo resuelto en el expediente DA. 64/2013, donde la quejosa Restaurante Puerto Banus, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamó la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil doce, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 2230/11-EPI-01-9.

En el caso, la quejosa alegó que la sentencia reclamada transgredía en su perjuicio las garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ella se determinó que las pruebas ofrecidas por la actora en el procedimiento de nulidad marcaria de origen no son aptas para demostrar la existencia de un establecimiento físico al que se aplique el nombre comercial "Sixtie's" (restaurante bar) y que éste se conociera en una zona geográfica determinada, respecto de lo que afirmó la juzgadora que el nombre comercial debe usarse en un espacio determinado, tal como lo prevé el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sostuvo la quejosa que ese numeral legal establece claramente que el nombre comercial puede aplicar para identificar una empresa, por lo que, contrario a lo resuelto por la responsable, no es necesario acreditar la existencia de un establecimiento físico determinado al que se aplicará el signo distintivo defendido, por lo que, afirmó, se le impuso un requisito no previsto en la Ley de la Propiedad Industrial para demostrar el uso del nombre comercial que detenta, aduciendo, además, que la referida marca la ha venido ocupando, por lo que ante su clientela se hace distinguir aquella denominación, al hacer uso de ésta en el Distrito Federal, lo cual se corrobora con las pruebas exhibidas.

Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia resolvió, en esencia, lo siguiente:

I) De la interpretación de los artículos 105, 109 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, se pone de manifiesto que el nombre comercial es el signo que individualiza a una empresa en relación con otras de su especie presentes en un mercado, el cual es protegido desde el momento de su utilización por quien para ese fin lo emplea; además, prevén que su protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento en el que se aplique el nombre comercial, la cual se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional, lo cual se podrá demostrar de manera objetiva con las pruebas que al efecto se ofrezcan de las que se desprenda el uso de dicho nombre comercial, cuál es el lugar en que se llevan a cabo las operaciones o servicios que realiza y la reincidencia de los clientes o asistentes al lugar de su aplicación.

II) El nombre comercial es el signo distintivo utilizado por industriales, productores o comerciantes, sean personas físicas o morales, para distinguir o diferenciar un establecimiento industrial o comercial de los demás que se dedican a la misma o similar actividad industrial o mercantil cuya naturaleza jurídica lo coloca como un bien incorporal objeto de un derecho de propiedad intelectual; siendo uno de los objetivos de la propiedad industrial el proteger esos signos distintivos que utilizan las empresas o negociaciones comerciales o industriales para hacerse reconocer en el mercado diferenciándose de sus competidores.

III) Con el fin de verificar, si en el caso la marca que pretende proteger la actora, cumple con los elementos previstos en el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, referentes a que en el caso se trata de una empresa o establecimiento industrial o comercial o de servicios, que observe una zona geográfica, una clientela efectiva, la difusión o conocimiento del nombre comercial correspondiente, su uso efectivo, que prevé un giro o actividad comercial y que contenga una publicación del mismo; destacó que, si bien, como lo sostiene la quejosa, dicho precepto legal no establece que sólo se podrá proteger un nombre comercial cuando se materialice en un anuncio colocado físicamente en un establecimiento físico, siendo suficiente que se pruebe el uso o nombre comercial por parte de una empresa industrial, comercial o de servicios que lo aplicara a su actividad mercantil; lo cierto es que la empresa o industria está sujeta a que ello acontezca o impacte en una zona geográfica específica o, en su caso, en la totalidad del territorio nacional.

IV) Destacó que no es necesario que la empresa quejosa tenga que acreditar contar con un establecimiento comercial en el que utilice físicamente el nombre comercial defendido a través de un anuncio o letrero; sino que a lo que sí la obliga el numeral 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, es a demostrar la utilización y reconocimiento del signo marcario relativo en una zona geográfica determinada.

V) La quejosa no acreditó dicho supuesto, pues con las facturas que exhibió en el procedimiento de origen, no acreditó el impacto zonal del nombre comercial que detenta, ni que cuente con una clientela efectiva que la reconozca, sino que sólo demuestra su actividad comercial y el domicilio de la ubicación del lugar físico en que se utiliza el nombre comercial, siendo que, en virtud de su cantidad o número de documentales que es insuficiente, no crean convicción del impacto geográfico y en la clientela efectiva que sobre estos aspectos tiene el uso del signo distintivo relativo.

Derivado de lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en virtud de que de las pruebas aportadas en el juicio de nulidad por la actora, ni siquiera adminiculadas entre sí, demostraron su pretensión.

C. Posición 3

El criterio del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivó de lo resuelto en el expediente AD. 713/2013-A (DA. 572/2013), donde la quejosa Restaurante Puerto Banus, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamó la sentencia dictada el ocho de octubre de dos mil doce, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 2228/11-EPI-01-9-12.

En el caso, la quejosa alegó que la sentencia reclamada transgredía en su perjuicio las garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ella se determinó que las pruebas ofrecidas por la actora en el procedimiento de nulidad marcaria de origen, no son aptas para demostrar la existencia de un establecimiento físico al que se aplique el nombre comercial "Sixtie's" (restaurante bar) y que éste se conociera en una zona geográfica determinada, respecto de lo que afirmó la juzgadora, que el nombre comercial debe usarse en un espacio físico determinado, tal como lo prevé el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sostuvo la quejosa que ese numeral legal establece claramente que el nombre comercial puede aplicar para identificar una empresa, por lo que, contrario a lo resuelto por la responsable, no es necesario acreditar la existencia de un establecimiento físico determinado al que se aplicará el signo distintivo defendido, por lo que, afirmó, se le impuso un requisito no previsto en la Ley de la Propiedad Industrial para demostrar el uso del nombre comercial que detenta, aduciendo, además, que únicamente debía probar la existencia de una empresa a la que le estuviese aplicando un nombre comercial, lo que se llevó a cabo con las facturas que exhibió en el procedimiento de nulidad marcaria, por lo que las autoridades, tanto demandada como responsable interpretaron, inexactamente el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia resolvió, en esencia, lo siguiente:

I) De la interpretación del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, se pone de manifiesto que una empresa o un establecimiento, ya sean industriales, comerciales o de servicios, gozan de la protección de su nombre comercial y de su derecho a su uso exclusivo, sin necesidad de registrarlo, y que dicha protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o del establecimiento correspondiente y que se extenderá a toda la República en caso de que exista difusión masiva y constante a nivel nacional respecto de ese nombre comercial; por lo que, dispuso, la prerrogativa contenida en ese precepto legal, efectivamente aplica tanto para una empresa como para un establecimiento.

II) Que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define al establecimiento, como el lugar donde se ejercita una actividad comercial, industrial, profesional, etcétera, y como la acción y efecto de establecer o establecerse; por lo que, si la actora solicitó la declaración de nulidad del registro marcario 944353 "60's Burger", del que es titular una distinta persona moral, refiriendo la promovente que, ya desde hacía varios años venía aplicando a su empresa el nombre comercial "Sixtie's", para distinguir la prestación de los servicios de restaurante bar, y que la existencia de aquel signo marcario afecta sus intereses y derechos al tratarse de una marca semejante en grado de confusión con la referida "Sixtie's"; entonces la aplicación en el caso de la prerrogativa indicada no atañe a una empresa, sino a un establecimiento porque éste lo constituye el lugar donde se ejercita la actividad comercial, industrial o profesional, en la especie, la de restaurante bar, pues, para el desarrollo de esa actividad, es indispensable contar con un lugar o espacio físico.

III) Es jurídica la determinación de la Sala especializada responsable, puesto que si el quejoso adujo que hacía uso del nombre comercial para la prestación del servicio de restaurante y bar, entonces esa actividad requiere ineludiblemente un lugar o espacio físico (establecimiento) para su desarrollo, al llevarse a cabo directamente con la clientela, que son los consumidores de esos servicios de alimentos y bebidas; siendo que, aseveró, la promovente no acreditó con prueba idónea esa situación, no obstante que haya exhibido diversas facturas de las que se advierte la existencia de una empresa, y no del establecimiento relativo.

IV) La quejosa no controvirtió la decisión de la responsable, referente a que el nombre comercial tiene como objeto identificar a una empresa o establecimiento, que está supeditado a que se compruebe la aplicación del nombre comercial en un espacio físico determinado, ya sea el mismo lugar que pretende distinguir o una zona geográfica específica o incluso todo el país.

Derivado de lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en virtud de que las pruebas aportadas en el juicio de nulidad por la actora, no demostraron su pretensión.

D. Posición 4

El criterio del Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, derivó de lo resuelto en el expediente DA. 815/2013, donde la quejosa Restaurante Puerto Banus, Sociedad Anónima de Capital Variable, reclamó la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil doce, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 2229/11-EPI-01-8.

En el caso, la quejosa alegó que la sentencia reclamada transgredía en su perjuicio las garantías de legalidad y audiencia consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ella se determinó que las pruebas ofrecidas por la actora en el procedimiento de nulidad marcaria de origen, no son aptas para demostrar la existencia de un establecimiento físico al que se aplique el nombre comercial "Sixtie's" (restaurante bar) y que éste se conociera en una zona geográfica determinada, respecto de lo que afirmó la juzgadora que el nombre comercial debe usarse en un espacio determinado, tal como lo prevé el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sostuvo la quejosa que ese numeral legal establece claramente que el nombre comercial puede aplicar para identificar una empresa, por lo que, contrario a lo resuelto por la responsable, no es necesario acreditar la existencia de un establecimiento físico determinado al que se aplicará el signo distintivo defendido, por lo que, afirmó, se le impuso un requisito no previsto en la Ley de la Propiedad Industrial para demostrar el uso del nombre comercial que detenta, aduciendo, además, que la referida marca la ha venido ocupando, por lo que ante su clientela se hace distinguir aquella denominación, al hacer uso de ésta en el Distrito Federal, lo cual se corrobora con las pruebas exhibidas.

Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito de referencia resolvió, en esencia, lo siguiente:

I) De la interpretación de los artículos 90, fracción XVII, 105, 109, 112 y 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, se pone de manifiesto que el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro; que esa protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique, y se extenderá a toda la República, si existe difusión masiva y constante a nivel nacional de esa denominación.

II) Estableció que lo anterior permite corroborar que el nombre comercial se utiliza para individualizar o distinguir a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, en relación con otros en el mercado, que estará protegido sin requerir registro, lo que permite a su titular solicitar la nulidad de algún registro marcario, en términos del numeral 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, entre otros casos, cuando esa marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o establecimiento de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de productos o la prestación de los servicios que pretendan amparar la marca en cuestión, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma; esto no es aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

III) Por tanto, para que proceda la nulidad de un registro marcario, en términos de los artículos 90, fracción XVII y 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, se requiere que el nombre comercial aplicado a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca cuestionada o la de uso declarado de la misma; y que dicho nombre comercial haya sido usado en una zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial, o bien, en todo el país.

IV) Es fundada la pretensión de la quejosa, pues para tener por colmado el uso del nombre comercial que defiende, no es necesario que se aplique en un establecimiento físico en la zona geográfica específica de su clientela efectiva o en todo el país, contrario a lo determinado por la responsable, ya que para constatar la nulidad de un registro marcario no se requiere que el uso del nombre comercial haya sido usado en un establecimiento físico, sino que se haya aplicado a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, en términos del numeral 105 de la Ley de la Propiedad Industrial; esto es, el uso del nombre comercial no se limita a un establecimiento físico como sería el industrial, comercial o de servicios, sino que puede emplearse para individualizar a una empresa, como lo pretendió acreditar la prom

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25202-f95bb10f/nombre-comercial-para-acreditar-su-uso-efectivo-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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