Corpus
Modo: Corpus Pro

DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ADMITA LA DEMANDA DE AMPARO, NO ES OBSTÁCULO PARA QUE LOS FAMILIARES DE LOS DESAPARECIDOS EJERZAN SU DERECHO A SABER LA VERDAD Y EL RUMBO DE LAS INVESTIGACIONES, MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE LAS COPIAS DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE.

Tipo de asunto: QUEJA 33/2014. · Registro digital (IUS): 25214
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-09-12
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Pág. 2395.

QUEJA 33/2014. 12 DE JUNIO DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL AGUILAR LÓPEZ. SECRETARIA: ELIZABETH FRANCO CERVANTES.

Ciudad de México, Distrito Federal. Acuerdo del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del doce de junio de dos mil catorce.

Vistos para resolver los autos del recurso de queja número 33/2014; y,

RESULTANDO:

I. Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre del año próximo pasado, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, que por razón de turno correspondió conocer al juzgado **********, en calidad de víctimas de la desaparición forzada cometida en contra de **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del secretario de la Defensa Nacional y otras autoridades.

Actos que hizo consistir, en:

"La desaparición forzada de personas cometida en contra de **********, que se inició entre los días veinticuatro y veinticinco de mayo de dos mil siete."

II. El Juez de Distrito, por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, dio trámite a la demanda, la registró con el número ********** y decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; mediante escrito presentado el diez de abril de este año, el autorizado de los promoventes solicitó la expedición de copias certificadas respecto de las constancias remitidas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada; promoción a la que recayó el proveído de catorce de abril de este año, en el que la autoridad de amparo señaló que no había lugar a expedir las copias solicitadas, ya que las mismas obraban en la averiguación previa ********** y contenían información estrictamente confidencial.

III. Inconforme con la anterior determinación, el autorizado de la parte quejosa, el veinticinco de abril de dos mil catorce, en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, interpuso recurso de queja, el que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal Colegiado; el presidente lo admitió a trámite, por auto de treinta de abril siguiente; asimismo, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, formuló la intervención ministerial 51/2014, en la que solicitó se declarara infundado el recurso de queja. Finalmente, en proveído de catorce de mayo de dos mil catorce, se turnaron los autos al Magistrado ponente, para que, en términos del artículo 101 de la referida ley, formulara el proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer del recurso de queja, de conformidad con los preceptos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 97, fracción I, inciso e), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo; 1o, fracción III y 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 84/2001 y 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se interpuso contra un auto dictado durante la tramitación del juicio, por un órgano jurisdiccional de amparo en materia penal con residencia dentro de los límites territoriales donde ejerce jurisdicción este cuerpo colegiado.

SEGUNDO. El recurso se interpuso en el lapso previsto por el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que la resolución controvertida se notificó por lista a la parte quejosa el quince de abril de dos mil catorce; por ende, el plazo transcurrió del veintidós al veintiocho de abril del año en curso, en tanto que el escrito de queja se presentó el veinticinco de abril de dos mil catorce, por tanto, en forma oportuna.

TERCERO. El auto recurrido señala:

"México, Distrito Federal, a catorce de abril de dos mil catorce. Con fundamento en los artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2o., agréguese a sus autos, el escrito signado por **********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido como lo solicita el promovente con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse las copias certificadas de los oficios remitidos por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de marzo de dos mil catorce; previa constancia de que su recibo se deje asentada en autos; por lo que hace a expedirle copias de los anexos enviados con apoyo a los mismos, dígasele que no ha lugar a expedir las copias que requiere, en virtud de que, si bien es cierto que el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, en su precepto 278, refiere que a las partes en todo tiempo, a su costa, podrán pedir copia certificada de cualquier constancia o documento que exista en autos, la que se mandará a expedir sin audiencia de las partes; no obstante lo anterior, el suscrito se ve impedido legalmente para expedir las copias requeridas por el promovente, toda vez que los anexos a que hace referencia obran en la indagatoria **********, y contienen información estrictamente confidencial, pues ellos contienen diversas líneas de investigación que se está siguiendo, con motivo de la desaparición forzada de los directos quejosos. En mérito a lo anterior, y a efecto de no poner en riesgo dicha indagatoria, dígasele que no ha lugar de proveer de conformidad lo solicitado, debido a la reserva de sigilo que deben guardar las averiguaciones previas; lo anterior, desde luego, sin perjuicio del derecho que le asiste a las partes de consultar la indagatoria directamente ante la representación social que la tramita. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 52/2005, de la Novena Época emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, visible a página 42, en materia penal, cuyos rubro y texto establecen: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).’ (se transcribe) Notifíquese. ..."

CUARTO. Los agravios aducidos por la parte recurrente son:

"Primero. Derecho a participar activamente en el litigio de manera informada y objetiva. Mediante la expedición de copias certificadas a que hace alusión el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional garantiza la apertura de las actuaciones a las partes en igualdad de condiciones y con el fin de que participen activamente en la formación del litigio de manera informada y activa. En este sentido, la expresión ‘constancia o documento que obre en autos’ contenida en el artículo de referencia, no debe limitarse a los legajos que se formen con motivo del juicio de amparo, sino que puede hacerse extensiva a los autos del juicio natural y a cualquier otro cuaderno que fuere remitido al tribunal de amparo para la sustanciación del mismo; por lo anterior, el tribunal de amparo, para la sustanciación del mismo, (sic) por lo anterior, el tribunal de amparo debe expedir, a solicitud de las partes, copias certificadas de cualquier documento o constancia contenida en cualquiera de los cuadernos referidos. Lo anterior, tiene su apoyo en la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del siguiente tenor literal: ‘COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA EXPEDICIÓN DE TODAS AQUELLAS QUE FORMEN PARTE DE LOS AUTOS, INCLUYENDO LAS PERTENECIENTES AL JUICIO NATURAL, AL TOCA DE APELACIÓN O A CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO FORMADO DURANTE EL ITER PROCESAL.’ (se transcribe). Por lo que mediante acuerdo de tres de abril de dos mil catorce, el Juez de amparo a quo manifestó, inter alia: ‘Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, agréguense a los autos el oficio ********** que signa el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, así como el oficio ********** que remite el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada; por medio de los cuales, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de marzo de dos mil catorce, informa las diligencias llevadas a cabo en la averiguación previa ********** a efecto de localizar a **********; y adjunta copia certificada del oficio **********, informe parcial **********, oficios ********** y **********; respecto al informe de policía parcial que se anexa, el cual contiene información estrictamente confidencial, pues del mismo se advierten diversas líneas de investigación que la Procuraduría General de la República, está siguiendo con motivo de la desaparición de los aquí quejosos, a efecto de no poner en riesgo dicha indagatoria, manéjese dicha información con el debido sigilo, por lo que glósese a los presentes autos en sobre debidamente cerrado y con los sellos de seguridad respectivos para que obre como corresponda’. Y mediante petición de diez de abril de dos mil catorce, el suscrito solicitó copias certificadas de: Las constancias que remitieron el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, ello en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de marzo de dos mil catorce, por el cual ese órgano jurisdiccional solicitó informes sobre las diligencias llevadas a cabo en la averiguación previa ********** a efecto de localizar a **********. Las cuales, conforme al auto de tres de abril de dos mil catorce, son las siguientes: Oficio ********** que signa el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y anexos que acompaña. Oficio ********** que remite el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada en ausencia del subprocurador especializado en investigación de delincuencia organizada y anexos que acompaña. Oficio **********; Informe parcial **********. A lo cual recayó el auto de catorce de abril de dos mil catorce, que por esta vía se recurre: (ya transcrito). Es inconcuso que dicha resolución causa agravio a las promoventes del juicio de amparo y a los quejosos porque se les hace nugatorio su derecho humano a participar activamente en el litigio de manera informada y objetiva. Además, por el carácter de víctimas y ofendidos en el delito de desaparición forzada de personas, las promoventes del juicio de amparo y los quejosos, tienen derecho a participar activamente en la investigación de los hechos y conocer las diligencias que en ella se realizan, así como las líneas de investigación; ello, como parte del derecho a la verdad y de acceso a la justicia, por lo que, la negativa de expedir copias del expediente de la investigación a las víctimas constituye una carga desproporcionada en su perjuicio, incompatible con el derecho a su participación en la investigación de los hechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso ‘Rosendo Radilla vs. México’ estableció lo siguiente: 166, 180, 192 y 256 (se transcriben). Segundo. Derecho de acceso a la información en hechos constitutivos de violaciones graves a derechos humanos como la desaparición forzada de personas. En materia de derecho a la información pública, la regla general en un Estado democrático de Derecho debe ser el acceso y máxima publicidad de la información. Sin embargo, la regla general presenta algunas excepciones, las cuales, por mandato constitucional, deben estar previstas en leyes en sentido formal y material. Una de estas excepciones es el caso de las averiguaciones previas, cuyo contenido debe considerarse como estrictamente reservado, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y de los artículos 13, fracción V y 14, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ahora bien, esta limitante tampoco puede considerarse como absoluta y presenta una excepción -de modo que estamos ante una excepción a la excepción- consistente en que, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no puede alegarse el carácter reservado cuando la averiguación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión ********** ha determinado que los hechos de desaparición forzada, son violaciones graves a los derechos humanos para efectos del derecho de acceso de la averiguación previa que los investiga, sin que pueda alegarse el carácter de reservado cuando la averiguación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, ello en relación con el interés público en mantener la averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad en su conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables, pues estos supuestos no sólo afectan a las víctimas y ofendidos en forma directa por los hechos antijurídicos, sino que ofenden a toda la sociedad, precisamente por su gravedad y por las repercusiones que implican. Las siguientes tesis del Máximo Tribunal del País dan cuenta de los argumentos antes expresados y sustentan la petición toral del recurso de queja: ‘DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE ESTE DELITOS SON VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LOS INVESTIGA.’ (cita datos de localización y se transcribe). ‘VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LAS INVESTIGA.’ (cita datos de localización y se transcribe). ‘DERECHO A LA INFORMACIÓN. ACCESO A LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INVESTIGUEN HECHOS QUE CONSTITUYAN GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS O DELITOS DE LESA HUMANIDAD.’ (cita datos de localización y se transcribe). Cabe mencionar que, de manera paralela al tema del recurso de queja en cuestión -no expedición de copias certificadas de las constancias y oficios que remitieron diversas autoridades ministeriales-, pero que se encuentra concatenado con éste, en virtud que se trata de criterios progresistas en materia del derecho humano de acceso a la información tratándose de averiguaciones previas, que han dejado atrás viejos dogmas jurídicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido recientemente al resolver el amparo en revisión ********** que los párrafos segundo, tercero y sexto del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, transgreden el derecho fundamental citado por ser desproporcionales las restricciones previstas en dicho precepto, al no existir una adecuada ponderación entre los principios en juego, esto es, entre el derecho de acceso a la información pública y el fin y objeto que busca con su restricción, específicamente el interés público o general inmerso en la función pública de investigación y persecución de los delitos. Lo anterior es así, toda vez que prevé que toda la información contenida en la averiguación previa debe considerarse reservada sin contener criterios que permitan determinar casuísticamente cuál es la información que debe reservarse: ‘AVERIGUACIÓN PREVIA. LA RESTRICCIÓN A SU ACCESO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ES DESPROPORCIONAL.’ (cita datos de localización y se transcribe). ‘ACCESO A LA AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.’ (cita datos de localización y se transcribe). En consecuencia, el auto de catorce de abril de dos mil catorce que por esta vía se recurre, en el que el Juez de Distrito esencialmente manifestó que no era posible expedir las copias certificadas solicitadas: ‘... Toda vez que los anexos a que hace referencia obran en la indagatoria ********** y que contienen información estrictamente confidencial, pues ellos contienen diversas líneas de investigación que se están siguiendo con motivo de la desaparición de los directos quejosos. En mérito de lo anterior, y a efecto de no poner en riesgo dicha indagatoria, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, debido a la reserva y sigilo que deben guardar las averiguaciones previas ...’; causa agravio a las promoventes del amparo y a los quejosos -en un plano individual- e incluso a la sociedad -en un plano general-, toda vez que la materia del juicio de amparo tiene que ver con la desaparición forzada de **********, hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos, haciendo nugatorio su derecho de acceso a la información y, en consecuencia, a participar activamente en el litigio de manera informada y objetiva. Por lo anterior, solicito al Tribunal Colegiado que revoque la resolución recurrida, consistente en el auto de catorce de abril de dos mil catorce, emitido por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ordenando al órgano jurisdiccional que la emitió expedir copias certificadas de: Las constancias que remitieron el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada; ello, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de marzo de dos mil catorce, por el cual ese órgano jurisdiccional solicitó informes sobre las diligencias llevadas a cabo en la averiguación previa ********** a efecto de localizar a **********. Las cuales, conforme al auto de tres de abril de dos mil catorce, son las siguientes: Oficio ********** que signa el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y anexos que acompaña. Oficio ********** que remite el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada y anexos que acompaña. Oficio **********. Informe parcial **********. Oficios **********."

QUINTO. La parte quejosa, a través de su autorizado **********, en síntesis sustentó en el recurso que nos ocupa, los siguientes agravios:

1. El auto recurrido inobserva lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, a través del cual el órgano de control constitucional garantiza la apertura de las actuaciones a las partes en igualdad de condiciones y con el fin de que participen activamente en la formación del litigio de manera informada y activa; por lo que el tribunal de amparo debe expedir, a solicitud de las partes, copias certificadas de cualquier documento o constancia contenida en cualquiera de los cuadernos referidos.

Invocó la tesis: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE LA EXPEDICIÓN DE TODAS AQUELLAS QUE FORMEN PARTE DE LOS AUTOS, INCLUYENDO LAS PERTENECIENTES AL JUICIO NATURAL, AL TOCA DE APELACIÓN O A CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO FORMADO DURANTE EL ITER PROCESAL."

2. Además, causa agravio la determinación del a quo recurrido, de no expedir las copias relativas a las indagatorias que remitieron las autoridades responsables, pues ello hace nugatorio su derecho humano a participar activamente en el litigio de manera informada y objetiva; además por el carácter de víctimas y ofendidos en el delito de desaparición forzada de personas, las promoventes del juicio de amparo y los quejosos, tienen derecho a participar activamente en la investigación de los hechos y conocer las diligencias que en ellas se realizan, así como líneas de investigación, ello como parte del derecho a la verdad y de acceso a la justicia, además de constituir una carga desproporcionada en su perjuicio, incompatible con el derecho a su participación en la investigación de los hechos, como lo destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el Caso "Rosendo Radilla vs. México".

3. Asimismo, si bien el contenido de las averiguaciones previas, debe considerarse como estrictamente reservado, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, y de los artículos 13, fracción V y 14, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta limitante tiene como excepción que de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no puede alegarse el carácter reservado cuando la averiguación previa investigue hechos constitutivos de graves violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad; tal como lo expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 168/2011, que dio origen a las tesis de rubros: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE ESTE DELITO SON VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LOS INVESTIGA.", "VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LAS INVESTIGA." y "DERECHO A LA INFORMACIÓN. ACCESO A LAS AVERIGUACIONES PREVIAS QUE INVESTIGUEN HECHOS QUE CONSTITUYAN GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS O DELITOS DE LESA HUMANIDAD."

4. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido recientemente al resolver el amparo en revisión 173/2012, que los párrafos segundo, tercero y sexto del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales transgreden el derecho fundamental citado por ser desproporcionales las restricciones previstas en dicho precepto, al no existir una adecuada ponderación entre los principios en juego, esto es, entre el derecho de acceso a la información pública y el fin y objeto que busca con su restricción, específicamente el interés público o general inmerso en la función pública de investigación y persecución de los delitos. Lo anterior es así, toda vez que prevé que toda la información contenida en la averiguación previa debe considerarse reservada sin contener criterios que permitan determinar casuísticamente cuál es la información que debe reservarse, como se advierte de los criterios: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA RESTRICCIÓN A SU ACCESO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, ES DESPROPORCIONAL." y "ACCESO A LA AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y SEXTO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN."

5. Por lo que la determinación del a quo de amparo es incorrecta, toda vez que la materia del juicio de amparo tiene que ver con la desaparición forzada de ********** y **********, hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos, lo que hace nugatorio su derecho de acceso a la información y, en consecuencia, a participar activamente en el litigio de manera informada y objetiva.

SEXTO. Los agravios vertidos por el recurrente son fundados y, por tanto, suficientes para revocar el auto recurrido, en atención a las siguientes consideraciones.

Acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, al atender a criterios de favorabilidad del individuo "principio pro persona", en términos del párrafo segundo del dispositivo constitucional en cita, así como los ordinales 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al ejercer un control de convencionalidad ex officio.

En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado en numerosos casos que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas.(1) En particular, en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

Asimismo, la Corte ha considerado que, en el marco de los artículos 1, numeral 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la obligación, a que los hechos sean efectivamente investigados por las autoridades estatales y, en ese sentido, a conocer la verdad de lo sucedido; en este contexto, el derecho a conocer la verdad en casos de desaparición forzada de personas, implica el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos; el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento.

Bajo lo cual, los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses; dicha participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación.

Para lo cual, el artículo 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la víctima u ofendido de un delito tiene derecho a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley; lo que reitera el artículo 16, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, al señalar que a las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal.

Por lo cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso "Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos",(2) destacó que el acceso al expediente es requisito sine qua non de la intervención procesal de la víctima en la causa en la que se constituye como parte coadyuvante o querellante; pues si bien se ha considerado admisible que en ciertos casos exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal, para garantizar la eficacia de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25214-13979def/desaparicion-forzada-de-personas-el-hecho-de-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.