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CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYA CONSTITUCIONALIDAD NO SE RECLAME CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y LA IMPUGNACIÓN RESULTE EXTEMPORÁNEA EN RAZÓN DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN, AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO RESPECTO DE NORMAS GENERALES CUYO CONTENIDO NO TENGA RELACIÓN CON LA CAUSA DE PEDIR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 22, FRACCIÓN VII, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA Y AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. EL DECRETO NÚMERO MIL CINCUENTA Y SIETE, PUBLICADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL EL PODER LEGISLATIVO LOCAL DETERMINÓ OTORGAR UNA PENSIÓN POR JUBILACIÓN CON CARGO AL GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TEMOAC, A UN EMPLEADO DE ESE AYUNTAMIENTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/2014. · Registro digital (IUS): 25216
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-09-12
Promovente: MUNICIPIO DE TEMOAC, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, Pág. 595.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 1/2014. MUNICIPIO DE TEMOAC, ESTADO DE MORELOS. 25 DE JUNIO DE 2014. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDIVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: MAKAWI STAINES DÍAZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticinco de junio de dos mil catorce.

V I S T O S; Y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por oficio recibido el siete de enero de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sabino Paulino Méndez Caporal, quien se ostentó como síndico del Municipio de Temoac, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

1. Autoridades demandadas:

a) El Poder Legislativo del Estado de Morelos;

b) El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; y

c) El secretario de Gobierno del Estado de Morelos.

2. Actos cuya invalidez se reclama:

a) Los artículos 58, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los cuales fueron reformados mediante el Decreto 218 que se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el dieciséis de enero de dos mil trece; y por extensión los artículos 1, 8, 24, fracción XV, 43, fracciones V y XIII; 45, fracciones III, IV y XV, párrafo primero, inciso c), 54, fracción VII, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 del mismo ordenamiento.

b) Como acto de aplicación de dichos preceptos, el Decreto 1057, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el once de diciembre de dos mil trece.

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron los siguientes:

a) Al resolver las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, el Tribunal Pleno, por mayoría de ocho votos, declaró la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y sus respectivos actos de aplicación, al considerar que el Congreso Estatal invadió la esfera de competencia de los Municipios actores al decretar pensiones con cargo a sus finanzas.

b) El once de diciembre de dos mil trece, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el Decreto 1057, mediante el cual, el Congreso del Estado de Morelos concedió pensión por jubilación a **********, con cargo a la Hacienda del Municipio actor, por haber prestado sus servicios a éste y al Poder Ejecutivo Estatal.

TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora esgrimió en síntesis:

a) Los actos impugnados vulneran los artículos 14, 16, 115, fracción IV, párrafos primero, penúltimo y último, así como el 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución General, los cuales establecen: (i) los principios de fundamentación y motivación, así como de congruencia entre ingresos y egresos municipales, por el cual corresponde en exclusiva al Ayuntamiento, sin injerencia externa, la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos; (ii) la potestad de los Municipios para administrar sus recursos y regir las relaciones con sus trabajadores, con base en lo dispuesto por las leyes locales; y, (iii) el derecho de los trabajadores al servicio de los Municipios, a que se les otorgue una pensión como parte de sus prestaciones.

El Congreso del Estado de Morelos, al expedir el Decreto 1057, mediante el cual se otorga pensión por jubilación a **********, con cargo a la hacienda del Municipio actor, transgrede su facultad para regir las relaciones laborales con sus trabajadores y otorgar las pensiones correspondientes, así como su autonomía para definir el gasto público a través de su presupuesto de egresos, en el que pueda incluir sin injerencia externa y de manera planificada y programada el pago de dichas prestaciones laborales; toda vez que, sin intervención del actor, califica sus relaciones laborales; señala los documentos con los que se tiene por acreditada la prestación laboral solicitada; se erige en resolutor en los casos en que el trabajador goce de dos o más pensiones; y, dispone del gasto público del Municipio al imponerle el pago de una pensión que no fue planificada ni autorizada por él, lo cual también vulnera el principio de congruencia entre ingresos y egresos consagrado en el artículo 115, fracción IV, constitucional.

Asimismo, el Poder Legislativo Local decreta la acumulación de la antigüedad de los servicios prestados por el trabajador a otros Municipios o poderes del Estado de Morelos e impone el pago de la pensión al último orden de gobierno en el que prestó sus servicios, de manera que el Municipio no puede planificar ninguna partida que de forma integral y anticipada contemple el número aproximado de pensiones que debe cubrir en el plazo inmediato o a largo plazo. Esta circunstancia ha generado la existencia de pensiones ajenas a la verdad, debido a que los interesados exhiben constancias de diversos órganos estatales y municipales para acreditar años de servicio que no se dieron.

Lo anterior demuestra la resistencia del Congreso Local de normar el sistema de pensiones y jubilaciones de los Municipios de conformidad con lo resuelto en la controversia constitucional 55/2005.

b) La impugnación de los preceptos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos es oportuna, en virtud de que los artículos 58, 59 y 66 de este ordenamiento fueron reformados el diecisiete de enero de dos mil trece,(1) lo cual por extensión y efectos modificó sustancialmente el sistema de pensiones, de conformidad con la tesis P./J. 32/2006, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL A OTRAS QUE, AUNQUE NO HAYAN SIDO IMPUGNADAS, SEAN DEPENDIENTES DE AQUÉLLA."

Dichas reformas alteran el cuerpo normativo que rige el sistema de pensiones, puesto que para determinarlas el Congreso Estatal debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 66 citado, los cuales consisten en que: los porcentajes y montos se calcularán con base en el último salario percibido por el trabajador; en caso de pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, si el último salario mensual es superior al equivalente de seiscientos salarios mínimos vigentes en la entidad, el trabajador deberá acreditar haber desempeñado el cargo cuando menos por cinco años, de no cumplirse este plazo la pensión, se calculará tomando como tope los seiscientos salarios mínimos y de acuerdo a los porcentajes establecidos en ley; la cuantía de las pensiones se incrementará de conformidad con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos; las pensiones se integrarán por el salario, prestaciones, asignaciones y aguinaldo; y el trabajador no podrá gozar, al mismo tiempo, de dos pensiones a cargo del Gobierno Estatal o Municipal, por lo que el Congreso Local lo requerirá para que opte por una de ellas en un plazo de treinta días naturales, en caso de no hacerlo, le concederá la que le otorgue mayores beneficios.

La imposición de estos requisitos adicionales, los cuales no estaban previstos en el cuerpo normativo que rige el sistema de pensiones, afecta a todo este sistema.

c) Los artículos 56, primer párrafo, 57, último párrafo, en relación con el 66, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, son contrarios al principio de libre administración hacendaria consagrado en el artículo 115 constitucional, en virtud de que establecen que el Congreso del Estado será el órgano resolutor en materia de pensiones de trabajadores municipales, lo cual autoriza su intromisión en las decisiones del Municipio, sin que se presente alguno de los supuestos excepcionales para hacerlo.

Incluso, se establece que cuando el trabajador goce al mismo tiempo de dos pensiones, ya sea a cargo de otros Municipios o del Estado de Morelos, el Congreso -sin intervención del Municipio- lo requerirá para que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas y, en caso de no hacerlo, le concederá la que le signifique mayores beneficios.

En este sentido, los artículos 24, fracción XV, 54, fracción VII, 55 y 56 del mismo ordenamiento, ratifican la facultad del Congreso para decretar pensiones con cargo a la hacienda municipal.

Por su parte, del artículo 115, fracciones IV, penúltimo y último párrafos y VIII, segundo párrafo, así como del 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución General, se desprende que a las Legislaturas Estatales les compete emitir las leyes necesarias para regular las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores, de conformidad con los principios consagrados en el artículo 123 en comento, entre los que se encuentra la seguridad social. En dichas leyes se establecerán los procedimientos necesarios para que los trabajadores gocen de las prestaciones de seguridad social, lo cual cumple con lo establecido por el artículo 127 constitucional, que reconoce que también pueden asignarse mediante decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, sin que esto signifique que los Congresos Estatales son los encargados de otorgarlas.

En esta línea, la Suprema Corte consideró, al resolver las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008, que el Congreso del Estado de Morelos, transgrede el principio de autonomía en la gestión de la hacienda municipal al decretar, sin la intervención de alguna otra autoridad y atendiendo exclusivamente a la solicitud del interesado, las pensiones previstas en la Ley del Servicio Civil local.

No obstante que corresponde a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos regular las pensiones de los trabajadores estatales y municipales, no se explica por qué si la relación existió entre los trabajadores y el Municipio, una autoridad ajena, como es el Congreso, evalúa el cumplimento de los requisitos para que aquéllos reciban las pensiones, a cargo de la hacienda del Municipio de Temoac, Estado de Morelos, el cual, no cuenta con una partida presupuestal en materia de pensiones, y a pesar de que el artículo 115, fracción IV, constitucional, establece que compete exclusivamente a los Municipios diseñar su régimen presupuestal de egresos con base en los recursos previstos en las leyes de ingresos respectivas, que si bien son aprobadas por el Congreso Estatal, ello no significa que éste pueda determinar la forma de invertir dichos recursos.

Apoyan lo anterior las tesis P./J. 37/2003 y 1a. CXI/2010, de rubros: "MUNÍCIPES. LA LEGISLATURA ESTATAL CARECE DE FACULTADES PARA APROBAR SUS REMUNERACIONES (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999)." y "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

d) Ad cautélam, aduce que la expedición del Decreto 1057, vulnera los artículos 14 y 16 constitucionales, los cuales consagran el principio de fundamentación y motivación de actos, entre ellos, los interinstitucionales, en relación con el 115 constitucional, que establece que corresponde exclusivamente a los Municipios la administración libre de su hacienda, toda vez que tiene su origen en hechos cuyo propósito fue alterar la verdad para afectar al erario municipal.

Asimismo, el Decreto 1057 es inválido por vicios propios, ya que afecta las atribuciones del Municipio para decidir sobre su hacienda e intervenir en el procedimiento en el que fue expedido, lo cual afecta sus recursos al imponerle una carga financiera.

CUARTO. Artículos constitucionales que se aducen violados. Los preceptos que se estiman infringidos son: 14, 16, 115, fracción IV y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Admisión y trámite. Por acuerdo de siete de enero de dos mil catorce, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 1/2014.

Asimismo, mediante certificación se ordenó remitir el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien por razón de turno fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.

En el proveído de ocho de enero de dos mil catorce, el Ministro instructor admitió la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas a fin de que formularan su contestación y dio vista a la procuradora general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Contestación del Poder Legislativo. En síntesis manifestó:

a) Se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, debido a que el Municipio carece de interés legítimo, el cual existe cuando el acto de autoridad es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al actor en virtud de la situación de hecho en que se encuentra.

En el caso, el Congreso del Estado de Morelos no pretendió ejercer de manera directa los recursos que integran la hacienda municipal del actor al reformar los artículos 58, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil Estatal o al expedir el Decreto 1057, por el que concede pensión por jubilación a **********, pues el propio Municipio ejerce dicha hacienda en atención al principio constitucional de autonomía municipal y a su facultad exclusiva para programar y aprobar su presupuesto de egresos.

El Poder Legislativo se apegó a lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, de la Constitución General y 40, fracciones I y XX, de la Constitución Estatal, los cuales le otorgan la facultad para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y la administración interior del Estado, así como para otorgar pensiones a los trabajadores estatales y municipales, por lo que se concluye que no invade la esfera competencial del Municipio actor.

En consecuencia, el Municipio actor carece de interés legítimo, en virtud de que el acto reclamado no le causa perjuicio alguno.

b) Los Municipios tienen la obligación constitucional de tener una partida en su cuenta pública para el pago de pensiones, toda vez que tienen que cubrir los salarios y prestaciones correspondientes al trabajo subordinado que reciben, en términos de los artículos 123 y 127 constitucionales. Así, el Municipio actor no puede alegar, en virtud de su autonomía municipal, que tiene la facultad de decidir si cuenta o no con dicha partida en el presupuesto de egresos, ni excluirse de responsabilidad respecto a sus trabajadores.

Los Municipios tienen limitantes y deben regirse por el principio de subordinación jerárquica, de conformidad con la tesis P./J. 132/2005, de rubro: "MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA."

En esta línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, que los Municipios no pueden dejar de cubrir sus obligaciones obrero-patronales.

c) El Decreto 1057 fue dictado con base en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, la cual establece en los artículos 43, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 65 y 66, el procedimiento para que los trabajadores estatales o municipales obtengan la pensión que les corresponde, la naturaleza jurídica de sus derechos adquiridos, y quiénes son los obligados en materia de prestaciones sociales.

En el caso, **********, mediante escrito presentado el once de junio de dos mil trece ante el Congreso Estatal solicitó pensión por jubilación, para lo cual, acreditó haber cumplido veintiséis años, cuatro meses, dieciocho días de servicio efectivo de trabajo ininterrumpido en el Poder Ejecutivo del Estado y en el Municipio de Temoac, acompañando toda la documentación requerida por ley.(2)

Al encuadrarse la pensión solicitada en lo previsto por el artículo 58, fracción I, inciso e), de la Ley del Servicio Civil Estatal, no existía motivo para que el Congreso la negara pues es su obligación emitir el decreto correspondiente, en términos de los artículos 57 del ordenamiento referido y 40 de la Constitución Estatal. En tal virtud, se expidió el Decreto 1057, mediante el cual se le concedió al trabajador la pensión por jubilación solicitada, que deberá cubrirse al ochenta por ciento del último salario.

d) No se vulneran los artículos 14 y 16 constitucionales, pues si bien el artículo 2o. del Decreto 1057 establece que la pensión otorgada deberá ser cubierta por el Municipio de Temoac, ello se realizará con cargo a la partida destinada para pensiones. Así, el decreto combatido no le causa perjuicio alguno al actor, en cuanto a su forma, contenido ni efectos.

El Municipio actor no precisa qué consideraciones de los actos impugnados resultan inválidas. La norma en la cual se fundamentó el Decreto 1057, esto es, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y en particular el artículo 57, no es en sí misma inconstitucional, debido a que las partidas para el pago de prestaciones de seguridad social en el presupuesto de egresos municipal no pueden concebirse dentro del ámbito de la libre administración hacendaria, establecido en el artículo 115, fracción IV, constitucional, dado que debe cumplirse con la obligación impuesta por la fracción VIII de dicho precepto, en relación con el 123 constitucional.

El concepto de libre administración hacendaria prevista en la Constitución desde mil novecientos diecisiete, consiste en la facultad de los Municipios para integrar su presupuesto de egresos y decidir el destino de los ingresos disponibles sin injerencia estatal alguna que le imponga aplicación específica.

Si bien los Municipios tienen autonomía para determinar la aplicación de los recursos públicos, deben observar las normas constitucionales y federales relativas, así como las locales concernientes a la organización de la administración pública municipal, es decir, tienen la libre elección del destino de los recursos disponibles, salvo que la Constitución prevea que debe cubrir alguna obligación dineraria.

Existen recursos que están destinados a cubrir determinadas necesidades, por lo que tienen una aplicación específica que el Ayuntamiento no puede variar, como las aportaciones federales o estatales. Pero también existe otro tipo de recursos cuyo destino y aplicación puede ser determinado libremente por el Municipio, los cuales derivan de sus actividades públicas y privadas, además de otros que se incluyan en esa categoría, como las participaciones; en estos casos, el Municipio no pierde la facultad para administrar libremente su hacienda, pero ésta se ve restringida con la finalidad de cumplir con obligaciones constitucionales, por ejemplo: las contribuciones impuestas al Municipio por el Congreso de la Unión, las deudas municipales contraídas para financiar obras, así como servicios y prestaciones laborales o de seguridad social.

Por tanto, la libre administración hacendaria de los Municipios no puede soslayar el pago de prestaciones dinerarias impuestas por la Constitución General.

En efecto, el artículo 115, fracción VIII, constitucional, establece el sistema laboral y de seguridad social de los trabajadores municipales, el cual se sustenta en las bases primarias del artículo 123 constitucional. En mil novecientos ochenta y tres, se reguló en la fracción IX del artículo 115 citado, pero en la reforma de mil novecientos ochenta y siete se modificó su redacción y se trasladó a la fracción VIII del mismo artículo.

De esta forma, se facultó a las Legislaturas Locales para regular las relaciones laborales entre el Estado de Morelos y sus Municipios con sus respectivos trabajadores, respetando los lineamientos del artículo 123 constitucional, entre ellos, la seguridad social.

Ahora bien, con base en esta atribución se expidió la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de cuyos artículos 1, 43, 45, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 66, se desprende que: (i) los trabajadores tienen derecho a una pensión si cumplen con los requisitos legales del artículo 123 constitucional; (ii) las prestaciones laborales deben fijarse en una partida especial del presupuesto de egresos, a diferencia de otro tipo de prestaciones que dependen de las posibilidades económicas del Municipio; y, (iii) la prestación económica estará a cargo de los Municipios, por sí o a través de las instituciones relativas, aunque la otorgue el Congreso Estatal mediante decreto.

En virtud de lo anterior, se concluye que el otorgamiento de la pensión por jubilación no vulnera la libre administración hacendaria del actor, pues dicha prestación está a su cargo por mandato expreso de la Constitución General, por lo que deberá cubrirla mediante la partida fijada en el presupuesto de egresos para tal efecto, con base en las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal.

El Congreso Local únicamente tiene facultades para otorgar la pensión, como lo hacen los institutos de seguridad social federales, lo cual no afecta el libre manejo de los ingresos públicos. Al respecto, los artículos 56 y 57, último párrafo, de la Ley del Servicio Civil Estatal, por sí mismos, no trascienden en la libre administración hacendaria municipal, pues sólo señalan al órgano encargado de otorgar la pensión y la fecha en que podrá expedirse el decreto que la concede, cuya partida presupuestal, se presupone, ya fue fijada.

Por tanto, si el decreto impugnado o los presupuestos de egresos municipales no se acogen al sistema de pensiones previsto en ley, es un problema de aplicación de las normas y no de su contenido.

Del artículo 2o. del decreto impugnado se desprende que el Congreso Local ejerció la facultad prevista en el artículo 56 de la Ley del Servicio Civil Estatal, ya que otorgó pensión al solicitante una vez que cumplió con los requisitos legales.

Así, el decreto sólo reprodujo las disposiciones de la Ley del Servicio Civil y del Presupuesto de Egresos, pues el artículo 45, fracción XV, de la ley citada establece la obligación de los Municipios de cubrir las aportaciones fijadas en las leyes correspondientes y el artículo 60 prevé la fecha en que deberá cubrirse la pensión, mientras que la partida para el pago de jubilaciones debe estar contemplada en el presupuesto del Municipio, al ser su obligación cubrir las pensiones de sus trabajadores.

De tal suerte, el Congreso no vulneró el principio de libre administración hacendaria municipal, debido a que no ordenó la creación de partida alguna para el cumplimiento de las prestaciones de seguridad social contempladas en el artículo 123 constitucional, pues el Municipio es el que está obligado a hacerlo al elaborar su presupuesto de egresos, de conformidad con los artículo 115, fracción IV, de la Constitución General y 40, fracciones II y XX, de la Constitución local.

e) Finalmente, se considera que se actualiza la causa de improcedencia, establecida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, constitucional, toda vez que el Decreto 1057 no puede ser combatido mediante controversia constitucional.

No todo acto puede ser materia de impugnación en este medio de control constitucional, el cual por regla general, se limita a conflictos suscitados entre dos o más niveles de gobierno en que se tilden de inconstitucionales actos o disposiciones generales, emitidos por alguna entidad, poder u órgano, siendo la cuestión debatida la invasión de competencias o la irregularidad en el ejercicio de las atribuciones.

En este sentido, la controversia constitucional no es la vía para impugnar el Decreto 1057, emitido por el Congreso en ejercicio de sus funciones administrativas de acuerdo con la Ley del Servicio Civil Estatal, sino que debe combatirse a través de los medios de defensa que prevean las leyes procesales correspondientes. De lo contrario, se haría de este medio de control constitucional un recurso para someter a revisión los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social, ya que en el presente caso no se dirimen conflictos entre los órganos de gobierno previstos en el artículo 105, fracción I, constitucional, sino que su objeto es salvaguardar intereses de los gobernados.

SÉPTIMO. Contestación del Poder Ejecutivo y del secretario de Gobierno del Estado. En forma coincidente manifestaron lo siguiente:

a) El Municipio actor carece de legitimación ad causam, toda vez que no es titular del derecho que pretende hacer valer mediante la presente controversia constitucional, en virtud de que el Poder Ejecutivo ni el secretario de Gobierno han realizado acto alguno que invada su esfera de competencia.

b) Asimismo, ambos demandados carecen de legitimación pasiva, en virtud de que no han realizado acto alguno que afecte la competencia del actor ni han vulnerado ningún precepto constitucional, debido a que únicamente se les atribuye, respectivamente, el refrendo, promulgación y publicación del decreto combatido.

Cabe precisar que los actos de autoridad se presumen válidos, salvo prueba en contrario; sin embargo, los argumentos del Municipio actor no señalan de forma concreta una causa de pedir, sino que son ambiguos y superficiales.

Los actos atribuidos al Poder Ejecutivo son la promulgación y la publicación del Decreto 1057, los cuales se realizaron con estricto apego a lo establecido por el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución del Estado de Morelos; mientras que al secretario de Gobierno se le atribuye el refrendo y la publicación de dicho decreto, lo cual se hizo de conformidad con el artículo 76 del mismo ordenamiento.

En cambio, el Congreso Estatal es el órgano que tiene la facultad para resolver en materia de pensiones de los trabajadores estatales y municipales, investigar los datos que acrediten la antigüedad de los solicitantes y expedir el decreto relativo.

En esta línea, el Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno fueron llamados a la presente controversia constitucional únicamente para cumplir el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen participado en la emisión del acto reclamado, de conformidad con la tesis P. XV/2007, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA."

Por tanto, el Poder Ejecutivo ni el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Morelos, no violaron precepto constitucional alguno en perjuicio del actor, al refrendar, promulgar y publicar el decreto combatido.

c) Tampoco se vulneraron los artículos 14, 16 y 115, fracciones II, último párrafo, IV y VIII, constitucionales, en la medida en que no se contravienen la autonomía municipal ni la libre administración hacendaria de ese nivel de gobierno.

La Constitución faculta al Poder Legislativo, en los artículos 72 y 73, para emitir las leyes necesarias que regulen la conducta de los particulares y de los poderes de las entidades federativas, y que actualicen los principios constitucionales, la ordenación fundamental de la sociedad y del Estado, representando la voluntad de la comunidad política en un momento histórico determinado.

Si bien la ley ha de producirse de acuerdo con lo establecido por la Constitución General, el legislador tiene plena libertad de configuración, que no significa discrecionalidad administrativa sino libertad política para la realización de contenidos normativos. Así, el legislador morelense dispuso en la Ley del Servicio Civil que el Congreso tiene facultad para emitir decretos de pensiones a servidores públicos, en términos del artículo 115, último párrafo, constitucional.

Estos decretos son actos declarativos, debido a que los Municipios deben prever un rubro de pensiones en sus presupuestos de egresos, por lo que se emiten conforme al derecho del trabajador y las hipótesis y porcentajes respectivos, atendiendo a los principios de libertad de configuración de los Estados, división de poderes y libertad hacendaria, dentro del marco de un Estado Social.

El Estado Social es aquel dedicado a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad. El derecho social está integrado por normas jurídicas que precisan los principios y procedimientos protectores de personas, grupos y sectores sociales débiles, de las que derivan garantías sociales que están por encima de las individuales, según lo ha indicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dentro de estas normas, se encuentran las de seguridad social, que nacieron para reparar las consecuencias de los riesgos naturales y de trabajo, las cuales están previstas en el artículo 123 constitucional, así como en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, misma que establece medidas y prerrogativas para los trabajadores en el desempeño de su labor, así como parámetros para determinar el seguro de vida, vejez, cesantía involuntaria de trabajo, enfermedades y accidentes.

El decreto impugnado no es en sí mismo inconstitucional, debido a que las partidas de seguridad social previstas en los presupuestos de egresos municipales no pueden ser concebidas en el ámbito de la libre administración hacendaria, dado que están destinadas a cubrir una obligación monetaria impuesta por el artículo 123, fracción VIII, constitucional.

El principio de libre administración hacendaria nació desde la promulgación de la Constitución General en mil novecientos diecisie

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25216-80450651/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-el-juicio-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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