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ACCESO A LA INFORMACIÓN. CONTENIDO DE ESE DERECHO RECONOCIDO EN LOS ARTÍCULOS 6o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 13 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 19 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos -con salvedades-, José Fernando Franco González Salas -con salvedades-, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. Los Ministros Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas estuvieron ausentes) ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL ESTADO DE CHIAPAS. EL ARTÍCULO 398 BIS DEL CÓDIGO PENAL LOCAL, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 158, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 11 DE MARZO DE 2013, AL PREVER QUE SE IMPONDRÁ UNA PENA DE DOS A QUINCE AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE DOSCIENTOS A CUATROCIENTOS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO, A QUIEN REALICE ACTOS TENDIENTES PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE PERSECUCIÓN O SANCIÓN DEL DELITO O LA EJECUCIÓN DE PENAS, SOBRE SU UBICACIÓN, ACTIVIDADES, OPERATIVOS O SUS LABORES, EN GENERAL, RESTRINGE AQUEL DERECHO FUNDAMENTAL Y, POR ENDE, VIOLA EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos -con salvedades-, José Fernando Franco González Salas -con salvedades-, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. Los Ministros Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas estuvieron ausentes) ACCESO A LA INFORMACIÓN. LÍMITES A ESE DERECHO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 6o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 13, NUMERAL 2, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 19, NUMERAL 3, DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos -con salvedades-, José Fernando Franco González Salas -con salvedades-, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. Los Ministros Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas estuvieron ausentes) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DECLARARSE LA INVALIDEZ, CON EFECTOS RETROACTIVOS, DEL ARTÍCULO 398 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 158, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 11 DE MARZO DE 2013, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. Los Ministros Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas estuvieron ausentes) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA APLICACIÓN DE NORMAS PENALES PARA RESTRINGIR ESE DERECHO FUNDAMENTAL, SÓLO SE LEGITIMA SI SE CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos -con salvedades-, José Fernando Franco González Salas -con salvedades-, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. Los Ministros Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas estuvieron ausentes)

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2013. · Registro digital (IUS): 25262
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-10-03
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Pág. 37.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 11/2013. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE JULIO DE 2014. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de julio de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y norma impugnada. Por oficio presentado el diez de abril de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas, demandando la invalidez del artículo 398 Bis del Código Penal para esa entidad federativa, publicado en el Periódico Oficial Local el once de marzo de dos mil trece, con el siguiente texto:

"Artículo 398 Bis. Se impondrá una pena de dos a quince años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo, a quien realice actos tendientes para obtener información de los cuerpos de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas, sobre su ubicación, actividades, operativos o sus labores, en general.

"Las penas señaladas en este artículo se aumentarán desde un tercio hasta una mitad más de la pena que le corresponda, y se impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación de tres a diez años para ocupar otro, cuando el delito sea cometido por servidores públicos o por ex servidores públicos de las Fuerzas Armadas, instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia."

SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El promovente estimó violados los artículos 6o., 7o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, e hizo valer los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:

1. El artículo 398 Bis del Código Penal para el Estado de Chiapas es violatorio del principio de libertad de expresión, en concreto, del derecho a obtener información, ya que pretende sancionar a todo aquel que realice actos tendentes a obtener información de cuerpos de seguridad, Ministerios Públicos y Jueces penales y de ejecución de sanciones.

La sanción que ha sido impuesta para todos aquellos que realicen actos tendentes a obtener información, implicaría contrariar la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración, vinculados con el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública, expresamente protegido por la Constitución General.

A efecto de destacar la violación a la libertad de expresión, en la vertiente de derecho a obtener información y accesar a la misma, es necesario realizar un examen de proporcionalidad, para analizar si la norma en tela de juicio cumple o no con las exigencias para ser válida, determinando si es adecuada, necesaria y proporcional, en los términos sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso, la norma impugnada no resulta idónea ni adecuada para la consecución del fin que persigue, consistente en salvaguardar las funciones de los servidores públicos, respecto de la seguridad social pues, al ser la información un elemento indispensable de la misma, no puede existir una sin la otra, cuenta habida que el acceso a la información pública es un principio expresamente contemplado en la Ley Fundamental del País.

Sobre la necesidad de la norma impugnada, como medida restrictiva del derecho fundamental a la libertad de expresión, en específico, del derecho a obtener información, ésta debe ser, dentro de las alternativas fácticas posibles, la que menos dañe o restrinja el derecho fundamental afectado. Para ello, debe confirmarse que no exista otra medida que, cumpliendo de igual forma con su finalidad, sea menos dañina.

Tal exigencia no se cumple, pues siendo el derecho penal ultima ratio, el poder punitivo del Estado únicamente debe ejercerse contra ataques sumamente graves a los bienes jurídicamente protegidos; la necesidad de usar el derecho penal para imponer limitantes al derecho a obtener información, únicamente debe considerarse ante la extrema gravedad de la conducta que se pretende sancionar; no lo es, desde luego, la salvaguarda de las labores y actividades de los cuerpos policiales, Ministerios Públicos y Jueces penales y de ejecución de sanciones pues, precisamente, por las delicadas funciones que tienen encomendadas, es imperativo que la sociedad tenga herramientas, como lo es el derecho a obtener información y accesar a la misma, para cerciorarse de que cumplen con las atribuciones inherentes a sus cargos.

Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad de la medida, se advierte que no hay un equilibrio entre los beneficios y los daños que genera, porque la posibilidad real de que un particular o un comunicador se vea involucrado en un proceso penal y sea privado de su libertad por obtener información general de los cuerpos de seguridad, resulta excesiva.

Lo anterior redundaría en la actividad de transparencia y acceso a la información, en las labores periodísticas, así como en las solicitudes de servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones, quienes enfrentarían el dilema de realizar actos tendentes a obtener información, ante la posibilidad real de llegar a ser destinatarios de la norma que se cuestiona.

Por tanto, el artículo 398 Bis del Código Penal para el Estado de Chiapas, en tanto pretende sancionar a todo ciudadano, por cualquier acto tendente a obtener información de los servidores públicos que protege, es inconstitucional y violatorio del derecho a obtener información.

2. El precepto impugnado es violatorio de los principios de seguridad jurídica, legalidad en materia penal, tipicidad, taxatividad y plenitud hermética, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer la definición del delito de forma ambigua y genérica.

La definición del delito evidencia que contiene las siguientes imprecisiones: a) Se dirige a todos los ciudadanos, al establecer "a quien"; b) Se penaliza la mera realización de "actos tendentes"; c) Que sea cualquier actividad dirigida a obtener información; d) Se incluye el vocablo "en general", respecto de la ubicación, actividades, operativos o labores; y, e) No se conectó el verbo rector del tipo con la intencionalidad dolosa de quien pudiera realizar actos tendentes a obtener información.

Acorde a lo apuntado, la descripción constituye un tipo penal abierto, pues los elementos consistentes en: "a quien" por no especificar la calidad del sujeto activo; "cualquier acto tendente"; y la obtención de información "en general" son ambiguos, confusos e imprecisos, pero, sobre todo, no se incluyó la intencionalidad.

Ante ello, la conducta descrita por el legislador como sancionable carece de los principios básicos, como son el de claridad, congruencia y, sobre todo, precisión, lo que podría dar lugar a la aplicación analógica y por mayoría de razón de la norma de que se trata, al dejar al arbitrio del juzgador la definición exacta de la conducta y medios para ejecutarla.

De un examen de racionalidad lingüística de la disposición se advierte que la redacción de la definición del tipo penal no permitirá que el Juez determine cómo resolver un determinado caso, lo que implica que los ciudadanos no tendrán certeza de cuál será la respuesta punitiva del Estado con relación a su conducta, pues la falta de precisión en las locuciones ya referidas se traduce en que no se otorgan al Juez los elementos suficientes para encuadrar una conducta al tipo.

Esto es así, pues al no especificar la calidad del sujeto activo, se dirigió a todos aquellos que se ubiquen en la hipótesis contenida en la norma.

La frase "realice actos tendentes para obtener información" es demasiado vaga y genérica pues, por una parte, parece indicar que, por actos, se pueden entender a las mínimas manifestaciones de la vida diaria que realiza el ciudadano para obtener "información", tales como preguntar a algún oficial de seguridad, qué ocurre en cierto lugar cercano a su domicilio.

Por su parte, el sintagma "sobre su ubicación, actividades operativos o sus labores, en general", también es demasiado amplio y ambiguo, pues el cuestionamiento, por parte de cualquier ciudadano, relacionado con las actividades "en general" de los cuerpos de seguridad pública, de persecución o sanción del delito o la ejecución de penas, es una práctica común, máxime si se trata de labores periodísticas.

Lo anterior evidencia la vaguedad de la disposición y el amplísimo margen de opciones que genera, pues no todos los supuestos son lo suficientemente graves para merecer la intervención penal, al ser éste de ultima ratio.

Además, el legislador omitió incluir en la descripción de la conducta el factor de la finalidad, es decir, que la conducta, en efecto, se considere plenamente antijurídica, cuando los actos tendentes a obtener información se realicen con el ánimo de cometer otro delito.

Lo anterior conduce a especificar que la conducta descrita en el precepto impugnado carece del elemento subjetivo del dolo, pues si no existe la voluntad de concretar la parte descriptiva de un tipo penal, no se producirá el resultado y, en consecuencia, no puede ser sancionado.

Por otro lado, la disposición impugnada no aporta elementos suficientes que permitan al juzgador establecer la correspondencia adecuada entre la conducta típica y la sanción. Con una redacción tan amplia, como la del artículo 398 Bis de la legislación penal en cita, el ciudadano estará en la incertidumbre de saber si, al formular algún cuestionamiento simple a los cuerpos de seguridad pública, de persecución del delito o de ejecución de penas, será sancionado penalmente.

Por último, la imprecisión del artículo 398 Bis del Código Penal para el Estado de Chiapas es tal, que con ella se inhiben los límites y se hace nugatorio el derecho a obtener información, pues el establecimiento de términos tan amplios en un tipo penal que tiene inmerso el derecho a la información, trastoca de manera relevante su sano y libre ejercicio. Por virtud del precepto impugnado, los ciudadanos, en general, incluidos los que realizan labores de comunicación, verán disminuido su derecho a obtener información, pues con esa amplitud podrían incurrir en la comisión de un delito, incluso, si los cuestionamientos o los actos tendentes para obtener información son con fines netamente profesionales y de buena fe.

TERCERO. Admisión y trámite. Por acuerdo de once de abril de dos mil trece, el Ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 11/2013 y, por razón de turno, designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento.

Por diverso acuerdo de fecha doce de abril de dos mil trece, el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostentó y admitió la acción respecto de la norma general impugnada; ordenó dar vista al órgano legislativo que la emitió y al Ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes; solicitó al Congreso del Estado de Chiapas el envío de copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada y ordenó dar vista al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.

CUARTO. Informe del Poder Legislativo del Estado de Chiapas. En el escrito respectivo, sustancialmente, señaló lo siguiente:

1. Que la norma tildada de inconstitucional fue emitida por autoridad competente y legitimada para ello, y que se trata de una adición necesaria para tener una mejor estabilidad y seguridad jurídica dentro de la sociedad, sin coartar la libertad de expresión, toda vez que es necesario que determinada información se guarde como reservada para efectos de que no se contraponga con la procuración de justicia, pues la sociedad chiapaneca podría ser afectada por la divulgación de la información sobre los operativos o sistemas de inteligencia implementados para la captura de delincuentes, por parte de los cuerpos de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas.

2. La norma reclamada en la presente acción de inconstitucionalidad ha dejado de surtir efectos, porque mediante Decreto Número 193, de veintinueve de abril de dos mil trece, se reformó el artículo 398 Bis del Código Penal para el Estado de Chiapas, entrando en vigor a partir del dos de mayo de dos mil trece en los términos del artículo primero transitorio. De lo anterior, se concluye que procede sobreseer en la acción por haber quedado sin materia de estudio.

3. Por lo que se refiere al fondo del asunto, se argumenta que "el halconeo" es una actividad que merma la garantía de seguridad pública, ya que consiste en la vigilancia de las personas o instituciones que amenazan la estabilidad de la organización criminal a la que pertenece el vigilante, con el fin de recabar información sobre los miembros de instituciones policiacas. Lo anterior pone en riesgo las acciones de prevención de la comisión de los delitos, de reprimir los que están en curso y de persecución de los delincuentes, lo que se traduce en la protección del ser humano en el mantenimiento del orden público y el bienestar social, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 13 y 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

QUINTO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. En síntesis, argumenta que el decreto impugnado es constitucional y legal, porque el artículo 44, fracción I, de la Constitución del Estado de Chiapas determina la obligación del gobernador del Estado de promulgar las leyes y decretos que expida el Congreso Local. Asimismo, plantea que la promulgación del decreto se efectuó con apego al marco jurídico de la Constitución Local, que establece la regulación del proceso legislativo, mismo que fue respetado en todos sus términos por las autoridades participantes.

SEXTO. Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre el artículo 398 Bis del Código Penal para el Estado de Chiapas con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

SEGUNDO. Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada.

En el caso, se impugna el artículo 398 Bis del Código Penal para el Estado de Chiapas, adicionado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el once de marzo de dos mil trece, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del doce de marzo de dos mil trece al diez de abril del mismo año.

La presente acción de inconstitucionalidad fue promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el diez de abril de dos mil trece, por lo que resulta oportuna.

TERCERO. Legitimación. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede promover la acción de inconstitucionalidad, entre otras, contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.

Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59 de la ley reglamentaria de la materia,(2) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

En el caso, el escrito inicial fue suscrito por Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia de la comunicación emitida por el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el cinco de noviembre de dos mil nueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo a partir del dieciséis de noviembre de dicho año y hasta el quince de noviembre de dos mil catorce.(3)

Dicho funcionario ostenta la representación de la comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(4) y 18 de su reglamento interno.(5)

Además, en el caso, se plantea la inconstitucionalidad de un precepto del Código Penal de Chiapas, por estimarlo violatorio del derecho a la información y del principio de taxatividad en materia penal.

Así, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, debe reconocerse la legitimación activa en este asunto.

CUARTO. Causas de improcedencia. El Poder Legislativo del Estado de Chiapas señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, por haber cesado los efectos de la norma general impugnada. Ello, en virtud de la expedición del Decreto Número 193, por el que se reforma el artículo 398 Bis del Código Penal del Estado de Chiapas, publicado el primero de mayo de dos mil trece.

El referido decreto señala, en su parte resolutiva, lo siguiente:

"Decreto Número 193

"...

"Decreto por el que se reforma el artículo 398 Bis del Código Penal para el Estado de Chiapas

"Artículo único. Se reforma el artículo 398 Bis, del Código Penal para el Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

"Artículo 398 Bis. Al que obtenga y proporcione información confidencial o reservada de los cuerpos de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas con el propósito de evitar que el sujeto o los sujetos activos del delito sean detenidos o para que puedan concretar una actividad delictiva en agravio de un tercero, se impondrá una pena de dos a quince años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo.

"Cuando la conducta se lleve a cabo utilizando a personas menores de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho, la pena se aumentará hasta en una mitad de la señalada en el primer párrafo.

"Asimismo, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando la conducta se lleve a cabo por servidores públicos que pertenezcan o han pertenecido a alguna institución de seguridad pública, a las Fuerzas Armadas o se trate de personas que han pertenecido o pertenezcan a personas morales que brinden servicios de seguridad privada.

"Cuando la conducta se lleve a cabo utilizando equipo o vehículos oficiales, o vehículos de servicio de transporte público o mercantil, o que por sus características sean similares a ésos en apariencia, la pena se aumentará hasta en una mitad de la señalada en el primer párrafo.

"Asimismo, se entenderá por información confidencial o reservada aquella que es relacionada con las actividades provenientes de operativos, investigación, persecución de los delitos o sus autores, misma información que en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley que Garantiza 115 la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas, tenga dicha naturaleza.

"Transitorios

"Artículo primero. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.

"Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que contravengan lo dispuesto en el presente decreto.

"El Ejecutivo dispondrá se publique, circule y se le dé debido cumplimiento."

De la anterior transcripción se desprende que el artículo 398 Bis del Código Penal para el Estado de Chiapas fue reformado en su totalidad, entrando en vigor el nuevo texto al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, es decir, a partir del dos de mayo de dos mil trece.

No obstante, ha sido criterio reiterado de este Tribunal Pleno(6) que si bien cuando se reforma una norma impugnada en una acción de inconstitucionalidad, de manera general, lo procedente es sobreseer por cesación de efectos, lo cierto es que tratándose de normas de naturaleza penal, el artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia establece, de manera específica, que la sentencia relativa tendrá efectos retroactivos; por tanto, aun cuando una norma de naturaleza penal sea reformada, no procede sobreseer en la acción respectiva, pues los efectos de la sentencia se pueden aplicar a aquellas personas que hayan sido juzgadas durante la vigencia de la norma.

Así, a pesar de que el precepto impugnado haya sido reformado, por ser una norma de carácter penal, en la que se tipifica una conducta a la cual se asocia una pena privativa de la libertad y sanción pecuniaria, respecto de la cual es posible emitir un fallo con efectos retroactivos, y tomando en consideración que a los hechos delictivos se aplica la ley que estaba vigente en el momento de la comisión del acto ilícito, debe concluirse que la eventual declaratoria de invalidez podrá surtir efectos, pues pueden existir personas a las que ya se les haya aplicado el precepto impugnado.

Por lo anterior, al resultar infundada la causa de sobreseimiento aducida, se procede a analizar el fondo del asunto.

QUINTO. Estudio de fondo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea, en su primer concepto de invalidez, que el artículo 398 Bis del Código Penal para el Estado de Chiapas es violatorio del derecho de acceso a la información, en tanto penaliza cualquier acto tendente a obtener información de los cuerpos de seguridad pública, Ministerios Públicos y Jueces Penales y de ejecución de sanciones, ya que la norma impugnada no resulta idónea ni adecuada para el fin que persigue ni es la menos restrictiva de ese derecho. Ver votación 1

Tal concepto de invalidez es fundado.

Para demostrarlo, este Pleno hará primero referencia al contenido del derecho a la información, enseguida, describirá el sistema de restricciones a este derecho, para, finalmente, proceder al análisis concreto de la medida impugnada.

1. Contenido del derecho de acceso a la información

El derecho de acceso a la información está regulado en los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(8) y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(9)

El artículo 6o. de la Constitución General de la República, interpretado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece las siguientes características y elementos de este derecho: (i) toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes, prevaleciendo el principio de máxima publicidad. A este respecto, se entiende por información pública el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público;(10) (ii) toda persona, sin necesidad de acreditar interés o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos; y, (iii) para la efectiva tutela de este derecho, se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, los cuales se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

Por su parte, en las fuentes internacionales, el derecho a la información está inmerso en el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, en tanto ésta comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Al interpretar este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido: (i) que se trata de un derecho que corresponde a toda persona, sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que exista una legítima restricción;(11) (ii) que este derecho conlleva dos obligaciones positivas para el Estado, consistentes en suministrar la información a quien la solicite y/o dar respuesta fundamentada a la solicitud presentada, en caso de que proceda la negativa de entrega por operar alguna excepción;(12) (iii) que el derecho de acceso se ejerce sobre la información que se encuentra en poder del Estado; de manera que el deber de suministrar la información o de responder, en caso de aplicar una excepción, abarca a todos sus órganos y autoridades;(13) (iv) que la actuación del Estado debe regirse por el principio de máxima divulgación, el cual establece que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones;(14) (v) que los Estados deben garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, fijando plazos para resolver y entregar información;(15) (vi) que debe existir un recurso sencillo, rápido y efectivo para determinar si se produjo una violación al derecho de quien solicita información y, en su caso, ordene al órgano correspondiente la entrega de la información;(16) y, (vii) que si el derecho de acceso a la información no estuviere ya garantizado, los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerlo efectivo, así como de erradicar las normas o prácticas que no garanticen su efectividad.(17)

Adicionalmente, tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación(18) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos(19) han enfatizado la doble vertiente del derecho de acceso a la información, por un lado, como garantía individual que tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal y, por otro, como derecho colectivo o garantía social que, funcionalmente, tiende a revelar el empleo instrumental de la información como mecanismo de control institucional.

Asimismo, esta Corte ha establecido la posición preferencial del derecho de acceso a la información cuando es ejercido por los profesionales de la prensa, caso en el cual alcanza su nivel máximo de protección frente a los derechos de la personalidad.(20)

2. Sistema de restricciones

Como cualquier otro derecho, el de acceso a la información no es absoluto. El artículo 6o. constitucional contempla, expresamente, dos tipos de limitaciones al mismo: por un lado, la información pública puede ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos establecidos en la ley de la materia (fracción I) y, por el otro, se prevé la obligación de proteger la información relacionada con la vida privada y los datos personales (fracción II).

Al respecto, la Primera Sala ha destacado que dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al derecho en comento, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información.(21)

En este sentido, la Segunda Sala ha reconocido que el legislador puede válidamente establecer restricciones al derecho de acceso a la información, con la condición de que tales límites atiendan a intereses públicos o de los particulares y encuentren justificación racional en función del bien jurídico a proteger, es decir, que exista proporcionalidad y congruencia entre el derecho fundamental de que se trata y el interés que se pretenda proteger.(22)

Por su parte, el Tribunal Pleno ha aludido a las limitaciones al derecho a la información, en razón del interés público, en términos de limitaciones por "interés nacional" e "intereses sociales", al tiempo que ha hecho también referencia a otro tipo de limitaciones que tienen como finalidad la "protección de la persona", lo que encuadra en la idea de que la vida privada y los datos personales constituyen una limitación legítima al derecho a la información.(23)

Adicionalmente, las limitaciones respectivas deben cumplir

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25262-0cf24276/acceso-a-la-informacion-contenido-de-ese-derecho · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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