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I. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU CONTENIDO Y ALCANCES. II. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. PRINCIPIOS RECTORES. III. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. REQUISITOS PARA ESTABLECER SUS LÍMITES. IV. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. CONDICIONES QUE SU RESTRICCIÓN DEBE SUPERAR EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. V. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL ESTABLECIMIENTO DE UNA REGLA GENÉRICA Y ABSOLUTA DE RESERVA DE INFORMACIÓN, SIN IMPORTAR SI EL MATERIAL SOLICITADO ES SUSCEPTIBLE DE GENERAR UN DAÑO AL INTERÉS PÚBLICO, ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 192, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). VI. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. REQUISITOS PARA QUE SU RESTRICCIÓN PUEDA CONSIDERARSE APEGADA AL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 192, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). VII. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA RESERVA LEGAL DE CUALQUIER INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN O EL COMBATE A LA DELINCUENCIA, CON INDEPENDENCIA DE SUS ELEMENTOS PARTICULARES, ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 192, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). VIII. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE SE CONSIDERA COMO INFORMACIÓN RESERVADA LA QUE IMPLIQUE LA REVELACIÓN DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS, FUENTES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SISTEMAS, TECNOLOGÍA O EQUIPOS, SIN PREVER UN PLAZO PARA PODER SER RECLASIFICADA, ES INCONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 192, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). IX. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE PRECEPTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN NO TORNA VÁLIDA LA RESTRICCIÓN ABSOLUTA DE AQUÉL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 192, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). X. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA PREVISIÓN DE UNA RESERVA ABSOLUTA DE INFORMACIÓN POR ACTUALIZARSE UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD PÚBLICA O A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO QUE NO ADMITE EXCEPCIÓN ALGUNA, ES INCONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 192, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). XI. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS SUPUESTOS EN LOS QUE NO PUEDE EXISTIR RESERVA ABSOLUTA DE INFORMACIÓN SON AQUELLOS DONDE SE INVESTIGUEN GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y DELITOS DE LESA HUMANIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 192, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). XII. DERECHO HUMANO A LA VIDA PRIVADA. RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA NOCIÓN DE LO "PRIVADO" O DE LOS "ASPECTOS ÍNTIMOS" DE LA PERSONA (ARTÍCULO 192, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). XIII. DERECHO HUMANO A LA VIDA PRIVADA. SU PROTECCIÓN POR "INJERENCIAS ARBITRARIAS" PREVISTA EN EL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, PUEDE HACERSE EXTENSIVA A LAS INJERENCIAS PREVISTAS EN LA LEY LOCAL DE LA MATERIA CUANDO ÉSTAS NO SEAN RAZONABLES (ARTÍCULO 192, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). XIV. DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SUS EFECTOS Y ALCANCES (ARTÍCULO 192, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). XV. DERECHO HUMANO A LA VIDA PRIVADA. LAS CONVERSACIONES TELEFÓNICAS SON UNA FORMA DE COMUNICACIÓN INCLUIDA DENTRO DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE AQUÉL (ARTÍCULO 192, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). XVI. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. VALIDEZ DE LA NORMA QUE LO RESTRINGE PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO HUMANO A LA VIDA PRIVADA DE LAS PERSONAS (ARTÍCULO 192, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). XVII. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 192, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). XVIII. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA REGULAR LAS HIPÓTESIS DE RESERVA DE INFORMACIÓN DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 192, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). XIX. DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA DISPOSICIÓN QUE POSIBILITA A LA AUTORIDAD ACUDIR A OTROS ORDENAMIENTOS PARA APLICAR SUPUESTOS ADICIONALES DE RESERVA DE LA INFORMACIÓN NO ESTABLECE PROPIAMENTE UNA HIPÓTESIS JURÍDICA DE RESTRICCIÓN DE AQUÉL (ARTÍCULO 192, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE JALISCO). XX. DERECHO HUMANO DE ACC

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2018. · Registro digital (IUS): 29142
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-11-08
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Pág. 110.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 56/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 21 DE MAYO DE 2019. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO MUÑOZ ACEVEDO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Normas impugnadas, autoridades emisoras y promulgadoras. Mediante oficio presentado el dos de julio de dos mil dieciocho ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 192, 199 y 200, fracción V, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, así como el diverso 12, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, publicados mediante Decreto 26835/LXI/18 en el Periódico Oficial del citado Estado, el dos de junio del año antes mencionado, señalando como órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la mencionada norma, al Congreso del Estado y al Gobernador Constitucional de tal Estado.

Dichos preceptos establecen lo siguiente:

"Artículo 192. Toda información recabada por las autoridades de seguridad pública, con apego a la presente ley, se considerará reservada en los siguientes casos:

"I. Cuando su divulgación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles para la prevención o el combate a la delincuencia;

"II. Cuando su revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad pública o a las instituciones del Estado.

"III. La información y los materiales de cualquier especie que sean producto de una intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales;

"IV. Cuando la grabación o información obtenida constituya dato de prueba o prueba dentro de una investigación o juicio en curso, salvo que la autoridad investigadora, previo análisis, determine necesaria su divulgación para que se logre identificar y localizar a quien o quienes hayan participado o cometido el hecho señalado por ley como delito; y,

"V. Cuando así lo prevean la Ley de Protección de Datos y la Ley de Transparencia."

"Artículo 199. Está prohibido el suministro o intercambio de información en poder de autoridades de seguridad pública, obtenida a través del uso de equipos y sistemas tecnológicos, o de productos de inteligencia para la prevención, derivada de dicha información, con personas físicas o jurídicas particulares, cualquiera que sea su naturaleza, en los términos de la ley."

"Artículo 200. ...

"...

"V. No se autorizará el suministro o intercambio de información en poder de autoridades de seguridad pública, obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, o de producto de inteligencia para la prevención, derivada de dicha información con personas físicas o jurídicas particulares de nacionalidad mexicana o extranjera, cualquiera que sea su naturaleza."

"Artículo 12. ...

"La información relacionada con la operación del ‘Escudo Urbano C5’ y sus sistemas se considera reservada, de conformidad con la legislación aplicable. ..."

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El promovente estimó violados los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e hizo valer el argumento de invalidez que se sintetiza a continuación:

• Los preceptos impugnados prevén una reserva genérica, indeterminada y previa de la información recabada a través del uso de equipos y sistemas tecnológicos por las autoridades de seguridad pública que no obedece al interés público ni a la seguridad nacional, vulnerando el derecho de acceso a la información.

Lo anterior, ya que, al disponer de forma genérica, indeterminada y apriorística que toda la información en poder de las autoridades de seguridad pública, obtenida o recabada a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos o productos de inteligencia, será reservada por un plazo indeterminado y no podrá ser suministrada a las personas físicas o jurídicas particulares en ningún caso, vulneran el derecho humano de acceso a la información, en virtud de que constituyen una restricción ilegítima, desproporcional e injustificada.

• En efecto, dichos preceptos invierten la regla general prevista en el marco de regularidad constitucional, pues establecen un universo de reserva total, indeterminado y previo que engloba información que no debe ser clasificada como reservada. Además, por la clasificación de reserva previa que hacen, las normas impiden llevar a cabo un contraste con un parámetro objetivo para saber si parte de esa información amerita o no ser reservada.

En ese sentido, la reserva que establecen las disposiciones en combate resultan contrarias al principio de máxima publicidad, ya que establece categorías de información sin llevar previamente una prueba de daño, siendo que el parámetro para determinar si la información en posesión de sujetos obligados debe ser reservada, estriba en determinar de forma casuística si su difusión puede efectivamente generar un daño a intereses relevantes tutelados a nivel constitucional. Habida cuenta que resulta contrario al sistema de reserva de información toda disposición que realice una clasificación absoluta, a priori y ex ante de la información pública.

• Aunado a lo anterior, de la lectura de las disposiciones combatidas se aprecia que no se justifica el interés público en todos los géneros de información a los que hace referencia, los que las vuelve normas incompatibles con el marco de regularidad constitucional en materia de acceso a la información.

Por otra parte, del análisis de los preceptos impugnados se permite apreciar que la reserva de información que la ley decreta no está sujeta a una temporalidad concreta, pues se establece la prohibición genérica de suministro o intercambio de información con particulares.

• En suma, las disposiciones combatidas resultan contrarias al derecho humano de acceso a la información pública, toda vez que:

• Establecen una reserva de información permanente.

• Las razones por las que se reserva la información pública no corresponden al interés público, ni a la seguridad nacional, reconocidas en la Constitución, y

• La reserva de información no se apega a lo dispuesto por las bases y principios generales previstos en la ley general que emitió el Congreso de la Unión, al constituirse como una reserva total e indeterminada.

• Así, la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas se sustenta, por un lado, en que no todas las circunstancias especificadas por las que se toma tal determinación corresponden al interés público ni a la seguridad nacional y, por el otro, en que la prohibición de difundir la información es permanente y no está sujeta a una temporalidad específica.

Finalmente, si bien podría considerarse que las normas combatidas persiguen un fin constitucionalmente válido –salvaguardar la Seguridad Pública– y que son idóneas para alcanzar dicho objetivo –mediante la reserva de toda la información recabada por las autoridades de seguridad pública–, lo cierto es que la medida establecida por el legislador consistente en una calificación absoluta, a priori y ex ante, resulta desproporcional, al no privilegiar otras medidas más adecuadas y menos lesivas tales como el análisis casuístico de la información, con base en el principio de máxima publicidad, para determinar si efectivamente su publicidad representa una afectación a la Seguridad Pública.

• Máxime que las normas impugnadas tienen un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico, al imposibilitar la búsqueda de toda información recabada por las autoridades de seguridad pública.

Es así que, al efectuar un balance entre los valores en juego; es decir al hacer una comparación del grado de afectación que puede provocar la medida a los derechos humanos de acceso a la información pública y al principio de máxima publicidad, se aprecia que no existe proporción entre el fin constitucional que se persigue –garantizar la seguridad pública– y el resultado de la medida –restricción injustificada al derecho de acceso a la información pública–.

TERCERO.—Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de tres de julio de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó, respectivamente, formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 56/2018, y designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.

Por auto de cuatro de julio de dos mil dieciocho el Ministro instructor admitió la acción referida, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

CUARTO.—Informe de las autoridades. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente:

El gobernador Constitucional, titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, señaló:

• En principio, aduce que los preceptos reclamados no contravienen el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en términos de ese mismo precepto constitucional, constituyen una limitante constitucionalmente válida del derecho de acceso a la información pública, ya que, como de su propio contenido se desprende, los mismos tienen por objeto salvaguardar la seguridad pública del Estado, lo cual además es de interés público.

Del análisis sistemático de los numerales 4 y 6 de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado "Escudo Urbano C5", se advierte que tal organismo tiene como principales actividades el recabar, sistematizar y transmitir información integral para la toma de decisiones en las materias de protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres, mediante la integración y análisis de información captada a través de salas de vídeo, monitoreo de la utilización de herramientas tecnológicas, bases de datos o cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización que se disponga, así como la vinculación con los órganos de Gobierno Local, Federal, Estatal o Municipal e instituciones y organismos privados.

• Información que aún otorgada de manera agregada puede adminicularse y sistematizarse para generar patrones de conducta de las autoridades, conocer el estado de fuerza (número de elementos disponibles), de reacción de las autoridades ante una eventualidad, el tipo de delitos que logran identificar las autoridades o facilidad de su detección, tiempo de reacción y comunicación, o coordinación con otras autoridades; conocer incluso en nivel y tipo de tecnología con que se cuenta partiendo de la información a la que se tiene acceso o bien que se logra captar, generar o procesar, lo que de conocerse por el crimen organizado puede traer graves consecuencias para la correcta investigación de los delitos.

Posibilitando que se obstaculicen o bloqueen las actividades de inteligencia o contrainteligencia al poder vislumbrarse los procedimientos, métodos, fuentes de información, tecnología para la generación de inteligencia, así como la coordinación interinstitucional o las estrategias o acciones para combatir la delincuencia organizada; y con ello verse comprometida la seguridad pública, la prevención o persecución de los delitos; información que podrá ser materia de investigación ante el Ministerio Público en perjuicio del cumplimiento de las leyes y de la seguridad e integridad de la vida de las personas involucradas, como lo prohíbe el numeral 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Circunstancias de riesgo en las cuales no se puede colocar a la población, por lo que las normas deben de establecer las restricciones al acceso a la información, que serán evaluadas en cada caso, bajo la prueba de daño.

En efecto, la información generada por el organismo público descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, también conocido como "Escudo Urbano C5" debe clasificarse como reservada, ya que la difusión de la misma podría afectar gravemente la persecución de delitos y la privacidad de las víctimas, en general a los sistemas de justicia.

• Es por ello que se afirma que, de revelar dicha información se causaría un perjuicio irreparable a las estrategias y a la capacidad de reacción de los diversos entes especializados en la seguridad pública, pues cualquier ciudadano puede solicitar la información sin que sea óbice tener la certeza de quien la solicita, las intenciones o en general el uso que pueda darle a datos tan sensibles como los que se generan en el "Escudo Urbano C5".

De ahí que la divulgación de dicha información generaría un riesgo de perjuicio demostrable que rebasaría el interés público protegido –como lo es la seguridad pública– dado que la información podría caer en personas interesadas en impedir el eficaz desempeño de las funciones de los entes de seguridad pública, poniendo en estado de indefensión a la sociedad jalisciense; impedir o retrasar el estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública.

• Pudiéndose con ello proporcionar a la delincuencia organizada los puntos frágiles de los servidores públicos, de las áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia en los tres niveles de gobierno, lo que facilitaría su intervención de generar estrategias negativas en contra de la sociedad, comprometiendo la capacidad de reacción de la fuerza pública.

Por otra parte, de los supuestos de reserva previstos en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 192 de la citada Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, se colige que para que la autoridad pueda negar el acceso a la información, debe verificar que se actualicen los supuestos de ley, y para esos efectos debe proceder a acreditar las mencionadas hipótesis de reserva del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública mediante la elaboración de una prueba de daño, conforme a un análisis caso por caso, atento a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 108 de la citada ley general de la materia.

• Ahora bien, no obstante lo anterior, aunque se esté en una causal de reserva, atendiendo al principio de máxima publicidad, cuando exista información que contenga partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, tal como lo establece el artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Por lo anterior, resulta inconcuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos erra al tildar de inconstitucionales los artículos 192, 199 y 200, fracción V, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, así como lo dispuesto en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, en tanto que su conclusión es producto de un estudio inacabado del marco jurídico vigente en materia de transparencia, puesto que como se ha evidenciado el hecho de que las disposiciones controvertidas establezcan supuestos de clasificación de la información, ello no exime de la obligación que tienen las autoridades para analizar caso por caso, si la información encuadra en alguna de las hipótesis contemplada en las normas controvertidas y proceder a realizar la multicitada prueba de daño, previo a su negativa, garantizándose así que se colmen los principios constitucionales en la materia.

• Por último, el promovente pasa por inadvertido que existe un Comité de Transparencia en cada sujeto obligado, y dicho órgano interno es el encargado y legitimado para validar la clasificación de la información pública, atendiendo cada caso en lo particular, previo análisis y estudio de la prueba de daño que hayan formulado las áreas generadoras y poseedoras de la información tal como lo disponen los artículos 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en consonancia con los preceptos 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, de ahí lo infundado e inoperantes de los conceptos de invalidez que plantea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Poder Legislativo del Estado de Jalisco, representado por su mesa directiva, señaló:

• En principio, se menciona que las normas impugnadas cumplen con el requisito de fundamentación y motivación por parte de la autoridad legislativa, ya que se actuó dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), aunado a que los artículos combatidos se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivadas).

Precisado lo anterior, se establece que el numeral 16 constitucional establece una restricción a la publicidad de datos por razones de seguridad pública, lo que deja de manifiesto que el derecho de protección de datos personales es un derecho distinto y autónomo de otros derechos humanos, por lo que de ninguna manera los artículos 192 y 199 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública son contrarios a lo establecido en la Ley Suprema.

• Bajo tales circunstancias debe tomarse en consideración que el promovente únicamente emite sus argumentos en contra de una proporcionalidad abstracta al contemplar sólo una porción normativa y no el sentido y la interpretación del precepto reformado, ya que los argumentos vertidos carecen de validez para su estudio mediante la presente acción de inconstitucionalidad, pues no existe contraposición al orden constitucional y a las normas generales que regulan la materia, lo que demuestra lo infundado de sus reclamos.

Es entonces que deben desestimarse los conceptos del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues emite argumentos que no son materia de estudio en la presente vía constitucional, pues remitiéndonos al artículo 105 de la Constitución Federal, las acciones de inconstitucionalidad sólo podrán ejercitarse cuando las leyes contravengan el orden constitucional, lo que no sucede en el presente caso, pues se reitera que los artículos 192, 199 y 200, fracción V, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, así como el diverso 12 de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control y Cómputo del Estado de Jalisco, no se contraponen a lo dispuesto en la Carta Magna, sino por el contrario, de manera armónica adiciona elementos para la protección de datos personales y aquellos que se consideran reservados.

• Aunado a lo anterior, es menester señalar que no existe violación alguna a la garantía de máxima publicidad, pues al efecto no debe perderse de vista que las limitaciones que se le hacen al derecho a la información son vertidas únicamente para salvaguardar los intereses que se protegen, atendiendo a la propia naturaleza confidencial de la información, actividades de prevención o persecución de los delitos, en caso de que la difusión de la formación pueda impedir u obstruir las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de éstos o bien, las atribuciones que ejerce el Ministerio Público durante la averiguación previa y ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación; la impartición de justicia, en caso de que la difusión de la información pueda impedir u obstruir la función a cargo de los tribunales para conocer y resolver respecto de los juicios, asuntos, diligencias y controversias conforme a los plazos, formas y procedimientos establecidos en las leyes.

En el marco de lo anterior, las acciones legislativas expedidas no devienen del anonimato o en ausencia del debido sustento jurídico y social necesarios, son por el contrario, en cumplimiento de preceptos normativos y en respuesta a la premura social por encaminar las políticas públicas en el Estado de Jalisco, hacia una verdadera impartición de Justicia.

QUINTO.—Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de quince de octubre de dos mil dieciocho, se declaró cerrada la instrucción.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 192, 199 y 200, fracción V, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, así como el diverso 12, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, reformado mediante Decreto 26835/LXI/18, publicado en el Periódico Oficial del citado Estado, el dos de junio de dos mil dieciocho.

SEGUNDO.—Oportunidad. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada.

En congruencia con lo anterior, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

El análisis armónico de los preceptos constitucional y legal antes precisados permite establecer que tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.

En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el sábado dos de junio de dos mil dieciocho, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el domingo tres de junio y concluyó el lunes dos de julio del mismo año.

En ese contexto, debe precisarse que la demanda relativa a la presente acción de inconstitucionalidad se presentó, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dos de julio de dos mil dieciocho, por lo que su interposición resulta oportuna.

TERCERO.—Legitimación. Se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe la demanda Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por el Pleno del Senado de la República.

Ahora bien, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, establece:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas. ..."

Por lo que si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 192, 199 y 200, fracción V, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, así como el diverso 12, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, reformado mediante Decreto 26835/LXI/18, se colige que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

Apoya la conclusión anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 7/2007 que es del tenor literal siguiente:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA.—La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de tratados internacionales. Así, tratándose de la impugnación de leyes federales, están legitimados: 1. El 33% de los diputados del Congreso de la Unión; 2. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 3. El procurador general de la República; 4. Los partidos políticos con registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y 5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Por su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. El 33% de los diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El procurador general de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, siempre y cuando se impugne una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Cuando la impugnación verse contra leyes del Distrito Federal, tendrán legitimación: 1. El 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2. El procurador general de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, siempre que se trate de la impugnación de una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando se trate de leyes que vulneren los consagrados en la Constitución Federal. Finalmente, tratándose de tratados internacionales, pueden impugnarlos: 1. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 2. El procurador general de la República; y 3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de un tratado internacional que vulnere los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal.(1)

CUARTO.—Causas de improcedencia. En este asunto no se hace valer causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno.

QUINTO.—Estudio. Del único concepto de invalidez hecho valer por la Comisión actora se desprende que la litis en la presente vía se circunscribe a determinar si los artículos 192, 199 y 200, fracción V, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, así como el diverso 12, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Esta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29142-20d3bad3/i-derecho-humano-de-acceso-a-la-informacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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