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Modo: Corpus Pro

PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE DIRIGIDAS AL INSTITUTO RELATIVO QUE CAREZCAN DE FIRMA AUTÓGRAFA DEBEN DESECHARSE DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 180 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN QUE PROCEDA REQUERIMIENTO O PREVENCIÓN DE LA AUTORIDAD MARCARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, Y TERCER PÁRRAFO, DE SU REGLAMENTO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2014. · Registro digital (IUS): 25320
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-11-07
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENC
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo II, Pág. 1667.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE DIECIOCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS RONZON SEVILLA, GASPAR PAULÍN CARMONA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, LUZ CUETO MARTÍNEZ, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ARMANDO CRUZ ESPINOSA Y CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: FERNANDO CRUZ VENTURA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentaron los criterios de los que deriva el posible punto de divergencia son especializados en materia administrativa y están adscritos al Primer Circuito.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por Nattura Laboratorios, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante, quien fungió como parte en los asuntos que motivan la presente contradicción.

TERCERO. Los antecedentes y las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son los siguientes:

A) Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

1. Nattura Laboratorios, Sociedad Anónima de Capital Variable presentó el diez de febrero de dos mil once, la solicitud de registro marcario 1154093 "Tremex y Diseño", la que mediante resolución contenida en el oficio 20110112398, la coordinadora de Marcas "C" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, determinó desechar de plano la referida promoción, toda vez que carecía de la firma autógrafa del promovente, en tanto que la referida solicitud se presentó en copia.

2. Inconforme con la resolución mencionada en el punto que precede, Nattura Laboratorios, Sociedad Anónima de Capital Variable interpuso recurso de reconsideración, el que fue resuelto por la subdirectora divisional de Examen de Signos Distintivos "B" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante el oficio 20110234832, por el que se determinó confirmar la resolución recurrida.

3. Nattura Laboratorios, Sociedad Anónima de Capital Variable promovió juicio contencioso administrativo federal, del que conoció la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente 1528/11-EPI-01-3, en el que se dictó sentencia en la que se determinó reconocer la validez de la resolución impugnada.

4. Contra tal fallo la actora promovió el juicio de amparo directo D.A. 716/2012, que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión correspondiente al trece de diciembre de dos mil doce, en el que determinó negar el amparo solicitado, cuyas consideraciones -en la parte que al caso interesa- se sintetizan a continuación:

• Que el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial disponía que toda solicitud debía ser firmada por el interesado o su representante, y que en caso de que faltara tal requisito, la solicitud debería desecharse de plano.

• Que debía destacarse que la firma era la expresión de la voluntad del particular para iniciar el trámite de registro de una marca; por tanto, ante la omisión de tal requisito la solicitud debía considerarse inexistente jurídicamente, razón que justificaba su desechamiento de plano, lo que se apoyaba mediante la tesis 1a. XCIV/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 173, registro número IUS: 161788, de rubro: "PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD PROCESAL."

• Que el numeral citado establecía como presupuesto esencial la firma de la solicitud por parte del interesado o, en su caso, su representante, por lo que ante tal exigencia era patente que el precepto examinado imponía la carga al particular de firmar personalmente de puño y letra dicha solicitud.

• Que la mera presentación de la petición de registro de un signo marcario podía generar derechos y obligaciones para el interesado, razón por la que era imprescindible que se cumpliera con la expresión de voluntad a través de la firma autógrafa, a efecto de que la solicitud tuviera los efectos jurídicos que le eran intrínsecos, lo que se robustecía con la tesis 2a. LVIII/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 467, registro número IUS: 163983, de rubro: "PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY RELATIVA, EN CUANTO PREVÉ EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES POR LA FALTA DE FIRMA DEL INTERESADO O SU REPRESENTANTE, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA."

• Que la firma como requisito esencial debía constar de manera fehaciente para dotar de validez a la solicitud de registro marcario; por tanto, si en la solicitud inicial no constaba la firma del interesado o su representante, como era exigido en el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, era inconcuso que no tenía validez legal.

• Que una copia fotostática sin certificar únicamente podía tener valor de indicio, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, página 127, registro número IUS: 192109, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO."

• Que por tanto, si la expresión de voluntad para el registro de una marca como requisito esencial de la respectiva solicitud debía constar fehacientemente, entonces no podía ser sustituida por un mero indicio; por tanto, una firma en copia fotostática debía considerarse como la ausencia de tal requisito esencial, caso en el que no cabía prevención para subsanar la irregularidad, lo que se apoyaba en la jurisprudencia P./J. 12/90, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio-diciembre de 1990, página 87, registro número IUS: 205873, de rubro: "REVISIÓN. DEBE DESECHARSE ESE RECURSO CUANDO NO ES AUTÓGRAFA LA FIRMA QUE LO CALZA."

• Que en ese sentido, la presentación en copia de una solicitud de registro no era una prueba plena del requisito esencial de expresión de la voluntad; por tanto, no era susceptible de subsanarse a través de un requerimiento y, en consecuencia, procedía el desechamiento de plano, conforme al artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial.

• Que no pasaba inadvertido que en la demanda de nulidad se adjuntó un formato de solicitud de registro con fecha de recepción de diez de febrero de dos mil once, en la que se advertía una firma original; empero, tal documento no era el que sirvió de fundamento a la demandada para emitir el desechamiento controvertido ante la Sala responsable, por lo que no era idónea para acreditar la pretensión de la quejosa.

• Que la quejosa afirmó que con la inaplicación del artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial por la Sala responsable, sin juicio previo, la privó del derecho a ser prevenida para subsanar la irregularidad en la solicitud de registro, lo que lesionaba sus derechos fundamentales establecidos en los diversos 14 de la Constitución Federal y 8, numeral I, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, de los antecedentes del asunto se advertía, que contrario a lo argumentado, la aplicabilidad del numeral reglamentario antes mencionado, fue materia del recurso de revisión E.M. 1154093, además de que integró la litis del juicio administrativo, por lo que era infundado que se hubiera transgredido su derecho fundamental de audiencia, pues ya fue escuchado en defensa.

• Que aunado a lo anterior, tanto la demandada como la responsable consideraron que, por razón de jerarquía, debía prevalecer el contenido normativo del artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, por encima de lo previsto en el numeral 5, fracción I, de su reglamento, sin que la quejosa hubiera formulado argumentos en contra de tales razonamientos.

• Que no se soslayaba que la quejosa adujo tener un derecho del que no podía privársele, sino mediante juicio seguido ante un tribunal previamente instituido para el efecto; sin embargo, tal proposición partía de la errónea premisa de tener integrada a su esfera jurídica el supuesto previsto en el aludido artículo 5, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

• Que ello se debía a que de los artículos 87 y 113, primer párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial y 5, fracción I y párrafo tercero, de su reglamento, se tenía que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios tenían el derecho de utilizar marcas, tal prerrogativa generaba el derecho subjetivo para pedir el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad que, de cumplirse con los requisitos normativos, debía otorgar tal registro; asimismo, que el otorgamiento de un registro implicaba un procedimiento administrativo que se regía por normas adjetivas, como el artículo 5, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que establecía que toda solicitud debía estar debidamente firmada y, en caso contrario, la autoridad marcaria debía prevenir al interesado para que subsanara la irregularidad.

• Que se llegaba a la convicción de que el supuesto adjetivo que se describió anteriormente, únicamente podía actualizarse en caso de que se hubiera presentado una solicitud jurídicamente existente, cuyas irregularidades, meramente formales, podían calificar como una indebida firma en todos sus ejemplares; pero la descripción normativa no llegaba al extremo de prever el requerimiento para dar cumplimiento a un elemento sustancial como la falta de firma.

• Que retomando las consideraciones de la tesis de rubro: "PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD PROCESAL.", se advertía que si la solicitud presentada por la quejosa no estaba firmada de puño y letra, entonces era inexistente jurídicamente y no era apta para estimar ejercido el derecho subjetivo para registrar una marca; en consecuencia, tal presentación no podía generar prerrogativas adjetivas, pues jurídicamente no tenía validez alguna.

• Que en ese sentido, podía afirmarse válidamente que el derecho que la quejosa pretendía incorporado en su esfera jurídica, nunca se integró en ésta, debido a que la solicitud desechada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no tenía existencia jurídica, de ahí que resultara infundada la pretensión de la quejosa.

• Que la Sala responsable dio respuesta a la pretensión planteada en la demanda de nulidad, en la que, en esencia, la entonces actora argumentó que en términos del artículo 5, fracción I, del Reglamento de la Propiedad Industrial, la falta de firma era una irregularidad subsanable, y que del numeral en comento se tenía que las solicitudes podían presentarse vía telefónica facsimilar, bajo la condición de que al día siguiente de la transmisión de los datos por la vía señalada, fueran presentados tanto la solicitud, como sus anexos originales, acompañados del pago de la tarifa correspondiente y el acuse de recibo de la transmisión facsimilar, en las oficinas del instituto demandado.

• Que la pretensión planteada ante la Sala responsable se fundó en el artículo 5 reglamentario y se hizo en relación con una hipótesis diversa a la que se argumentó en el concepto de violación que se analizaba, como era que la hipótesis de presentación de la solicitud vía telefónica facsimilar, pero que tal tópico no era un punto que se hubiera controvertido en el juicio de origen, por lo que el concepto de violación era inoperante, pues planteaba un aspecto novedoso que no integró la litis administrativa, aspecto que se robustecía con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 54, Tercera Parte, página 49, registro número IUS: 238673, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INEFICACIA DE LOS ARGUMENTOS NO PROPUESTOS A LA SALA FISCAL RESPONSABLE."

• Que la quejosa sostuvo que la sentencia reclamada dejaba de observar el principio in dubio pro actione, que vinculaba a toda autoridad a interpretar las normas jurídicas buscando otorgar al gobernado la tutela del bien jurídico protegido, y el que encontraba sustento en los numerales 1o., de la Constitución Federal, 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero que de esos numerales se advertía que no otorgaban algún derecho de mayor amplitud que fuera aplicable en el caso, es decir, no existía alguna prerrogativa que permitiera a la quejosa presentar alguna solicitud de registro de marca sin firma autógrafa, por lo que el concepto de violación analizado era ineficaz.

• Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 55/2009, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXX, Septiembre de 2009, página 258, registro número IUS: 166345, de rubro: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN DICTADA EN EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE EN SU CONTRA.", había considerado que el principio denominado in dubio pro actione, establecía que en caso de duda en relación con la procedencia de un medio de defensa, debía admitirse a trámite para resolver en el fondo la pretensión planteada por el particular.

• Que en relación con lo anterior, se tenía que el caso no tenía origen en una controversia en relación con el acceso del particular a los medios de defensa que le asistiera para impugnar las resoluciones que combatía, ni se advertía algún obstáculo derivado de un formalismo riguroso que generara alguna duda para calificar la procedencia de su acción, por lo que tal principio no tenía aplicación en el caso, de ahí la ineficacia del concepto de violación.

B) Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez

1. Nattura Laboratorios, Sociedad Anónima de Capital Variable presentó el diez de febrero de dos mil once, la solicitud de registro marcario 25044 "XTREM GEL", la que mediante resolución contenida en el oficio 20110112396 de nueve de marzo de dos mil once, la coordinadora de Marcas "C" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial determinó desechar de plano, toda vez que carecía de la firma autógrafa del promovente, en tanto que la referida solicitud se presentó en copia.

2. Inconforme con la resolución mencionada en el punto que precede, Nattura Laboratorios, Sociedad Anónima de Capital Variable interpuso recurso de reconsideración, el que fue resuelto por la subdirectora divisional de Examen de Signos Distintivos "B" del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante el oficio MA/M/1985/1154090 de treinta de mayo de dos mil once, por el que se determinó confirmar la resolución recurrida.

3. Nattura Laboratorios, Sociedad Anónima de Capital Variable promovió el juicio de nulidad 1529/11-EPI-01-9, del índice de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la que emitió sentencia el diecinueve de abril de dos mil doce, en la que se determinó reconocer la validez de la resolución impugnada.

4. Contra tal fallo, la actora promovió el juicio de amparo directo D.A. 838/2012, del índice del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asunto que fue remitido al Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, el que lo radicó con el número de expediente D.A. 167/2013, y en sesión de veintiséis de marzo de dos mil trece, se decidió conceder el amparo a la quejosa, cuyas consideraciones -en la parte que al caso interesa- se sintetizan a continuación:

• Que derivado de la reforma al artículo 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, estaban obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, atendiendo a la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la materia.

• Que del citado precepto de la Ley Fundamental, se desprendía la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos a partir del principio pro personae o pro homine, que era un criterio hermenéutico que informaba todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual, debía acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se tratara de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se tratara de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria; es decir, dicho principio permitía, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorgaba un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obligaba a optar por la que la protegiera en términos más amplios, lo que se robustecía con la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 659, registro número IUS: 2000263, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL."

• Que el actual modelo de control constitucional que emanaba del artículo 1o. de la Constitución Federal, implicaba una nueva interpretación constitucional que conjuntaba los derechos humanos reconocidos en la norma fundamental con los que tenían reconocimiento en los tratados internacionales de los que México era parte, lo que traía consigo la exigencia constitucional de efectuar una interpretación que favoreciera ampliamente los derechos humanos.

• Que el derecho a la tutela judicial efectiva era muy amplio, por lo que debía precisarse que desplegaba sus efectos en tres momentos distintos: primero, al acceder a la justicia; segundo, durante el desarrollo del proceso; y finalmente, al tiempo de ejecutarse la sentencia.

• Que dentro del esquema de la tutela jurisdiccional efectiva, se comprendían el reconocimiento de los derechos siguientes: a) ocurrir ante los tribunales de justicia y a obtener de ellos una sentencia útil; b) acceder a una instancia judicial ordinaria y a lograr un control judicial suficiente sobre lo actuado en sede administrativa; c) a un Juez natural e imparcial; d) la eliminación de las trabas que impidieran u obstaculizaran el acceso a la jurisdicción; e) a la interpretación de las normas reguladoras de los requisitos de acceso a la jurisdicción en forma favorable a la admisión de la pretensión evitándose incurrir en hermenéuticas ritualistas (in dubio pro actione o favor actionis); f) a que no se desestimaran aquellas pretensiones que padecieran de defectos que pudieran ser subsanados; g) a la no aplicación en forma retroactiva de nuevas pautas jurisprudenciales con relación a los requisitos de admisibilidad, a fin de evitar situaciones de desamparo judicial; h) a peticionar y obtener tutela cautelar para que no se tornara ilusorio el derecho que se defendían; i) al cumplimiento de todas las etapas del procedimiento legalmente previsto, el cual debería asegurar la posibilidad del justiciable a ser oído, y a ofrecer y producir la prueba pertinente antes de dictarse la sentencia; j) a una decisión fundada que hiciera mérito de las principales cuestiones planteadas; k) a impugnar la sentencia definitiva; l) a tener la posibilidad de ejecutar en tiempo y forma la sentencia y, por ende, a su cumplimiento por parte de la autoridad condenada; m) al desarrollo del proceso en una dimensión temporal razonable, y n) a contar con asistencia letrada.

• Que en relación con las vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 25 de la convención, particularmente a lo precisado en los incisos d) y e), cabía tener en cuenta los alcances que en torno a su interpretación había dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del informe 105/99 emitido en el caso 10.194, "Palacios, Narciso-Argentina" de fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en el cual se estableció que lo que tutelaba era que el acceso a la justicia no se convirtiera en un juego de confusiones en detrimento de los particulares, en tanto que se argumentó que las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponían una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione o favor actionis, había que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción; asimismo, el artículo 26 de la convención citada, preveía el desarrollo progresivo de los Estados para que se comprometieran a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivaban de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

• Que el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, previsto en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, relacionado al principio pro actione o favor actionis, implicaba la obligación para las autoridades jurisdiccionales a resolver los conflictos que les planteaban las partes de manera integral y completa, sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables u ociosas que impidieran o dificultaran el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial.

• Que el principio pro actione o favor actionis exigía que los órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tuvieran presente la ratio de la norma con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables que impidieran un enjuiciamiento de fondo del asunto.

• Que trasladado a la jurisdicción contenciosa administrativa, el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, relacionado con el principio in dubio pro actione o favor actionis, era de suma importancia acudir a las consideraciones expuestas en torno a ello por el maestro español Eduardo García de Enterría, en el ensayo intitulado "El principio de la interpretación más favorable al derecho del administrado al enjuiciamiento jurisdiccional de los actos administrativos", consultable en la Revista de Administración Pública Española, número cuarenta y dos, página doscientos setenta y cuatro, y siguientes, en la que sostuvo:

i. La institución del proceso contencioso administrativo estaba montada para servir a ese derecho básico y fundamental, de modo que aún desde el criterio interpretativo más estrictamente vinculado a la ley sería obligado concluir que lo más deseable era emprender una ejemplar manifestación de autoconciencia de la función jurisdiccional, en el sentido de que lo esencial era llegar al fondo de los recursos, a lo que debían subordinarse decididamente las formalidades procesales, evitando su sustantivación; que las excepciones a la admisión de los recursos eran de interpretación, no ya enunciativa o declarativa, sino positivamente restrictiva, en cuanto reglas odiosas por contradecir o limitar ese derecho fundamental y natural; que lo esencial era hacer posible el ejercicio de dicho derecho, para lo cual debía buscarse siempre en toda cuestión disputada sobre la materia la interpretación precisamente más favorable a este efecto.

ii. En torno al principio in dubio pro actione o favor actionis, consistente en que debía prevalecer siempre la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de los ciudadanos en la labor de enjuiciamiento de los actos de la administración, por lo que todos los cúmulos de obstáculos, en su mayoría completamente convencionales, debían ser sopesados, en virtud que cerraban el paso a la tutela judicial plenaria, que era la verdadera garantía de los derechos, y que no había razón válida para condicionar, limitar o dosificar.

iii. Apunta que el principio de la interpretación más favorable al ejercicio de la acción contenciosa había de intentar buscar allí donde existía indeterminación en las reglas de acceso al fondo de la solución menos rigorista, de forma que no se agravaron las cargas y gravámenes de los administrados en la materia, antes bien, se redujeron y suavizaron para que pudiera ejercitarse ese derecho sustancial y básico, natural, como lo habían definido las instancias morales más autorizadas de la tierra, que era someter al Juez la discrepancia con la administración.

• Que las formalidades procesales que servían a la jurisdicción contenciosa para resolver los casos sometidos a su potestad, siempre deben servir al gobernado, garantizando el acierto de la decisión judicial, esto es, nunca como obstáculos encaminados a dificultar el pronunciamiento de la sentencia acerca de la cuestión de fondo, y así obstaculizar la actuación de lo que constituye la razón misma de ser de la jurisdicción como tal.

• Que pensar lo contrario, implicaría hacer inasequibles para el justiciable las normas que regían su actuación, lejos de ser una herramienta para impartir justicia, y peor aún sería, hacer uso de ellas, con base en rigorismos exacerbados carentes de toda proporción y razonabilidad jurídica o tecnicismos y obstáculos procesales injustificados, que impedían un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones planteadas, habida cuenta que ello invitaría a hacer de la justicia administrativa un instrumento minado de laberintos sustantivos y procesales en detrimento del principio pro actione o favor actionis, así como del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, garantizados en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución General de la República.

• Que los parámetros convencionales en relación al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, fueron pasados por alto por la autoridad responsable, al dejar de apreciar debidamente el acto cuya nulidad se demandó por la parte quejosa, a la luz de los principios ya desarrollados de pro homine e in dubio pro actione o favor actionis, que exigían que en la jurisdicción contenciosa administrativa siempre debía prevalecer la interpretación más favorable al ejercicio del derecho de los administrados, sopesando todo tipo de obstáculos, por razón que ello reducían el acceso a una tutela judicial efectiva.

• Que del artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprendía que las solicitudes y promociones debían ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y que la falta de firma de la solicitud o promoción produciría su desechamiento de plano, siendo que en caso de falta de pago de la tarifa, el instituto requeriría al promovente, otorgándole un plazo de cinco días hábiles por única vez, para que subsanara su omisión y sólo en caso que no atendiera el apercibimiento, desecharía de plano la solicitud o promoción.

• Que del artículo 5, fracción I, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, vigente en la época en que se presentó la solicitud de registro marcario ante la demandada, se observaba que las solicitudes o promociones debían presentarse ante el propio instituto o en las delegaciones de la secretaría y cumplir, entre otros requisitos, el estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares; asimismo, preveía que cuando las solicitudes o promociones no cumplieran con ese requisito, el instituto requeriría a los solicitantes o promoventes para que dentro de un

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25320-69333124/propiedad-industrial-las-solicitudes-o-promociones-del-interesado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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