INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE EL JUEZ FIJARÁ LA SANCIÓN TENIENDO EN CUENTA "LOS ANTECEDENTES PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO", ES INCONVENCIONAL.
AMPARO DIRECTO 121/2014. 26 DE JUNIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ HERIBERTO PÉREZ GARCÍA. SECRETARIO: EDUARDO JAVIER SÁENZ TORRES.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Del estudio de los conceptos de violación.
Resulta infundado el motivo de disenso hecho valer, pero en suplencia de la queja habrá de otorgarse para efectos el amparo al quejoso ********** o ********** o **********, no así al diverso agraviado **********.
Cierto, los quejosos reclaman la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil once, emitida dentro del toca penal **********, por la Sexta Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En esa resolución se les condenó a nueve años y tres días de prisión, así como al pago de una multa de doscientas siete cuotas, equivalente a diez mil setecientos cincuenta y tres pesos con sesenta y cinco centavos, al considerárseles responsables en la comisión de los delitos de:
• Robo calificado ejecutado con violencia;
• Robo ejecutado con violencia, y
• Daño en propiedad ajena.
Ahora bien, los artículos 364, 371 y 374, fracción VIII, estipulan:
"Artículo 364. Comete el delito de robo: el que se apodere de una cosa mueble, ajena, sin el consentimiento de quien tenga derecho a disponer de ella."
"Artículo 371. Si el robo se ejecuta con violencia, a la pena que corresponda por delito de robo se agregarán de seis meses a doce años de prisión.
"Si la violencia constituye otro delito, se aplicarán las reglas del concurso.
"La violencia de las personas se distingue en física o moral.
"Se entiende por violencia física en el robo, la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona.
"Hay violencia moral cuando el ladrón amague o amenace a una persona con un mal grave, presente e inminente, capaz de intimidarlo."
"Artículo 374. Además de la pena que le corresponda por el robo, se aplicarán al delincuente de dos a seis años de prisión, en los siguientes casos:
"...
"VIII. Cuando el robo se cometa en el interior de una unidad de servicio público de transporte de pasajeros o de cualquiera que preste un servicio similar. ..."
Del primero de esos preceptos legales, la autoridad responsable advirtió los siguientes elementos constitutivos del delito de robo:
• Una acción de apoderamiento;
• Que la misma se realice respecto a una cosa mueble y ajena, y
• Que dicha acción se ejecute sin el consentimiento de quien tenga derecho a disponer de ella.
Asimismo, consideró que conforme al artículo 371 del Código Penal del Estado, se elevará la pena por el delito de robo, al que lo ejecute con violencia física o moral; y que en términos del numeral 374, fracción VIII, del mismo ordenamiento legal, se incrementará la sanción privativa de libertad, entre otros supuestos, cuando el robo se cometa en el interior de una unidad de servicio público de transporte de pasajeros o de cualquiera que preste un servicio similar.
Por otra parte, el artículo 402 del Código Penal del Estado dice:
"Artículo 402. Cuando por cualquier medio se cause daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de tercero, se aplicará la sanción de robo simple."
Del anterior numeral, la responsable desprendió los siguientes elementos constitutivos del ilícito de daño en propiedad ajena:
• Que se cause un daño, destrucción o deterioro de una cosa;
• Que dicho resultado recaiga en cosa ajena al activo o propia en perjuicio de un tercero; y
• Que dicha conducta se realice por cualquier medio.
Esos delitos y la responsabilidad penal de los quejosos en su comisión, atinadamente se tuvieron por demostrados con las pruebas siguientes:
I. Declaración ministerial del quejoso **********, en la que sustancialmente manifestó que el veintinueve de junio de dos mil nueve, estaba ebrio y drogado con su hermano **********, pero se les acabó el dinero y decidieron robar para conseguir, por lo cual se dirigieron a la calle Unidad Magisterial, colonia **********, y aproximadamente a las veinte horas abordaron un camión urbano de la ruta 312, donde observaron a un muchacho que iba escuchando música en su teléfono celular, a quien su hermano se acercó y amagó con un cuchillo, mientras él lo desapoderaba del teléfono celular y setecientos pesos en efectivo.
Que al día siguiente, treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas, su hermano y él se dirigieron nuevamente a la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, donde abordaron un camión urbano de la ruta 312, en el que amagaron al chofer, su hermano con un cuchillo casero y él con una navaja tipo "exacto", luego ambos tomaron el dinero en efectivo que llevaba el conductor.
Agregó, que ese mismo día, treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas con cuarenta minutos, al encontrarse ambos nuevamente en la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, abordaron un diverso camión urbano de la ruta 312, en el que su hermano golpeó con el puño cerrado al chofer en el rostro y él lo amagó con un cuchillo, desapoderándolo aproximadamente de mil pesos.
Que ese mismo día, treinta de junio de dos mil nueve, alrededor de las catorce horas con cincuenta minutos, regresaron a la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, donde esperaron otro camión de la ruta 312, pero cuando pasó no se detuvo, por lo cual se molestaron y le lanzaron piedras a las ventanas.
Por último, mencionó que ese mismo día, treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las quince horas, su hermano y él se dirigieron a la colonia La Alianza, donde abordaron otro camión urbano de la ruta 312 y, al encontrarse otra vez a la altura de la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, su hermano amagó con un cuchillo al chofer y él lo golpeó con el puño cerrado, luego se apoderó del dinero en efectivo que llevaba.
II. Declaración ministerial del quejoso ********** o ********** o **********, en la que sustancialmente manifestó que el veintinueve de junio de dos mil nueve estaba ebrio y drogado con su hermano **********, y decidieron robar, por lo cual se dirigieron a la colonia **********, y aproximadamente a las veinte horas abordaron un camión urbano de la ruta 312, donde observaron a un muchacho que iba escuchando música en su teléfono celular, a quien se acercó y amagó con un cuchillo, mientras su hermano lo desapoderaba del teléfono celular y setecientos pesos en efectivo.
Que al día siguiente, treinta de junio de dos mil nueve, querían consumir nuevamente droga, por lo cual decidieron robar y se dirigieron a la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, donde abordaron un camión urbano de la ruta 312, en el que amagaron al chofer, él con un cuchillo casero y su hermano con una navaja tipo "exacto", luego ambos tomaron el dinero en efectivo que llevaba el conductor, siendo alrededor de mil doscientos pesos.
Agregó, que ese mismo día, treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas con cuarenta minutos, al encontrarse ambos nuevamente en la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, abordaron un diverso camión urbano de la ruta 312, en el que golpeó con el puño cerrado al chofer en el rostro y su hermano lo amagó con un cuchillo, desapoderándolo del efectivo que tenía.
Que ese mismo día, treinta de junio de dos mil nueve, alrededor de las catorce horas con cincuenta minutos, regresaron a la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, donde esperaron otro camión de la ruta 312, pero cuando pasó no se detuvo, por lo cual se molestaron y le lanzaron piedras a las ventanas.
Por último, mencionó que ese mismo día, treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las quince horas, su hermano y él se dirigieron a la colonia La Alianza, donde abordaron otro camión urbano de la ruta 312 y, al encontrarse otra vez a la altura de la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, amagó con un cuchillo al chofer y su hermano lo golpeó con el puño cerrado en el rostro, luego éste se apoderó del dinero en efectivo que llevaba el chofer.
Declaraciones que se catalogaron como confesiones, en términos de los artículos 219, fracción I, 222, 223, 310 y 311 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al considerarse que los declarantes eran personas mayores de edad, capaces de querer y entender, con pleno conocimiento de la causa, quienes manifestaron hechos propios y en su contra ante la autoridad investigadora, asistidos por defensor oficial, aunado a que no existía dato alguno que demostrara que hubieren sido incomunicados, intimidados, torturados o coaccionados de cualquier otra forma.
III. Denuncia del menor **********, en la que, en lo que importa, mencionó que el veintinueve de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las veinte horas, mientras viajaba en el camión urbano de la ruta 312, por una calle de la colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, dos sujetos que al parecer estaban drogados se le acercaron, uno le colocó un cuchillo a la altura de las costillas y otro le arrebató su celular marca Motorola, así como setecientos pesos en efectivo.
IV. Denuncia de **********, en la que, en lo que interesa, señaló laborar en la ruta 312 y tener asignado el microbús número 21, y que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas, al circular por la avenida ********** se subieron los ahora quejosos, momento en el que ********** sacó un cuchillo y le dijo "caite con la feria" y ********** sacó una navaja tipo "cúter", luego ambos se apoderaron del dinero que llevaba, siendo alrededor de mil doscientos pesos.
V. Denuncia de **********, en la que medularmente expresó laborar en la ruta 312 y tener asignado el microbús número 2, y que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas con cuarenta minutos, al circular por la avenida ********** se subieron los ahora quejosos, luego ********** lo golpeó con su mano en la boca y ********** lo amenazó con una especie de "puntilla", momento en el que ********** tomó el dinero que traía, siendo alrededor de mil pesos.
VI. Denuncia de **********, en la que fundamentalmente indicó laborar para la ruta 312 y tener asignado el microbús número 27, y que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas con cincuenta minutos, al estar trabajando observó a los ahora quejosos cuando le solicitaban que los abordara, pero una señora le refirió que momentos antes habían asaltado otra ruta, motivo por el que no se detuvo y los agraviados le lanzaron piedras, las cuales quebraron varias ventanas del automotor.
VII. Denuncia de **********, en la que sustancialmente expuso laborar en la ruta 312 y tener asignado el microbús número 10, y que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las quince horas, los ahora quejosos abordaron la citada unidad de transporte urbano y sacaron objetos punzocortantes, pidiéndole que les diera el dinero, razón por la que les entregó alrededor de mil doscientos pesos.
Denuncias a las que se otorgó valor probatorio en términos de los artículos 128, 219, fracción V, 275, 310 y 323 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al estimarse que a los declarantes les constaban personalmente los hechos sobre los que declararon, sus declaraciones eran claras y precisas, sin dudas ni reticencias, y no se advertía dato alguno que demostrara que hubiesen sido obligados a declarar por la fuerza o miedo, o impulsados por engaño, error o soborno.
VIII. Declaración de **********, en la que, en esencia, expresó laborar en la ruta 312 y que el veintinueve de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las veinte horas, llevaba entre quince y veinte pasajeros, cuando a la altura de la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, los ahora quejosos abordaron el camión y rodearon a un joven que iba de pasajero, a quien amagaron con un cuchillo y lo desapoderaron de un teléfono celular y varios billetes.
Testimonio al que se confirió valor demostrativo en términos de los artículos 219, fracción V, 275, 310 y 323 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al considerarse que el declarante era una persona mayor de edad, capaz de juzgar los hechos sobre los que declaró, los cuales le constaban personalmente; además de que su declaración era clara y precisa, sin dudas ni reticencias, y no existía dato alguno que demostrara que hubiese sido obligado a declarar por fuerza o miedo, o impulsado por engaño, error o soborno.
IX. Declaraciones de Juan Alejandro Arrambide Olivares y Jonathan Roberto Rodríguez Murillo, policías de General Escobedo, Nuevo León, en las que esencial y coincidentemente manifestaron que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las dieciséis horas, ********** los interceptó en la colonia ********** y les expresó que minutos antes había sido robado por los quejosos, razón por la que se abocaron a la búsqueda de dichos sujetos y los encontraron en la calle de Unidad Agraria y la avenida Unidad, alrededor de las cuatro horas con cinco minutos, encontrándole a uno de ellos una navaja tipo "exacto" y al otro un cuchillo con mango color café.
X. Declaraciones de Eloy Ortega Ibarra y Juan Francisco Limón Gámez, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en las que se concretaron a reseñar lo que les manifestaron los quejosos durante su detención.
XI. Declaración de **********, apoderado legal de "Unión de Permisionarios Ruta 312, Sociedad Civil", en la que hizo suya la denuncia formulada por **********.
Testimonios a los que se otorgó valor probatorio en términos de los artículos 324 y 325 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al considerarse que, si bien a los declarantes no les constaban de manera personal los hechos atribuidos a los sujetos activos, lo cierto era que aportaban datos sucesivos a los eventos delictivos. Además, se estimó que el último justificó debidamente su carácter de apoderado legal de la empresa afectada.
XII. Diligencia de inspección ministerial de uno de julio de dos mil nueve, en la que se hizo constar la existencia de un cuchillo con mango de madera color café y una navaja tipo "exacto" con empuñadura de plástico color naranja.
XIII. Diligencias de inspección ministerial de uno de julio de dos mil nueve, en las que se hizo constar la existencia de los camiones relativos a la ruta 312, con números económicos 2, 21 y 10. Asimismo, se precisó que el camión con número económico 21 presentaba los siguientes daños: (1) ventana del lado derecho estrellada; (2) ventana de la puerta trasera quebrada; (3) ventana de la parte trasera estrellada y (4) vidrio parabrisas quebrado.
Inspecciones a las que se les confirió valor probatorio en términos de los artículos 219, fracción IV, 310, 321 y 322 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al considerarse que fueron practicadas con los requisitos de ley.
XIV. Dictamen de valuación de daños elaborado por Ubaldo Vázquez Rodríguez, perito adscrito a la Dirección de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que concluyó que los daños ocasionados al microbús afecto tenían un costo de reparación de cinco mil trescientos pesos.
Experticia a la que se le confirió valor demostrativo conforme a los artículos 219, fracción III, 239 y 319 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al estimarse que la persona que lo emitió contaba con conocimientos necesarios para ello, dado su carácter de perito en el área de valuación.
Medios de convicción que correctamente llevaron a la responsable a tener por demostrados los delitos motivo de la acusación, como la responsabilidad de los quejosos en su comisión.
Así es, la autoridad responsable de manera acertada concluyó que ese material probatorio ponía de manifiesto que el veintinueve de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las veinte horas, en el interior de una unidad de transporte urbano (ruta 312), los quejosos desapoderaron al menor ********** de setecientos pesos en efectivo y un celular marca Motorola K1, color negro, para lo cual uno de ellos lo amagó con un cuchillo.
Asimismo, que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas, los quejosos abordaron el camión urbano con el número económico 21 de la ruta 312, en el cual amagaron con un cuchillo al chofer ********** y lo desapoderaron de mil doscientos pesos en efectivo.
Igualmente, que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas con cuarenta minutos, los quejosos abordaron el diverso camión urbano con el número económico número 2 de la ruta 312, en el cual golpearon al chofer **********, lo amagaron con un cuchillo y lo desapoderaron de mil pesos.
De igual manera, el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas con cincuenta minutos, en la avenida Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, los quejosos arrojaron piedras al camión urbano con el número económico 27 de la ruta 312, razón por la que le causaron daños en las ventanas.
Por último, que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las quince horas, los quejosos abordaron el camión urbano con número económico 10 de la ruta 312, en el que amagaron con objetos punzocortantes al chofer ********** y lo desapoderaron de mil doscientos pesos.
Hechos constitutivos de los delitos de robo y daño en propiedad ajena; el primero ejecutado con violencia física y moral, en tanto que los quejosos amagaron con armas punzocortantes a los pasivos, además de golpear a uno de ellos.
Asimismo, se considera acertado que se tuviera por acreditada la calificativa prevista en el artículo 364, fracción VIII, del Código Penal del Estado, en tanto que el robo perpetrado contra ********** se cometió en el interior de una unidad de servicio público de transporte de pasajeros.
Luego, en preparatoria, los quejosos omitieron verter declaración; sin embargo, como bien lo consideró la responsable, esa actitud pasiva no les beneficia ni les perjudica, sólo constituye el uso de un derecho constitucional consagrado a su favor.
Ahora bien, como único concepto de violación, los quejosos alegan que existió detención prolongada en su perjuicio, por lo que debe demeritarse su confesión ministerial.
Resulta infundado lo anterior.
En efecto, de autos consta que la detención de los quejosos se verificó a las dieciséis horas con cinco minutos del treinta de junio de dos mil nueve, así como que fue puesto a disposición del Ministerio Público en General Escobedo, Nuevo León, a las veintidós horas con siete minutos de la propia data; por lo que transcurrieron alrededor de seis horas entre ambos momentos.
Sin embargo, se estima que ese tiempo que duró la detención antes de ser puestos a disposición de la autoridad investigadora, fue el racionalmente necesario, en atención a las circunstancias propias del caso.
Cierto, debe ponderarse que durante la detención se acercaron vecinos con los policías preventivos, quienes les manifestaron los asaltos que habían sufrido por parte de los detenidos; luego, se les informó a aquéllos el procedimiento a seguir para denunciar los robos que decían.
Después, los policías preventivos llevaron a los detenidos a practicarles el examen médico correspondiente, el cual se verificó a las dieciséis horas con treinta minutos, por parte del médico de guardia de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de General Escobedo, Nuevo León.
Seguidamente, los pusieron a disposición del Juez calificador en turno de aquella localidad, quien tuvo que recibir la versión de los policías y los afectados, para posteriormente elaborar el parte informativo y ponerlos a disposición del fiscal investigador, lo cual se concretó a las veintidós horas con siete minutos.
Esas acciones, sin duda, conllevan su tiempo a fin de entregar datos suficientes y bastos al Ministerio Público, junto con los detenidos, que faciliten la integración de la averiguación previa.
Así es, el examen médico sirve para justificar el estado físico de los detenidos en que se entregan al Ministerio Público; en tanto, el parte informativo suscrito por el Juez calificador facilita al fiscal la comprensión de los hechos que se atribuyen a los sujetos, pues se concreta el evento que se les reprocha.
En esas condiciones, se estima que el tiempo que duró la retención de los agraviados antes de ser puestos a disposición de la autoridad investigadora, fue el racionalmente necesario, en atención a las circunstancias propias del caso.
No pasa inadvertido que el agente del Ministerio Público de General Escobedo, Nuevo León, posteriormente puso a los detenidos a disposición del diverso fiscal investigador especializado en robos, con sede en Monterrey, concretamente a las once horas con veinte minutos del uno de julio de dos mil nueve; sin embargo, de modo alguno puede considerarse esta última hora, como lo pretenden los quejosos, como el momento en que fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora, pues lo cierto es que desde antes estaban a disposición de la fiscalía, la que incluso recabó distintos medios de convicción, pero presumiblemente por cuestión de especialidad, luego remitió la indagatoria a su homólogo de esta ciudad.
De ahí lo infundado del concepto de violación.
Incluso, otro motivo para no desestimar la confesión ministerial es que ésta encuentra plena corroboración con las denuncias de los pasivos, al igual que con las diligencias de inspección practicadas sobre los objetos punzocortantes que se les localizaron; de modo que la autoridad responsable actuó con apego a derecho al otorgarles valor probatorio.
Así las cosas, es incuestionable que los apartados de delitos y responsabilidad resultan respetuosos de los derechos fundamentales de los agraviados, sin que al respecto se hayan hecho valer diversos conceptos de violación.
Por otra parte, debe decirse que la clasificación de los delitos ningún perjuicio causa a los quejosos, toda vez que se les sancionó con las penas mínimas aplicables; esto es, en términos del artículo 367, fracción I, del Código Penal del Estado.
En otro aspecto, la responsable actuó acertadamente al tener por actualizado un concurso real de delitos, de acuerdo con los artículos 36 y 76 del Código Penal del Estado, bajo el argumento de que los quejosos cometieron ilícitos en actos distintos, en los que no se ha pronunciado sentencia ejecutoria y no está prescrita la acción para perseguirlos.
En efecto, los artículos 36 y 37 del Código Penal del Estado estatuyen:
"Artículo 36. Hay concurso real o material cuando se cometen varios delitos en actos u omisiones distintos, si no se ha pronunciado antes sentencia ejecutoriada y la acción para perseguirlos no está prescrita."
"Artículo 37. Hay concurso ideal o formal, cuando con una sola conducta se violan varias disposiciones penales conexas que señalen sanciones diversas, o varias veces una disposición penal de idéntico contenido."
De los anteriores preceptos legales, se advierte que existe concurso real cuando se cometen varios delitos en actos u omisiones distintos, siempre y cuando no se haya pronunciado antes sentencia ejecutoriada y la acción para perseguirlos no esté prescrita; en tanto, hay concurso ideal cuando con una sola conducta se violan varias disposiciones penales conexas que señalen sanciones diversas, o varias veces una disposición penal de idéntico contenido.
Ahora bien, en la especie, se sentenció a los quejosos porque en actos distintos robaron diversas unidades de transporte urbano y a un pasajero, además de dañar una de ellas al arrojarle piedras; hechos que configuran los delitos de daño en propiedad ajena y robo.
De lo que se sigue que los agraviados cometieron cada delito mediante una acción distinta, pues los robos se ejecutaron en circunstancias de tiempo, modo y lugar distintas, y los daños ocasionados a ********** de pasajeros no fue el medio para ejecutar alguno de esos robos, sino que resultó independiente.
En otras palabras, al cometer uno de los delitos bien pudieron abstenerse de ejecutar el otro, pues no son una consecuencia necesaria del primero.
En lo que corresponde a las sanciones impuestas al quejoso **********, de nueve años y tres días de prisión, así como multa de doscientas siete cuotas, equivalentes a diez mil setecientos cincuenta y tres pesos con sesenta y cinco centavos, se consideran ajustadas a derecho, al resultar acordes al grado de culpabilidad que le fue determinado, entre la mínima y la media con tendencia a la primera, pues éste es correcto.
Cierto, después de ponderar los parámetros que contiene el artículo 47 del Código Penal del Estado de Nuevo León y de analizar los agravios sobre la graduación realizada por el Juez de Primera Instancia, la responsable estimó como atenuantes de **********, las siguientes:
1. Que es una persona joven;
2. Que es obrero;
3. El carácter de primo-delincuencia;
4. Que confesó los hechos.
Asimismo, estableció como agravantes de **********:
1. Su afección a las bebidas embriagantes y las drogas;
2. Que pudo lesionar a algún pasajero del camión urbano al que lanzó piedras;
3. La superioridad numérica para cometer los robos.
En ese tenor, los aspectos señalados por el Magistrado responsable, lo llevaron a concluir correctamente que el quejoso ********** tenía un grado de culpabilidad entre la mínima y la media con tendencia a la primera, por lo que se decidió que las penas a imponerle por la comisión de los delitos en estudio eran de nueve años y tres días de prisión, así como multa de doscientas siete cuotas, equivalentes a diez mil setecientos cincuenta y tres pesos con sesenta y cinco centavos.
Cierto, se le impusieron siete meses y veintiséis días de prisión, así como multa de cuarenta y tres cuotas, respecto al delito de robo cometido en perjuicio del menor **********, estimado como ilícito de mayor entidad; pena privativa de libertad que se aumentó en un año, dos meses y dieciocho días, a raíz de la violencia moral, así como dos años y tres meses con motivo de la calificativa prevista en el artículo 374, fracción VIII, del Código Penal del Estado, lo que dio un total de cuatro años, un mes y catorce días de prisión, así como multa de cuarenta y tres cuotas.
Asimismo, se le impusieron seis meses y veintiocho días de prisión, así como multa de cuarenta y un cuotas, respecto al delito de robo cometido en perjuicio de la persona moral denominada "Unión de Permisionarios Ruta 312, Sociedad Civil", el cual fuera denunciado por **********; pena privativa de libertad que por la violencia se aumentó en diez meses y nueve días, lo que dio un total de un año, cuatro meses y veintisiete días de prisión.
Igualmente, se le impusieron seis meses y veintiocho días de prisión, así como multa de cuarenta y un cuotas, respecto al delito de robo cometido en perjuicio de la persona moral denominada "Unión de Permisionarios Ruta 312, Sociedad Civil", el cual fuera denunciado por **********; pena privativa de libertad que por la violencia se aumentó en diez meses y nueve días, lo que dio un total de un año, cuatro meses y veintisiete días de prisión.
De la misma forma, se le impusieron seis meses y veintiocho días de prisión, así como multa de cuarenta y un cuotas, respecto al delito de robo cometido en perjuicio de la persona moral denominada "Unión de Permisionarios Ruta 312, Sociedad Civil", el cual fuera denunciado por **********; pena privativa de libertad que por la violencia se aumentó en diez meses y nueve días, lo que dio un total de un año, cuatro meses y veintisiete días de prisión.
Por último, se le impusieron seis meses y veintiocho días de prisión, así como multa de cuarenta y un cuotas, respecto al delito de daño en propiedad ajena cometido en perjuicio de la persona moral denominada "Unión de Permisionarios Ruta 312, Sociedad Civil".
En consecuencia, resulta acertada la determinación de la responsable de imponer las penas a **********, de nueve años y tres días de prisión, así como multa de doscientas siete cuotas, equivalentes a diez mil setecientos cincuenta y tres pesos con sesenta y cinco centavos.
En cambio, en cuanto al quejoso ********** o ********** o **********, la autoridad responsable estableció que debían subsistir como atenuantes:
a) Su joven edad;
b) Que es obrero;
c) Que confesó los hechos.
Mientras que como agravantes señaló como tal:
1) Su afección a las bebidas embriagantes y las drogas;
2) Que cuenta con antecedentes penales;
3) Que pudo lesionar a algún pasajero del camión urbano que dañó;
4) Su superioridad numérica para ejecutar los robos.
Así, ponderando las circunstancias atenuantes y agravantes detectadas, la responsable le determinó un grado de culpabilidad entre la mínima y la media con tendencia a la primera, por lo que le impuso nueve años y tres días de prisión, así como multa de doscientas siete cuotas, equivalentes a diez mil setecientos cincuenta y tres pesos con sesenta y cinco centavos.
Sin embargo, a juicio de este Tribunal Colegiado, no es dable tener como agravante en perjuicio del reo, la circunstancia de que hubiese sido sentenciado con anterioridad a los hechos que motivaron la causa de donde deriva el acto reclamado, de acuerdo a los siguientes razonamientos.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1562/2011, luego de realizar una interpretación de los artículos 1o., 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arribó al convencimiento de que los derechos protegidos en las disposiciones citadas permiten concluir que el "derecho penal del acto" es el modelo protegido por nuestra Constitución.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25334-9347a73c/individualizacion-de-la-pena-el-articulo-47-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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