INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA EN DELITOS CULPOSOS. LA GRADUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA CULPA DEBE SITUARSE EN UN PUNTO QUE OSCILE DE LEVE A GRAVE PASANDO POR UNO MEDIANAMENTE GRAVE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).
AMPARO DIRECTO 330/2013. 14 DE NOVIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE ENRIQUE EDEN WYNTER GARCÍA. SECRETARIO: LUIS ARMANDO COAÑA Y POLANCO.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Estudio de fondo: Los conceptos de violación que vierte **********, son infundados, inatendibles y fundados, estos últimos, suplidos en su deficiencia como autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, según pasa a exponerse.
Constituye materia de reclamo en este amparo, la sentencia de segundo grado que la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán pronunció en el toca **********, relativo al recurso de apelación que el hoy quejoso interpuso para impugnar el fallo condenatorio pronunciado en el proceso incoado en su contra como penalmente responsable de daño en propiedad ajena (2) y lesiones (2) cometidos en forma culposa con motivo del tránsito de vehículos.
En la sentencia materia de reclamo, el tribunal de alzada responsable confirmó el sentido condenatorio del fallo apelado, modificándolo sólo en cuanto al pago a la indemnización a ********** (a quien igualmente se nombró en la causa penal como ********** o **********), por la pérdida del falange distal del primer ortejo (dedo) del pie izquierdo, cuyo monto redujo de treinta y siete mil novecientos cuarenta y uno mil pesos con setenta y cinco centavos ($37,941.75), a tres mil setecientos noventa y cuatro pesos con diecisiete centavos ($3,794.17), quedando firmes por ende las sanciones impuestas referentes a cinco meses y diecisiete días de prisión, trece días-multa, equivalentes a seiscientos cuarenta y tres pesos con cincuenta centavos ($643.50), el pago de la reparación por los daños materiales y las lesiones producidas y la amonestación.
Del análisis a las constancias del proceso penal de origen se obtiene que la conducta culposa atribuida al hoy impetrante **********, consistió en que aproximadamente a las **********, violó el deber de cuidado que personalmente le incumbía como conductor del vehículo que transportaba personas, marca "**********", modelo **********, tipo **********, color ********** y placas de circulación ********** del Estado de **********, pues al estar transitando de noreste a suroeste sobre el carril de circulación de la carretera estatal **********-********** (de 2 carriles útiles de circulación), y llegar a la altura del kilómetro 10+800, perdió el control del vehículo, debido al exceso de velocidad con el que conducía, e invadió el carril opuesto de circulación de la misma carretera, lo que ocasionó que colisionara con el camión de transporte de pasajeros marca "**********", tipo **********, modelo **********, y placas de circulación ********** del servicio público federal, que transitaba en sentido opuesto, lo que produjo alteraciones en la salud que dejaron huella material en la humanidad de ********** y de **********, y daños materiales en ambos vehículos.
Pues bien, contrario a lo que se alega en los conceptos de violación, en el dictado de la resolución reclamada se advierte una correcta valoración de los elementos de prueba que conforman el sumario penal de origen, pues justipreciados conforme a las reglas que sobre el particular prevé el Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, demuestran en su integridad el delito culposo que produjo daño en propiedad ajena (2) y lesiones (2), previsto por los artículos 350, párrafo primero y 357, en relación con el 9, todos del Código Penal de esa entidad, vigente en la época del evento (enero de 2008), que dicen:
"Artículo 350. Cuando por cualquier medio distinto de los anteriores, se causen daños, destrucción o deterioro de cosa ajena o de cosa propia en perjuicio de tercero, se impondrán las sanciones del robo simple ... .
"..."
"Artículo 357. Para los efectos de este código, bajo el nombre de lesión se comprenden, no solamente las heridas, excoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones y quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si estos efectos son producidos por una causa externa."
"Artículo 9. Obra culposamente quien no provee el cuidado posible y adecuado para no producir o, en su caso evitar, la posible lesión típica del bien jurídico."
Como se advierte, un delito causado por imprudencia o a título de culpa se actualiza cuando la acción u omisión desprovista de cuidado constituye el factor determinante para la producción del daño causado; es decir, se requiere demostrar que el agente produjo el resultado típico previsto en la norma penal, por haber incurrido en imprevisión de lo que humanamente es previsible (falta de reflexión, negligencia, falta de cuidado e imprudencia).
En efecto, al apreciarse los datos de convicción en que se apoyó la Sala mixta responsable para sustentar el sentido condenatorio de la sentencia reclamada, se advierte que en su conjunto patentizan que el resultado típico que se atribuye al quejoso fue producto de una acción desprovista de cuidado de su parte como conductor de un vehículo automotor que transportaba personas.
Es cierto, como adujo la Sala responsable, las contusiones en el tercio proximal del brazo derecho y cara anterior de la rodilla derecha, así como la pérdida del falange distal del primer dedo del pie izquierdo, de las querellantes ********** y **********, y los daños materiales a los vehículos marca "**********", modelo **********, tipo ********** y placas de circulación ********** del Estado de **********, y marca "**********", tipo **********, modelo **********, y placas de circulación **********, como se obtiene de los certificados relativos al examen de integridad física realizados a las nombradas ofendidas por dos galenos del Servicio Médico Forense de la entonces denominada Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán (fojas 43, 75, 120 y 246 del expediente de la causa penal de origen), así como de las inspecciones ministeriales practicadas a esos vehículos (foja 12), fueron producto de la acción desprovista de cuidado desplegada por el aquí quejoso, según el parte de tránsito terrestre, suscrito por un perito en la materia de la Secretaría de Seguridad Pública de la misma entidad (fojas 2 a 4), así como la querella que la nombrada ********** formuló ante la autoridad investigadora, en la que dijo que aproximadamente a las ********** viajaba en el interior del camión marca "**********", color ********** y placas de circulación **********, que sirve de transporte al personal que labora en la fábrica de costura denominada "**********", que transitaba sobre la carretera estatal **********-********** con rumbo a este último poblado, y al aproximarse al kilómetro 10+800, el conductor del vehículo ********** (quejoso) perdió el control del camión e invadió el carril opuesto de circulación, colisionando con el camión marca "**********", color blanco y placas de circulación **********, lo que ocasionó se lesionara (fojas 39 y 40) y la querella de ********** quien reiteró la versión anterior, añadiendo que el quejoso conducía con exceso de velocidad y que dejó el volante del camión antes de la colisión (fojas 71 y 72); manifestaciones que están robustecidas con las diligencias en las que la autoridad ministerial constató la existencia de las lesiones ocasionadas a las nombradas ofendidas ********* y ********* (fojas 40 y 72), con las querellas formuladas por propietarios de los vehículos dañados ********** (a través de su gerente general) y ********** (fojas 23, 24, 49 y 50); con los testimonios vertidos ante la autoridad ministerial por ********** y **********, quienes de manera coincidente señalaron las circunstancias de tiempo, modo y ejecución del hecho imputado, que conocieron directamente como pasajeros del camión que conducía el hoy impetrante (fojas 80, 81, 83 y 84), así como con la declaración preparatoria del ahora quejoso, en la que, asistido de un defensor de oficio, expuso ante el Juez de la causa que el día del evento delictivo sí condujo el camión marca "**********", color **********, pero no con exceso de velocidad, y que todo se debió a que trató de eludir una bicicleta de la que no se percató porque ésta no llevaba "reflejantes", y porque el camión con el que colisionó transitaba con luces altas, y que al frenar para evitar la bicicleta, el volante lo jaló hacia su izquierda invadiendo el carril contrario de circulación (fojas 157 y 158), de la que se colige que fue el ahora inconforme quien invadió la vía de preferencia en la que transitaba el vehículo marca "**********", color blanco y placas de circulación **********.
Circunstancias de realización que, aunadas a las diligencias de careos que el quejoso sostuvo con la ofendida ********** (fojas 292, 293) y con los testigos de cargo ********** y ********** (fojas 295 a 299), en las que tanto aquélla como éstos ratificaron sus primigenias declaraciones, justifican el nexo de causalidad entre la conducta culposa desplegada por el ahora impetrante y los daños resultantes, estimándose aptas para concluir que la conducta que desplegó encuadra en el marco de ilicitud establecido en la descripción típica contenida en la norma punitiva que la prevé, pues se reitera, en su conjunto hacen prueba plena y demuestran en su integridad la materialidad del injusto imprudencial de que se trata, como la directa intervención del ahora impetrante ********** en su ejecución.
Así las cosas, es incuestionable que el cuadro procesal conformado con los medios de convicción reseñados, debidamente entrelazados, permite concluir que el accidente de mérito fue producto de una conducta desprovista de cuidado de parte del ahora quejoso como conductor de un vehículo motorizado en una vía pública y, por ende, que ocasionó lesiones a dos personas y daños materiales a dos vehículos; lo cual sirve de base legal para sostener el fallo condenatorio reclamado.
En el contexto anotado, contrario a lo que el quejoso afirma, no se conculcó en su perjuicio ninguno de los derechos fundamentales que invoca, en la medida en que el proceso penal se siguió correctamente por todas sus fases procesales y se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que fue llamado desde la averiguación previa; estuvo asistido jurídicamente; tuvo oportunidad de ofrecer medios probatorios y también la Sala responsable observó los principios reguladores de valoración de pruebas, dado que apreció y justipreció debidamente el material convictivo aportado a la causa penal de origen, e igualmente precisó las razones y motivos que adecuan la conducta que desplegó en la hipótesis legal considerada como típica en la legislación punitiva aplicable, con lo cual, en ese solo aspecto, el acto reclamado se fundó y motivó adecuadamente, pues en ese sentido, la aludida responsable ajustó su quehacer a las regulaciones adjetivas del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán.
Así las cosas, los datos del sumario reseñados, analizados y entrelazados, conducen a determinar, sin prueba en contrario, que con desacato del deber jurídico impuesto en la norma penal, ********** violó el deber de cuidado que personalmente le incumbía como conductor de un vehículo automotor.
Sin que obste en contrario que en su declaración preparatoria, en la que admitió haber conducido el vehículo que intervino en el evento delictivo, haya introducido elementos dirigidos a excluir la responsabilidad en la que incurrió, tales como que el siniestro ocurrió porque trató de eludir una bicicleta de la que no se percató porque ésta no llevaba "reflejantes", y porque el camión con el que colisionó transitaba con luces altas, pues se torna en una versión defensiva aislada que, al estar contradicha con otros medios de prueba que incriminan su conducta y logran acreditar en la causa la antijuricidad del hecho y la culpa de su parte, carecen de eficacia demostrativa.
Por tanto, la manifestación de rechazo en su directa responsabilidad en el delito, no permite dar el alcance jurídico que el quejoso pretende en el sentido de estimar que existe insuficiencia probatoria, pues contrario a ello, el conjunto de los datos que obran en la causa penal de origen conducen a la certeza de las imputaciones hechas: aunado a que el impetrante soslaya que en materia penal no existe compensación de culpas y, por tanto, la culpa ajena no exonera la propia; de ahí que, los datos que introdujo en su declaración preparatoria, no pueden constituir una causa que lo excluya del reproche penal al imputado.
Sin que pasen inadvertidas las declaraciones testimoniales de ********** y de **********, quienes ante el Juez natural refirieron que un día antes del accidente de que se viene hablando (29 de enero de 2008) escucharon que el quejoso informó, a quien aparentemente suponen era el dueño del camión que condujo, que no servían los frenos ni las luces (fojas 261, 262 y 274); habida cuenta que no pueden generar convicción para excluir la plena responsabilidad del impetrante del amparo en el hecho que se le imputa, ya que omiten proporcionar elementos que justifiquen que el oferente observó el deber de cuidado al que estaba obligado como conductor del autobús -que es en sí lo que se tornaría favorable a su defensa- y, por el contrario, el hecho de que este último vehículo hubiere tenido los desperfectos mecánicos a que alude, sólo corrobora que el activo procedió con negligencia al conducirlo en una vía pública y con personas a bordo en tales condiciones.
En diverso concepto de violación, ********** refiere que el dictamen pericial en materia de valuación no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 149 del código de enjuiciamiento penal de la entidad, pues no es dable considerar que los peritos valoraron debidamente los deterioros causados a los vehículos involucrados en el hecho de tránsito, ya que omitieron relacionar las operaciones que practicaron siendo un dictamen dogmático, actualizándose por ende la hipótesis de monto indeterminado que prevé el artículo 334 del Código Penal del Estado de Yucatán.
Es inatendible el alegato expuesto, en la medida en la que no fue el dictamen de evaluación que emitieron dos peritos en la materia de la entonces denominada Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán (fojas 87 y 88), el que se tuvo en cuenta en la causa penal de origen para condenar al pago de la reparación por los daños ocasionados a los vehículos marca "**********", modelo **********, tipo ********** y placas de circulación ********** del Estado de **********, y marca "**********", tipo **********, modelo **********, y placas de circulación **********, sino los presupuestos de reparación que cada uno de los afectados por tales deterioros exhibió en el proceso para acreditar el menoscabo que sufrieron en su patrimonio.
De ese modo, no podía actualizarse la figura de monto indeterminado prevista en el numeral 334 del Código Penal local, pues como ya se apuntó, el monto de los daños materiales resultantes del accidente de mérito, se determinó con base en documentos diversos que la responsable estimó aptos para fijar el monto de los gastos que deben sufragar los ofendidos por tales daños.
En consecuencia, se estima jurídicamente correcta la determinación de la Sala Colegiada Mixta responsable atinente a confirmar la condena al pago de ochenta y nueve mil setecientos setenta pesos ($89,770.00), y de cuarenta y nueve mil quinientos sesenta pesos ($49,560.00) en concepto de reparación del daño por los desperfectos materiales ocasionados a los aludidos vehículos, que el Juez a quo impuso en el fallo de primer grado en favor de los propietarios de los mismos, pues aun cuando no abundó respecto de la ponderación que realizó aquel juzgador para calificar o estimar el valor probatorio de los diversos instrumentos que versan sobre el monto del daño causado que obran en el sumario, tales como el antecitado dictamen de evaluación y los presupuestos y documentos que cada uno de los propietarios afectados exhibió al afecto, se cumple con el requisito de debida motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues materialmente hizo suya aquella ponderación cuando consignó que el Juez de origen fue atinado en su decisión, que no existe deficiencia de la defensa que suplir al respecto, y que ese juzgador consideró las disposiciones que contemplan los artículos 33 y 34 del código punitivo local (foja 80 del toca de apelación).
Lo anterior obedece a que la reclamada constituye una resolución jurisdiccional de segunda instancia en la que es jurídicamente posible tener por satisfecha la debida motivación, cuando el tribunal de apelación se pronuncia sobre los planteamientos hechos por las partes haciendo expresa referencia a otras cuestiones previamente dilucidadas, incluso en la propia sentencia primaria, pues ello dota de eficacia constitucional al acto de autoridad de segunda instancia en aras de la concisión y brevedad de sus resoluciones.
Igualmente correctas resultan la condena al pago a la reparación del daño ocasionado por las lesiones inferidas en el accidente a ********** y a **********, así como la determinación de fijar el monto en la etapa de ejecución del fallo reclamado, pues contrario a lo que alega el quejoso, ello no le irroga perjuicios, habida cuenta que se trata de una medida dirigida a asegurar de manera puntual y suficiente la protección a los derechos fundamentales de las víctimas en función de la facultad que la Carta Magna les confiere a obtener una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal, como dispuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 145/2005, publicada en la página 170 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, que dice:
"REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA. El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional."
En cuanto a la condena impuesta al hoy quejoso de pagar a ********** la cantidad de tres mil setecientos noventa y cuatro pesos con diecisiete centavos ($3,794.17), en concepto de indemnización por la pérdida del falange distal del primer ortejo (dedo) del pie izquierdo, se estima legal, pues de acuerdo al artículo 33, fracción II, del Código Penal del Estado de Yucatán, la reparación del daño también contempla a los perjuicios ocasionados a la víctima; de lo que se colige que al resolver sobre dicha reparación, de ser procedente, el Juez puede sentenciar al sujeto activo a la indemnización de los perjuicios causados de manera directa a la víctima por la comisión del delito; máxime, que dicha cantidad la redujo la Sala responsable, dado que el Juez a quo dispuso que el pago por aquel concepto sea de treinta y siete mil novecientos cuarenta y un mil pesos con setenta y cinco centavos ($37,941.75), lo que fue en beneficio del hoy quejoso.
El mencionado dispositivo legal dice:
"Artículo 33. La reparación del daño comprende:
"I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y sus frutos o, en defecto de aquélla, el pago del precio de la una y de los otros, y
"II. El resarcimiento del daño material y moral causados, así como la indemnización del perjuicio ocasionado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos médicos, psiquiátricos, de rehabilitación o de cualquier otra índole, que como consecuencia del delito sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima."
Sobre el particular tema de la indemnización, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 51/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 160 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, noviembre de 2002, con el rubro y texto siguientes:
"REPARACIÓN DEL DAÑO. COMPRENDE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS DE MANERA DIRECTA POR LA COMISIÓN DEL DELITO.-En los artículos 33, fracción II, del Código Penal para el Estado de Baja California, y 27, fracción II, del Código Penal del Estado de Campeche, se regula la figura de la reparación del daño, referida también a los perjuicios sufridos por la víctima; por lo que, conforme a estos dispositivos, al resolver sobre dicha reparación, de ser procedente, el Juez deberá sentenciar al sujeto activo a la indemnización de los perjuicios causados de manera directa a la víctima por la comisión del delito; pues de considerarse que dicha indemnización debe ser reclamada en la vía civil, se limitaría la interpretación de los mencionados preceptos legales en perjuicio de la víctima, dejándose de lado la amplia protección que el legislador pretendió darle en el proceso penal; consecuentemente, si en el delito de lesiones las infligidas al sujeto pasivo fueron de tal magnitud que impidieron el desarrollo de su actividad laboral cotidiana, dejando de percibir la remuneración correspondiente, este perjuicio resulta ser un efecto directo de la comisión del ilícito, a cuya reparación debe sentenciarse al procesado, independientemente de que en la legislación ordinaria civil de esos Estados se regulen las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, toda vez que tal regulación se dirige a una relación jurídica caracterizada por exigencias entre particulares, que podrán demandarse por la víctima cuando no desee formular querella, pero tampoco se encuentre dispuesta a absorber los daños y perjuicios derivados de la conducta ilícita; o bien, en contra de terceros que tengan el carácter de subsidiarios responsables del sujeto activo; pero que de ningún modo puede ser excluyente de la obligación que en materia penal el legislador impone al Juez y al Ministerio Público. Corrobora lo anterior, el texto vigente del artículo 20, apartado A, fracción I, y apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal, en el que se ha elevado a rango de garantía individual el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía; y lograr así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a una reparación pecuniaria, tanto por los daños, como por los perjuicios ocasionados por la comisión del delito; debiéndose considerar, además, que fue el propio Constituyente el que reguló, con estrecha vinculación, los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de daños y perjuicios, lo cual confirma que, actualmente, en todo procedimiento penal se debe tutelar como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, con lo cual se logra reconocer una importancia del mismo rango a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito."
Y dado que se estima correcto el sentido condenatorio de la sentencia reclamada, es legal en consecuencia la amonestación determinada en ella, pues se trata de una sanción prevista en el artículo 43 del precitado código punitivo que deriva de la comisión de la conducta típica y punible que desplegó el agente del delito, cuya finalidad es la de exhortarlo a que no reincida en su postura.
Idéntica consideración corresponde a la concesión de los beneficios sustitutivos de la pena de prisión por multa, de semilibertad o trabajo en favor de la comunidad y de condena condicional, así como el otorgamiento de la remisión parcial de la pena.
En resumen, es obvio que las constancias procesales de que se ha hecho mérito en los párrafos que anteceden, resultan suficientes para tener por acreditado en su integridad el delito culposo que produjo daño en propiedad ajena y lesiones y la plena responsabilidad del quejoso ********** en la comisión del mismo.
En las relacionadas consideraciones, no pueden cobrar aplicación al caso concreto las tesis que el nombrado impetrante cita como apoyo a sus argumentos de queja.
En cambio, suplidos en su deficiencia como autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la vigente Ley de Amparo, son fundados los conceptos de violación que ********** plantea para cuestionar las sanciones que le fueron impuestas, señalando que la Sala responsable partió de supuestos errados, lo que trascendió al momento de analizar las condiciones establecidas en la ley para que se aplicaran las sanciones correspondientes.
Al respecto, importa destacar que la Sala Colegiada Mixta responsable confirmó la imposición de las sanciones referentes a cinco meses y diecisiete días de prisión, y de trece días-multa, equivalentes a seiscientos cuarenta y tres pesos con cincuenta centavos ($643.50).
Para arribar a esa conclusión, la Sala responsable, al individualizar tales sanciones, consideró la coexistencia del grado de culpabilidad y de la gravedad de la culpa, pues una vez que ubicó esta última como leve, ponderó la culpabilidad para ubicarla en un índice superior a la mínima (fojas 74 vuelta, 75 y 78 del toca de apelación), añadiendo que la gravedad de la culpa sólo puede ser leve o grave de conformidad con los artículos 73 y 80 del Código Penal del Estado de Yucatán, que únicamente establecen como parámetro un mínimo y un máximo (fojas 75 vuelta y 76 ibídem).
La determinación apuntada, vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal, establecido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, en el caso de la individualización de las penas y medidas de seguridad por la comisión de delitos a título de culpa, lo jurídicamente correcto es ceñirse a las reglas que en específico establece el artículo 80 del código punitivo estatal, que si bien deja al prudente arbitrio del juzgador calificar la gravedad de la culpa con base en las circunstancias generales y especiales que prevé, empero, es incuestionable que dicha calificación deberá fijarse entre un mínimo y un máximo, lo que permite considerar diversos grados que van de un extremo a otro pasando por un punto medio que la doctrina ha conceptuado como "medianamente grave", y no como interpretó la Sala responsable en el sentido de que "únicamente puede circunscribirse a un mínimo y a un máximo", que imposibilita individualizar congruentemente la sanción a imponer en función de la actividad o inactividad efectivamente desplegada en el caso concreto, para deducir de ello el incremento o decremento del juicio de reproche.
"Artículo 80. La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio de la autoridad judicial, quien deberá tomar en consideración las circunstancias generales señaladas en el artículo 74 de este código y las especiales siguientes:
"I. La mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó;
"II. El deber de cuidado del inculpado que le es exigible por las circunstancias y condiciones personales que el oficio o actividad que desempeñe le impongan;
"III. Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes;
"IV. Si tuvo tiempo para obrar con la reflexión y cuidado necesarios, y
"V. El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico, tratándose de infracciones cometidas en los servicios de empresas transportadoras y, en general, por conductores de vehículos."
De ahí que la discrecionalidad de la que goza el juzgador para cuantificar las penas por la comisión de delitos imprudenciales, contemplada en el reproducido numeral, está sujeta a que motive adecuadamente el lugar o escalafón en el que se ubica el grado de reproche imputado al inculpado, dentro del parámetro que oscila entre una culpa leve a una grave, pasando por una medianamente grave, para así poder demostrar, en cumplimiento a las normas que rigen la individualizaci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25335-2522e1b9/individualizacion-de-la-pena-en-delitos-culposos-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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