EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECLAMARSE, POR EXCLUSIÓN, COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO, SI AQUÉLLA SE DESECHA, NO SE TRAMITA EL INCIDENTE RELATIVO O SE DECLARA INFUNDADA.
AMPARO DIRECTO 110/2014 (CUADERNO AUXILIAR 345/2014) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, CON APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA, YUCATÁN. 24 DE ABRIL DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MAYRA GONZÁLEZ SOLÍS. SECRETARIA: GRACIELA BONILLA GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Estudio de fondo. El estudio de los conceptos de violación conduce a emitir las siguientes consideraciones.
A manera de preámbulo, es de señalarse que mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil trece, ********** en su carácter de apoderada legal del **********, ejerció la acción prevista en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito contra ********** en su carácter de deudor principal y ********** como deudora solidaria, reclamando el pago de la cantidad de $232,807.45 (doscientos treinta y dos mil ochocientos siete pesos 45/100 moneda nacional) por concepto de capital dispuesto no pagado, así como el pago de intereses ordinarios, comisiones, gastos y costas.
Emplazada que fue la demandada, dio contestación al libelo inicial instaurado en su contra, negando las prestaciones reclamadas y oponiendo las excepciones que estimó pertinentes, entre las que destaca, la de incompetencia por declinatoria.
En atención a lo anterior, por resolución de seis de agosto de dos mil trece, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, resolvió la incompetencia planteada por la parte demandada, declarándola improcedente y, por ende, competente el Juez natural para conocer y resolver el asunto sometido a su potestad.
Así, seguido que fue el juicio en su trámite legal, el diez de enero de dos mil catorce, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, dictó sentencia definitiva, declarando procedente la acción intentada y, en ese sentido, condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas. Este fallo es la materia del presente juicio de control constitucional.
Por su parte, los quejosos aducen que les causa perjuicio la determinación de la responsable de declarar infundada la excepción de incompetencia, toda vez que contraviene lo previsto en los artículos 104, fracción I, de la Carta Magna y 1090 del Código de Comercio, puesto que como se desprende de la cláusula trigésima segunda del contrato basal, relativa a la legislación, jurisdicción y competencia, específicamente se señala: "Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal ..." y que por ello, no quedaba al arbitrio de la parte actora entablar la demanda ante los tribunales de Campeche, sino era una exigencia derivada del propio documento base de la acción de someter la competencia y jurisdicción a los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual no fue debidamente valorado por la responsable.
Para estar en condiciones de examinar el planteamiento sintetizado, es menester puntualizar que de conformidad con la intelección sistemática y en uso del argumento a rúbrica de los artículos 107, fracción VIII y 172, fracción X, ambos de la Ley de Amparo,(1) permite colegir que procede el juicio biinstancial, cuando se reclama la determinación que resuelve una excepción de incompetencia de la autoridad responsable, siempre y cuando se surtan dos hipótesis, a saber: a) que dicha determinación sea la definitiva; y, b) que la declare fundada, supuesto en el cual, la autoridad se inhibe o declina la competencia o el conocimiento del asunto, por lo que, por exclusión, cuando la excepción se desecha, no se tramita el incidente, o se declara infundada, procede reclamarla como violación procesal en el amparo directo, bajo las reglas del artículo 171 de la Ley de Amparo, porque en estos últimos supuestos no se estaría determinando la inhibición o declinación de la competencia o el conocimiento del asunto; sino que se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, lo que implica que se trataría de casos análogos a los previstos en la fracción XII del artículo 172, en relación con la diversa fracción X de la Ley de la materia.
En la especie, la resolución de la que se duelen los quejosos en el concepto de violación sintetizado, consiste en la determinación definitiva que dictó el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en la cual declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer por la parte demandada, por tanto, es factible reclamarla en la vía directa como violación procesal conforme a las reglas del juicio de amparo directo.
Precisado lo anterior, cabe decir que resulta inoperante el planteamiento de los quejosos frente a la determinación que desestimó la excepción de incompetencia por declinatoria, porque en esencia reiteran que de la cláusula trigésima segunda del contrato basal, relativa a la legislación, jurisdicción y competencia, se advierte que las partes se sometieron a la competencia y jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal y que ello no fue debidamente valorado por la responsable; esto es, redundan en el mismo argumento que hicieron valer al oponer la excepción de que se trata.
Así es, se estima que los quejosos omiten atacar argumentativamente la consideración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, bajo la cual se desestimó dicha excepción, en razón de que dicha autoridad señaló que si bien la cláusula a la que aluden los quejosos estipula que las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, también lo es que señala "o los que correspondan al lugar de firma del mismo", es decir, que contempla dos alternativas de competencia o jurisdicción.
Que por lo anterior, para que existiera el sometimiento de las partes y se generara la sumisión a los tribunales designados, era necesaria la renuncia expresa, clara y terminante al fuero que la ley concede, lo cual no aconteció en la especie.
Asimismo, expuso que como el lugar donde se celebró el contrato base de la acción, resulta ser el mismo donde se encuentra ubicado el domicilio del deudor, y atendiendo a las reglas de competencia territorial, entonces, el Juez natural es quien tiene la competencia para conocer del negocio, por ser la autoridad jurisdiccional que se encuentra dentro de la circunscripción en la que se suscribió el contrato mercantil y porque en esa ciudad se encuentra el domicilio del deudor; de ese modo, declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria planteada.
Luego, si los quejosos se concretan a señalar vía conceptos de violación que en la cláusula trigésima segunda del contrato basal, se advierte que las partes se sometieron a la competencia y jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, empero, omiten combatir lo sostenido en la determinación impugnada en cuanto a que en esa propia cláusula se contemplan dos alternativas de competencia o jurisdicción, por lo cual, para que existiera el sometimiento de las partes y se generara la sumisión a los tribunales designados, era necesaria la renuncia expresa, clara y terminante al fuero que la ley concede, lo cual no aconteció en la especie; asimismo, tampoco dicen nada de que el Juez natural es quien tiene la competencia para conocer del negocio, por ser la autoridad jurisdiccional que se encuentra dentro de la circunscripción en la que se suscribió el contrato mercantil y porque en la ciudad donde se ubica su residencia, se encuentra el domicilio del deudor; es inconcuso que, los conceptos de violación que al efecto formulan devienen inoperantes por insuficientes.
En otro aspecto, la parte quejosa argumenta que el Juez natural vulneró lo dispuesto en los artículos 14 de la Carta Magna; 1324 y 1325 del Código de Comercio, ya que la sentencia impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, y tampoco fue dictada conforme a la letra, a la interpretación de la ley o conforme a los principios generales del derecho.
Lo así expuesto es infundado.
Con la finalidad de demostrar el anterior aserto, conviene definir en primer lugar lo que en términos generales debe entenderse por fundamentación y motivación.
El artículo 16 de la Constitución Federal establece:
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ..."
La norma supratranscrita consagra como derecho fundamental que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que por fundamentación ha de entenderse que en el acto de autoridad debe expresarse con exactitud el precepto legal aplicable al caso, y por motivación, el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. El mencionado criterio es del contenido siguiente:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."(2)
Ahora bien, sobre el tema de la fundamentación y motivación de las resoluciones jurisdiccionales, en la tesis P. CXVI/2000, el Pleno del propio Máximo Tribunal, ha dicho:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa."(3)
Del criterio reproducido se desprende que la garantía de fundamentación y motivación en una resolución jurisdiccional, se cumple sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que la fundan, cuando de ella se advierte con claridad el dispositivo legal en que se basa.
Asimismo, que la fundamentación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate.
Ello, en virtud de que las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, y corresponde al juzgador analizar esas cuestiones jurídicas y resolver si se ha probado la acción, si ésta no existe, o bien, si se han demostrado las excepciones.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y contenido son:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."(4)
Por su parte, el artículo 14 de la Carta Magna alberga, entre otros, el derecho de legalidad jurídica, al establecer lo siguiente:
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."
De lo que se deduce que tratándose como es el caso de un juicio de naturaleza civil, la sentencia que se dicte debe ser conforme al texto de la ley, y a falta de un ordenamiento expreso, se fundará en los principios generales de derecho.
En tanto, los numerales 1324 y 1325 del Código de Comercio establecen:
"Artículo 1,324. Toda sentencia debe ser fundada en ley, y si ni por el sentido natural, ni por el espíritu de ésta, se puede decidir la controversia, se atenderá a los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso."
"Artículo 1,325. La sentencia debe ser clara, y al establecer el derecho, debe absolver o condenar."
De lo que se infiere que las sentencias mercantiles deben ser fundadas en la ley, y a falta de un ordenamiento expreso, se fundarán en los principios generales de derecho; además, deben ser claras, y al establecer el derecho, deben absolver o condenar.
Expuesto lo anterior, se observa que la responsable sí cumplió las formalidades descritas al emitir su fallo, pues se observa que en la sentencia impugnada examinó las excepciones hechas valer por la parte demandada, seguida de la acción planteada por la parte actora, expresando los motivos por los cuales desestimó las primeras y declaró procedente la última.
Aunado a ello, se observa que la responsable fundó su proceder, entre otros, en los preceptos 450 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 1056 y 1194 del Código de Comercio, 8o. y 150, fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; así como en la cita de las jurisprudencias de rubros: "PAGO O CUMPLIMIENTO, CARGA DE LA PRUEBA."; "EXCEPCIONES DEBEN PRECISARSE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDAN."; "ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS CERTIFICADOS POR EL CONTADOR AUTORIZADO DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SUS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES." y "COSTAS EN JUICIO MERCANTIL, PROCEDENCIA DE LA CONDENA AL PAGO DE."
En esa tesitura, se puede advertir que la autoridad responsable al dictar la sentencia que se combate, se ciñó a lo establecido en los dispositivos 14 y 16 constitucionales, ajustando su actuar a las normas previamente establecidas, tesis jurisprudenciales y principios de derecho, que citó e hizo referencia al momento de emitir las consideraciones en que fundó su fallo.
Además, no se advierte de qué modo el fallo reclamado no sea claro, por el contrario, se colige que contiene en forma clara la exposición de resultandos, considerandos y puntos resolutivos, aunado a que también se observa en forma clara la condena a las respectivas prestaciones reclamadas. De ahí lo infundado del concepto de violación aquí analizado.
Finalmente, los impetrantes refieren que la sentencia recurrida les causa perjuicio, debido a que la responsable no fundó ni motivó la condena al pago de gastos y costas, vulnerando con ello lo dispuesto en los artículos 1081, 1082, 1083 y 1084 del Código de Comercio; aunado a que dicen, no actuaron con dolo ni mala fe, por lo que estiman que al no haberse hecho un razonamiento jurídico en el que se justificara la condena a gastos y costas o bajo qué supuestos de las fracciones del artículo 1084 del Código de Comercio encuadraba dicha condena, se vulneraron en su perjuicio las garantías de legalidad y exacta aplicación de la ley.
Al efecto, es infundada dicha manifestación, pues contrario a lo argumentado por los quejosos, en la sentencia impugnada, la autoridad responsable sí fundo y motivó la condena al pago de gastos y costas, pues después de que condenó al pago de la suerte principal y accesorios, determinó lo siguiente:
"XII. En idéntica forma, se condena a los ciudadanos **********, como deudor principal y ********** como obligada solidaria, a pagarle a la licenciada **********, en su carácter de apoderada legal de la institución bancaria "**********", los gastos y costas, que el presente juicio le haya ocasionado, mismos que deberán ser fehacientemente acreditados mediante el incidente de liquidación respectivo en la etapa de ejecución de la sentencia, como indica el artículo 1348 del Código de Comercio en vigor. En tal mérito, se previene a la apoderada de la **********, para que se sirva dar cumplimiento a lo estipulado en el capítulo VII, libro V del ya citado Código de Comercio, a efecto de regular las costas que conforme a derecho procedan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se transcribe. ... ‘COSTAS EN JUICIO MERCANTIL PROCEDENCIA DE LA CONDENA AL PAGO DE.-El artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio contiene una de las hipótesis en que la condena al pago de las costas debe establecerse con absoluta independencia de la temeridad o mala fe del litigante, pues basta para fundar esa condena el hecho de que se dicte sentencia condenatoria contra el demandado, aun cuando el importe de esa condena no corresponda a la totalidad de las prestaciones reclamadas, pues esa circunstancia no la toma en cuenta la ley para liberar del pago de costas a quien resulta condenado en juicio mercantil ejecutivo.’ ..."
Lo anterior, permite colegir que contrario a lo expuesto en los conceptos de violación, la autoridad del conocimiento sí fundó y motivó la condena de que se trata, pues al efecto citó un criterio del que se advierte que la condena a la que refiere la sentencia es la obligatoria o absoluta, prevista en la fracción III, del numeral 1084, del Código de Comercio,(5) es decir, cuando se es condenado en forma total en el juicio natural, como así aconteció en el caso particular.
En ese sentido, la autoridad del conocimiento no tenía que examinar la temeridad o mala fe a que aluden los impetrantes, ya que ello surge únicamente cuando la condena es parcial y, por tanto, queda al arbitrio del juzgador a la luz de la temeridad o mala fe que se advierta en la sustanciación del procedimiento; luego, reiterase, si en el caso se condenó en forma total a los aquí quejosos, entonces, es inconcuso que no se actualiza este último supuesto y en ese sentido, el juzgador natural no tenía por qué examinar tal extremo; aunado a que como se adujo, la responsable sí fundó y motivó la condena de que se trata citando al efecto un criterio del que se advierte la comentada condena obligatoria a que alude la fracción III del citado precepto 1084 del código de los comerciantes, de ahí lo infundado de este planteamiento.
Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y texto, siguientes:
"COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SU PROCEDENCIA CUANDO LA CONDENA EN EL JUICIO FUE ÚNICAMENTE PARCIAL, DEPENDERÁ DEL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR.-El artículo 1084 del Código de Comercio, en su primer párrafo, establece dos presupuestos para el pago de costas en el juicio, el primero de ellos se refiere a la condena obligatoria cuando la prevenga la ley y la segunda deja al prudente arbitrio del juzgador dicha condena, a la luz de la temeridad o mala fe que se advierta en la sustanciación del procedimiento. El propio numeral en comento describe, en su tercera fracción, que pagará las costas ‘el que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable ...’ en donde el término condenado debe entenderse en su acepción absoluta o total, pues cuando se trata de una condena parcial, ésta dependerá del arbitrio judicial, y será el juzgador quien debe analizar el caso concreto para desentrañar las motivaciones que tuvieron las partes para concurrir al juicio y advertir si en alguna de ellas existió una conducta temeraria o de mala fe que deba ser castigada a través del pago de las costas."(6)
Así, al haber resultado ineficaces los conceptos de violación expuestos por los quejosos, procede negar el amparo y protección constitucional solicitados, sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja.
Por lo antes expuesto y fundado; se resuelve
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** y **********, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta sentencia.
Notifíquese a las partes por conducto del tribunal auxiliado; engrósese la presente ejecutoria al original del cuaderno auxiliar 345/2014, así como éste a su vez al amparo directo 110/2014 del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, Campeche; háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico de registro; glósese testimonio autorizado de esta sentencia al duplicado del cuaderno auxiliar en mención, que quedará en este tribunal; devuélvase por conducto de la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Colegiado, el amparo directo civil 110/2014 del índice del aludido tribunal y el juicio ejecutivo mercantil 471/12-2013/1M-I, del orden del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche; asimismo, remítase al tribunal auxiliado el archivo del fallo en cuestión por cualquier medio de almacenamiento electrónico; solicítese acuse de recibo.
Así, lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, por unanimidad de votos, con las modificaciones y adiciones correspondientes de los Magistrados Iván Benigno Larios Velázquez, Mayra González Solís y José Atanacio Alpuche Marrufo.
En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial, que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. "Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"...
"VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto."
"Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:
"...
"X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; ..."
2. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 97-102, Tercera Parte, página ciento cuarenta y tres.
3. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de dos mil, página ciento cuarenta y tres.
4. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página ciento sesenta y dos.
5. "Artículo 1,084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe.
Siempre serán condenados:
"...
"III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; ..."
6. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, Materia(s): Civil, tesis: 1a./J. 14/98, Primera Sala de la SCJN, página 206.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25346-a50c9801/excepcion-de-incompetencia-de-la-autoridad-responsable-puede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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