AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE DESESTIMA O DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 55/2003).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, QUINTO Y TERCERO, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 29 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA, CARLA ISSELIN TALAVERA, RICARDO RAMÍREZ ALVARADO, ALEJANDRO ROLDÁN VELÁZQUEZ Y JUSTINO GALLEGOS ESCOBAR. PONENTE: CARLA ISSELIN TALAVERA. SECRETARIO: RICARDO ENRIQUE DÍAZ VARGAS.
Cuernavaca, Morelos. Acuerdo del Pleno del Decimoctavo Circuito, correspondiente al veintinueve de junio de dos mil quince.
VISTA; para resolver la contradicción de tesis PC26.XVIII.C.9.2014.C, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Quinto de este circuito, cuyo probable tema consiste en determinar, si conforme a la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es procedente o no el juicio de amparo indirecto contra la resolución que desestima la excepción de falta de competencia.
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia. Por oficio recibido el tres de abril de dos mil catorce en la Oficialía de Partes del Pleno del Decimoctavo Circuito con sede en esta ciudad, la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, denunció la posible contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados Primero y Quinto de este circuito, al resolver los recursos de queja 31/2014 y 21/2014, respectivamente.
SEGUNDO.-Trámite. En auto de cuatro de abril de dos mil catorce,(1) el Magistrado presidente del Pleno del Decimoctavo Circuito tuvo por recibido el oficio mencionado, admitió la denuncia de contradicción de tesis, ordenó su trámite y la registró, y solicitó a las presidencias de los órganos colegiados contendientes, que informaran dentro del plazo de tres días, si el criterio sustentado en los asuntos con los que se denunció la contradicción de tesis se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.
Mediante proveído de nueve de abril de dos mil catorce,(2) se tuvo al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito informando que el criterio sustentado, al resolver el recurso de queja 31/2014, sigue vigente.
En proveído de quince de abril de dos mil catorce,(3) se tuvo al Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, informando que el criterio sustentado, al resolver el recurso de queja 21/2014, no se encontraba vigente, y fue abandonado por ese tribunal, en sesión de siete de abril de dos mil catorce, al fallar el amparo en revisión civil 227/2013, cuya ejecutoria se encontraba pendiente de engrose y sería remitida cuando fuera posible hacerlo.
Ante ello, y en ese mismo proveído, se solicitó a los demás Tribunales Colegiados de este circuito, que informaran si habían dictado alguna sentencia sobre el tema de la contradicción.
En respuesta a lo anterior, en proveído de veinticuatro de abril de dos mil catorce,(4) se tuvo por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, mediante el cual informó que en dicho órgano jurisdiccional no se había pronunciado alguna ejecutoria en la que se hubiese abordado el tema de la contradicción.
Posteriormente, en proveído de veintiocho de abril de dos mil catorce,(5) se tuvo por recibido el oficio del Quinto Tribunal Colegiado de este circuito, mediante el cual remitió testimonio de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 227/2013.
Asimismo, en ese proveído también se apuntó que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito informó sobre la contradicción de tesis 99/2014, que se encontraba pendiente de resolución en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo al tema: "PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. DETERMINAR SI SE ACTUALIZA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DIVERSA QUE DECLARÓ INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.", en la que el Quinto Tribunal Colegiado es uno de los órganos contendientes.
En auto de veinte de mayo de dos mil catorce,(6) se ordenó agregar al expediente copia del oficio remitido por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis, mediante el cual hizo del conocimiento los temas que, relacionados con los que son materia de contradicción en el Pleno del Decimoctavo Circuito, ya fueron resueltos y se encuentran pendientes de resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De dicho oficio se desprende que, por lo que hace al tema: "PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD CIVIL EN LA QUE DECLARÓ INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA.", se encuentran radicadas en el Pleno del Máximo Tribunal del País, las contradicciones de tesis 99/2014 y 104/2014, turnadas a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas, mediante acuerdos presidenciales de veintisiete de marzo de dos mil catorce y treinta y uno siguiente, pendientes de resolver.
Asimismo, en proveído de seis de junio de dos mil catorce,(7) se tuvo al Cuarto Tribunal Colegiado de este circuito, informando que en ese órgano jurisdiccional no se había emitido algún criterio relacionado con el tema de la contradicción.
Por último, en proveído de veinte de junio de dos mil catorce,(8) se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado de este circuito, informando que en ese órgano jurisdiccional no se había emitido algún criterio relacionado con el tema de la contradicción.
De igual forma, en ese auto se apuntó que la contradicción de tesis se encontraba debidamente integrada; el Magistrado presidente del Pleno del Decimoctavo Circuito, la turnó al Magistrado Gerardo Dávila Gaona, integrante del Pleno referido y presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, para formular el proyecto de resolución.
A través de los oficios: NNS/190/2014, NNS/191/2014, NNS/192/2014, NNS/193/2014, NNS/195/2014, NNS/194/2014, NNS/197/2014, NNS/196/2014, NNS/199/2014, NNS/198/2014, NNS/187/2014, NNS/188/2014 y NNS/189/2014,(9) se les informó a diversos integrantes de los Tribunales Colegiados de este circuito, que el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, el Magistrado Gerardo Dávila Gaona, ponente de esta contradicción de tesis, subió al Sistema de Plenos de Circuito, el proyecto de resolución correspondiente.
El veintidós de octubre de dos mil catorce, se convocó a sesión del Pleno de este circuito, para la discusión de la presente contradicción de tesis, entre otros temas.(10)
Por auto de once de noviembre de dos mil catorce, se acordó la recepción del oficio 296/2014, fechado en la misma data, a través del cual, el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito remitió copia certificada de la sentencia dictada el diecisiete de octubre de dos mil catorce, en el recurso de revisión civil 241/2014, en donde determinó, por mayoría de votos (voto particular del Magistrado Alejandro Roldán Velázquez), confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado contra la interlocutoria de tres de diciembre de dos mil trece, dictada en el toca civil 952/2013, de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la que se declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria en razón de territorio, opuesta por el demandado, en el juicio natural (juicio especial hipotecario 93/2013, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos).
Aunado a lo anterior, al citado oficio 296/2014, también se allegó copia certificada del acta de sesión de diecisiete de octubre de dos mil catorce, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, y en ésta, al someterse a discusión y votación del amparo en revisión 241/2014, se alegó lo siguiente:
"6. Recurso de revisión en materia civil RA (P) 241/2014, interpuesto por **********, en contra de la resolución de veintiocho de mayo de dos mil catorce, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en el juicio de amparo indirecto 2252/2013. El proyecto propuso: En la materia de la revisión confirmar la resolución recurrida y negar el amparo.
"La Magistrada ponente se abstuvo de realizar exposición alguna y dejó el proyecto a consideración de los Magistrados.
"El Magistrado Alejandro Roldán Velázquez no estuvo de acuerdo con el proyecto, al efecto manifestó: ‘Creo que en este asunto tratándose de una violación de carácter procesal y además porque borda sobre una competencia territorial, pues no se afectan derechos sustantivos del quejoso y debe sobreseerse en el juicio.’
"El Magistrado Guillermo del Castillo Vélez, un uso de la palabra asentó: ‘Coincido con la ponencia y creo que sí es procedente el juicio de amparo en atención a que en el artículo 107, fracción VIII, de la vigente Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo en estos casos, específicamente y de manera literal lo hace cuando la resolución es afirmativa, es decir, en el sentido que se concede la declinatoria o de la inhibitoria en la competencia sin hacer ningún distingo si es por territorio, por cuantía o por grado, donde hay dos partes en un proceso en la que una resultaba beneficiada y otra afectada con esa resolución; por la misma razón y porque el propio legislador ya hizo ese distingo tomando en cuenta que desde entonces esa resolución ya implica una violación a un derecho procesal en grado predominante superior, establece una excepción a lo que la propia norma establece en la violación a los derechos sustantivos; por lo mismo yo sustento el sentido del proyecto.’
"Por consiguiente, el presidente procedió a tomar la votación de manera económica, declarando que el proyecto propuesto se aprobó por mayoría de votos con el voto en contra del Magistrado Alejandro Roldán Velázquez, en consecuencia, se resolvió: En la materia de la revisión se confirma la resolución recurrida y se niega el amparo."
El diez de noviembre de dos mil catorce, se llevó a cabo la sesión ordinaria del Pleno del Decimoctavo Circuito y, entre otros puntos, se aplazó la presente contradicción de tesis, porque el Tercer Tribunal Colegiado de este circuito dio noticia de la sentencia dictada el diecisiete de octubre de ese año, en el amparo en revisión 216/2014, en el que se determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la resolución de segunda instancia que declara infundada la excepción de incompetencia. En esa misma resolución, el presidente del citado Tribunal Colegiado indicó que remitiría al presidente del Pleno de Circuito copia certificada de la resolución referida y, además, manifestó que en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra radicada la contradicción de tesis 216/2014, que aún no ha sido resuelta.
Finalmente, el dieciocho de mayo de dos mil quince, se returnó la presente contradicción de tesis a la Magistrada Carla Isselin Talavera.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis sustentada entre Tribunales Colegiados de este circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, y 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por la titular del Juzgado Séptimo de Distrito, en el Estado de Morelos, quien conoció de los asuntos que inicialmente la motivaron.
TERCERO.-Objeto de la contradicción. La cuestión sobre la que versa la denuncia, consiste en determinar, si es procedente o no el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que declara infundada o desestima la excepción de incompetencia.
CUARTO.-Consideraciones principales de las ejecutorias emitidas por:
I. Queja civil 31/2014, resuelta por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en sesión de cinco de marzo de dos mil catorce:
"CUARTO.-Los agravios resultan infundados y, así se declara este recurso.
"La Juez Séptimo de Distrito en el Estado, el veintiocho de enero de dos mil catorce, dictó una resolución que desechó la demanda de garantías promovida por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, al advertir de su revisión integral un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracciones V y VIII, porque consideró que el acto reclamado no tiene efectos de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; sino que sus efectos son meramente formales o intraprocesales.
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis de jurisprudencia, sentó un criterio señalando que producen ejecución irreparable, los actos dentro del juicio únicamente cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, ya que la afectación no sería susceptible de repararse, aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate.
"El Pleno de ese Alto Tribunal determinó interrumpir, parcialmente, la jurisprudencia del título: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, para establecer que cuando se alegan violaciones que transgredieran derechos formales o adjetivos, había una ejecución de imposible reparación, solamente si sus consecuencias afectaban a las partes en juicio en grado predominante o superior. Es decir, que por excepción, una violación formal o procesal producía una afectación exorbitante a las partes durante el juicio, que la identificaba como de imposible reparación, cuando concurrieran circunstancias de gran trascendencia que significaran una situación especial dentro del procedimiento y de cuya decisión dependiera la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo respecto a los derechos procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conllevara la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio.
"Esas razones quedaron superadas a partir del tres de abril de dos mil trece, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, ya que el artículo sexto transitorio dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará vigente en lo que no se oponga a la actual. Lo que permite concluir que los criterios relacionados con este tema ya no son aplicables, porque ahora, cuando se reclaman actos dentro del juicio, deben afectar al quejoso sólo de forma material a sus derechos sustantivos.
"Lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política Federal, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, permite concluir que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuando afectan materialmente derechos sustantivos exclusivamente, por lo que todos aquellos que impliquen alguna violación de carácter procesal deberán reclamarse en su momento y, en su caso, a través del amparo directo o del adhesivo.
"La juzgadora también señaló que la propia ley de la materia dispone que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; por lo que si el acto reclamado era la resolución de segunda instancia, que declaró infundada la excepción de incompetencia en razón de la materia, entonces el juicio de amparo era improcedente, porque la fracción VIII del artículo 107 de la ley de Amparo preveía el caso de procedencia cuando la incompetencia fuera fundada.
"La conclusión fue que el acto no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad y el domicilio.
"El acto reclamado no causa un gravamen de imposible reparación al quejoso, ya que para ello se requiere exista afectación material a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. No constituye un acto dentro del juicio que vulnere materialmente derechos sustantivos, sino meramente adjetivos, porque los efectos que produce son intraprocesales, al tratarse de un presupuesto procesal dentro del juicio de origen.
"El recurrente expresa:
"1) El inferior no puede dejar de conocer un juicio de garantías, argumentando que es improcedente por no afectarse derechos sustantivos, al resolver la autoridad que un juzgado civil debe conocer de un asunto meramente administrativo, en el cual se va a ver afectado el patrimonio del Ayuntamiento, pues no obstante que el contrato reclamado es de naturaleza administrativa y, por tanto, el Ayuntamiento debe comparecer con el carácter de autoridad, y no en un órgano judicial en el que se llevarán a cabo actos de ejecución en contra de su patrimonio.
"2) Además cumplió con los requisitos que establece la ley para la procedencia del juicio de amparo en que se actúa. La resolución sí es combatible mediante el juicio de amparo indirecto, pues así se encuentra determinado en la propia ley de la materia, en sus artículos 103 y 107, fracción VIII, que no fueron aplicados, además de que existen criterios obligatorios que determinan la procedencia del amparo en estos casos.
"3) La competencia constituye un presupuesto procesal con el que no puede integrarse la litis si no está satisfecho, pero el inferior considera que no causa un perjuicio irreparable; pero, contrario a ello, el recurrente estima que tiene efectos de imposible reparación y, por ende, procede el amparo indirecto.
"4) El Código Federal de Procedimientos Civiles previene que la cuestión de competencia debe sustanciarse como artículo de previo y especial pronunciamiento, incluso con suspensión del procedimiento, por lo que es improcedente que se le vincule en un juicio que es de naturaleza administrativa y esperar a sentencia definitiva para impugnar tal afectación, lo que traería como consecuencia que se declara nulo todo lo actuado. Las consecuencias de la violación no desaparecen aunque el afectado obtuviese sentencia favorable. La ley debe interpretarse como un listado de carácter ejemplificativo. La ley no hace distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluye a estos últimos, deduciéndose que también en ellos puede existir una ejecución de imposible reparación.
"5) El artículo 17 tutela el derecho a la impartición de justicia, que se encuentra vulnerado en este asunto; los criterios son de observancia obligatoria; con la resolución reclamada se está retardando el procedimiento, porque el contrato es de naturaleza administrativa.
"Resultan infundadas estas argumentaciones, por las razones siguientes:
"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 107, fracción III, inciso b), dispone lo siguiente:
"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"‘...
"‘III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"‘...
"‘b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.’
"La Ley de Amparo, en el artículo 107, fracción V, establece:
"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"‘...
"‘V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.’
"De acuerdo con estas normas legales, con acierto, la Juez de Distrito, en la resolución recurrida, determina que la resolución reclamada no constituye un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, puesto que no afecta de modo directo e inmediato algún derecho sustantivo o fundamental consagrado en la Constitución Política Federal y tutelado en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión y el domicilio.
"Sus consecuencias son meramente formales o procesales, por lo que, en determinado caso, podrá afectar sus defensas y trascender al resultado del fallo; lo que es propio de combatir a través del juicio de amparo directo que en su oportunidad se presente.
"En efecto, la Ley de Amparo establece lo siguiente:
"‘Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:
"‘...
"‘X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; ...’
"El juicio de amparo indirecto resulta procedente tratándose de actos cuyos efectos son de imposible reparación. Respecto de aquellos que sus consecuencias son formales o procesales, tales violaciones deben impugnarse en juicio de amparo directo o, en su caso, en el amparo adhesivo; y si en este caso, al interpretar la voluntad del legislador, se llega a la conclusión de que no se trata de un acto con efectos de imposible reparación, al no afectar en perjuicio del promovente derechos sustantivos o fundamentales consagrados en la Carta Fundamental y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, sino que sus consecuencias son intraprocesales; entonces, con acierto, la Juez de Distrito en la resolución combatida con el recurso que se resuelve, desechó la demanda de garantías, razones por las que resultan infundados los agravios analizados.
"Debe agregarse que, la ley de la materia, en el artículo 62 dispone que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo; en el artículo 112 señala que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso, turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, y en el artículo 113 establece que el órgano que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; normas procesales que al relacionarlas permite establecer que las causales de improcedencia deben analizarse de inmediato, sin necesidad de esperar a examinarlas hasta el momento en que se pronuncie la sentencia de amparo correspondiente. En consecuencia, la Jueza Federal en la resolución recurrida actuó con sujeción a derecho.
"No está de más precisar, que los criterios que cita el promovente, quedaron sin vigencia, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia; y en relación con lo que alega de la violación al artículo 17 constitucional, este Tribunal Colegiado considera que la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de la acción, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la justicia.
"Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal Judicial, en sesión de catorce de marzo de dos mil siete, publicada en la página 124, Tomo XXV, abril de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice lo siguiente:
"‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.-La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.’
"Por las anteriores consideraciones, resulta infundado este recurso de queja.
"En mérito de lo expuesto se resuelve:
"ÚNICO.-Se declara INFUNDADO este recurso de queja."
II. Queja civil 21/2014, del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, de sesión de diez de marzo de dos mil catorce:
"SEXTO.-Antecedentes.
"1. **********, por propio derecho, promovió amparo en la vía indirecta contra los actos atribuidos a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, al Juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial con sede en Xochitepec, Morelos, así como a los secretarios de Acuerdos y actuarios adscritos a ambos órganos jurisdiccionales, que hizo consistir en la resolución interlocutoria de veintidós de octubre de dos mil trece, dictada en el toca civil 1006/2013-16, derivado del juicio especial hipotecario 152/2013, en la cual se declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria que hizo valer el demandado ahora quejoso.
"2. El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, desechó la demanda de garantías por advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al considerar que el acto reclamado -resolución que declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria- no se ubica en las hipótesis de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo.
"3. Inconforme con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, mismo que ahora se resuelve.
"SÉPTIMO.-Estudio de los agravios.
"1. El auto reclamado se resuelve en perjuicio del recurrente, porque el Juez de Distrito omite aplicar o aplica de manera inexacta los artículos 62 y 107, fracción VIII, de la ley de la materia, pues a pesar de que está obligado a acatarlos, por ser de orden público, violó los principios de congruencia, de debida fundamentación y de motivación, así, tal determinación denota una deficiente interpretación, cuando a su parecer el acto reclamado en la demanda no se ubica en ninguna de las hipótesis, pues la Sala Auxiliar tuvo a bien no inhibir o declinar la competencia.
"Sin embargo, el resultado de la resolución que declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria, es que el Juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial continúe conociendo del juicio especial hipotecario número 152/2013, lo cual demuestra que no hay una coherente interpretación de la norma aplicable, como lo es artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, porque el juicio de garantías es un instrumento protector de derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica, que regula la correcta aplicación de lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25797-f767a49d/amparo-indirecto-es-improcedente-contra-la-determinacion-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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