AMPARO INDIRECTO. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA SIN ULTERIOR RECURSO, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, AHORA CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, TODOS DEL CUARTO CIRCUITO. 5 DE DICIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS VÍCTOR PEDRO NAVARRO ZÁRATE, JOSÉ DE JESÚS ORTEGA DE LA PEÑA, ALEJANDRO ALBERTO ALBORES CASTAÑÓN Y MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS ORTEGA DE LA PEÑA. SECRETARIO: JULIÁN MARTÍNEZ ZARZOZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito es competente legalmente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de este Cuarto Circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que el numeral 107, fracción XIII, de la Carta Magna, señala que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de Circuito correspondiente; asimismo, el diverso artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del precepto 226, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados contendientes y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.
En el caso, la denuncia de contradicción fue formulada por el Juez Quinto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, quien resolvió los juicios de amparo indirectos números 239/2014, 136/2014 y 878/2013, promovidos respectivamente por ********** e **********, asuntos respecto de los que se denuncia la posible contraposición de criterios con los sostenidos en los recursos de queja números 23/2014, 16/2014 y 118/2013 de los índices de los Tribunales Primero y Segundo, ambos en Materia de Trabajo y el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, ahora Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, todos del Cuarto Circuito, respectivamente, por lo que es dable concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
TERCERO. Criterios contendientes en la posible contradicción de tesis. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja número 23/2014-II, en sesión plenaria de fecha quince de mayo de dos mil catorce, consideró lo siguiente:
"CUARTO. Decisión de la autoridad para emitir la resolución impugnada. La resolución recurrida es del tenor literal siguiente: Monterrey, Nuevo León, siete de marzo de dos mil catorce. Visto el escrito de demanda signado por **********, en su carácter de apoderado legal de la empresa **********, personalidad que acredita con la copia certificada de la escritura con la copia certificada de la escritura pública **********, quien promueve contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León; al respecto, fórmese expediente y regístrese con el número 239/2014, que le correspondió en el libro de gobierno respectivo que para tal efecto se lleva en este juzgado federal. De la lectura del escrito de demanda, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con su propio numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu. En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone que: ‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: ‘Artículo 107. El amparo indirecto es procedente: ... V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.’. Ahora bien, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Luego, del análisis del escrito de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el acuerdo de fecha veinte de febrero de dos mil catorce, dictado dentro de los autos del expediente laboral 562/i/04/2014, dictado con motivo del incidente de incompetencia promovido por la ahora quejosa en la audiencia de demanda y excepciones, en concreto, el desechamiento del incidente de incompetencia; es decir, el acto reclamado constituye un acto procesal, por tanto, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación. Se dice lo anterior, porque dicho acuerdo reclamado no incide en derechos sustantivos de la quejosa. Bajo ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo la ley de la materia, establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea procedente, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía afecten materialmente a los derechos sustantivos del gobernado. Como se ve el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento seguido en forma de juicio, en tanto que sólo se desechó de plano el incidente de incompetencia por declinatoria promovido por la parte quejosa por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga resolución favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. Es el caso referir que el artículo 107 constitucional establece el amparo directo contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno, en virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa a la quejosa, se precisa esto en virtud de que aun en el caso de que la resolución que se llegara a dictar en el expediente de origen fuera adverso a los intereses de la parte quejosa, ésta tiene oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, de conformidad además, con los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento y con la finalidad de que quede comprendida a cabalidad la decisión que este juzgador adopta, es pertinente acudir a lo que con anterioridad establecía la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la vigente hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en relación con el tópico que se aborda: ‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; ...’. Como se puede apreciar del texto normativo anterior, el juicio de amparo biinstancial procedía en contra de actos en juicio que tuvieran sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación y para entender cuándo existía este supuesto, es decir, una ejecución de imposible reparación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acuñó diversas jurisprudencias al respecto, mismas que, del cúmulo de aquéllas, ejemplificativamente se reproducen las siguientes: (transcribe datos de localización). ‘ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.’ (transcribe datos de localización). ‘DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS SOLICITADA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES PROCESALES (ACTOR O DEMANDADO). EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que la distinción entre actos dentro del juicio que transgreden de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales lleva a considerar que los primeros son impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que los segundos deben reclamarse en amparo directo, también lo es que dicho criterio no es único ni absoluto, pues excepcionalmente es dable aceptar que la vía indirecta también procede tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, lo cual debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal de que se trate, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En tal virtud, resulta inconcuso que conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el auto o resolución que niega la admisión de la denuncia del juicio a terceros solicitada por cualquiera de las partes procesales (actor o demandado), al implicar una violación de tal trascendencia y magnitud, constituye un acto de imposible reparación, por lo que en su contra procede el juicio de amparo indirecto. Ello es así, porque la mencionada litis denunciación no sólo es una garantía de audiencia concedida en favor del tercero interesado, quien mediante su intervención en el procedimiento puede evitar los efectos directos o reflejos de la cosa juzgada, sino que también significa para el denunciante la posibilidad de que la sentencia que llegare a dictarse vincule al tercero en sus efectos constitutivos o ejecutivos, de modo que éste no pueda oponer defensas a la cosa juzgada distintas de las analizadas en el juicio donde se formule la denuncia, en el posterior proceso que éste siga en su contra o en el que incoe el propio tercero. Además, la aludida determinación negativa violenta la garantía a la administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 constitucional, que en su aspecto activo se traduce en el derecho sustantivo de pedir e iniciar la acción de los tribunales, tanto para deducir una pretensión como para impugnar una resolución previa, por lo que si un órgano jurisdiccional se abstiene de admitir una promoción o solicitud de las partes, afecta de manera cierta, directa e inmediata su derecho a la jurisdicción, lo cual deriva en una ejecución de imposible reparación, en tanto que impide la tramitación y resolución de su pretensión.’ (transcribe datos de localización). ‘DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estableció que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, cuando de modo inmediato afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución, pero que no son de imposible reparación y son impugnables en amparo directo cuando sólo afectan derechos adjetivos o formales. No obstante, aunque el acuerdo que desecha parcialmente una demanda sin ulterior recurso se considera una violación adjetiva o procesal, es reclamable en amparo indirecto, como excepción a la regla general, porque afecta al actor en grado predominante o superior, pues la admisión parcial de la demanda implica, en lo no admitido, que las acciones, elementos o sujetos materia de la inadmisión no formen parte del proceso litigioso y, por ende, del pronunciamiento judicial, lo que le causa una afectación de extrema gravedad, además de que dicho desechamiento parcial no constituye un acto reparable con el hecho de obtener una sentencia condenatoria favorable al propósito del demandante, ya que no resolverá sobre la acción no admitida, por no haber sido parte de la litis.’. Como se advierte, el Pleno, como ambas Salas de nuestro Máximo Tribunal, sostuvieron dos criterios orientadores para determinar cuándo se estaba en presencia de actos dentro de juicio que producen una afectación de imposible reparación; el primero, cuando esos actos afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal y, el segundo, que fue considerado como complementario del anterior, cuando se afectara a las partes en grado predominante o superior, aun cuando, en principio, sólo se tratara de cuestiones intraprocesales, lo que en cada caso debía ser determinado por el órgano de control constitucional. Cabe agregar, que no obstante de que, si en el presente caso, lo que constituyera el acto reclamado fuese la interlocutoria por la que se resolviera el citado incidente de incompetencia en el que se resolviera inhibir o declinar competencia, el presente juicio de amparo sí sería procedente tal como lo establece el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, sin embargo, el acto reclamado lo constituye la determinación de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León, de no dar trámite a dicho incidente. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, en relación con la fracción V del numeral 107, a contrario sensu; con apoyo en el artículo 113 de la nueva ley en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír notificaciones el ubicado en calle **********, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados **********, toda vez que según la certificación secretarial de cuenta, dichas personas sí tienen registrada su cédula profesional que los faculta para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, formado con motivo del Acuerdo 24/2005 del Consejo de la Judicatura Federal y para el solo efecto de oír y recibir notificaciones a los licenciados ********** y **********, ello por ubicarse en el supuesto contrario. En otro orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, para realizar todas las notificaciones de carácter personal, lo anterior a fin de evitar dilaciones al procedimiento, toda vez que de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Justicia tiene que ser pronta y expedita. Lo anterior, en el entendido de que toda notificación personal en este procedimiento deberá practicarse, preferentemente en día y hora hábiles, y sólo por excepción en inhábiles, cuando sea necesario a juicio y prudente arbitrio del actuario o de la actuaria correspondiente porque haya agotado los intentos indispensables para realizarla en aquella forma (en día y hora hábiles), sin lograrlo, de lo cual deberá dejar constancia en autos y asentada expresamente su determinación, para lo que no requerirá nueva autorización ni proveído alguno, por considerarse desde ahora, y únicamente para la práctica de notificaciones personales en los casos que no se pueda lograr en día y horas hábiles, que la imperiosa necesidad de llevarlas a cabo para dar continuidad al juicio de amparo, constituye causa urgente que justifica la medida aquí autorizada para asegurar la salvaguarda al derecho fundamental de efectiva impartición de justicia, garantía derivada del texto del citado artículo 17 de la Carta Magna. Por último, atento a lo dispuesto, en primer término, por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los relativos 8o. y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 2, 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley federal, así como el (sic) 48 y 49 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, en los que se establece que es pública la información resguardada en este órgano jurisdiccional; y conforme a los preceptos invocados las partes pueden oponerse a la publicación de sus datos personales en los términos a que se refieren los artículos citados, infórmese a las partes el derecho que tienen para que sus datos personales sean suprimidos de las publicaciones relativas al presente juicio; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa en ese sentido, conlleva su aceptación para que toda publicación se realice sin supresión de dichos datos.
"QUINTO. Argumentos planteados contra el acto de autoridad. Como agravios se expresa lo que sigue: Primero: El acuerdo de fecha 7 -siete de marzo de 2014- dos mil catorce, que se combate, agravia a mi mandante, porque contrariamente a lo resuelto, la Juez de la causa, no atendió correctamente lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, atento a los siguientes motivos y consideraciones: I. El referido artículo establece textualmente lo siguiente: ‘Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.’; II. En un ejercicio de exégesis jurídica sobre el referido numeral, podemos observar que el primer imperativo a cargo de la juzgadora es el de examinar la demanda de amparo, que implica hacerlo en su integridad; III. Como segundo imperativo podemos observar, que la juzgadora no solamente advierta la existencia de una causa manifiesta de improcedencia, sino que tal causa sea además indudable a efecto de que pueda válidamente proceder al desechamiento de plano de la demanda de amparo. Ahora bien, para el efecto de demostrar que la Juez Cuarto de Distrito, no observó a cabalidad lo que le impone el numeral en comento, vamos a destacar algunos aspectos que refleja su conducta asumida al momento de emitir el acuerdo que se combate: a) En primer lugar, se debe atender el fundamento legal en el que se pretende apoyar el acuerdo impugnado, mismo que constituye una regla general al caso concreto. Es decir, no se podrá negar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se refiere a los casos indeterminados, aquellos a los que, para realizar su aplicación y decretar la improcedencia de la demanda, conforme a dicha fracción, el juzgador deba realizar un esfuerzo o razonamiento entrelazado para que de manera convincente llegue a una determinación de improcedencia. Situación la anterior que en sí misma, pone de manifiesto que la juzgadora al momento de emitir el acuerdo que se combate, en realidad no tenía al alcance de su apreciación, una causal manifiesta e indudable de improcedencia, pues resulta claro de entender que una causal manifiesta e indudable de improcedencia, es aquélla cuya explicación no requiera de mayor esfuerzo, dado que la misma causal queda de manifiesto, situación totalmente contraria a lo acontecido en el caso concreto que nos ocupa, pues ese H. Tribunal Colegiado podrá observar el esfuerzo realizado por la juzgadora para tratar de demostrar la procedencia de su determinación de desechar la demanda de amparo interpuesta por mi representada. b) En segundo lugar, porque al resultar insuficiente el sustento legal ya referido, la juzgadora pretendió apoyar también su resolución, en la fracción V del diverso artículo 107 de la Ley de Amparo, mismo que al no ser claro y contundente para el caso concreto, lo aplicó a contrario sensu, situación que sin duda alguna, denota claramente que desde un principio no existía una causa manifiesta e indudable de improcedencia, como para que la juzgadora procediera a desechar de plano la demanda de garantías, violándose así en perjuicio de la empresa quejosa, lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se deberá revocar el acuerdo impugnado a efecto de que se dicte otro con el que se admita a trámite la demanda de garantías. Segundo: En ese mismo sentido, el acuerdo que se recurre, viola en perjuicio de mi mandante, los principios de legalidad, congruencia, seguridad y certeza jurídica, dado que, el artículo 107 de la Ley de Amparo, textualmente establece lo siguiente: ‘Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.’. Esta violación se actualiza, porque conforme a lo dispuesto en el artículo ya transcrito, la Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo, debió admitir a trámite la demanda de amparo interpuesta, y contrariamente a lo que resolvió, la juzgadora debió ceñirse a lo establecido en la norma especial aplicable caso concreto, dado el acto reclamado en la demanda que se desechó, lo constituye precisamente una resolución incidental en la que se declaró improcedente Ia incompetencia por declinatoria, erigiéndose competente la autoridad responsable para conocer y resolver sobre un juicio laboral que, por imperio de mandato constitucional le corresponde conocer y resolver a la Junta Federal correspondiente, resultando que al no observarse Ia norma aplicable se violentaron en perjuicio de mi representada los mencionados principios de legalidad, congruencia, seguridad y certeza jurídica, luego entonces lo procedente será que se revoque el acuerdo en comento y se dicte otro en su lugar mediante el cual se admita a trámite nuestra demanda de garantías a efecto de evitar que se sigan violentando en perjuicio de mi poderdante los referidos principios tutelados por las garantías individuales consagrados en nuestra Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación a lo antes expuesto, lo dispuesto por el siguiente criterio: ‘INCOMPETENCIA. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN O INCIDENTE OPUESTO POR UNA DE LAS PARTES, ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO. Del artículo 706 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia del principio de que todo lo actuado ante una Junta legalmente incompetente es nulo, aun cuando involucre a Juntas del mismo tribunal de trabajo, por lo que con base en él, la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje en la que se pronuncia sobre la incompetencia planteada (vía excepción o incidentalmente), y que la declara improcedente, debe reclamarse en amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, por afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que de resolverse ésta hasta el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, de resultar fundada, se produciría una afectación trascendental a los derechos adjetivos de las partes, toda vez que ello implicaría ordenar reponer el procedimiento del juicio natural, con el consecuente retardo en la impartición de justicia, en contravención a la garantía de justicia pronta y expedita prevista y tutelada por el artículo 17 constitucional. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito.’ (transcribe precedentes). Tercero: El acuerdo que se recurre violenta en perjuicio de mi mandante los principios de legalidad, congruencia, seguridad y certeza jurídica por inexacta aplicación y falta de observancia total a lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo el cual a la letra establece lo siguiente: ‘Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.’. En efecto, ese H. Tribunal Colegiado de Circuito, podrá advertir claramente que la C. Juez de la causa, al momento de resolver que los actos reclamados en la demanda de garantías que desechó: en virtud de que del objeto social de la escritura pública número ********** pasada ante la fe del Lic. **********, notario público número ********** con ejercicio en ********** no se surten los supuestos del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo y del mismo objeto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25549-dad1b950/amparo-indirecto-resulta-improcedente-contra-la-resolucion-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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